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domingo, 26 de mayo de 2013

30M y 1J: Ante las próximas movilizaciones

Los sindicatos ELA, LAB, CGT, CNT, ESK, STEE-EILAS e Hiru, con el apoyo de numerosos colectivos y organizaciones sociales, han convocado Huelga General en Euskal Herria para el 30 de mayo. Desde el Colectivo No a O´Belen apoyamos totalmente esta convocatoria al considerar que la lucha y la movilización son la única manera de frenar la brutal ofensiva emprendida por los capitalistas contra las condiciones de vida y los derechos de la clase trabajadora, tanto en Euskal Herria como en el resto del Estado, en Europa e internacionalmente. A su vez, consideramos que los dirigentes de CCOO y UGT deberían rectificar su posición de oponerse a esta huelga, apoyándola y extendiéndola al conjunto del estado con un calendario de lucha. En esta línea, saludamos como un hecho muy positivo la jornada de lucha convocada en todo el estado en apoyo a esta huelga por los sindicatos CNT, SAT, CGT junto a otros colectivos sociales, políticos y sindicales.

Y para el próximo 1 de junio, diversos movimientos sociales llaman a participar en la manifestación internacional convocada en el estado español bajo el lema “Pueblos Unidos contra la Troika”. Esta movilización supone un paso adelante en la internacionalización de las luchas, unificándolas y dotándolas de un contenido cada vez más claramente anticapitalista.

La crisis estructural del sistema capitalista y las políticas antiobreras del PP, PNV y CIU, ordenadas por la Troika, están llevando a las familias trabajadoras a situaciones de verdadera tragedia social. Más de seis millones de parados (de los que más del 40% ya no perciben ningún tipo de prestación), el 30% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza (uno de cada cuatro niños vive en la pobreza en el estado español), cientos de familias pierden su vivienda cada día por los desahucios promovidos por los bancos que luego son “rescatados” con dinero público (Bankia ejecuta el 80% de los desahucios que se producen en Madrid), dictadura patronal en las empresas gracias a la reforma laboral y continuos ataques contra los empleados públicos.

A todo esto hay que sumar los brutales recortes en educación, sanidad, servicios sociales y en todos los servicios públicos en general, atacando así derechos sociales básicos. Recortes, copagos y subida de IVA e IRPF para el pueblo, frente a amnistías fiscales y todo tipo de prebendas para los capitalistas (entre los que se encuentra la Iglesia). Y además pretenden devolvernos al sistema educativo de los años 60 con la reforma educativa franquista planteada por Wert. No hay dinero para la enseñanza pública pero sí para financiar los centros de adoctrinamiento de sectas parafascistas como Legionarios de Cristo y el Opus Dei.

Y además quieren acabar con los servicios sociales. El gobierno del PP ha presentado su anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Se trata de un proceso de recentralización, donde los ayuntamientos perderán competencias, de tal manera que pasarán a ser poco más que la correa de transmisión de gobierno central y comunidades autónomas. Por ejemplo, los municipios de menos de 20.000 habitantes perderán todas las competencias en sanidad, educación y servicios sociales, que pasarán a la comunidad autónoma o a las diputaciones. Con su nueva Ley Local lo que realmente pretenden es eliminar los servicios sociales (teleasistencia, ayuda a domicilio para dependientes, autobuses escolares, ayuda a mujeres maltratadas, acogimiento a personas en situación de exclusión social, talleres ocupacionales y tantos otros) en los municipios con menos de 20.000 habitantes, despedir al personal cualificado que los presta, pasar la competencia de los servicios sociales que no desaparezcan a las diputaciones provinciales y privatizar la prestación de esos servicios cediéndolos a empresas concesionarias. Y en los grandes municipios, las competencias en servicios sociales se limitarán a “la evaluación e información de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. Además, en el caso de estos municipios el gobierno central se reservará el derecho de fijar el coste máximo de los servicios a prestar. El proyecto de ley deja en manos de las comunidades autónomas prácticamente todas las competencias en servicios sociales, pudiendo delegar en algunos casos su prestación en los ayuntamientos más grandes, aunque sin decir cómo ni de dónde se van a financiar.  

Y por si todo esto fuera poco, intentan responder a las protestas sociales con un descarado aumento de la represión en todas sus formas (brutalidad policial en las manifestaciones, persecución judicial a los activistas y organizaciones más combativas, anuncio de modificaciones legales para restringir nuestros derechos democráticos…).

En definitiva, ahora más que nunca sobran los motivos para movilizarse. También en el sector de la intervención social. En la actualidad, cuando las clases dominantes han decidido desmantelar el estado del bienestar amparándose en una crisis económica que ellos mismos han generado, los servicios sociales están en peligro de muerte. Recortes, cierres de recursos, pérdida de derechos y depauperación de unas condiciones de trabajo ya históricamente precarias debido a la avanzada privatización de los servicios sociales, entregados a empresas de servicios disfrazadas de ongs. En resumen, despido de miles de compañeros, pérdida de derechos y empeoramiento de los servicios prestados (con las trágicas consecuencias que esto tiene en las condiciones de vida de los usuarios). Sin duda pretenden asestar un golpe definitivo a los derechos sociales conquistados tras décadas de lucha, sustituyéndolos por la vuelta a la caridad. Tampoco podemos dejarnos engañar por las lágrimas de cocodrilo vertidas por las empresas del sector (responsables de la situación del sector en las últimas décadas) que únicamente pretenden salvar sus chiringuitos y mantener sus beneficios económicos. En este momento, como profesionales comprometidos con los usuarios y con el propio futuro de nuestra profesión, no tenemos más remedio que luchar. La Reforma de la Administración Local puede suponer el tiro de gracia para los servicios sociales. Es fundamental que nos organicemos para garantizar el éxito de la huelga en nuestro sector y prepararnos para frenar los ataques, enfocando esa lucha hacia la consecución de unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad.

El 30M y el 1J tenemos que tomar las calles, porque nuestro presente y nuestro futuro está en juego.