PÁGINAS

domingo, 17 de diciembre de 2017

Nuevos casos de menores tuteladas víctimas de explotación sexual

Agentes de la Policía Nacional detuvieron anteayer a dos jóvenes de 18 y 22 años por explotar sexualmente e inducir al consumo de drogas a varias menores que se encontraban fugadas de su correspondiente centro de protección.

Según detalla la Jefatura Superior de Policía de Baleares en un comunicado, la operación llevada a cabo por la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) se inició después de la alerta que recibieron por parte de los responsables de varios centros de protección ante sus sospechas de que algunas menores fugadas pudieran estar en una casa ocupada de Son Oliva, en compañía de adultos.

Una vez recopilados todos los datos que tenían los centros y realizar la correspondiente investigación, la UFAM pudo localizar un inmueble en el barrio palmesano de Son Oliva. En él, los agentes confirmaron las sospechas de los educadores y constataron que dos jóvenes mayores de edad y conocedores de la situación de las niñas les ofrecían drogas y dinero a cambio de que se quedaran con ellos y mantuvieran relaciones sexuales.

Al parecer y según indican fuentes policiales, dos chicas ya habrían interpuesto la correspondiente denuncia, si bien la UFAM sigue investigando ante la sospecha de que pudiera haber más menores implicadas en el caso. 

Cabe recordar que desde hace poco más de un año y ante la proliferación de casos de explotación sexual de menores, Govern e IMAS empezaron a trabajar de manera intensa para intentar atajar un problema muy complejo, que requiere de la implicación de muchos agentes y no sólo del personal de ambas administraciones.
Con ese objetivo se creó una Mesa de Coordinación en la que participan todas las partes que deben implicarse para erradicar esta lacra. Fruto del protocolo establecido mediante el cual desde el Departamento de Menores y Familia del IMAS se comunica cualquier sospecha tanto a la UFAM, como a la Guardia Civil y a la Fiscalía, en estos últimos meses la Policía ha conseguido efectuar varias detenciones de personas -tanto adultas como menores- por explotación sexual infantil (ESI).

Asimismo, se ha recurrido a la Fundación de Solidaridad Amaranta para formar y preparar a todos los profesionales que trabajan habitualmente con menores para que puedan detectar y atender a posibles víctimas de ESI.

Aunque la explotación sexual de menores no entiende de estratos sociales, lo cierto es que afecta de manera especial a jóvenes que viven bajo la tutela o custodia de las instituciones responsables de su protección. Y uno de los momentos en los que estos chavales están más expuestos a caer en esta lacra es cuando se fugan de los centros. 

Conscientes de ello, ante una salida no autorizada -una fuga-- los profesionales de todos los centros de menores proceden a la interposición de la correspondiente denuncia ante los cuerpos de seguridad del Estado -Policía o Guardia Civil-, en función del lugar en el que esté ubicado el hogar. 

Y es que, durante las fugas, los chavales están expuestos a situaciones de especial vulnerabilidad, puesto que necesitan un techo bajo el que dormir, dinero, comida y otros bienes materiales, entre los que a veces también están las drogas. Un hecho que aprovechan las redes de explotación sexual para introducirles en esa espiral de relaciones sexuales a cambio de cubrir dichas necesidades.

Desde principios del año 2016, la Dirección General de Menores y Familias ha recibido la notificación de sospecha de que 88 menores, mayoritariamente de 16 y 17 años, podrían estar implicados de una forma u otra -como víctimas, captadores y/o agresores- en redes de explotación sexual infantil (ESI) en Baleares.

Una cifra que pone de manifiesto la magnitud de esta lacra, cuya actividad se ha hecho más visible en los últimos años, tal y como apuntan los profesionales que trabajan habitualmente con menores.