El 18 de julio de 1977 se inició la Batalla de Carabanchel. Ese día
(no escogido aleatoriamente) eclosionó lo que llevaba meses
preparándose. Los presos de Carabanchel se amotinaron y subieron al
tejado, y los españoles descubrimos qué era la COPEL (Coordinadora de
Presos en Lucha) y que tras la muerte de Franco en las cárceles se
seguía torturando. Aquella “revuelta de los miserables” consiguió
mejorar sustancialmente la horrorosa situación de los presos, pero fue
ahogada en sangre y heroína con la complacencia y complicidad de las
direcciones de la izquierda más preocupada en hacer tragar los Pactos de
la Moncloa a la clase trabajadora que en garantizar que en la naciente
democracia española se respetaran mínimamente los derechos humanos. El
penal de Herrera de la Mancha se construyó ex profeso para acabar con la
resistencia de los presos. Salvo ciertas organizaciones del entorno
libertario y los colectivos de familiares y abogados y honrosas
excepciones individuales, nadie apoyó a los presos en lucha.
Motín en el CIE de Aluche
Cuarenta años después, en el mismo sitio —porque el Centro de
Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche está junto al solar de la
cárcel de Carabanchel—, se han repetido las imágenes: los presos subidos
al tejado de la cárcel denunciando malos tratos y pidiendo libertad.
Una cruel metáfora de estos cuarenta años de “transición democrática”.
Aunque algo ha cambiado. Entonces la prensa se hizo eco de las protestas
y sus causas, mientras la izquierda se desentendía. Hoy la prensa
miente, tergiversa y manipula hasta presentar a los amotinados como un
grupo de ingratos acogidos. Pero esta vez la izquierda se ha movilizado.
Unidos Podemos exige el cierre de los CIEs, y desde los ayuntamientos
del cambio se trabaja en la misma línea. Sin duda, esto se debe a que
desde hace años, numerosos colectivos están denunciando la realidad de
los CIEs, movilizándose contra su existencia y apoyando a las personas
allí presas. De hecho, el motín de Aluche no es un hecho aislado. Este
mismo mes de octubre, más de 60 compañeros lograron fugarse del CIE de
Murcia, y los presos del CIE de Barcelona han realizado una huelga de
hambre. Desde hace años las protestas se suceden tanto dentro como
fuera.
Y tanto ayer como hoy, la respuesta institucional es la misma: las
protestas son seguidas por torturas. La Coordinadora de Barrios de
Madrid y SOS Racismo (con el apoyo de la Coordinadora para la Prevención
y Denuncia de la Tortura) han presentado denuncia en el juzgado de
guardia para que se investiguen las palizas (sobre las que hay
documentación gráfica) posteriores al motín y pidiendo la asunción de
medidas cautelares para evitar la expulsión del territorio nacional de
los afectados (cada vez que se denuncia cualquier abuso o irregularidad
en un CIE, la norma es la expulsión del país de víctimas y testigos,
para paralizar las causas y como venganza institucional).
¿Qué son los CIEs?
Según la versión oficial, un CIE es un establecimiento público de
carácter no penitenciario, donde se retiene a personas extranjeras
sometidas a expediente de expulsión del territorio nacional (donde
pueden estar retenidos en teoría hasta 60 días). En la práctica, un CIE
no sólo es una cárcel para migrantes “sin papeles”, sino que es uno de
los más crueles eslabones de la cadena represiva ideada por las
políticas xenófobas implementadas por la Unión Europea (que empiezan por
el FRONTEX y terminan con las repatriaciones). Su fin no es tanto
controlar el flujo migratorio como criminalizar a las personas migrantes
para inocular el veneno racista en nuestros barrios y atemorizar a los
trabajadores y trabajadoras extranjeras, para facilitar así su
sobreexplotación. De hecho, más de la mitad de las personas encerradas
en los CIEs finalmente no son deportadas.
Por tanto, los CIEs son una de las caras más macabras del racismo
institucional. Imagina que tu madre, tu hermano o cualquier ser querido
se va a trabajar o a comprar el pan. Y ya no vuelve. Pasan las horas y
no sabes nada, hasta que finalmente descubres que ha sido detenida en
una redada ilegal por no tener los papeles en regla. Peregrinas de
comisaría en comisaría sin que nadie te haga ni puto caso. Hasta que por
fin descubres que se encuentra en una cárcel “especial” a cientos de
kilómetros de casa. Ahora imagina que la víctima eres tú… ¿Qué harías?
Yo me amotinaría. Y eso que esto es la versión oficial de lo que ocurre,
porque según la policía brindan un trato exquisito a las personas
“acogidas” bajo su custodia, siempre respetando escrupulosamente los
derechos humanos, a pesar de que tienen que soportar la falta de
educación y la violencia de los inmigrantes que, según se publicó en
prensa, incluso escupen ébola (El Faro de Melilla, 16/10/2014). A estas
alturas ya ni el más rancio facherío católico se cree las versiones
policiales (otra cosa es que les parezca bien que se actúe así contra
quien “viene a robarnos el trabajo y quitarnos a las mujeres”).
En los CIEs se vulneran sistemáticamente los derechos humanos:
hacinamiento, condiciones insalubres en instalaciones inadecuadas,
deficiente y en ocasiones inexistente asistencia sanitaria, plagas de
insectos, celdas de aislamiento, trato vejatorio, insultos racistas,
amenazas, palizas e incluso abusos sexuales y violaciones. En palabras
de Ramiro García de Dios, juez de vigilancia del CIE de Aluche, “los
CIEs son centros de sufrimiento y espacios de impunidad policial”
(eldiario.es, 23/10/2016).
Racismo institucional, un lucrativo negocio
Además de las consecuencias positivas que conlleva el racismo en
todas sus vertientes para la patronal, el racismo institucionalizado se
ha convertido en un gran negocio. Desde la venta de alambradas
“antipersona” ante la catástrofe siria hasta la gestión externalizada de
la asistencia sanitaria o el catering en los CIEs, pasando por los
“vuelos de la vergüenza”. Empresas como Swiftair, Globalia (Viajes
Ecuador, Halcón Viajes, Touring Club y Air Europa), Barceló (Evelop
Airlines y Orbest) y Air Nostrum obtienen pingües beneficios a través de
contratos millonarios con los distintos estados de la Unión Europea
para fletar vuelos especiales para llevar a cabo deportaciones
colectivas. De hecho, todo es tan repugnante que los días previos a
estos vuelos la policía centra sus redadas racistas en determinados
perfiles, para llenar estos vuelos (por ejemplo, si el vuelo va a
Nigeria, pues buscan “negros”) y que las compañías aéreas sigan haciendo
caja.
La lucha es el único camino. ¡Abajo los muros!
Pero no sólo los de los CIEs. Continuamente se está poniendo el
énfasis en que en los CIEs se violan los derechos humanos (y, por
supuesto, así es), y allí los “internos” no han cometido ningún delito.
Incluso se intenta negar estos días que en Aluche hubo un motín,
explicando que en realidad fue una protesta pacífica.
Pero no se puede caer en legitimar la defensa de las personas presas
en los CIEs exclusivamente en el “no delito”, porque entonces se puede
caer en legitimar la tortura y el maltrato en el “sí delito”. No podemos
obviar que son precisamente las personas más humildes e indefensas, con
escaso bagaje cultural y sumidas en la pobreza y la exclusión social
quienes pueblan nuestras cárceles. Hay que ampliar esta lucha por los
derechos de los presos y por la defensa de los derechos humanos, no
puede parcelarse.
Si decimos esto, es porque de forma evidente, se intenta separar en
distinta categoría las personas presas en los CIEs del resto de personas
presas, entiendo que como forma de legitimar la lucha por el cierre de
estos centros. Se obvia así que en el Estado español otras miles de
personas sobreviven privadas de libertad sin haber cometido ningún
delito: en centros de protección de menores, en centros psiquiátricos,
en centros de atención a la discapacidad e incluso en centros
geriátricos. Es necesario cambiar el enfoque y entender que los
conflictos sociales y los problemas sociosanitarios pueden y deben
abordarse comunitariamente, y no aislando a las personas que los
padecen. Porque la institucionalización en sí misma degrada, genera
exclusión social y mata: vivir en una residencia y no en casa dispara la
mortalidad un 51% en las personas mayores (Redacción Médica,
24/07/2016). Y esto en caso de funcionamiento idílico de los recursos,
algo que nunca sucede fuera de los papeles y las declaraciones de
políticos y gestores.
En la Transición se dejó tirados a los presos sociales tras liberar a
los políticos, ignorando que muchos de ellos estaban encarcelados
debido a la fascista Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social
(heredera de La Gandula), que no fue totalmente derogada hasta 1995. No
volvamos a dejar tirado a nadie.