Durante décadas el silencio ha rodeado al sistema de
protección de menores. Las únicas noticias que aparecían en los medios se referían
a la gran labor solidaria realizada por las entidades sin ánimo de lucro que
amorosamente cuidaban de las niñas y los niños desamparados, normalmente
asociadas a las galas benéficas al estilo del Rastrillo Solidario de Nuevo
Futuro (con Pilar de Borbón al frente).
Centros de menores.
Negocio y violencia institucional.
Poco a poco la salvaje realidad ha ido aflorando. Gracias a
la lucha numantina de varios colectivos, primero la opinión pública conoció las
barbaridades cometidas en los centros de protección “terapéuticos”,
especialmente brutales en algunos centros (como los gestionados por la
afortunadamente extinta Fundación O´Belen). Y poco a poco se va conociendo que
en general, el sistema de protección, heredero de las instituciones tutelares
franquistas, hace aguas por todas partes: alarmante institucionalización a base
de centros de todo tipo, precariedad y explotación laboral entre las
profesionales del sector, centros en condiciones lastimosas, metodologías
pseudocientíficas, malos tratos de todo tipo y una pasmosa y negligente
ineficacia a la hora de proteger a los niños (los casos de prostitución de
menores en torno a los centros de protección en diversos puntos del estado son
el aval más cruel de esta afirmación). Una cosa queda clara: nuestro sistema de
protección de menores prima por encima de todo el lucro empresarial de las
entidades sin ánimo de lucro.
En realidad, los crímenes en nombre de la protección del
menor empiezan antes de llegar a los centros. En el estado español se producen retiradas
de tutela totalmente arbitrarias, estando la pobreza de los progenitores detrás
de la inmensa mayoría de los casos. La situación es tan grave que cada vez más
voces acreditadas en la materia, como el pedagogo Enrique Martínez Reguera o la periodista Consuelo García del Cid, hablan abiertamente de expropiación
de niños pobres (el robo de bebés bajo el franquismo, como otras tantas cosas,
no terminó con la llegada de la democracia). Pero cada vez lo tienen más
difícil: las propias familias se están organizando. La Marea Turquesa, vinculada al movimiento feminista,
está poniendo negro sobre blanco la realidad de miles de familias destrozadas
por decisiones administrativas (en nuestro país ni siquiera se necesita orden
judicial para retirar tutelas). También están denunciando las prácticas
judiciales machistas, ya que justificándose en el delirante Síndrome de
Alienación Parental (refutado por instituciones científicas nacionales e
internacionales, pero defendido por personajes como Javier Urra, ex Defensor
del Menor y actual mercader del sector) se está amparando a maltratadores y
abusadores sexuales frente a mujeres y niñas.
¡La lucha sirve!
Además, con la llegada de las fuerzas del cambio, la lucha
por los derechos de la infancia y las familias ha llegado a las instituciones. Isabel Serra, diputada de Podemos en la Asamblea
de Madrid, está denunciando el negocio que se esconde tras el supuesto interés
superior del menor. Recientemente se ha aprobado una propuesta para fomentar el
acogimiento familiar frente al internamiento en centros, un gran paso adelante
en Madrid. Y Mónica Oltra, desde la Generalitat, ha dado un puñetazo en la
mesa, denunciando malos tratos y negligencias en el sistema, ha cerrado centros
y ha planteado ir a la raíz del problema: va a cuadruplicar las plantillas de
atención a la infancia y ha elaborado un plan para revertir totalmente la
privatización del sector en 2020. Ese es el camino. Pero queda mucho por hacer,
por lo que es fundamental que los compañeros con responsabilidades
institucionales hablen directamente con las familias y con los profesionales
implicados (como las compañeras de Casa de las Andorinas, de Menuts de Valencia).
Y por supuesto, tienen que hablar directamente con las niñas y los niños que
tutelan.
Sindicatos y
trabajadores debemos exigir un servicio 100% público en interés exclusivo del
bienestar del menor
No habríamos llegado a esta situación sin la vergonzosa
connivencia sindical que ha caracterizado al sector de menores. Un claro ejemplo lo
tenemos ahora en Valencia. Los sindicatos están movilizando a los trabajadores
de los centros de menores porque, alegando impagos de la administración, las
empresas están dejando de pagar las nóminas. Obvio que ante esta situación hay
que movilizarse, la Generalitat no puede permitir que los trabajadores sean
quienes terminen pagando los platos rotos. Pero ir de la mano de la patronal
(incluso el manifiesto es conjunto), justo cuando la Generalitat plantea acabar
con el negocio de los centros, es mucho más que un error táctico. Es fruto de
unos dirigentes completamente entregados (basta citar a Rafael Bautista, máximo
responsable del sector en la Federación de Enseñanza de CCOO, que firmó un
vergonzoso convenio y que después pasó a formar parte de la negociación como
representante de la patronal).
Al parecer estos responsables sindicales nada
tienen que decir sobre la privatización del sector, ni parece importarles que
organizaciones como las Terciarias Capuchinas (monjas que maltrataron a miles
de niñas y mujeres durante los años del Patronato de la Mujer) gestionen en la
actualidad centros de menores. De hecho, en los últimos años generalmente sólo
hemos tenido noticias del sindicato en lo relativo a menores para negar la
mayor ante cada escándalo de malos tratos en centros, haciéndole el juego a
curas, constructores, banqueros y políticos profesionales, que al fin y al cabo
son quienes se lucran de la explotación de la infancia marginada. Incluso CCOO
llegó a quedarse sola en defensa de las prácticas de O´Belen (no es de extrañar
al saber que el secretario del comité intercentros de esta nefasta empresa era
Rafael Pinto, sobrinísimo del patrón, Emilio Pinto). Quienes defendemos un
sindicalismo de clase y sociopolítico no vamos a permitir que en nombre de
nuestras organizaciones de clase se sigan defendiendo los intereses de la patronal y
amparando prácticas dignas del medievo. La lucha está servida.