PÁGINAS

viernes, 31 de diciembre de 2010

Fiesta en Nochevieja en La Casika a beneficio de la lucha contra los centros de menores

La asamblea de el Centro Social "La Casika" de Móstoles ha decidido esta semana destinar los beneficios de su fiesta de Nochevieja a la lucha contra la tortura y la reclusión de menores. ¡Estáis tod@s invitad@s a una fiesta ya es mítica en Madrid y no tiene hora de clausura!
Dirección: C/Montero 15. 28934. Móstoles (a 5 minutos del metro Pradillo)

jueves, 30 de diciembre de 2010

Instituciones tutelares. Tráfico de niños y corrupción de menores

Suelo opinar con frecuencia que las Comisiones de Tutela de Menores de las Comunidades Autónomas trafican en niños, aunque su mercado esté extraordinariamente bien camuflado por expertos en la materia, y suelo insistir afirmando también, que pese a lo mal que puedan estar algunas familias y algunos ambientes de ciertos barrios, son ellas, las Instituciones de Tutela y todos sus servicios auxiliares, quienes representan hoy el mayor índice y riesgo de corrupción de menores. Ocurre que cuando hago semejantes afirmaciones, una parte de los que me lo oyen se inclinan a negarme toda credibilidad y el resto quedan perplejos; sólo algunas unidades saben de qué hablo y hacen gestos afirmativos con la cabeza. Pues bien, voy a procurar explicarlo una vez más, por si a alguien de verdad le interesa. 
 
Chapó, ante las últimas genialidades técnicas del integrismo neoliberal, para reconvertir a sectores de población ya empobrecidos en un negocio económico y político sin precedentes, mediante técnicas de asedio de baja intensidad; precisamente a sectores que nunca dieron la renta que se esperaba de ellos, que tradicionalmente han supuesto inversiones a fondo perdido y significaron siempre un irritante lastre para cualquier entidad codiciosa. Ante tan originales y atrevidas mañas para seguir sacándole rentabilidad a las víctimas ya estrujadas por la explotación, los capitostes de izquierdas e iglesia sesgan los ojos como con estreñimiento, cuando no colaboran encantados y sin rechistar. 

El barrio de La Rosilla, en Madrid por ejemplo, era un vertedero humano de drogatas y balas perdidas; pues bien, sin que dejen de serlo, que la materia prima es imprescindible, lo han convertido en un pequeñito pero próspero negocio de reciclaje, en donde empresas como Trama han montado sus chiringuitos «sociosanitarios» para administrar el «intercambio de jeringuillas», los «déficits alimentarios», la «tele para drogatas», «lavandería», «ropero» y el «acompañamiento social» (ver: Diario 16,14-XI-98).
Después seguirá el chollo de administrar metadona, el de otros laboratorios y otros profesionales, y finalmente el del tanatorio, casi nunca después de los 40, lo cual tampoco tiene mucha importancia porque la población residual como dicen las encuestas cada vez es más abundante. 

Claro que lo de La Rosilla sólo es un ejemplito minúsculo que se ha deslizado en la mansedumbre de los rotativos. Un negocio que de verdad se precie no es eso. Para hablar de negocio, cuando menos hay que hablar de monopolios y de trust de empresas, aplicadas con entusiasmo a dar impunidad al capital y a reciclar y rentabilizar incluso los últimos subproductos del desarrollo y la globalización. Borrell ya lo ha dicho en Bruselas (ver: El Mundo, 6-XI-98), que yo simplemente le transcribo, «aunque nos tachen de retrógrados o neocristianos», vamos a empezar a cuidarnos de las familias, «que en España ahora no nos imaginamos la importancia que tienen». Y a renglón seguido, aunque ya no de Borrell ,pero también en la prensa: «la familia es la institución más violenta después del ejército, el ámbito en el que los menores padecen en mayor grado y sólo por detrás de los conflictos armados, según la Comisión Nacional del Niño.» (ver: Diario 16, 30-X-98).
Aplíquenle ustedes a cualquier persona o grupo humano la categoría de «objeto» de alto riesgo o riesgo simplemente y ya le habrán convertido en materia de consumo para las industrias de la seguridad y la prevención, y si encima es la institución más violenta sólo por detrás de la guerra...

CREANDO CONCEPTOS

Ante todo, un negocio que se precie ha de tener las Leyes de su parte aunque para ello hubiere que hacer encaje de bolillos con la Carta Magna. ¿No queremos codearnos con los germanos en la Europa de pro? pues algún precio habrá que pagar; para eso están los abogados del Estado, se les paga ¿no?, pues ya está, ¿a qué tanto tiquis-miquis con el derecho a la intimidad y a la privacidad y a las garantías jurídicas y que si el derecho siga al hecho y que si los derechos se correspondan con los deberes? ¡qué antigualla!.

Se monta una buena fábrica de conceptos rompedores e inasequibles a la jurisprudencia, que tengan buena penetrabilidad en los medios familiares y en el entramado social: posibles «situaciones de riesgo», «grupos de alto riesgo», «tutelas automáticas» que se anticipen a los jueces, casos de «posibles desamparos», «intereses prioritarios del menor», por encima de cualesquiera otras Leyes incluida la Constitución...por humanizar la Justicia y toda su secuela de «medidas pedagógicas» en vez de garantías jurídicas y «exploraciones y retenciones», en vez de detenciones en centros que ni abiertos ni cerrados, sino «semiabiertos». Cuidándose muy mucho de no definir lo indefinible como lo del «riesgo», ni cuáles sean esos «intereses prioritarios» del menor; pero designando a las Instituciones Tutelares como únicas beneficiarias, en régimen de monopolio, para adueñarse de todo ese trasiego de riesgo/dineros y medidas/ poder; ¿se acuerdan?, como la CAMPSA con la gasolina en otro tiempo. Ese negocio ¿quién lo podrá obstaculizar?.Y si hubiere algún recalcitrante que no acepta el monopolio tutelar y se empeñare en creerse parte del tejido social y en ejercer el derecho y deber de socorro, pues se le somete a la Falange de las ONGs mediante un «convenio», esto es un contrato eventual de prestación de servicios, como garantía de «coincidencia ideológica» y ya está. 

Al Instituto Madrileño de Atención a la Infancia y la Familia, por ejemplo, el invento de ese monopolio que la Ley le atribuye, ya le ha rentado, sólo en este año, casi 9.000 millones de pesetas (así, con nueve ceros) que lo pone el Boletín Oficial, que distribuidos entre los 5.000 niños que esos negociantes fantasean atender, permitiría regalar a cada una de esas familias casi dos millones de pelas al año, todos los años, lo cual evidentemente no conviene hacer porque las familias se han vuelto muy peligrosas, no sea que se los gasten en vino, y mejor que el monopolio se quede los milloncetes. 

En vez de las 150.000 ptas. que podría recibir al mes cada abuelilla, que son quienes de verdad cuidan a los niños en sus casas, para que se busquen las ayudas que necesiten, pues se las tapa la boca, con de 3 a 15 mil al mes, y sólo a unas cuantas a manera de alegría, a cambio de que reconozcan con su firma que todas las secuelas de la explotación y la miseria son culpa de la peligrosidad de las familias y renuncien de plano a cualquier derecho y colaboren, por convenio/contrato, que si no colaboran se les quitan los nietos y ya está. 

Pero además, tenemos que comprender que pagar lo suyo a todas las aguerridas abuelas de las plazas de mayo españolas, ni sería posible porque hay demasiado «empresario» al que contentar. Disculpen que utilice la palabra «empresario» con enorme confusión, estoy profundamente confundido, sí: antes de la caída del Muro de Berlín también yo tenía clara la diferencia entre empresa pública y privada, pero ahora no acierto a distinguir.
En Getafe, por ejemplo, el Ayuntamiento hizo un convenio con la CAM por la que ésta le ingresa un fardillo de millones/año a cambio de que cuide de algunos niños peligrosos. Pero como el Alcalde no los va a meter en su casa, el Ayuntamiento ha hecho un nuevo convenio o subcontrata con Cáritas, por la que aquél le da su parte alícuota a cambio de que se cuide de los susodichos niños. Pero como Cáritas suele tener asistentes sociales en sus despachos que no están dispuestas a llevarse los niños a sus casas, pues ha hecho una nueva subcontrata de prestación de servicios, parte alícuota incluida, con una institución religiosa, la cual, como su mayor experiencia es con parroquianos que no con golfillos, hizo a su vez una nueva subcontrata con muchachos de la Universidad, los cuales, por fin ellos sí, a cambio de habitación, comida y una propinilla, se comprometen eventualmente a resolver todos los conflictos de un grupo de muchachos indisciplinados y tipificados por los jueces como menores de alto riesgo, dignos del plus de peligrosidad. 

Es que las cosas que no pasen en los aledaños de Madrid, no pasan en ningún lado... ¡un momento!: tengo en este instante en mis manos un documento que alude a la Comunidad Andaluza. Por él me entero que una ONG internacional que organiza campos de trabajo, recibió para trabajar en verano, a través de otra ONG también subvencionada, a grupos de muchachos díscolos hijos de familias díscolas (en algún caso probablemente retirados de sus padres por ponerles a trabajar antes de tiempo). Pero ojo, no os lo perdáis, esa Comunidad, que se lucra de su monopolio conforme a Ley, puso a trabajar a los muchachos en la reconstrucción de un cuartel de la Guardia Civil; lo cual tiene un fuerte contenido simbólico, ya se ve, tratándose de familias y niños díscolos. 

También tengo en este momento en mis manos otro expediente que se acaba de iniciar; digo que se acaba de iniciar porque es el expediente de un niño de cinco años y no sabemos lo que le quedará a la criatura por sufrir en adelante. Tiene 192 páginas y pesa 1 Kg., el expediente, no el niño.
En una primera lectura rápida y sólo en las primeras cuarenta páginas de ese farragoso, rutinario y repetitivo expediente (todos los del trust se pasan la información a todos y todos se copian de todos) han intervenido veintinueve «servicios», instituciones, ongs, empresas, negocios o como les queramos llamar y en torno a un centenar de «profesionales» casi todos o contratados o subvencionados, todo un trust especializado en investigar las fragilidades de ciertas familias por ser pobres y las intimidades de cuerpos y almas susceptibles de mayor vapuleo; negocios semipúblicos/semiprivados que en nombre del Estado aplican todo su esfuerzo empresarial a investigarnos y quitarnos los hijos, como el ejército argentino separaba a los hijos de los insurgentes, que la pobreza es la insurgencia de los negocios mejores, reteniéndolos no sé si en semilibertad, pero contra voluntad y natura.
Calculando en horas de trabajo el valor del expediente de esa criatura de cinco añitos, de momento y a grosso modo (en su día evaluaremos con exactitud) no creo exagerado afirmar que ya les ha rentado un puñado de millones. ¿Creen que existen en España muchas familias capaces de soportar semejante presión? ¿entienden ahora por qué cuando las Instituciones deciden que alguien es irrecuperable lo afirman con conocimiento de causa? ¿conseguiremos librar a esa criatura de cinco años, de esa red de intereses, cuando todos han sido entrenados para corear al unísono el slogan de que todo lo hacen en interés del menor?.

EFICACIA CORRUPTORA

A propósito de mi confusión sobre las empresas semipúblicas, les voy a formular, sólo a modo de pálido ejemplo (porque disponemos de casos similares por decenas) algunas preguntas al azar, que tienen bastante que ver con el tráfico (de los problemas) de los niños, de los pobres, y su contundente eficacia corruptora, por si alguien me las quiere aclarar: ¿Puede la Institución Tutelar obligar a una familia pobre a descuidar su trabajo eventual, con evidente riesgo de perderlo, para que acompañe a su hijo todas las semanas durante dos años a un logopeda, no porque el niño lo necesite, sino porque el ayuntamiento patrocina un chiringuito que necesita clientela? ¿y puede amenazarle de quitarle el hijo porque se resistan a seguir acudiendo?. ¿Pueden, unos empleados sin cualificación alguna, de una empresa privada, ejecutar a su antojo una detención con allanamiento de morada diciendo que la orden judicial la tiene la Comunidad, que a su vez se la dio a la empresa que a su vez se la dio a sus empleados? ¡caray con la privatización de las detenciones!. 

Cuando hay divergencias fuertes entre una familia y un servicio de la Administración, sobre cuál sea el «interés prioritario del menor», ¿quién es el árbitro? y ¿quién es el cliente de los equipos multiprofesionales que interrogan al niño? ¿la institución que les paga con largueza porque sobra dinero o la familia investigada porque es pobre? ¿quién se beneficiará de esa información?, ¿y si el equipo multiprofesional lo fuera del juzgado de menores? ¿qué espacio le quedaría al principio de contradicción de que habla la jurisprudencia?.

Una persona está siendo tratada sanitariamente por una empresa no pública; con este fin recaban de dicha persona información muy reservada y delicada; pero como la persona es pobre el tratamiento lo paga una ONG. A partir de ese momento, dicha información ¿sigue siendo algo reservado o se la pueden pasar directamente a quien paga, porque paga?.

Pues conozco decenas de negocios de iniciativa privada, que se reúnen con simples contratados y con voluntarios de otras ONGs y con los monopolios tutelares y servicios sociales, servicios académicos, servicios policiales, servicios judiciales y con la madre que los parió a todos, los cuales reciben sus puntuales sueldos y subvenciones por intercambiarse delicadísima información reservada que luego se utiliza en los más diversos foros, con los fines más impensables. Si será notorio el asunto que ya han anunciado la futura aprobación de una base de datos sociales que haga superflua cualquier base de datos policial. 

Y es tan abundante la documentación disponible sobre estas aberraciones, que podríamos acudir al juzgado de guardia con la misma frecuencia con la que exhiben su morbo en las televisiones. Por ejemplo, tengo aquí delante la acusación cuchicheada por una asistente social a su Comunidad, sobre supuestos abusos graves en una familia, que cegó la codicia de un pelotón de folladores de la intimidad ávidos de subvenciones. La acusación que hoy ya se ha verificado falsa supuso en esa familia 12 años de indecibles calamidades. Y es lógico, porque las Comisiones de Tutela «instruyen causas» extrajudicialmente y «juzgan» si las acusaciones son simple maledicencia o delito y castigan según sus «luces» y sus posibilidades, escamoteándole al «acusado» el derecho a la defensa judicial. Yo ya sé que todo este galimatías es resultado de los pequeños equívocos con que juguetea más de un legislador trepa, que aspira a encontrar algún hueco en la movida de Maastricht; y también sé que terminaremos por desmontarlos. Sólo pido que no sea demasiado tarde. ¿Se acuerdan de aquel cuento que estuvo tan de moda en la época de Franco, en el que detenían a tu vecino y luego a otro y a otro, pero tú no te preocupabas porque el asunto no iba contigo, y cuando fueron a por ti ya era demasiado tarde?. Por cierto, ¿alguien sabría explicarme quién patrocina en España la campaña de adoctrinamiento de TV5, TV3, Telemadrid y etc., que a su vez patrocinan intereses alemanes y americanos no sé si del mismo trust «tutelar»? ,campañas de propaganda sobre padres violadores, abuelitas asesinas, curas y maestros pederastas y otras lindezas con niños «tutelados», que saturan los teléfonos que se ofrecen para la delación e intoxican, por ejemplo, el programa infantil de las cuatro «Tarde de Cine». Películas como esa alemana 1996 que proyectó el día 10 del XI, en la que una abuelita de aspecto inocente intenta asesinar a su nieto, que por cierto era de tutela, axfisiándole con el tubo de escape, o esa otra también alemana «Sospecha fatal» 1990, proyectada el día 16 del XI, en la que una niña de corta edad sufre abusos sexuales de su padre, que la profe descubre por asesorarse con técnicos, o esa otra de TV3, del 16 del XI, en la que otra niña de ocho años víctima de los abusos por supuesto sexuales y también de su padre... ¿cómo no lo habrá notado el Defensor del Menor en cualquiera de sus tan frecuentes apariciones en la tele?, ¡o los obispos tan dados a rezar a la Sagrada Familia en las iglesias!.

NIÑOS DE IMPORTACION

Bueno, de cualquier modo, los casos más excitantes que conozco se refieren a niños «de importación». ¿Sabían ustedes que nuestras Comunidades, a derecha e izquierda, en su irrefrenable celo altruista, se han repartido las áreas de influencia en el tercer mundo? ¿será para evitar el espectáculo, tan improbable, de que dos Comunidades se pelearan por introducir en el mercado a un mismo niño?. No me pregunten el por qué hablo de «mercado», que todos ustedes saben de sobra lo que cuestan varios billetes intercontinentales de avión en años sucesivos según las normas y la estancia en hoteles allá y acá durante dos meses. Y como los equipos técnicos de las Comunidades están colapsados de tanto papeleo y los plazos urgen, pues ya están previstos otros psicólogos del Colegio de ídem en prestación de servicios y otros de pago y los asistentes sociales y los visitadores de familia y los demás que omitiré por no cansarles. En resumidas cuentas, que en este momento se cotiza a 2.000.000 de ptas. la pieza, más otro tanto que se trajine en subvenciones. 

«Como si se tratara de bienes exportables», Costa Rica denunció (ver: Diario16, 23-XI-98) el tráfico de 6.000 pequeños costarricenses dispersos por América del Norte; pero claro, es que Estados Unidos lo hace a la ligera, no mediante empresas solventes y serias como las que ofrece nuestro país. Me han contado y como posible lo cuento, que a la Comunidad de Madrid le ha correspondido Colombia y creo que algún país de la Europa del Este. Los niños rusos son para la Comunidad Cántabra. Pero en cambio me consta de primera mano que una ONG gallega tuvo que ¿retirarse? de Ecuador porque interfería en el negocio de una multinacional que sentó plaza con anterioridad y no estaba dispuesta a compartir su mercado. Y por cierto tuvieron que huir por piernas, porque les dijo un juez amigo que les acusarían de pederastia. Menudo disgusto. Aunque hablando de disgustos, los hay que no tienen precio, como éste que les voy a contar.

Tengo sobre la mesa la historia de un niño de la Comunidad de Castilla-León. La criatura sólo tiene 14 años, pero como desde los cinco en que lo tacharon de «hiperactivo» hasta los catorce de «muy peligroso» suelen pasar tantas cosas, con las que llenar tantas páginas que hacen rodar tantos dineros, pues a éste ya le han diagnosticado que es irrecuperable, «psicópata irrecuperable».
No sé lo que le habrán pagado al psicólogo por el diagnóstico, ni lo que suelen pagarle al internado Zambrana, abierto, semiabierto y cerrado, de Valladolid, en casos de tanta peligrosidad. En otras Comunidades, abonan de 7 a 10 mil ptas. / chico / día, o sea más de tres millones al año.
Imagínense que van al médico y que les diagnostica irrecuperables por un cáncer maligno, ¿se imaginan el sofocón incluida familia y amigos?. Sigan imaginando que acuden a otro médico y les dice con la mayor contundencia y después de todas las pruebas procedentes que de cáncer nada, y acuden a otro y a otro y le terminan mirando con extrañeza por su empeño en temer el cáncer, porque el susto fue morrocotudo. Imagínense finalmente que retornaran al primer diagnóstico para exigir pruebas, y comprobasen que se trataba de una simple opinión indocumentada. Probablemente acudirían a la Justicia. Yo lo estoy haciendo por algunos niños. Lo malo es que ciertos jueces y fiscales, que no todos, me dicen que en asuntos de «menores» las Comunidades tienen el monopolio y que sólo pueden intervenir las empresas contratadas o subvencionadas, y por tanto los demás no pintamos nada y a ellos, a los jueces y fiscales, les resulta incómodo hacerse valer cuando las leyes dicen una cosa, y otras leyes «prioritarias por tratarse de menores», la contraria. 

¿No nos quedará ningún otro remedio que el de avergonzar en público a ese psicólogo, llamándole psicópata, por descalificar inútilmente y con tanta insania a un chiquillo, para desculpabilizar a quienes constantemente están diciendo que no saben lo que hacer con los niños, pero que lo aguantan de buena gana porque ganan dinero a espuertas y a su vez pagan muy bien?. 

¡No! Siempre habrá maneras distintas de poder hacer mejor las cosas. Lo que necesitan los niños afligidos por calamidades y sus familias, no son fornicadores de sus aflicciones ni proxenetas de sus desdichas; sino tejido social, personas entorno, que les caigan bien y les contagien sensatez, seguridad, sociabilidad, ganas de vivir y una brizna de alegría, para que les compense el convivir. ¡Claro que nos quedan no pocos remedios! y muchos ya estamos en ello.
Tampoco os dejéis engañar cuando os digan que eso del «tejido social» es puro asistencialismo, poco profesional; temen que les descontroléis el negocio. Tramposa confrontación esa, entre asistencialismo y profesionalidad. Al asistencialismo le encanta imaginarse tradicional, caritativo, vocacional, carismático; al profesionalismo, fantasearse progresista, ilustrado, técnico, eficaz.
En lo esencial son idénticos: el asistencialismo esconde bajo su imaginería una escombrera de pereza espiritual y cobardía que hiede encuanto te acercas, el profesionalismo disfraza con distancia técnica y pedantería dogmática la misma ignorancia, pereza y cobardía, aunque añadiéndole una sobredosis de codicia, esto es, de decisión de sacarle jugo a todo. En lo esencial son idénticos. Uno y otro, sienten un infinito desprecio clasista hacia el destinatario de sus «desvelos» y lo manifiestan constantemente suplantándole a la hora de intervenir. Todo lo contrario de entrar a formar parte del tejido social. Lo dicho, que las instituciones tutelares de las Comunidades Autónomas están en el tráfico y la corrupción de menores y si no os lo parece es que, o sois pudientes o no tenéis niños. 

Enrique Martínez Reguera

Curso: Competencias profesionales para la intervención con menores migrantes sin referentes familiares

Albergue de Orduña, Vizcaya, 25 a 27 febrero 2011

Número de participantes de 15 a 25
Horas acreditadas 30, 15 presenciales y 15 a distancia
Dinamizador Antonio Jiménez Hernández, Grupo IDEO http://www.grupoideo.net
Ponente Vicenç Galea i Montero, educador social del Col·lectiu DRARI دراري

Matrícula 135€ con alojamiento y manutención
Inscripción e Información <ajimene@hotmail.com>
Fecha límite de inscripción 14/01/2011
Inicio del curso a distancia 11/02/2011

Más información del curso : http://www.ujaen.es/investiga/ideo/docs/cursoVizcaya.pdf

martes, 28 de diciembre de 2010

Movilizaciones contra las cárceles el 31 de diciembre

Se han organizado varias movilizaciones contra las cárceles para fin de año.

Barcelona

11:30hs, Marxa a la presó de Wad-Rass + Esmorzar popular [C.P. de dones Wad-Rass, C/Doctor Trueta nº 76-98, metro L4 Bogatell]
- 13:30hs, Menjador vegà i passi de vídeo sobre els CIE al CSOA La Teixidora [CSOA La Teixidora C/Maria Aguiló nº 35, metro L4 Poblenou]
- 17hs, Concentració al CIE de Zona Franca [Bus 109, sortida a les 16hs des de pl Espanya]
- 20h, Marxa de torxes a la Presó Model [C.P. d’homes La Model, C/Entença nº 155, metro L5 Entença]


11h, Marcha contra las prisiones (Renfe Móstoles Central)


Los sufrimientos de los trabajadores de lo social: la externalización

La externalización evoca, poéticamente, una tormenta torrencial sobre un suelo reseco y agrietado, empobreciendo el sustrato, para así perpetuar la carestía y la sequia, dejando un oscuro futuro de anchas grietas. Durante la última década hemos visto como se han utilizado nuevas estrategias empresariales en las que las grandes empresas y los organismos públicos, entregan ciertas actividades propias de la empresa u organismo, a otra empresa especializada, por medio de alguna fórmula reguladora, como un contrato, para obtener mayor beneficio y un supuesto aumento de la productividad.
Esto ha generado un profundo cambio en la vida laboral de millones de trabajadores traducido en una gran precarización de las condiciones laborales y de sus puestos de trabajo, sin olvidar el empobrecimiento de los servicios prestados a los usuarios. ¿Cómo sale más barato y más rentable la producción si la hace otro? Definitivamente, la gran empresa traslada el riesgo y los costes a la pequeña empresa u organismo especializado y esta a su vez, se cobra sus ganancias con la reducción de la calidad del servicio y empeorando las condiciones laborales de sus trabajadores. Todo esto en nombre del sagrado crecimiento económico (el de las elites). Ellos ganan más; Nosotros pagamos los costes por medio de la bajada constante de salarios, la precariedad y la deficiencia en los recursos y servicios.
En el mundo de la intervención social se ha producido este fenómeno como consecuencia de los ataques neocapitalistas al estado de bienestar y la imposibilidad del estado para generar recursos suficientes que cubran las necesidades y demandas. Necesidades, demandas no satisfechas y problemas, originados en su mayoría, por una economía de mercado desequilibrada, ineficiente e injusta. Los propios economistas reconocen los fallos de mercado, al no cumplirse el principal postulado del sistema (la búsqueda del interés individual genera buenos resultados para la sociedad en su conjunto). Así el estado gestor de los Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Seguridad Social (los cuatro pilares del estado de bienestar), ha externalizado sus servicios a una multitud de entes con diferentes intereses, imitando a las grandes empresas para conseguir un doble objetivo:
• Reducir el gasto social, tal como le exigen desde la órbita neocapitalista e incrementar el beneficio de terceros e interesados.
• Salvar la responsabilidad ante el incumplimiento de ciertas metas o en la protección y mantenimiento de derechos y libertades. Así se protegen los políticos, elites funcionariales y consejeros nombrados a dedo.
Lo público pasa a manos privadas, generando en su transformación precariedad y deficiencia en la atención a los destinatarios. La gestión que estaba en manos de políticos, ahora es compartida también por empresarios e interesados. El dinero público pasa a manos privadas en forma de subvenciones o contratos, a la par que son otorgados aquellos agraciados que los políticos consideran afines o que pueden cumplir sus objetivos. Este proceso tiene dos puntas de lanza:
• El Sector Privado: Serían aquellas organizaciones cuyas iniciativas están reguladas por el libre mercado e interviniendo mediante la gestión de servicios y programas de acción social, asistencia socio sanitaria, etc. Su objetivo es el beneficio particular inmediato y por tanto no podemos dejar de preguntarnos: ¿De dónde surge el beneficio económico perseguido por las empresas, en una actividad cuya rentabilidad económica directa y a corto plazo es nula? La pregunta nos lleva a la respuesta antes expuesta: recortes que provocan la precariedad laboral y la deficiencia en la atención de los usuarios o destinatarios. Aunque también hay que mencionar la existencia de servicios especializados cuyo coste hace que su aprovechamiento quede en manos de unos pocos (como residencia privadas, guarderías, sanidad privada, etc), y cuyo elevado precio queda justificado por la búsqueda del beneficio, dejando de lado los objetivos sociales y la solidaridad.
• El Tercer sector: Abarcaría aquellas iniciativas sociales de organizaciones y entidades sin ánimo de lucro, que a través de varios tipos de organización actuarían para impulsar niveles de bienestar en cualquiera de los cuatro grandes ámbitos. Se ha querido ver en la abundancia de estas organizaciones un surgimiento de la sociedad civil, con ciertos grados de flexibilización pero cuya independencia de gestión se ve muy sesgada debido a que su principal fuente de ingresos son las subvenciones públicas. Este Tercer Sector está compuesto por una miríada de Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones y Fundaciones; esta última figura jurídica merecería un artículo aparte debió a que su concepción parece diseñada para el escamoteo de dinero por parte de elites económicas y políticas, mediante la evasión fiscal, la colocación de familiares o el aprovechamiento de subvenciones, etc. Muestra de la escasa independencia, las administraciones han articulado una gran variedad de fórmulas jurídico-administrativas de corresponsabilidad como mecanismos reguladores (control y tutela, fomento, contratos, conciertos, convenios y subvenciones).
Los trabajadores de la intervención social quedan enfrentados a los retos y conflictos provocados por el mundo de la subcontrata y la constante externalización, como el resto de compañeros de otros ramos pero sufriendo la precariedad laboral agravada por dos elementos:
1. La extorsión emocional para detener las reivindicaciones de los trabajadores, bajo la amenaza del empeoramiento del servicio y de la atención de los destinatarios y usuarios de los servicios.
2. Imposición de códigos deontológicos por parte de las instituciones y organizaciones empleadoras, a través de reglamentos y procedimientos que esperan generar un tipo de conducta en sus empleados y en su desempeño laboral, atentando contra la libertad de conciencia. Códigos que en su mayoría reproducen los problemas estructurales y sistémicos debido a una visión individualista que no tiene en cuenta el contexto social, y obviando, muchas veces interesadamente, un análisis crítico del sistema. Así se perpetúa el falso mito del agente social que atenúa las problemáticas sin propiciar el cambio que las solucione definitivamente.
Podemos concluir que estas estrategias empresariales chocan de frente contra los principios básicos de la filosofía anarquista (participación, solidaridad, autogestión, etc.): Falsa Autogestión de entes no gubernamentales debido a su dependencia con las instancias estatales que buscan cierta flexibilidad para buscar otros objetivos que poco tienen que ver con el cambio social. Negación de la Solidaridad al someter los objetivos sociales a las necesidades de la economía de mercado. Sustitución del apoyo mutuo por la búsqueda del interés individual de modo exclusivo.

Sindicato de Enseñanza e Intervención Social CNT Madrid

lunes, 27 de diciembre de 2010

Aumenta la xenofobia en Asturias

“Edema-hematoma en el párpado izquierdo… Contusión en región dorsal izquierda de unos 6-7 centímetros… Herida incisa de unos 4 centímetros en cuero cabelludo… Retirar grapas en 10-15 días…”. Esas frases son parte del informe médico de uno de los dos menores migrantes agredidos el 8 de diciembre en Oviedo.
Otros tres lograron escapar de la paliza que, según su versión, les propinaron tres individuos armados con palos después de perseguirlos. Según explica Ana Taboada, abogada de SOS Racismu, la investigación se ha abierto de oficio debido a los partes médicos. Su organización se ha personado como acusación popular.
En los últimos meses, las agresiones racistas han crecido, junto al incremento de la difusión del discurso xenófobo. El ataque estuvo precedido de la ‘voz de alarma’ dada por Democracia Nacional y la Asociación de Vecinos de San Lázaro sobre el aumento de la delincuencia en el barrio, que la vinculan a la presencia de estos menores.
Unos días antes, la formación ultraderechista realizó una concentración ante el Centro Materno Infantil donde residen los cinco chicos agredidos. La presidenta de la Asociación, María Teresa Martín, hizo suyo el discurso de la ultraderecha en La Nueva España. “A ver si al final vamos a tener que tomarnos la justicia por nuestra mano”, decía Martín en octubre.
La cobertura mediática no ha sido la misma para los actos de colectivos sociales y partidos políticos en apoyo a los menores y en contra de las proclamas racistas. El 15 de diciembre, convocadas por la Ruta contra el Racismo y la Represión, unas 150 personas se congregaron ante el Centro Materno Infantil para condenar las agresiones y la criminalización de los menores migrantes. Sólo un fotógrafo de un medio regional presenció cómo la Policía Nacional impidió que el grupo se desplazase por la acera unos 400 metros.
Tampoco se libra de las críticas el fiscal de Menores, Jorge Fernández Caldevilla, quien pidió cautela ante esta agresión, “pero que no ha salido al paso de las declaraciones que incitaban a la violencia contra ellos”, apunta Eva Martínez, portavoz de la Ruta.
Otra pata del banco, en entredicho, es la Consejería de Bienestar Social. Su gestión de la tutela de los menores deja, en opinión de unos y otros, mucho que desear. En manos de IU desde 2008, no ha frenado la privatización de los centros, y mantiene la presencia de empresas como La Cruz de los Ángeles o Accem, a quienes algunas voces acusan de convertir la tutela de menores en negocio. “¿Por qué cada vez más centros y pisos de acogida están subcontratados, precarizando las condiciones de las educadoras?”, pregunta Eduardo Romero, de la Ruta, que también denuncia la estancia de chavales en primera acogida “durante meses o años, cuando el período máximo por ley es de 45 días”.

Diagonal

sábado, 25 de diciembre de 2010

Firmado en Sevilla un convenio entre los colegios profesionales de abogados, psicólogos y trabajadores sociales para proteger a las familias de posibles abusos de la administración tutelar

Los colegios de abogados, psicólogos y trabajadores sociales de Sevilla dan un paso que puede contribuir a diluir el clima de impunidad e indefensión que se vive en las retiradas de tutela. Noticia completa de ABC
Fuente: http://www.abcdesevilla.es/20101222...
Convenio de los colegios de abogados, psicólogos y trabajadores sociales para crear un turno de oficio en la protección de menores SEVILLA Las familias biológicas que se enfrentan a la retirada de sus menores por parte de la Administración no saben que tiene derecho desde este estadío previo a la fase judicial a un abogado de oficio —en la mayoría de los casos carecen de recursos para contratar a uno— ni medios para recabar los informes periciales de profesionales que aportar en la fase probatoria una vez que estén delante del juez.
Por ello los colegios sevillanos de Abogados, Psicólogos y Trabajadores Sociales firmaron ayer un convenio de colaboración con la intención de que se instituyan turnos de oficio en los dos últimos, porque el primero ya tiene uno desde 2002, con idea de que, desde el primer momento, las familias biológicas cuenten con medios probatorios, como los tiene la Administración, «y pagados de los bolsillos de los contribuyentes» con los que ejercitar su derecho constitucional (artículo 24 de la Carta Magna) de la tutela judicial efectiva. El citado protocolo de colaboración fue firmado por los representantes de los citados colegios, José Joaquín Gallardo, Margarita Laviana y Alicia Piqué, respectivamente, porque «hemos observado que en los procedimientos de protección de menores cuando las madres, abuelos, familiares o allegados del menor objeto de una medida de protección acuden a los juzgados carecen de medios probatorios y quedan fuera, en consecuencia, muchos datos que son de vital importancia al momento de resolver sobre el presente y el futuro del niño».
Lo más inmediato que van a hacer es reclamar a la Administración autonómica ayuda para este proyecto «que tiene un coste económico ínfimo y que es cuestión, sobre todo, de voluntad política», dijo Gallardo. Falta de información Los profesionales piden a la Administración que se asesore a las familias de que tienen derecho a un abogado de oficio En el pasado ya se dirigieron al anterior equipo de Gobierno de la Junta de Andalucía pero no «hubo contestación».
«Ahora es el momento —añadió el decano de los abogados sevillanos— porque estamos unidos los profesionales, no hay coste económico, se haría un bien social y sobre todo aliviaría el calvario que tienen que pasar las familias, los niños y todos los que trabajamos en estos temas». Pero además, y si bien dichos expertos desconfiaron de las estadísticas, en Andalucía el 30% de las familias rozan el umbral de la pobreza y la miseria que se está generando con la crisis es caldo de cultivo para la retirada de menores de sus familias.
Como Laviana y Piqué, Gallardo recalcó que por ley estas familias tienen derecho a ser informadas de que pueden contar con un abogado de oficio desde el momento en que se inicia el proceso, algo que al parecer, no sucede con la frecuencia deseada.
Asunción García Acosta de Pro Derechos Humanos del Menor, que trabaja a pie de calle en estos caso, advirtió que una vez que la retirada entra en sede judicial es muy difícil volver atrás por lo que en «vía administrativa, desde el primer momento, hay que asesorar a estas personas».
«Yo he visto un caso —relató— de una familia estupenda que le retiraron al niño porque no iba con asiduidad a la escuela». Por su parte, el letrado experto en menores, Gabriel Velamazán, reclamó a la Administración que apoye estos turnos frutos del convenio firmado y recordó que en Sevilla ha habido casos escandalosos como, por ejemplo, el de Carmen Fernández, que murió con doce sentencias ganadas que no se ejecutaron y, una vez fallecida, la Junta la indemnizó con 1.703.600 euros.

miércoles, 22 de diciembre de 2010

Carta abierta a los estudiantes de Educación Social

Desde hace algún tiempo la Universidad de Burgos está ofertando prácticas en el centro de menores que la Fundación O’Belen tiene ubicado en Burgos. Publicamos esta carta abierta al colectivo de Estudiantes de Educación Social de nuestro colaborador habitual Modesto Agusti donde plantea algunos elementos para el debate.


El tiempo pasa y no perdona,  por eso mismo os digo, queridos amigos de Educación Social de la Universidad de Burgos, que hace ya casi una década que terminé mis estudios en la UBU,  por eso rara vez me dejo caer por la facultad. Aunque escribo bajo este catalanizado pseudónimo, algunos me conocéis porque hemos compartido ratos juntos, otros, más bien la mayoría, no sabréis quién carajo es Modesto Agustí. No importa demasiado quien yo sea, a todos vosotros, os hago llegar esta carta abierta con la esperanza de generar un debate entre vuestra comunidad.

Si os sois sincero hace algunos años tenía la firme convicción de que en la Universidad de Burgos jamás llegaría a existir ningún movimiento crítico que fuese capaz de cuestionarse cosas que desde determinadas cátedras se nos presentan como inmutables. Cuanto me equivocada. Ahora me gustaría tener 10 años menos para poder estar con vosotros compartiendo algunas de las interesantes iniciativas que estáis planteando. En realidad me gustaría tener 10 años menos para muchas otras cosas, pero ya sabéis amigos, que el tiempo no perdona, pero vayamos al grano.

Uno de los debates que desde el curso pasado se plantean en la facultad es el de los “centros de menores” y la problemática social que de ellos se desprende. Sin ir más lejos en Burgos, justo en el barrio de Villatoro existe uno de estos centros gestionados por la Fundación O’Belen.  En nuestra ciudad se han escuchado voces que ponen sobre la mesa argumentos suficientes para pensar que, en muchos casos, más que de centros, estaríamos hablando de cárceles de menores. Otras voces sin embargo los alaban sin reparos amparadas en toda la artillería mediática financiada por la empresa del ladrillo, vosotros sabéis a lo que me refiero porque habitáis el mismo Burgos en el que yo nací.

Recientemente desde la Universidad de Burgos se están ofertando prácticas en dicha fundación. Aún recuerdo cuando apenas iniciada mi andadura en la universidad se produjeron movilizaciones porque nuestra querida universidad no ofertaba prácticas para las titulaciones de educación, y a base de movilización se logró superar esa situación ilógica. Pero antes de aceptar unas prácticas en fundaciones que se dedican a encerrar menores yo personalmente me plantearía algunas preguntas:

¿Cómo un chaval puede acabar recluido en un centro de este tipo?
¿Con qué fondos se gestionan este tipo de fundaciones?
¿Quién esta detrás de la Fundación O’Belen?
¿Por qué el Defensor del Pueblo emitió un informe desfavorable que generó una amplia polémica?
¿Qué sucedió con un menor que se encontraba en aislamiento en uno de estos centros de menores y termino suicidándose?

Considero que la universidad, además ser una medio que permite formarse e insertarse en el mercado laboral, es también un lugar donde debería cultivarse el sentido crítico. No seré yo quien os diga lo que tenéis que hacer, por eso os invito a que consultéis la numerosa documentación que puede encontrarse en la red sobre esta cuestión. Hay quien incluso pensará que es necesario conoces por dentro cómo funcionan este tipo de fundaciones para poder generarse un criterio. Entiendo estos argumentos, pero personalmente sigo pensando que encerrando no se educa.

Siempre vuestro
Modesto Agustí

Extraído de Diario de Vurgos

La objetividad de la ciencia

Tradicionalmente, se asume con naturalidad que la ciencia es objetiva por definición. Y por lo tanto, lo que dice la ciencia va a misa. Nunca mejor dicho. Pero esta premisa que se tiene por verdad indiscutible no es sino una pretensión, en el mejor de los casos. De lo contrario, no habría discrepancias entre científicos, es decir, no habría varias “ciencias”. De hecho, todas las disciplinas científicas albergan distintas escuelas en su seno. Un ejemplo, ¿con qué verdad objetiva nos quedamos, con la de Piaget o con la de Vygotski? ¿O es que alguno de estos dos autores era menos científico que el otro?
Lo que sí es indudable es que todos los seres humanos, absolutamente todos, tenemos una manera de pensar, de enfocar la realidad, de entender el mundo que nos rodea, es decir, una filosofía. Y dicha filosofía condiciona, en mayor o menor medida, nuestra forma de relacionarnos con el mundo y nuestros actos. Y como seres humanos que son, a los científicos les ocurre exactamente lo mismo que al resto de los mortales. Por ello, aunque pudiéramos encontrar un investigador libre de cualquier presión social o material, no podría realizar una investigación objetiva al cien por cien, ya que su propia filosofía determinaría el objeto a estudiar, el método a utilizar e incluso la manera de analizar los resultados obtenidos y por tanto las conclusiones que obtenga de dicha investigación. Como vemos, la filosofía juega un importante papel en la ciencia, aunque esta idea sea generalmente ignorada e incluso defenestrada en aras de salvaguardar la sacrosanta objetividad de la ciencia.
Y esto suponiendo que eso que llamamos ciencia fuera una especie de ente abstracto situado por encima del bien y del mal. Porque no podemos olvidar que la ciencia la producen los hombres, que viven en una sociedad determinada. Por tanto, la ciencia no sólo se desarrolla en la sociedad, sino que es producto de la misma. Así, no es casualidad que el inicio del despegue del conocimiento científico actual se produjera con el desarrollo y ascenso de la burguesía como clase social, que logró superar el oscurantismo dominante durante el feudalismo. Y que la implantación mundial del capitalismo condujera a un avance tecnológico inimaginable anteriormente, necesario para el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero en la actualidad esto se ha vuelto en su contrario. El capitalismo, que en su fase inicial jugó un papel progresista para el desarrollo de la humanidad, en su fase decadente supone un lastre para el mismo, y por lo tanto, también para el desarrollo científico.
Pero volvamos a la objetividad de la ciencia. ¿Alguien niega que la Psicología o la Psiquiatría sean ciencia? Pues veamos lo objetivas que son ambas disciplinas. Todos tenemos en mente los frenopáticos del siglo XIX, por no hablar de los asilos y sanatorios anteriores. Pero no es necesario retrotaernos a la protohistoria de estas disciplinas. Basta recordar que hasta hace muy poco tiempo, los manuales de Psiquiatría consideraban la homosexualidad como un trastorno mental. Y por supuesto, existían científicas (y por tanto supuestamente asépticas y objetivas) técnicas terapeúticas para curarla. ¿Es que acaso estos renombrados psicólogos y psiquiatras, muchos de los cuales siguen ejerciendo la práctica y la docencia, no eran científicos?
Y no olvidemos la cobertura científica que la ciencia ha otorgado a determinadas políticas, como el darwinismo social justificando el colonialismo, los test de inteligencia en EEUU, o actualmente las tendencias genetistas que tratan de explicar todo desde el “gen” de cada cosa (no olvidemos que están buscando el gen de las adicciones e incluso el de la delincuencia, eliminando así cualquier responsabilidad del sistema social imperante en la génesis de estas lacras).
Dicho esto, analicemos lo que ocurre actualmente. Tras la caída del Muro de Berlín y el colapso de los regímenes estalinistas, el neoliberalismo más salvaje se impuso como ideología dominante, y asistimos a una verdadera orgía de privatizaciones, que por supuesto también ha llegado a los servicios sociales. Esta privatización también ha llegado a la investigación científica y a la Universidad. La investigación, que ya estaba de alguna manera “supervisada” ya que se llevaba a cabo gracias a becas y subvenciones públicas, cada vez está más en manos de las empresas (el controvertido Plan Bolonia en parte no es más que la profundización y legalización de esta tendencia). Que una facultad de Psicología de una Universidad Pública realice una investigación sobre la ludopatía nos parece lógico. Ahora bien, cuando descubrimos que dicho estudio ha sido financiado por Casino Madrid, algo chirría en nuestro interior.
Los días 12 y 13 de febrero se realizó un Seminario científico llamado “Encuentro sobre Menores Extranjeros No Acompañados”. Nada que objetar a priori (al igual que con el estudio sobre ludopatía). Se trata de un tema muy importante en la sociedad actual y que sin duda requiere muchos esfuerzos para afrontarlo de la mejor manera posible. El encuentro se realiza en Madrid, en la Universidad Pontificia Comillas, por la Cátedra Santander de Derecho y Menores. Entre sus ponentes se encuentran miembros de dicha cátedra, distintos responsables políticos y miembros de la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial. Al igual que con el caso de la ludopatía, algo vuelve a chirriar en nuestro interior.
Para empezar, el seminario se realiza en la Universidad Pontificia Comillas, que se define a sí misma como “una Universidad de la Iglesia, dirigida desde hace más de un siglo por la compañía de Jesús, la institución privada que cuenta con más Universidades en el mundo”. Para seguir, el seminario lo organiza la Cátedra Santander de Derecho y Menores, financiada por el Banco Santander. Y para terminar, cuenta con la participación de la Fundación Diagrama, empresa disfrazada de ong que obtiene pingües beneficios de la gestión de centros de menores. En resumen, tenemos a un negocio de la Iglesia, a los banqueros y a una empresa de servicios hablando de exclusión social. Las conclusiones de dicho seminario, los camuflen como los camuflen, sólo pueden ir en la dirección de aumentar los mecanismos de control social y en ver cómo sacar rendimiento económico de estos chicos (que para estas cosas se privatizaron los servicios sociales). Porque no olvidemos que quien paga al flautista elige la melodía. Eso sí, todo será muy científico, avalado por los templos del saber que son las universidades y siempre buscando “el interés superior del menor”.
Pero como apuntábamos en las primeras líneas de esta reflexión, hay varias ciencias. Por ejemplo, tan científicos son los psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y educadores que trabajan en la Fundación Diagrama como los que colaboran con la Coordinadora de Barrios. Sin embargo, sus planteamientos son radicalmente diferentes, incluso mutuamente excluyentes. ¿Quién tiene razón? ¿Qué hacemos ante esta divergencia? Como consideramos que la neutralidad sólo es posible desde la indiferencia, creemos necesario tomar partido.
Y para ello pensamos que lo más adecuado es discernir qué intereses están detrás de cada planteamiento. Más allá de la verborrea y la demagogia, la Fundación Diagrama y similares empresas defienden en primer lugar y ante todo sus beneficios económicos, y por tanto, los intereses políticos y la visión de la sociedad de quienes le financian y dan cobertura social. Por el contrario, desde la Coordinadora de Barrios y similares colectivos se defienden los intereses de los chavales, ya que su labor sólo les reporta mucho trabajo, perder dinero, e incluso problemas en el más estricto ámbito personal. Y de las administraciones públicas no suelen recibir más que el más abyecto de los desprecios, llegando incluso a ser acusados públicamente de “pertenecer al entorno de ETA”.
Por lo tanto lo tenemos claro, tomamos partido por aquella ciencia que prima el interés de las personas sobre el poder, el prestigio y el dinero.
Pero con esto no es suficiente. ¿Por qué no iban a errar en sus planteamientos aquellos que defienden una determinada postura, por muy sacrificada que sea su labor, incluso aunque no saquen ningún beneficio a cambio? Sólo hay una manera de saberlo, haciendo ciencia nosotros mismos. Desde nuestra modesta pero firme posición, nos atrevemos a reclamar algo. Exigimos a todos aquellos que trabajan en “lo social” (de manera remunerada o no, en una empresa de servicios o en una asociación auténticamente sin ánimo de lucro) que hagan Ciencia. El pensamiento crítico es la base del hacer científico, o debería serlo. No podemos asumir las formas de actuar y trabajar de otros (y mucho menos los llamados protocolos) de manera acrítica, sean quienes sean. Ni siquiera la nuestra personal, sin mantener una constante crítica y autocrítica. De hecho, en ocasiones personas sin formación académica desarrollan una labor “científica” mucho más productiva en el día a día de la realidad social que los más laureados catedráticos.
La formación es una necesidad obvia. Pero no se puede limitar ésta a la educación formal universitaria, a tomar apuntes y luego memorizarlos para escupirlos en los exámenes. La profundización, el esfuerzo intelectual, el contraste de información y experiencias con distintos grupos como labor cotidiana es fundamental. Pero sin olvidar que la teoría sin praxis no sirve para nada. Es en nuestro trabajo diario donde tenemos la posibilidad de hacer Ciencia, con mayúsculas. Quien no tenga dudas, miedos, ansiedades y no sienta la necesidad y la obligación de cuestionar y reflexionar sobre sus actuaciones continuamente, no será ni psicólogo, ni educador, ni nada más que un prepotente y un peón al servicio de otros. Por lo tanto, compañeros, hagamos ciencia. Pero desde la creencia en lo que estamos haciendo. De lo contrario, dediquémonos a otra. Será lo mejor para los demás, y también para nosotros mismos.
COLECTIVO NO A O´BELEN

martes, 21 de diciembre de 2010

Protesta por la situación de los centros base

Trabajadores de los centros base dependientes de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales registraron hoy un millar de firmas en la Asamblea de Madrid para denunciar la difícil situación por la que están atravesando los centros de menores con alguna discapacidad, debido a la infrautilización de este servicio por parte del Gobierno regional con el único objetivo de destruir este servicio público imprescindible.
La diputada de IU de la Asamblea de Madrid Pepa Amat apoyó la denuncia de estos trabajadores respecto a estos centros que no están suficientemente equipados o no cumplen las funciones recogidas en el Plan de Acción de la citada consejería, por lo que existen cientos de menores con discapacidad en lista de espera para recibir tratamiento.
Los trabajadores recuerdan que la proximidad es uno de los principios que deben regir los servicios sociales, como recoge la ley, con el fin de garantizar la atención de las personas en su entorno habitual.
Sin embargo, el centro base 8 atiende a todos los mayores de 65 años de la capital, independientemente de la distancia del domicilio de la persona discapacitada.
Los centros base son servicios sociales especializados de atención básica a personas con discapacidad que asumen funciones de información, diagnóstico, valoración, orientación e intervención terapéutica.
Sin embargo, según IU, hay centros cerrados por la tarde y otros que, estando abiertos y equipados, no cumplen todas las funciones que les corresponden, han concluido los trabajadores.
IU presentó enmiendas a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2011, en debate en la Cámara regional, en las que solicita la optimización de los recursos existentes, la ampliación de los equipos de valoración y orientación, la cobertura de las vacantes en administración, control e información así como la creación de nuevos centros base.

domingo, 19 de diciembre de 2010

¿Dónde está Miguel?

Separan por la fuerza a una adolescente que quedó embarazada de un vigilante de seguridad de la Comunidad de Madrid y a su bebé de 11 meses

Laura* es una adolescente a la que la Comunidad de Madrid acogió cuando tenía 14 años. Varios meses después quedaba embarazada, presuntamente de uno de los guardas que vigilaban la Residencia Infantil “Las Acacias”.
A los 11 meses de dar a luz, Laura ha sido separada a la fuerza de su bebé y ni si quiera ha sido informada de dónde está.
La Defensora del Pueblo ha pedido al Fiscal General del Estado que intervenga. Las responsabilidades penales podrían llevar a varios funcionarios públicos a sentarse en el banquillo por encubrir o consentir las relaciones sexuales del vigilante con la niña.

¿Por qué se les separa?

El 28 de Octubre de 2010, varios trabajadores de la Comunidad de Madrid acudían al centro de menores “Almenara” (donde vivían Miguel y su madre) para llevarse al niño. Según la empresa que gestiona el centro, Laura era una madre “inconstante” y no era capaz de cuidar de Miguel sin ayuda. Pero lo cierto es que en esta separación se producen varios puntos que aún no han sido aclarados:

- La retirada de Miguel se basa únicamente en los informes emitidos por la empresa “Salud Mental Consulting S.L.”. Según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Laura tenía derecho a ser escuchada previamente por los funcionarios de la Comunidad de Madrid que tomaron esta drástica decisión sin ni siquiera conocerle personalmente. La técnico encargada de su expediente, Luz Jaramillo, se entrevistó con Laura por primera vez más de una semana después de los hechos.

- En el momento de la retirada, el propietario de “Salud Mental Consulting S.L.” estaba imputado por maltrato infantil en el juzgado número 7 de Collado Villalba, sin embargo la Comunidad de Madrid permitía que tuviese a su cargo a varas decenas de niños y niñas como Miguel y Laura.**

- Miguel y Laura eran los únicos niños alojados en la planta dedicada a madres adolescentes del centro. Al día siguiente de la retirada de Miguel, cambia la denominación de la planta y pasa a ser de carácter “terapéutico”, ingresando tres nuevos menores más. Si Miguel hubiese continuado allí, este cambio de denominación no se hubiera podido producir. Jiménez San Segundo ingresa, según el Defensor del Pueblo, aproximadamente 3.600 euros al mes por cada plaza en uno de sus centros. El cambio de circunstancias (con Miguel y Laura separados) supone para “Salud Mental Consulting S.L.” un aumento en sus ingresos mensuales de 14.400 euros, al permanecer la niña en “terapia” e incorporar tres plazas más.

Defensora del Pueblo, Fiscal General del estado y presuntos abusos sexuales

El 11 de noviembre, Laura, desesperada tras 10 días sin conocer el paradero de su bebé, escapa del centro y acude a pedir ayuda a la Oficina del Defensor del Pueblo. Allí, lo que comenzó por una queja ante la desaparición del niño, termina descubriendo posibles delitos aún más graves.

Cuando a Laura se le pregunta quién es el padre de Miguel, comunica que se trata de uno de los vigilantes de seguridad que estaba a cargo de la seguridad de finca de la Residencia Infantil “Las Acacias”***, interviniendo cotidianamente en el interior de la misma. La niña presenta como pruebas mensajes y correos electrónicos del vigilante (de 36 años de edad) donde le promete que abandonará a su esposa para “estar con ella”. Según cuenta Laura, la relación (penalmente un abuso sexual por parte de un adulto que se aprovecha de una niña en situación de desamparo a la que debe cuidar) fue conocida por varios funcionarios públicos de la Comunidad de Madrid, que la encubrieron para evitar un escándalo.

Ante la gravedad de los hechos, la Defensora del Pueblo personalmente se compromete ante la niña a hablar con Esperanza Aguirre y comunica de forma urgente al Fiscal General del Estado la existencia de indicios de delito, informando a Laura de ello. Además, Laura (definida por “Salud Mental Consulting” como una madre “inconstante”) ha acudido a las siguientes instituciones: Defensor del Menor, Agencia de Protección de Datos, Fiscalía de Menores, Hospital Puerta de Hierro (donde nació su hijo), Servicios Sociales y asociaciones de defensa de la infancia. Todas las instituciones salvo la Comunidad de Madrid se han hecho eco de la gravedad de los hechos. Por el contrario, los responsables de la tutela de Laura le han despojado de todos sus derechos: ni le han proporcionado asesoramiento jurídico ante los presuntos abusos sexuales que ha sufrido, ni le han ayudado a obtener el reconocimiento de la paternidad del vigilante, ni le han proporcionado un abogado para defenderse de la separación de su hijo.

¿Dónde está el bebé?

Miguel y Laura, ambos sujetos a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, deben reencontrarse inmediatamente. Cada día que pasan separados supone una tortura para la adolescente y una violación de los derechos del bebé. Miguel y Laura están ambos tutelados por la Comunidad de Madrid, y no pueden vivir separados. Se teme que desde la C.A.M. pretendan entregar a Miguel en adopción, borrando así de un plumazo las pruebas de negligencias y abusos sexuales, pero si alguna familia pretende adoptar al bebé, tendría que adoptar también a su madre adolescente.

Además, ninguno de los funcionarios implicados en este caso puede permanecer impune. Aquellos funcionarios que acogieron a una niña de 14 años, permitieron presuntamente que sufriese abusos sexuales y probadamente que quedase embarazada prematuramente para después ser separada de su hijo, no pueden mantener ni un día más la tutela de los cientos de niños y niñas declarados en desamparo en la Comunidad de Madrid.

Ultima hora
Ayer lunes, y ante la presión de las distintas instituciones a las que ha acudido Laura, la Comunidad de Madrid le permitió ver a Miguel durante una hora. Sin embargo, se le ha comunicado que probablemente hasta dentro de un mes no pueda volver a saber de él, y en estos momentos su paradero vuelve a ser desconocido.
Si no se reestablece de inmediato la convivencia de madre e hijo y se despeja la impunidad que rodea los hechos, se prevé una intensa campaña de movilizaciones en las que tu apoyo también es necesario.
Para contactar: buscamosamiguel@gmail.com
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Notas:
* Laura y Miguel son los nombres ficticios que hemos asignado al bebé de 11 meses y su madre (que ahora tiene 17 años) para proteger su intimidad.
** La empresa, propiedad de Ignacio Jiménez San Segundo, posee otros cuatro centros más, y en el de Galapagar varios adolescentes habían denunciado todo tipo de malos tratos y vejaciones. El Defensor del Pueblo realizó una investigación sorpresa y encontró varias cuerdas con las que se ataba a los niños cuando estaban nerviosos. Más información:
*** El vigilante, cuyas iniciales corresponden a J.T.G.M. estaba sub-contratado por la Consejería De Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid a través de la empresa CERES-Seguridad Integral S.A. (http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1142416047824&idBoletin=1142416038922&idSeccion=1142416039010&language=es&pagename=Boletin%2FComunes%2FPresentacion%2FBOCM_popUpOrden )

viernes, 17 de diciembre de 2010

Aparece muerto un chaval de 15 años en un centro de Canarias

Las Palmas de Gran Canaria, 14 dic (EFE).- El Juzgado de Instrucción número dos de Las Palmas de Gran Canaria investiga las causas que motivaron la muerte de un menor acogido en el Centro de Atención Inmediata de Tafira, en Gran Canaria.
Así lo confirmaron hoy a Efe fuentes de la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo canario, a cuya Dirección General del Menor corresponde la tutela de los chicos que se atienden en este centro de protección, ninguno de ellos con medidas judiciales.
Cuidadores del centro encontraron al menor sin vida a las 06.55 horas del lunes, unos hechos que la Dirección puso en conocimiento de inmediato a la Policía.
Hasta el lugar se personaron un médico forense y el juez de instrucción, que ordenó el levantamiento del cadáver y el inicio de una investigación, para tratar de esclarecer esta muerte.
Las fuentes del Gobierno canario subrayaron que esta investigación está a disposición judicial, por lo que declinaron ofrecer más información sobre este suceso, y recordaron que la guarda y custodia de los menores atendidos en este centro es de los servicios sociales del Cabildo de Gran Canaria, con los que Efe ha tratado de contactar en repetidas ocasiones, sin éxito hasta el momento.
De igual forma, resaltaron que al no tratarse de un centro para menores con medidas judiciales, sus usuarios "no tienen por qué estar vigilados". EFE

Un niño hospitalizado tras ahorcarse en Picón del Jarama

Ha vuelto a ocurrir. A pesar de las incesantes denuncias. A pesar de los informes del Defensor del Pueblo y de Amnistía Internacional. A pesar de las movilizaciones. Las violaciones de los derechos de los niños no han cesado, y la desesperación de algunos de ellos vuelve a tener efectos terribles. Ayer lunes 13 de diciembre de 2010 un niño de 14 años volvió a intentar quitarse la vida en el interior del centro de menores Picón de Jarama. Según informa su madre, se trata del segundo intento en un mes, y en estos momentos se encuentra hospitalizado en el hospital Gregorio Marañón, de Madrid. A Marisa, su madre, no se le ha permitido verle todavía, y según fuentes del hospital, el director de Picón de Jarama (Juan Carlos Rodríguez Crespillo) habría dado orden de impedir cualquier visita. Por este motivo, desconocemos en qué estado de salud se encuentra el niño ahora mismo.
Desde esta web, venimos siguiendo el caso de este adolescente desde hace tiempo, y hemos podido comprobar como los derechos del niño han sido violados sistemáticamente, desoyendo además los desesperados intentos de su madre, por buscar ayuda ante los malos tratos que el adolescente decía sufrir en Picón de Jarama. Marisa lleva tiempo advirtiendo de que su hijo estaba desesperado. Incluso el propio niño había escrito una carta pidiendo a su técnico de tutela que le sacase de Picón de Jarama porque no aguantaba más.
Puedes escuchar una entrevista realizada a su madre antes del intento de suicidio aquí: http://lossonidosdemibarrio.podomat...
El niño se encuentra tutelado por la Comunidad de Madrid debido a la situación de su familia. Marisa es una mujer divorciada que trabaja 7 días a la semana y tiene además un hijo diagnosticado con TDAH. Según el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, las dificultades qufamiliares, sumadas a su situación laboral, le impiden cuidar de ellos. Por este motivo, sin respetar la opinión de los niños ni la de Marisa, se los entrega a dos empresas privadas que reciben (empleando los cálculos del defensor del Pueblo) alrededor de 3.600 euros mensuales por cada uno de ellos. Los niños están ubicados a decenas de kilómetros uno del otro, y el niño que intentó suicidarse ayer sufría además las condiciones carcelarias de Picón de Jarama.
Esperamos que sea suficiente leer la carta del niño, escrita de su puño y letra en agosto, para que quienes leeis estas líneas os animéis a actuar contra la impunidad que rodea todos estos casos. Muy pronto se anunciarán movilizaciones.

Extraído de www.centrosdemenores.com

Nuevo blog del Colectivo No a O´Belen

Por problemas técnicos en el antiguo blog, hemos abierto este nuevo. Para acceder a las noticias antiguas, pulse aquí