Protesta de la plantilla del COA. Foto de Archivo: Pablo Ibáñez (AraInfo)
“No
hay excusa posible”, aseguran desde Educadores en Lucha, y exigen al
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) que en los próximos
pliegos del concurso del Centro de Observación y Acogida (COA), el
Gobierno de Aragón retome directamente los gastos de salud, escolar y
vestimenta de los niños y niñas de dicho centro de protección.
A juicio de este colectivo, “sería incomprensible que el IASS, con su
mayor presupuesto de la historia, cerca de 367 millones de euros, no
retomara dichos gastos y quiera vender un supuesto compromiso con las
figuras más vulnerables de la sociedad, los menores en protección”.
Hasta el actual concurso, que finaliza el presente año, estos gastos
en un centro de emergencia como el COA habían corrido siempre a cargo de
DGA. Sin embargo, “el Gobierno de Rudi los externalizó en un concurso
que firmó finalmente el PSOE poniendo en riesgo la atención a los
menores del COA como así ha sido desde que Intress comenzó a gestionar
el centro en octubre de 2015”, subrayan.
Según defienden, miembros de este colectivo “han sido testigos de
cómo Intress ha puesto excusas para no hacerse cargo de gastos en
referencia a la salud dental de varios menores”. “Se han denegado
presupuestos –añaden-. Incluso en una ocasión se llegó a poner de excusa
no haber pagado esta atención sanitaria a un menor porque se fugaba
mucho y que ya sería en el siguiente centro que residiera donde le
pagarían dicho gasto”.
“Es alucinante, tú le exiges a los niños unos compromisos educativos y
de convivencia. ¿Y la Administración Pública no cumple su compromiso de
pagarle los dientes? Este es el ejemplo de los adultos dirigentes,
primero el dinero, luego las personas”, lamentan desde Educadores en
Lucha.
Curiosamente, continúan explicando, “el protocolo de asistencia
sanitaria dental cambió en mayo de 2016 coincidiendo con el relevo de la
dirección pública en el centro y del coordinador de Intress en el COA”.
Al parecer, hasta la fecha, “el director del centro siempre había
exigido a Intress afrontar dicha atención de inmediato en dentistas
privados”, salvo en los casos de infección o extracciones de muelas que
cubre la Seguridad Social.
Sin embargo, a partir de esta fecha, este protocolo cambió en el COA.
Todos los niños y niñas deben acudir en primera instancia al dentista
de la Seguridad Social para que realice un informe, y posteriormente se
acuda a un dentista privado para que prepare un presupuesto sobre dicho
informe. “Es evidente que dicho protocolo no tiene en cuenta el bien
superior del menor, sino dilatar la atención para ver si es trasladado a
otro centro donde se tenga que hacer cargo del gasto la entidad que
gestione dicho recurso”, aseveran desde este colectivo.
Desde Educadores en Lucha tienen muy claro cuál fue el motivo del
Partido Popular para externalizar estos gastos, “ahorrarse dinero a
costa de los menores”, matizan.
“Como educadores ha sido habitual acudir a ópticas o peluquerías que
se nos quejaban de que el Gobierno de Aragón no les pagaba, por lo que
íbamos cambiando de establecimientos cuando se cansaban los
responsables. El PP se quitó este gasto encima con una previsión de
gastos totalmente tramposa, además de tener en cuenta que en el COA es
imposible calcular ya que es una Unidad de Primera Acogida que no puede
tener nunca un número de plazas cerrado ya que se acoge a todo niño o
niña que lo necesite”, recuerdan.
Además, cabe incidir que al ser el primer centro de acogida, recurso
de emergencia, los y las menores acuden con graves carencias de salud,
escolar y vestimenta.
El acuerdo que alcanzó Intress con el IASS
Pese a que desde este colectivo se informó públicamente a Intress del
recorte económico que sufría el concurso del COA, la entidad catalana
se presentó a gestionarlo para introducirse en Aragón llegando a afirmar
que perdían “100.000 euros al año para abrir mercado en lo social”.
Sin embargo, con el recurso ya adjudicado, en la primera Comisión de
Seguimiento del Contrato de Servicios de la Gestión Educativa en centros
propios de la Dirección del IASS, la empresa alegó que existía una
indefinición en los pliegos sobre los gastos vitales de los y las
menores.
En esta comisión se alcanzó un acuerdo con el IASS
para que en el caso de superar en gastos la previsión que se estableció
en los pliegos de 35.000 euros anuales, “se entraría a analizar qué
gastos pueden imputarse a gastos extraordinarios, siendo asumidos por la
Administración, y cuáles no”.
Para Educadores en Lucha, “esta es una modificación sustancial de
contrato que demuestra que el presupuesto del concurso era insuficiente,
justo lo contrario que defienden Gobierno de Aragón en Intress en la
demanda que presentamos contra la adjudicación del COA en la sala de lo
contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón”.
A juicio de este colectivo, y tras la experiencia del actual
concurso, “es claro y evidente que cualquier otra fórmula que no sea
retomar directamente los gastos vitales de los niños y niñas será
perpetuar el maltrato institucional gestado por el PP y firmado por el
PSOE”.
Por ello se niegan a que el Gobierno de Aragón subaste estos gastos
“para que pujen entidades privadas y así ambas partes saquen réditos
económicos a costa de la vulnerabilidad de estos niños y niñas”. “De
persistir este modelo nocivo para los menores, el colectivo anuncia que
los educadores del centro continuarán la huelga indefinida que lleva ya
más de dos años y medio vigente”, advierten desde Educadores en Lucha.