Desde
la publicación de las leyes del Divorcio y de Protección al Menor, el
número de separaciones conflictivas no ha dejado de aumentar. Frente a
la opinión generalizada de que la familia goza de buena salud, es un
hecho contratable los problemas que padecen los niños y las mujeres ,
año tras año , por el mal funcionamiento de los denominados Equipos
Psicosociales. Las decisiones de los jueces, son en muchos casos
arbitrarias, y sesgadas hacia el miembro de la pareja que dispone de
mejores recursos económicos, en general el varon. Cuando los dos
miembros de la pareja carecen de ingresos, o tienen medios de defensa
muy igualados aparecen figuras jurídicas como el "desamparo" y los niños
terminan en "centros de acogida". Estos centros son quienes - aplicando
de manera sesgada la Ley del Menor - gestionan la vida de miles de
niños y niñas. Esa gestión se ha convertido en un negocio rentable para
empresas privadas y centros religiosos. Es hora de debatir con serenidad
sobre esos miles de niños y niñas que cada año llegan a la mayoria de
edad procedentes de esos centros, o de tutelas mal gestionadas