Un ex trabajador afirma que las retiradas de niños se deciden de modo arbitrario y sin seguir criterios objetivos
"Ningún político se atreve con el IMAS", aseguran.
«¿Recuerdas al matrimonio que acampó durante casi dos años en la puerta del IMAS?Les quitaron a los tres niños porque a los técnicos no les gustaba el padre, así de fácil», afirma rotundo un ex trabajador del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), la institución insular encargada de la protección de la infancia. A fecha de 31 de diciembre de 2016, tiene abiertos 1.688 expedientes según la última memoria publicada en 2017.
Este profesional -Daniel, nombre falso-, que pide ocultar su identidad para impedir posibles represalias, sostiene que los métodos de retirada de menores a sus familias obedecen, en algunos casos, a valoraciones subjetivas y decisiones aleatorias de los técnicos de la entidad, lo que desemboca, también en algunos casos, en retiradas injustificadas a sus familias.
Numerosas voces claman desde hace años contra los métodos empleados en el IMAS. A principios de febrero se constituía la asociación Infancias Robadas, que insiste en denunciar los protocolos aplicados desde este organismo. Se suma así a otras existentes como Ardip, presidida por Antoni Estela Frau.
Mientras, el IMAS no se pronuncia sobre las críticas al oscurantismo de sus métodos. A todas las llamadas realizadas desde este medio, respondió siempre de modo similar. «Nuestra mayor preocupación es el bien del menor», subraya una portavoz, «por eso no podemos hacer declaraciones». Ni siquiera para abordar el procedimiento y resolver dudas. Para ello, remiten a la web.
En un intento de atajar la polémica que rodea a la institución, Xelo Huertas, ex presidenta del Parlament y actual diputada por el Grupo Mixto, presentó en marzo de 2017 una Proposición No de Ley (PNL) para impulsar una auditoría mixta, que englobase a técnicos independientes, sobre los expedientes de los últimos 10 años del IMAS, porque «no es normal que exista tanta queja. Por eso, para tranquilizar a los trabajadores y a la familias, seamos transparentes. Estoy convencida de que saldrán muchas cosas y que muchas de ellas tampoco gustarán a las familias», puntualiza. «Cuando la presenté, muchos se escandalizaron», explica la ex podemita. Por el momento, la PNL no ha prosperado aunque ella advierte de que intentará impulsarla en el Parlament.
EL MUNDO / El Día de Baleares recogía la historia de los tres menores arrancados a Aisha Boujnane y Millud Abdala, los padres que acamparon casi durante dos años frente a la sede de la entidad en noviembre de 2015. La institución les retiró la custodia de sus hijos de 13, 10 y 2 años por la aplicación del criterio de «escasez de recursos económicos» para mantener de manera adecuada a sus vástagos. También algún indicio de supuestos malos tratos, que tanto los niños como la madre negaron.
La versión de Daniel, con conocimiento del caso, es que «al IMAS no le gustaba el padre, un tipo especial, por eso decidieron la retirada». La madre «se había dedicado al cuidado de cabras en una colina, en la frontera entre Ceuta y Marruecos. El marido sí que vivía en Mallorca, donde ella se mudó después de casarse. Y, sí, serían todo lo bastos que se quiera, pero no justifica la retirada de unos hijos a sus padres», recalca.
«Este hombre se ganaba la vida con una chatarrería. ¿Que si eran pobres? Ya te digo que no te gustarían las condiciones en las que vivían esos niños. Tenían un piso, pero a veces dormían en la chatarrería. Pero no estaban maltratados», asegura Daniel.
Aviso del colegio o del médico
El inicio del proceso es clave para Daniel y se muestra totalmente disconforme. «Imagina, familia con hijos y recursos limitados. El niño asiste a una escuela y tú, como padre, no le gustas al profesor. Un día, el menor se cae de la cama y aparece en el colegio con un chichón. Si el profesor valora que el golpe obedece a maltrato, llama al IMAS. La entidad puede mandarte al técnico y a la Guardia Civil, llevar al niño al hospital y ordenar un parte. Con la única posibilidad de indicio de maltrato, sin que se demuestre, ese día tu hijo no vuelve a tu casa».El IMAS, en el protocolo colgado en su página web, establece un Programa de Primera Valoración y Urgencias, que valora los avisos recibidos por los Servicios de Menores y Familia. Los avisos pueden venir del colegio o del médico de cabecera.
Un técnico interrogará al menor, en solitario. «Se evalúa según una valoración de riesgo, de 1 a 10, que el técnico puntúa como a él le da la gana» y añade que «no se aplica ni una prueba psicotécnica ni un cuestionario estandarizado. No se puede decidir en función de criterios emocionales algo tan grave como la retirada de un hijo».
La hija mayor de Aisha Boujnane y Millud Abdala, de 13 años, se escapaba del centro de acogida para regresar a casa con sus padres. Entonces, «decidieron trasladarla a otro en Granada, para alejarla de la familia. ¡Eso sólo se aplicaba con los etarras!», subraya Daniel.
El protocolo del IMAS contempla la Concertación de Programas de Mediación e Integración Familiar y, entre sus objetivos, cita «la mejora de las capacidades parentales con intervención específica para padres y niños de 0 a 3 años». Daniel cree que poco de lo dispuesto por el IMAS busca ese objetivo. «¿Tú has visto alguna vez un mediador cultural?¿Alguna intervención familiar para reconducir conductas de los padres? Nunca», asegura. «A veces se prefiere el desarraigo del niño antes que intentar corregir pautas de comportamiento de las familias, que aunque no sean las mejores, siguen siendo la familia», reitera.
Daniel insiste en que muchas retiradas de tutelas son justificadas, «ni lo dudes», pero otras son excesivas. «Creo que cuando los técnicos deciden en una dirección, ya no hay marcha atrás. Tampoco he visto nunca un trabajo terapéutico con los padres. Como mucho, están las visitas en el punto de encuentro, de nuevo sometidas a valoraciones subjetivas», añade.
«Por lo que me consta, Aisha Boujnane era un mujer cariñosa con sus hijos. Se trataba de una mujer casi analfabeta, que intentó obedecer a los técnicos en todo momento.Te aseguro que quizás no era el hogar soñado, pero era el hogar de esos niños», enfatiza.
Una vez retirados, los chicos pasan a familias de acogida, centros o se incluyen en procesos de adopción y, todo ello, decidido «según proceso administrativo». El juez no intervendrá hasta que se finalice el proceso de instrucción, en donde juegan un papel clave los informes elaborados por el IMAS.
Este ex trabajador se muestra muy crítico con estos informes. «Son vergonzosos, desordenados, con fotocopias horrendas y párrafos que se contradicen. Cuando se adjunta un documento nuevo, se repiten los anteriores. He llegado a ver cómo se ha colocado en primer lugar la información que favorecía a los intereses del IMAS de cara al juicio».
Clases sociales bajas y con pocos recursos
La vulnerabilidad de estas familias juega también en su contra. «El 99% de los casos ocurren en clases sociales muy bajas, con escasos recursos, en un entorno de familias desectructuradas y formación precaria. No se retiran hijos a gente con dinero», apostilla Daniel, para añadir que «el IMAS obliga a los padres a firmar documentos, sin informar de determinados procedimientos legales porque no tienen la obligación».
La asociación Infancias Robadas, en su escaso mes de vida, ya denuncia que el IMAS retiró hace poco a una madre, con una discapacidad intelectual del 30%, a su bebé de solo un día, en el mismo hospital, con la presencia de la Guardia Civil. Inés Muñoz y Rosa Oyhamburu, sus portavoces, aseguran que «ningún político se atreve con el IMAS, ni Més, ni PP ni PSOE. Por eso cierran filas contra la PNL. Porque allí dentro solo hay funcionarios de carrera de más de 30 años, que no han hecho ninguna actualización psicológica, que dictan los informes y declaran los desamparos como ellos quieren», sentencia Muñoz.
Muñoz y Oyhamburu admiten que existen retiradas de menores justificadas, pero se muestran muy críticas con los procedimientos aplicados. Reclaman, al igual que Daniel, un protocolo objetivo, pautado y de obligado cumplimiento. Así como el visto bueno a la auditoría de los expedientes que Xelo Huertas intenta impulsar en el Parlament.
Para Daniel, el núcleo duro de estos funcionarios vive preso del síndrome de Dios, que afecta especialmente a los médicos. «Han alcanzado tanto éxito en su carrera, que dejan de regirse por criterios médicos y aplican los de opinión. Soy tan bueno que mi intuición me dice por dónde ir y ahí se equivocan. Lo que los niñosnecesitan son unos padres que los quieran y una administración que los cuide».