La Generalidad de Valencia en una operación ejemplar y esperemos pionera está poniendo orden en los centros de menores tutelados.
La realidad, como venimos denunciando desde hace varios años, es que la
tutela de los menores se ha cedido a organizaciones de origen, la
mayoría de las veces, religiosas o sectarias. Organizaciones como
Fundación O Belén (hoy ya prácticamente desarticulada), las
organizaciones del Padre Ángel, Emaús, o la empresa Dianova , que deriva
de la organización sectaria del Patriarca, son algunas de la
organizaciones que se ha ido quedando poco a poco con este negocio.
Se presentan como organizaciones sin ánimo de lucro pero
somos muchos los que sospechamos que el único objetivo es, por el
contrario, el lucro. Y aquí está el problema: la custodia de menores
tutelados se ha convertido en un negocio sin más. Las organizaciones
religiosas o sectarias se han quedado con la mayor parte del pastel y
esta intervención de la Generalidad valenciana ha sacado al luz como las Hermanas Capuchinas tenían
en el más absoluto abandono uno de estos centros. La Generalidad ha
puesto el asunto en manos de la Fiscalía. Lo que no se entiende es que
se hace con los fondos públicos que se recibe por este servicio. Es
urgente que las administraciones asuman por sí mismas la gestión de los
centros tutelados y que exploren vías, como la Generalidad de Valencia está
empezando hacer, donde se potencia la guarda en familias más que la
reclusión en centros.
No obstante es increíble que, en pleno siglo XXI,
la tutela pública sea ejercida por organizaciones religiosas y todo ello
con dinero público. El defensor del Pueblo, en un
informe del 2009, ya sacó a la luz estos problemas de los centros de
menores por la cantidad de quejas que esta institución ha ido
recibiendo: medicalización excesiva de los menores, centros en malas
condiciones, falta de personal especializado etc,etc. La crisis
económica ha multiplicado el número de menores tutelados ya que, aunque
parezca mentira, una de las causas más comunes del ejercicio de la
tutela publica sobre los menores es la pobreza y la falta de
oportunidades de mujeres o familias.
Esta presión sobre la pobreza es
algo que algunas asociaciones como la “Asociación de familias siglo XXI”
vienen denunciado; la precarización social y la exclusión
socioeconómica está en el origen de estas situaciones; también el
sistema educativo existente en nuestro país requeriría una verdadera
revolución empezando por potenciar la escuela pública y no ahondando en
la segregación social que significa el mantenimiento de la red
concertada.
Tras el manto de la caridad, las iglesias y sus fundaciones y órdenes
religiosas han penetrado en sectores como los menores tutelados o las
residencias de ancianos o la asistencia domiciliaria. Se busca,
contrariamente a lo que pueda parecer, no realizar ninguna caridad sino
realizar un buen negocio con apariencia no mercantil.
Los hechos son los siguientes: tras una inspección en el centro que las Hermanas Terciarias
Capuchinas de la Sagrada Familia tenían en Segorbe la Generalidad
decide cerrar de inmediato el centro debido a las condiciones del mismo,
y a los maltratos que recibían los 18 menores tutelados que allí
residían ; poniendo los hechos en conocimiento del fiscal. Las Hermanas
Capuchinas lo han negado todo y dicen que tiene más de
un siglo de experiencia en el trato con menores además subrayan que su
labor es “institucional” y de confianza de las administraciones públicas
no solamente en este centro sino en los otros ocho centros que tienen
en diversas puntos de la geografía española. Este caso es la punta del
iceberg. Esto, el acogimiento de menores y la asistencia social, sí
debería convertirse en una cuestión de Estado y no de las iglesias y las
organizaciones sectarias.