El sindicato CO.BAS denuncia precariedad, irregularidades y represión en los centros de protección de menores de la Comunidad de Madrid

A principios de 2017 tomamos contacto con estos recursos por medio de dos afiliadas/os al sindicato, que trabajaban como “monitoras” para la FUNDACIÓN GRUPO EDUCATIVO en un piso de adolescentes tuteladas/os. Ellas sacaron a la luz diversas irregularidades laborales sucedidas en esta empresa (convenio no adecuado, categorías por debajo de las funciones, falta de personal, etc); Por ello fueron despedidas, y ahora están inmersos en dos procesos judiciales para exigir el cumplimiento total de los derechos de las trabajadoras que esta empresa venía vulnerando, y ser readmitidas al ser un posible despido nulo con evidencias de haberse producido por ejercer la actividad sindical. Por ello realizamos una CONCENTRACIÓN, el pasado 29 de Junio en la Sede de la Dirección General de la Familia y el Menor, y solicitamos reunión con su Director Alberto San Juan Llorente y con Comisión de tutela. En ella coreamos con fuerza: “no a los despidos en Grupo Educativo”, “menores tutelados, currelas xplotados”, o “madrid tutela, la empresa a por la pela”. Las movilizaciones continuaran.

Desde CO.BAS Sector Social queremos hacer un análisis más profundo sobre estos recursos, pues nos parece que la situación laboral y general, debe ser denunciada. La situación es intolerable.

Los trabajadores/as de estos recursos, lo hacen en situaciones de grave precariedad; nos encontramos con contratos temporales, fuera del convenio, con jornadas por encima de lo permitido, incumplimiento del número de profesionales especificados en los pliegos, contratados/as en categorías inferiores a las de la titulación que se les exige y las funciones que realizan,etc. Siendo práctica habitual exigir titulaciones superiores (que presentarán a la Comunidad de Madrid por exigencias de los pliegos) y contratarles como  Educadores, Trabajadores e Integradores Sociales, como cuidadores o monitores.

Por otra parte, más de 2000 menores permanecen en centros residenciales, con medidas de tutela o guarda, ejercida por la Comunidad de Madrid; chavalas/es con situaciones de gran complejidad, algunas incluso traumáticas, que llegan a centros donde debe primarse el bienestar e interés del menor. El gobierno regional cuenta con una red de unos 90 centros, entre centros de acogida, residencias de primera infancia, residencias y hogares infantiles, centros específicos para menores con discapacidad, recursos de  adolescentes y centros específicos de salud mental para menores con trastornos de conducta o con problemas de consumo de drogas. Todo según datos de la propia Comunidad.

Estos centros, son recursos imprescindibles para velar por los derechos de los/as menores. Recursos que a todas luces tendrían que ser 100%PÚBLICOS, sin más interés que el de salvaguardar los derechos de niños y jóvenes en situaciones de desprotección.

La situación real, dista mucho de buscar favorecer esos derechos e intereses. El servicio esta casi en su totalidad privatizado, y se lleva a cabo, por diversas entidades, que en la mayoría de los casos, buscan beneficios económicos aprovechándose de las cuantiosas cantidades que la Comunidad pone a su disposición por concertar estos servicios. (reciben unos 3000€ mensuales por plaza).

Servicios (y esto es extensible a toda la red de Servicios Sociales) que si estuvieran bien estructurados y funcionaran correctamente,  generarían beneficios enormes para la sociedad. El Estado debe ponerlos en marcha, para garantizar los derechos que promulga. Sin embargo, se externalizan y privatizan, a base de contratos al mejor postor, buscando beneficios en un ámbito que no es productivo económicamente hablando; asi, la mayoría de empresas recortan gastos de donde pueden (derechos laborales, calidad de servicio, necesidades educativas, número de profesionales, etc.).

 

Si en los concursos priman la oferta más baja es evidente que la calidad del servicio se ve directamente afectada. Si no se controla que hacen las entidades adjudicatarias con el dinero invertido el despropósito puede ser enorme. Suculentas cifras de millones de euros sin priorizar la calidad de los proyectos de intervención, dejando los derechos de los trabajadores y menores en un segundo plano. Todo bajo el inexistente control por parte de la administración. No es que el servicio no sea público, es que no existen mecanismos de control (ni hay interés en que los haya), sobre en que condiciones las empresas prestan y gestionan los servicios. ¿que situaciones se podrán llegar a dar en estas entidades que desconozcamos?

Pisos con ratios de 8/10 chavales por educador/a, con necesidades muy diversas, con una  estructura de intervención externalizada y descoordinada, generando nuevas situaciones de riesgo que se suman a las que ya traían los chavales. Porque son las empresas, las que finalmente deciden y estructuran, las intervenciones y recursos que definiran esos intereses. Así, convierten estos pisos en recursos fundamentalmente asistenciales con graves dificultades para realizar intervenciones educativas reales. ¿Cómo lograr que prime el bienestar del menor con este entramado? Debemos criticar abiertamente el diseño del sistema, y el negocio montado a su alrededor. Tiene que modificarse. Devolviendo todos los recursos al sistema público, acabando con las concesiones y apostando por el trabajo integrado, dando prioridad a la intervención conjunta con las familias.

En base al interés del menor, en ocasiones, se les saca de sus entornos familiares (sin negar que ese hecho en determinados casos es necesario), y se les lleva a centros, donde por estructura se encuentran con otras situaciones de riesgo (maltrato institucional, “guetificación”, traumas asociados etc). Debemos tener una visión más amplia, y denunciar, que, algunas de las conductas que llevan a los tutelajes están relacionadas con cuestiones derivadas por la desigualdad social. Desde los menores no acompañados, que cruzan las fronteras empujados por la falta de futuro en sus países de origen, a las familias a las que se les retira la tutela por pertenecer a “entornos marginales” derivados de la falta de recursos y oportunidades laborales. Culpabilizando a familias y menores, de situaciones estructurales sucedidas por el fracaso del sistema. Deberíamos centráramos en intervenir directamente en esas situaciones. No podemos obviar que deben existir mecanismos para proteger a los menores, pero es que el entramado es ineficaz e injusto en determinados casos, generando desprotección al intentar proteger, y apenas trabajando con las familias para resolver las causas por los cuales se ha tutelado a los menores.

Empresas del sector como Fundación Grupo Educativo, Fundación O’belen, Salud Mental Consulting, Grupo Norte, Dianova etc. algunas de ellas con más que dudosas actuaciones, se rebelan como los principales gestores de los servicios sociales. Tutelando las vidas de menores que quedan a expensas de sus decisiones empresariales.

A veces, las/los profesionales nos llenamos la boca con “el interés general del menor”, pero olvidamos que la planificación de estos recursos son el principal obstáculo para defenderlos. “Vocación por ayudar”, se escucha a menudo en el sector social. Necesitamos una perspectiva colectiva en el sector que se aleje de las buenas intenciones, voluntariedades y caridades, y se vincule de forma decidida con la justicia social. Así podremos reivindicar y defender los derechos que tenemos y tienen las personas con las que trabajamos.

POR TODO ELLO, EXIGIMOS:

CONTROL A LAS ENTIDADES CONCERTADAS; BASTA DE IRREGULARIDADES; READMISIÓN DE LAS DESPEDIDAS EN GRUPO EDUCATIVO; GESTIÓN 100% PÚBLICA DE LOS RECURSOS. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS/LOS MENORES

POR UNA PERSPECTIVA COLECTIVA Y REIVINDICATIVA EN EL SECTOR SOCIAL.

#JuanaEstaEnMiCasa

Porque es una injusticia. Porque es una vergüenza. Y porque están en peligro los niños. Lamentablemente vivimos en una sociedad patriarcal. Con todo lo que significa. En este sangrante caso lo estamos viendo. Las leyes (y nos da igual si las italianas o las españolas, ambas beben del mismo pozo infecto) están al servicio del patriarcado. 

Además, ante el avance feminsta, estamos asistiendo a una contraofensiva ideológica (echar un vistazo a los programas de televisión basta para percibirlo). Y para ello se está utilizando al apararo del estado. La desprotección de la mujer se extiende a las niñas. Y cada vez es más frecuente que una denuncia por violencia de género e incluso un divorcio, terminen con los hijos secuestrados por los Servicios Sociales o entregados al maltratador. No es casual, ni lo vamos a permitir: #JuanaEstaEnMiCasa

 

Oltra cierra el infame centro de menores de Monteolivete

Lo había advertido Mónica Oltra la semana pasada. El centro se cerraría este verano, pero no lo anunciaría para proteger la intimidad de los niños. Este martes a mediodía han quedado definitivamente cerradas las instalaciones del centro de recepción de menores de Monteolivete, en la ciudad de Valencia, y han sido trasladados los niños que allí vivían a dos pisos de titularidad pública y al centro de acogida de Buñol.

Era una herencia del abandono experimentado en la época del PP que el departamento de Oltra, vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, intentó paliar con una inversión inicial en mantenimiento de 100.000 euros en 2016, al tiempo que procedía a reducir la duración de la estancia y trasladar a muchos de los menores a otros centros.

Aunque su capacidad era de 56 plazas, en ese centro llegaron a convivir 120 menores que, debido a su situación de desamparo, estaban bajo la tutela de la Generalitat Valenciana. En el momento en que el gobierno del Pacto del Botánico asumió sus funciones había unos 80 acogidos, que se han ido reduciendo hasta que quedaban menos de 50 en el momento del cierre.

Interior de una de las habitaciones del centro. EFE

Se trataba de unas dependencias en las que las humedades, las grietas, las ventanas rotas y los colchones deteriorados denotaban la masificación y las deficiencias generales que la propia Fiscalía ya detectó en 2008. Desde esa fecha, durante el periodo de gobierno del PP, no se llevaron a cabo inspecciones de un centro cuyas condiciones fueron calificadas hace unos meses de "infames" en los medios de comunicación por la directora que se hizo cargo del mismo en agosto de 2016, Yolanda Calero.

Una investigación de la fiscalía sobre  un caso de prostitución de algunos menores acogidos que se habría producido fuera del centro desató la polémica hace dos meses con duras críticas de la oposición a Oltra. Una polémica que se acrecentó con la decisión de la vicepresidenta de cerrar el centro La Resurrección de Segorbe gestionado por una orden religiosa. En este segundo caso, la Generalitat detectó deficiencias en el trato y llevó a la fiscalía un supuesto acoso por parte de un monitor a una de las menores que las religiosas no habían comunicado ni denunciado pese a que despidieron al implicado.

En aquel momento ya anunció Oltra que estaba tomada la decisión de cerrar el centro de recepción de Monteolivete a raíz de los informes que en enero habían realizado la Fiscalía y la dirección general de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y también debido a la consideración de que el entorno no hacía recomendable que un centro destinado a acoger a niños y niñas adolescentes estuviera en esa ubicación.

El centro de menores de Monteolivete, en la ciudad de Valencia.

La idea de Oltra, no solo en relación con los menores sino también en otros ámbitos de la política de bienestar social, como ha explicado reiteradamente en las Corts Valencianes, es la desinstitucionalización, fomentando los centros de día, la atención a domicilio y los pisos de acogida para permitir, siempre que sea posible, que las personas asistidas, sean menores, mayores o discapacitados, puedan mantener el contacto con su entorno cotidiano en lugar de quedar ingresadas permanemente.

En ese contexto, la Generalitat ha abierto dos pisos de acogida de menores, los primeros desde los años ochenta, con una capacidad de 6 y 4 plazas, para que el ambiente se asemeje al de un hogar, y ha invertido 250.00 euros en las obras de reforma del centro de Buñol para adaptarlo. Este centro, aunque de titularidad pública, estaba gestionado por una empresa privada y ha sido revertido a la gestión pública al concluir el contrato.

Buñol funcionará como centro de recepción -de donde los menores tutelados pasan a otros centros o a vivir con familias de acogida- hasta que esté en funcionamiento el de Llíria, cuya apertura está prevista en 2019.

El edificio de Monteolivete que ha funcionado como centro de menores, ahora cerrado, será remodelado cuando se decida su uso futuro, que seguirá dentro del ámbito de la política social.

eldiario.es

Sarna en La Rosa. Negligencias y cachondeos varios

El pasado día 7 de julio, tras las quejas de picores en la piel de un usuario y observar las erupciones, se realiza una visita a su centro de salud y se deriva a infecciosos, donde se confirma que se trata de un caso de sarna. Ante sintomatologías similares, se revisan otros posibles casos, y a  día de hoy son seis los afectados (tres usuarios y tres trabajadores). 

Tras conocer el brote y solicitar el tratamiento profiláctico a la empresa, ésta en principio se niega, no facilitando el tratamiento hasta el sábado 15 (¡más de una semana después!), tras confirmarse el primer caso de sarna entre la plantilla y denuncia pública mediante. En principio, la empresa se ha comprometido a que como tarde este lunes se facilitará el tratamiento profiláctico a todas las profesionales y a los allegados de aquellos que han resultado infectados. Sin embargo, se sigue negando el tratamiento profiláctico a las personas usuarias del centro, por lo que el tratamiento de la plantilla puede ser completamente ineficaz y puede cronificarse el brote en el centro. Además, ¿es que las personas sin hogar no tienen derecho a que se proteja su salud? ¿Pero esto qué es?

De los responsables del Ayuntamiento seguimos sin tener noticias. Por diversos medios hemos conocido la versión falaz de Darío Pérez (jefe del servicio), que sin ningún pudor ha mentido deliberadamente a la prensa (de igual manera que ha mentido Asispa) en un absurdo intento de echar balones fuera y minimizar tanto el problema sanitario como su negligente actuación. Ni el brote está controlado (sospechamos que en los próximos días se confirmarán más casos), ni Madrid Salud se ha puesto en contacto con los trabajadores del centro ni se han facilitado las medidas profilácticas necesarias. De hecho, la coordinación intercentros ha brillado por su ausencia ante la incomparecencia de los responsables municipales, por lo que en pleno brote de sarna se ha trasladado a La Rosa a usuarios de otros centros, y se ha trasladado a residentes de La Rosa a otros recursos (como el traslado realizado a Geranios, por mucho que Darío Pérez lo niegue). Ni siquiera se ha informado a las plantillas de la situación, por lo que no se está tomando ninguna medida de precaución. El proceder de los responsables de la red está siendo cuando menos temerario.

Desde Asispa se han ido dando pautas de actuación incoherentes, demostrando la más absoluta improvisación y el total desconocimiento del proceder ante un brote de sarna del Servicio de Prevención de una empresa cuyo negocio es la atención a los colectivos más vulnerables a la sarna (personas sin hogar y ancianos). Esta errática actuación ha conllevado un sufrimiento añadido a los primeros usuarios contagiados, ya que estuvieron varios días aislados en una sala inadecuada (las lamentables condiciones del centro no dan para más), cuando lo pautado son únicamente 24 horas de aislamiento tras el inicio del tratamiento.  

La plantilla de La Rosa hemos vivido de manera directa una vez más el olvido y el desdén que tanto administraciones como empresas tienen hacía nuestro sector y las personas con las que trabajamos. Desde el pasado día 7 se han ido conociendo nuevos casos y estamos seguras de que se conocerán más a lo largo de estos días. Denunciamos la desprotección a la que estamos sometidas ante esta epidemia y ante cualquier otra (tuberculosis, etc). Volvemos a exigir que la Prevención de Riesgos Laborales se tome en serio, por nuestra salud y por la de las personas a las que atendemos. Como muestra un botón: Asispa se ha negado reiteradamente a reconocer los riesgos biológicos a las trabajadoras sociales en la Evaluación de Riesgos Laborales. Entre los contagiados hay miembros de esta categoría profesional. ¿Y ahora qué?

Llegados a este punto exponemos que nos parece una vergüenza que no se hayan tomado medidas antes, que las propias trabajadoras  tengamos que ir exigiendo un tratamiento a la empresa, más aún cuando esta no ha actuado con precaución en ningún momento.  Como el periodo de incubación de la sarna es de dos semanas a un mes, seguramente habrá muchos más casos,  familiares y allegados de los trabajadores del centro están expuestos, y en vez de actuar con la diligencia que una emergencia como esta requiere, se niega el problema y se intenta tapar con mentiras en prensa.

Desde La Rosa En Lucha exigimos que se asuman responsabilidades, y que se  reconozca el riesgo biológico al que estamos sometidos en el trabajo. Y lo más importante: ante alertas de este tipo exigimos  claridad y transparencia frente a la opacidad y la mentira a que estamos acostumbrados. La alarma social se genera por la desinformación, las medias verdades y las mentiras, no por hacer públicas las situaciones de riesgo y las medidas a tomar.

Estamos especialmente dolidas por la petición de Darío Pérez de “no estigmatizar aún más a las personas sin hogar”. ¿Qué insinúas, que al denunciar la desatención que sufrimos estamos estigmatizando a las personas con las que convivimos diariamente, con las que sentimos en común, lloramos y reímos? Darío, no seas cínico. Lo que estigmatiza es la desatención y la invisibilización (los saraos navideños al más puro estilo Plácido tampoco ayudan). Vivir entre moscas, mosquitos, cucarachas y hasta libélulas, durmiendo en el suelo, ahonda los procesos de exclusión social. Y el responsable eres tú.

La calidad de vida de las personas que atendemos no parece estar entre las preocupaciones de los responsables de la red.  Se olvida la importancia de unos buenos recursos materiales y unas condiciones de trabajo dignas para lograr una Intervención Social de calidad.

Por favor ayúdanos a difundir el comunicado para que se contenga cuanto antes el brote de sarna,  para mejorar la calidad del servicio que se presta a las personas que son atendidas en recursos municipales y  para que todo el mundo sepa cómo se gestionan sus impuestos y en qué bolsillos acaban.

Señores del Ayuntamiento ¡les estamos esperando!

 

 

La Rosa En Lucha

Sistema de protección de menores. La lucha comienza a dar sus frutos

Durante décadas el silencio ha rodeado al sistema de protección de menores. Las únicas noticias que aparecían en los medios se referían a la gran labor solidaria realizada por las entidades sin ánimo de lucro que amorosamente cuidaban de las niñas y los niños desamparados, normalmente asociadas a las galas benéficas al estilo del Rastrillo Solidario de Nuevo Futuro (con Pilar de Borbón al frente). 

Centros de menores. Negocio y violencia institucional.

Poco a poco la salvaje realidad ha ido aflorando. Gracias a la lucha numantina de varios colectivos, primero la opinión pública conoció las barbaridades cometidas en los centros de protección “terapéuticos”, especialmente brutales en algunos centros (como los gestionados por la afortunadamente extinta Fundación O´Belen). Y poco a poco se va conociendo que en general, el sistema de protección, heredero de las instituciones tutelares franquistas, hace aguas por todas partes: alarmante institucionalización a base de centros de todo tipo, precariedad y explotación laboral entre las profesionales del sector, centros en condiciones lastimosas, metodologías pseudocientíficas, malos tratos de todo tipo y una pasmosa y negligente ineficacia a la hora de proteger a los niños (los casos de prostitución de menores en torno a los centros de protección en diversos puntos del estado son el aval más cruel de esta afirmación). Una cosa queda clara: nuestro sistema de protección de menores prima por encima de todo el lucro empresarial de las entidades sin ánimo de lucro.

En realidad, los crímenes en nombre de la protección del menor empiezan antes de llegar a los centros. En el estado español se producen retiradas de tutela totalmente arbitrarias, estando la pobreza de los progenitores detrás de la inmensa mayoría de los casos. La situación es tan grave que cada vez más voces acreditadas en la materia, como el pedagogo Enrique Martínez Reguera o la periodista Consuelo García del Cid, hablan abiertamente de expropiación de niños pobres (el robo de bebés bajo el franquismo, como otras tantas cosas, no terminó con la llegada de la democracia). Pero cada vez lo tienen más difícil: las propias familias se están organizando. La Marea Turquesa, vinculada al movimiento feminista, está poniendo negro sobre blanco la realidad de miles de familias destrozadas por decisiones administrativas (en nuestro país ni siquiera se necesita orden judicial para retirar tutelas). También están denunciando las prácticas judiciales machistas, ya que justificándose en el delirante Síndrome de Alienación Parental (refutado por instituciones científicas nacionales e internacionales, pero defendido por personajes como Javier Urra, ex Defensor del Menor y actual mercader del sector) se está amparando a maltratadores y abusadores sexuales frente a mujeres y niñas.

¡La lucha sirve!

Además, con la llegada de las fuerzas del cambio, la lucha por los derechos de la infancia y las familias ha llegado a las instituciones. Isabel Serra, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, está denunciando el negocio que se esconde tras el supuesto interés superior del menor. Recientemente se ha aprobado una propuesta para fomentar el acogimiento familiar frente al internamiento en centros, un gran paso adelante en Madrid. Y Mónica Oltra, desde la Generalitat, ha dado un puñetazo en la mesa, denunciando malos tratos y negligencias en el sistema, ha cerrado centros y ha planteado ir a la raíz del problema: va a cuadruplicar las plantillas de atención a la infancia y ha elaborado un plan para revertir totalmente la privatización del sector en 2020. Ese es el camino. Pero queda mucho por hacer, por lo que es fundamental que los compañeros con responsabilidades institucionales hablen directamente con las familias y con los profesionales implicados (como las compañeras de Casa de las Andorinas, de Menuts de Valencia). Y por supuesto, tienen que hablar directamente con las niñas y los niños que tutelan.

Sindicatos y trabajadores debemos exigir un servicio 100% público en interés exclusivo del bienestar del menor

No habríamos llegado a esta situación sin la vergonzosa connivencia sindical que ha caracterizado al sector de menores. Un claro ejemplo lo tenemos ahora en Valencia. Los sindicatos están movilizando a los trabajadores de los centros de menores porque, alegando impagos de la administración, las empresas están dejando de pagar las nóminas. Obvio que ante esta situación hay que movilizarse, la Generalitat no puede permitir que los trabajadores sean quienes terminen pagando los platos rotos. Pero ir de la mano de la patronal (incluso el manifiesto es conjunto), justo cuando la Generalitat plantea acabar con el negocio de los centros, es mucho más que un error táctico. Es fruto de unos dirigentes completamente entregados (basta citar a Rafael Bautista, máximo responsable del sector en la Federación de Enseñanza de CCOO, que firmó un vergonzoso convenio y que después pasó a formar parte de la negociación como representante de la patronal).

Al parecer estos responsables sindicales nada tienen que decir sobre la privatización del sector, ni parece importarles que organizaciones como las Terciarias Capuchinas (monjas que maltrataron a miles de niñas y mujeres durante los años del Patronato de la Mujer) gestionen en la actualidad centros de menores. De hecho, en los últimos años generalmente sólo hemos tenido noticias del sindicato en lo relativo a menores para negar la mayor ante cada escándalo de malos tratos en centros, haciéndole el juego a curas, constructores, banqueros y políticos profesionales, que al fin y al cabo son quienes se lucran de la explotación de la infancia marginada. Incluso CCOO llegó a quedarse sola en defensa de las prácticas de O´Belen (no es de extrañar al saber que el secretario del comité intercentros de esta nefasta empresa era Rafael Pinto, sobrinísimo del patrón, Emilio Pinto). Quienes defendemos un sindicalismo de clase y sociopolítico no vamos a permitir que en nombre de nuestras organizaciones de clase se sigan defendiendo los intereses de la patronal y amparando prácticas dignas del medievo. La lucha está servida.