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viernes, 25 de noviembre de 2016

Semana de las Personas Sin Hogar: del paripé a la lucha

El 27 de noviembre se celebra el Día de las Personas Sin Hogar. Todos los años las empresas beneficiarias de la privatización de los servicios sociales, capitaneados por Cáritas y demás organizaciones de la beneficencia católica, organizan "jornadas de visibilización y sensibilización" sobre el sinhogarismo (aunque para ser exactos, hay que decir que las "entidades" no organizan nada, lo hacen sus trabajadoras y las propias personas sin hogar, con financiación pública obviamente).

Un paripé publicitario que año tras año, a modo de aperitivo prenavideño, nos recuerda que hay pobres y la gran labor de Cáritas y demás "entidades del Tercer Sector". Porque claro, ¿qué sería de los pobres sin los curas? Aunque volvemos a indicir, aún a riesgo de aburrir, en una idea: las osigés no hacen nada. La labor, grande o pequeña, es realizada por las profesionales de los Servicios Sociales, con los recursos habilitados por las distintas administraciones.

Sin embargo, por manipuladas que puedan estar las "acciones de visibilización y sensibilización", tienen algo positivo: que visibilizan y sensibilizan. Además, y esto es lo más peligroso para nuestra filántropa patronal de la Intervención Social, estas acciones posibilitan que personas sensibilizadas con el sinhogarismo (profesionales, personas sin hogar, gente solidaria...) se junten en espacios informales y puedan hablar de igual a igual. Y charlando es como surje el sentir en común. Y el sentido común nos está diciendo que nuestros Servicios Sociales no están funcionando, y que en gran parte es debido a la privatización (en torno al 80% de las trabajadoras de "lo social" prestan sus servicios en empresas privadas).

Es lo que ha pasado en Madrid. Este año las "entidades" deciden organizar una semana de acciones, incluyendo una manifestación el jueves 24, de Sol a Ópera (para protestar pero sin molestar). Cientos de personas se han manifestado en un tono festivo pero también reivindicativo. La mayoría de asistentes eran personas sin hogar y profesionales, pero también se notaba la presencia de personas solidarias, sin ningún vínculo directo con la problemática. Y en un ambiente tan solidario, no podían faltar tampoco representantes municipales y de la patronal, sobre todo a la hora de las fotos. Sin embargo, entre los manifestantes, este año ha destacado la presencia de activistas de la Asociación Chupano (formada por personas sin hogar) y de sindicalistas de CCOO (profesionales de los Servicios Sociales), denunciando ambos colectivos el negocio que hay montado en torno a la pobreza y la exclusión social. Se ha denunciado desde la falta de plazas en los albergues municipales y las malas condiciones de los mismos hasta la explotación laboral que se sufre en las "entidades benéficas sin ánimo de lucro" y demás empresas del sector de la intervención social  (un sector fuertemente feminizado y por tanto especialmente precarizado). Tras la manifestación, varios de los asistentes nos dirijimos hacia Jacinto Benavente a esperar a la manifestación estudiantil que venía desde Atocha, para sumarnos a ella.

                                           Manifestación del 24 de noviembre en Madrid                                                       
No es la primera vez que ambos colectivos se movilizan conjuntamente. De hecho, tras (y a nuestro parecer, fruto de) esas movilizaciones, se produjo una más que prometedora reunión con la compañera Manuela Carmena.

Sin embargo, varios meses después de la reunión, parece que poco ha cambiado en el Área dirigida por Marta Higueras. Desde Equidad, Derechos Sociales y Empleo se sigue apostando por unos Servicios Sociales privatizados, mirando para otro lado ante los casos de flagrante explotación entre sus trabajadoras municipales privatizadas. De hecho se siguen produciendo situaciones tan injustificables como que no exista un protocolo de actuación ante casos de violencia de género en la red municipal de atención a personas sin hogar, como se denunció en la marcha estatal contra las violencias machistas del 7-N   y que un año después sigue sin solventarse. 
Concentración el 31 de mayo contra los despidos en La Rosa      

En Cádiz, se ha pasado del dolor y la rabia, a la organización y la lucha. El pasado 22 de noviembre falleció en la calle un hombre de 66 años. Una persona sin hogar más de las muchas que cada año mueren abandonadas en nuestras calles. La APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) convocó para el 24 una concentración de repulsa, tras la que se anunció la  okupación de un inmueble (propiedad de la Junta de Andalucía y que llevaba 8 años abandonado) para que nadie más tenga que pernoctar en la calle.

La APDHA también convocó el día 24 una concentración en Sevilla para denunciar la dejadez del Ayuntamiento ante la grave situación de sinhogarismo que se vive en la ciudad. Recordamos que en esta ciudad se produjo la histórica experiencia del Campamento Dignidad.

 Concentración del 24 de noviembre en Sevilla

Poco a poco más colectivos se están empoderando y empezando a articularse por sí mismos, sin ningún tipo de tutela. Está en nuestra mano sacudirnos de encima las garras de la caridad lucrativa, aunque inevitablemente suponga morder la mano que "nos da de comer". ¡Pues que sea hasta el hombro! A continuación reproducimos el comunicado del sector de Intervención Social de la FSC de Madrid de CCOO, difundido en la manifestación del 24 de noviembre:

Artículo 47 de la Constitución Española
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.


                                       Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos   


Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Las personas sin hogar tienen derechos

 La red municipal de atención a personas sin hogar del Ayuntamiento de Madrid adolece de múltiples carencias; entre ellas hay que reseñar que el número de plazas en los albergues es manifiestamente insuficiente, por lo que muchas personas se ven obligadas a vivir y dormir en la calle. Sólo cuando las condiciones climatológicas son extremas se garantizan plazas para que todo el mundo pueda pernoctar y evitar así muertes; en determinados centros de acogida las personas usuarias se ven obligadas a dormir en butacones. Los recursos no se adaptan a las personas convirtiéndose determinados centros de acogida en auténticos cajones de sastre, donde las parejas, no digamos las familias, apenas tienen cabida, y donde se agrupa a personas con perfiles y problemáticas muy dispares.

En definitiva, una red que parece diseñada para invisibilizar el problema de las personas sin hogar y garantizar que el dinero público fluya hacia las empresas y entidades del "Tercer Sector", y que como efecto colateral atiende asistencialmente a las personas en situación de calle.

Esta realidad no es nueva, es la consecuencia de una mala política implantada hace muchos años. Es necesario revisar el modelo de intervención de una red manifiestamente asistencialista, muy cercana a la caridad, que pensábamos desterrada de nuestras instituciones.

 Profesionales de los Servicios Sociales, también sin derechos

Las condiciones laborales de quienes trabajan con las personas sin hogar son muy precarias; el sector de la Intervención Social está por encima de la media en temporalidad y parcialidad en la contratación, y el sueldo medio en servicios sociales es un 28% inferior al sueldo medio en el estado español.

De hecho, año y medio después de la publicación en BOE del primer Convenio Estatal de Acción e Intervención Social, un grueso de las empresas y entidades del sector, se disfracen de ONG o no, siguen negándose a aplicarlo, o lo aplican parcial, irregular y/o torticeramente, en detrimento de las condiciones salariales y laborales, atendiendo a sus propios intereses.

Resulta muy difícil garantizar los derechos de las personas con las que trabajamos cuando ni siquiera se garantiza que se respetan nuestros propios derechos. Empresas como Asispa, Grupo 5, Fundación Rais, Fundación Tomillo, Aebia, LaKoma, Asociación Dual Cauces, SPS…siguen manejando múltiples presupuestos públicos mientras ignoran los derechos laborales de sus profesionales.

 Las personas no son mercancía. ¡Fuera empresas de los Servicios Sociales!

CCOO apela al gobierno municipal de Ahora Madrid, y en especial al Área dirigida por Marta Higueras, para que garantice una atención respetuosa y de calidad al colectivo de personas sin hogar y apueste sin vacilaciones por unas condiciones laborales dignas para las trabajadoras y trabajadores de sus Servicios Sociales.

Desde CCOO consideramos que la manera de garantizar una atención de calidad, responsable, a la par que unas condiciones laborales aceptables, es sacando a las empresas de la ecuación. Defendemos la gestión directa de todos los recursos públicos, y pedimos a Ahora Madrid que para cumplir su promesa electoral establezca ya una hoja de ruta para la remunicipalización de los servicios públicos.

CCOO apuesta por que el Ayuntamiento asuma la garantía de su cumplimiento, y debe contar con las propias trabajadoras y trabajadores y sus representantes, para la supervisión y control de estos servicios, y no solo con las empresas y entidades que los gestionan, que constituyen una parte muy interesada en conservar su gestión.

CCOO reclama que se profundice en la mejora de los pliegos de condiciones con la incorporación de cláusulas sociales, con una adecuada dotación presupuestaria y de plantilla y con el reconocimiento del convenio de acción e intervención social.