La privatización de los Servicios Sociales y el papel preponderante que la Iglesia (y otras iglesias no católicas) tienen en el llamado Tercer Sector, supone que la caridad subvencionada esté ganando la batalla a la intervención social científica basada en derechos de la ciudadanía.
Desde el Colectivo No a O´Belen agradecemos la valentía de Diario16 al llamar a las cosas por su nombre. Debido a la gran maraña de intereses económicos y políticos que rodea a los Servicios Sociales, rara vez los medios de comunicación van a la raíz de la cuestión, limitándose a ser los voceros de las distintas ONGs (y propagandistas del Padre Ángel, al que terminaremos viendo canonizado). ¡Gracias!
LA CARIDAD ENEMIGA DE LA SOLIDARIDAD
España vive una galopante mercantilización de los servicios sociales
La Iglesia católica suele justificar sus privilegios acudiendo a su
obra social. Suele esgrimir que su obra social ahorra miles de millones
al Estado. En realidad, la Iglesia católica y sus órdenes religiosas y
ONGs o fundaciones religiosas han fortalecido de forma impresionante el negocio de la pobreza y servicios sociales con un entramado de instituciones que ninguna otra empresa del tercer sector se pueda comparar. Incluso rivaliza con el Estado.
Veamos, por ejemplo, la asistencia social a ancianos. En España hay 359.000 plazas residenciales para ancianos de las cuales 97.000 están en residencias públicas y el resto en residencias privadas. Pues de estas 264.000 plazas privadas, más de 150.000 están en instituciones religiosas
y, muchas de estas plazas están subvencionadas con fondos públicos.
Otras veces las órdenes religiosas mantienen residencias como meros
negocios privados.
Veamos el caso de los niños tutelados. En España, hay 21.000 niños tutelados que viven en residencias; pues bien, cerca de 13.000 lo hacen en residencias gestionadas por órdenes o fundaciones religiosas. Y el 90% se financian con fondos públicos. La ONU ya ha advertido de esta extraña situación.
Pongamos otro ejemplo que afecta a los ayuntamientos y que ha aumentado mucho con la crisis económica: albergues para los sin techo y comedores sociales para pobres. La mayoría son católicos y muchos reciben subvenciones municipales. Todo ello se hace no solo a través de Caritas,
sino a través de un sinfín de ONGS y fundaciones, y muchos
ayuntamientos dan dinero para ello. Un ejemplo reciente en España ha
sido el Banco de alimentos: un montaje del Opus Dei vinculado a las grandes superficies que además recibe subvenciones municipales y compras estatales de alimentos.
En el ámbito de la drogodependencia, la Iglesia católica y sus hospitales también son una fortaleza. Es el caso del famoso Proyecto Hombre,
que se ha enmascarado bajo la apariencia de asociación civil. Existen
también ONGs vinculadas a obras religiosas con gran oscuridad y nada de
transparencia en su financiación. Es el caso de la muy subvencionada
obra del Padre Ángel: Mensajeros por la paz y satélites.
Estas ONGS, muchas veces enmascaradas en una gran variedad de
personalidades jurídicas, son especialistas en recibir ingentes
donaciones y subvenciones públicas. Una de las características de todo
esto es la opacidad y oscuridad financiera de las ONGs, fundaciones y
otras instituciones vinculadas a las iglesias e igualmente la gran
capacidad que tiene para recibir subvenciones. Adviértase aquí que en
uno de los principales escándalos de fraudes de chiringuitos financieros
en España, el famosísimo caso de GESCARTERA, las principales entidades
involucradas eran fundaciones y órdenes religiosas.
Es cierto que esto solo es posible por una dejación de funciones por
parte de las administraciones públicas. Ya que, en los últimos tiempos,
muchísimos servicios sociales se están externalizando en manos de
empresas o en manos de ONGs e iglesias. Que en el siglo XXI
ayuntamientos, como el de Madrid, paguen los comedores para los pobres de los conventos es un insulto a los ciudadanos.¡La iglesia católica u otras iglesias si quieren hacer caridad que lo hagan por su cuenta pero no con los ingresos públicos!
Algunos ayuntamientos así lo han entendido, como el Ayuntamiento de
Valencia, que ha suprimido las subvenciones al Banco de Alimentos. Pero
esa no es la tónica general. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, por
ejemplo, se subvencionan este tipo de proyectos e incluso se quiere dar
una visión positiva de los mismos. La ciudadanía del siglo XXI no puede
aceptar que las iglesias, con fondos públicos, hagan caridad. ¿Cómo
es posible que en un país con una renta per cápita de 30.000 dólares
podamos tener más de la mitad de los niños tutelados en manos de
instituciones religiosas? ¿Cómo es posible que en pleno siglo
XXI los ancianos sin recursos tengan que acabar sus días en los asilos
de las hermanas de la caridad y/o de las hermanas hospitalarias?
Desde finales de los noventa, los servicios sociales de los
ayuntamientos y diputaciones están siendo jibarizados por el denominado
tercer sector –la mayoría en manos de la iglesia católica y las empresas
privadas–. Servicios como asistencia domiciliaria, albergues para sin
techo, drogodependencia, menores, inmigrantes, refugiados, etc. están
siendo externalizados a través de contratos públicos o bien se están
dando al tercer sector. De los servicios sociales propios y derechos
sociales estamos regresando a sistemas de caridad y en todo caso a una mercantilización de los servicios sociales; una tendencia que pareciese sin alternativa.
Pongamos un ejemplo: recientemente el ayuntamiento de Barcelona –el
de Ada Colau–sacó a concurso el servicio de asistencia domiciliaria por
valor de 114 millones de euros. Las empresas ganadoras han sido SACYR
con su filiar VALORIZA y CLECE, empresa de limpieza del grupo ACS presidido por el todopoderoso Florentino Pérez.
Algunas empresas del Tercer sector han sido eliminadas del concurso por
no poder competir con los precios ofertados por estas mega empresas.
ASISPA, CLECE, VALORIZA etc. son empresas que se están quedando con una
gran parte de los servicios sociales de los ayuntamientos bajo la mirada
sospechosa de las medianas empresas y organizaciones del tercer sector.
En realidad, tanto las empresas privadas mercantiles o las empresas
del tercer sector, teóricamente no lucrativo, cumplen la misma función: Justifican el repliegue de las administraciones públicas hacia el mercado
en todo el ámbito de los servicios sociales y la pobreza. Ni lo viejos
ni los nuevos ayuntamientos parecen tener fórmulas para detener esta
mercantilización de los servicios sociales. Lo que es evidente es que se
está cayendo en una nueva caridad mal organizada financiada con fondos
públicos y prestada por CARITAS por CLECE o por el Padre Ángel.
La caridad es un concepto contra la Res-publica. El concepto guía
para un Estado laico en la lucha contra la pobreza es el de la
solidaridad social que se ejerce a través de la ley y de los derechos y
se realizan a través de los servicios públicos y ello acompañado por
propuestas universales de garantía social como la Renta Básica o el
trabajo garantizado.
La ciudadanía se está organizando frente a esta realidad. APRODEME, Marea Turquesa o la Red de Solidaridad Popular son ejemplos de ello. Y en Madrid se han producido ya las primeras movilizaciones conjuntas de personas sin hogar y profesionales que les atienden.
La pelota está en manos de los sindicatos de clase, que tienen que abandonar el corporativismo y el seguidismo a la patronal del sector (como ya está haciendo el sector de Intervención Social de CCOO de Madrid) y de las organizaciones de la izquierda transformadora. De momento, los ayuntamientos del cambio están aumentando los presupuestos destinados al gasto social, pero es insuficiente. Tienen que ir a la raíz del problema, municipalizando los Servicios Sociales y democratizar su funcionamiento.