Una condena de seis meses y cuatro días. Eso han sido para Santiago y Renate las "interminables" semanas que han estado apartados a la fuerza del menor de sus dos hijos. Al
pequeño, de solo cinco años, se lo llevó la Policía Nacional del
colegio de su pueblo el 25 de noviembre de 2016, después de que desde el
propio centro advirtieran a los servicios sociales de la comarca de un posible caso de abusos sexuales.
Los docentes aseguraron durante la investigación posterior que nunca
habían detectado conductas anormales en el menor, pero varios padres de
compañeros acudieron a ellos diciendo estar preocupados por el lenguaje
supuestamente hipersexualizado de este chico y algunos de los juegos que
practicaba con sus hijos.
Del caso se hizo cargo el Servicio de Protección de Menores de la DGA,
que tras hablar con todos los implicados llegó a la conclusión de que
podían haberse dado tales abusos e informó a la Fiscalía. Ello dio lugar
a la apertura de una causa penal contra el padre que ahora ha ordenado
archivar el titular del Juzgado de Instrucción número 1. El magistrado
ha adoptado esta decisión tras conocer las categóricas conclusiones de
los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA),
diametralmente opuestas a las que en su día alcanzaron los especialistas
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
"Tras la valoración psicológica realizada se considera que la
información aportada por el menor es compatible con una situación de
abuso sexual", decía un informe de Protección de Menores remitido en
diciembre a la Fiscalía. En él, se calificaba de "creíble" el relato del
chico cuando identificaba a su padre como la persona "causante de dicho
abuso". Es más, la coordinadora anunciaba que se iba a mantener la
separación del pequeño de su familia biológica "a fin de no interferir
en el proceso por la posible contaminación del testimonio del menor".
Cuestionan la investigación
Lejos de ratificarlos, las psicólogas del IMLA desmontan ahora los argumentos de Protección de Menores.
Y lo hacen tras haberse entrevistado no solo con la supuesta víctima y
su entorno, sino también con todo el equipo de profesionales que llevó
el caso en Menores. Las forenses no hallan ninguna prueba de los
supuestos abusos y hasta cuestionan la forma en que se valoró la
credibilidad del niño. También hacen constar en su informe que
el equipo de Menores atribuyó a las docentes del colegio afirmaciones
que estas han negado "de manera explícita".
Basándose en las conclusiones de los forenses, el abogado de los
padres, Alfonso Bayo, solicitó el archivo de las diligencias penales
contra el padre y la inmediata devolución del niño a su familia.
Peticiones ambas aceptadas.
"El menor no presenta síntomas psicológicos, emocionales o
conductuales que pudieran considerarse secuelas de los presuntos
abusos", indica el equipo psicosocial del IMLA. En el apartado de
conclusiones, las psicólogas hacen ver también al juez instructor que la
forma en que se investigaron estos hechos tampoco fue la más adecuada.
"El análisis SVA (procedimiento de valoración de la credibilidad)
introduce muchas dudas sobre sesgos en el modo de revelación de los
presuntos abusos", aseguran. Según las forenses, se habló con los niños
del colegio después de que sus padres les hubieran estado interrogando,
alarmados, sobre el tema. "Lo cual garantiza prácticamente la inducción
de sugestión y la contaminación de falsas memorias", indican las
peritos.
Los especialistas del IMLA vieron que la supuesta víctima es un niño
"bien cuidado", con un nivel de desarrollo psicológico medio-alto, un
"excelente" nivel de lenguaje y una "actividad imaginativa muy
expansiva". Respecto al vocabulario hipersexualizado que le atribuían
algunos padres del centro escolar, las psicólogas recuerdan que el chico
ha pasado los últimos seis meses con una familia de acogida y que esta
niega tal extremo.
Dado el "maltrato" que confiesan haber sufrido y el "enorme daño" causado a ellos y "sobre todo" a su hijo, la familia prepara ahora una demanda. Su única duda es si será contra la administración o contra el equipo que llevó el caso en Protección de Menores.