La Asociación para la Defensa del Menor (Aprodeme), que representa a más de 800 familias a las que la Administración ha retirado a sus hijos, presentará este martes en Barcelona una denuncia colectiva para exigir la reforma total del sistema de protección de menores en España. La iniciativa se tramitará simultáneamente en tres instituciones y organismos: la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Síndic de Greuges y en la sede del Parlamento Europeo en Barcelona.
La demanda reclama que se cumplan varios puntos esenciales. El
primero, definir claramente las causas de desamparo (los motivos por los
que la Administración quita los niños a las familias) para evitar que
se produzcan "retiradas arbitrarias". También, que sea un juez
"especialista, imparcial y experto" el que decida el desamparo del niño y
no funcionarios de Bienestar Social como sucede actualmente. En
Francia, Italia y Canadá da luz un magistrado. Los denunciantes también
reclaman la creación de juzgados especializados, similares a los de
violencia machista, para que las vistas orales sean rápidas y, por
último, solicitan a la Fiscalía que inste a la Administración "a cumplir
las leyes que protegen al menor".
Desgarros familiares
Enrique Vila, abogado que presenta la denuncia en nombre de Aprodeme y también uno de los letrados encargados del caso de los niños robados en el franquismo,
cuestiona el actual sistema de protección que se ha convertido "en un
monstruo que se retroalimenta a sí mismo con cientos de
funcionarios, cuya cifra no se corresponde con el número de menores
desamparados". Vila tiene claro que las retiradas de los menores de su
hogar "deben ser la última opción y solo en casos extremos de peligro
físico o psíquico".
La elaboración de esta macrodenuncia se ha realizado paralelamente a una campaña en Change.org que han firmado 1.363 personas. Sus testimonios, muchos de los cuales se incluyen en la demanda, muestran "sufrimiento, dolorosos desgarros familiares y con frecuencia la ruptura de los lazos paternofiliales de forma irreversible”, señala Andreu Cruz, un padre al que la DGAIA intentó retirarle a los niños y solo cejó cuando el afectado emprendió una insistente campaña en las redes sociales denunciando la situación y «un alto cargo de la Generalitat me llamó para que la frenara», afirma.
Lluís P., otro padre afectado, reivindica que
"el opaco sistema de protección con fundaciones y redes clientelares se
sustituya por otro transparente y protector de familias". La solución no
pasa por sacar al niño de su familia sino ayudarla a mejorar la
situación, aseguran.
Delante de sus compañeros
La retirada del menor se produce cuando la Administración dictamina que el pequeño está en situación de desamparo por
diversas causas como divorcios complicados o alertas que observan
colegios y hospitales. Las retiradas de los menores suceden en la calle,
ya que en los hogares se necesita una orden judicial, y,
mayoritariamente en los colegios, como le sucedió a la hija de Manuela G. F.,
que con 10 años, la sacaron de clase delante de sus compañeros,
mientras gritaba y lloraba que quería ver a sus padres. A la nieta de
Josep Maria Puigdengoles se la llevaron cuando estaba de colonias con
otros de niños.
Tras este trámite, los pequeños ingresan generalmente en centros
de menores o pasan a vivir con algún familiar o con padres de acogida. Y
empieza el calvario padres, madres y parientes cercanos para recuperar a
los niños. Este proceso se prolonga tanto tiempo que "los
menores pierden los vínculos con los familiares biológicos y el equipo
psicosocial acaba diciendo que el regreso a su antiguo hogar será
negativo para el menor", apunta Vila. Cárdenas añade: "Existe un riesgo
grave de que el niño nunca vuelva con sus padres". Vila cita el caso de un menor al que sus abuelos han tardado cinco años en verlo.
Protagonistas mudos
Sara G. M., fue una de estas niñas. Con 13 años
estuvo tutelada por la DGAIA durante un año y recuerda que después de
esa experiencia "mi vida cambió para siempre porque vi cosas que no me
tocaba". La hija de Rocío R. no tuvo mejor suerte "y
sigue arrastrando problemas psicológicos por aquellos años". En todo
este proceso, los niños son protagonistas mudos: "Nadie habla con ellos,
nadie les pregunta qué sienten o qué prefieren", señala una madre
afectada.
Mientras dura este largo periodo de separación son los técnicos
los que deciden cuándo, dónde y cómo se ven niños y adultos. Las visitas
se suelen dar con cuentagotas. Yolanda C. solo ve a su hijo "una hora cada 15 días y con vigilancia. Y nadie se imagina cómo llora porque quiere volver a su casa”. A Toni Civis,
padre del pequeño Toni de casi 8 años, los separó la DGAIA, "al día
siguiente de cumplir 3 años ya lleva 5 fuera de casa. Ahora vive en
acogida con una señora", dice Civis. La familia pidió en marzo a la
Generalitat que le concedieran más visitas con el niño. Les han
respondido en noviembre "diciendo que no nos dan más porque cuando acaba
la visita el niño se queda agobiado", critica Civis.