La reforma laboral destruye la negociación colectiva, refuerza la precarización del empleo, y promueve una rebaja generalizada de los salarios, entre otros efectos. Como consecuencia del recorte, en un solo ejercicio, de 45.000 millones de euros de los presupuestos (27.000 millones de euros contemplados en los Presupuestos Generales del Estado, 10.000 millones en sanidad y educación de las comunidades autónomas y 8.000 millones del tijeretazo aprobado en diciembre) se producirá un desplome sin precedentes del gasto social y de la inversión pública. En sanidad se introduce el copago, se dejará sin atención a medio millón de trabajadores inmigrantes, además de la supresión de servicios y del inevitable deterioro de la atención médica. En educación se contempla una brutal subida de las tasas universitarias, abandonar la financiación de la educación infantil de 0-3 años, la masificación de las aulas en primaria, secundaria y bachillerato, una drástica reducción de la oferta de bachilleratos en los institutos, la supresión de cursos de formación profesional y, según cálculos de los sindicatos, el despido de 100.000 profesores. Las medidas del gobierno no sólo contemplan recortes temporales, sino cambios legales de primer orden que implican una reducción de derechos de forma permanente. La política de ajustes se extenderá a todas las administraciones, incluidas autonómicas y municipales que, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, serán penalizadas e intervenidas si no aplican los recortes en la cantidad y en el ritmo exigido por el gran capital.
En cuanto a los efectos sociales hay que señalar que todas estas medidas se aplican en un contexto en el que hay cinco millones y medio de parados, la mitad de los jóvenes sin empleo y casi medio millón de familias desahuciadas por no poder hacer frente a las hipotecas. Según datos recientes, unos diez millones de personas (22,5% de la población) viven en una situación de “pobreza relativa”, con unos ingresos de 500 euros al mes y otros dos millones en situación de “pobreza severa”, con ingresos de unos 300 euros al mes. Los suicidios, producto de una situación económica desesperada, están aumentando y las muertes por falta de atención médica también. La política criminal del capitalismo, si no lo impedimos a tiempo, dilapidará las energías y el conocimiento de toda una generación de jóvenes; se degradarán las condiciones de vida de la gran mayoría de la sociedad y se incrementarán las bolsas de marginalidad y pobreza.
En paralelo a los ataques en el terreno social, el PP, con el apoyo entusiasta de CiU, está impulsando una gravísima escalada represiva contra los derechos democráticos conquistados por los trabajadores en la lucha contra la dictadura. La burguesía sabe que se está enfrentando a una creciente contestación social y ha tomado nota de la extensión y la profundidad de las movilizaciones que se han producido en el último periodo, con dos huelgas generales exitosas, el movimiento 15-M y la explosión estudiantil en Valencia, por mencionar las más relevantes. También están preocupados por la rapidez con la que movilizaciones multitudinarias pueden cambiar completamente el ambiente social y el ánimo de la clase obrera y de la juventud. Como muy claramente ha señalado el conseller de Interior de Catalunya, de CiU, en referencia a la reforma del Código Penal que está promoviendo el gobierno del PP, se trata de que “la gente tenga más miedo al sistema”. Se está criminalizando descaradamente el derecho a huelga y los piquetes, el derecho de manifestación, reunión, expresión y organización. Las reformas legislativas en marcha para criminalizar las protestas sociales representan un gravísimo atentado contra los intereses de la clase obrera y sus organizaciones políticas y sindicales. Pero es que además, ya se está poniendo en práctica, como se está viendo con la escandalosa cascada de redadas y detenciones de sindicalistas, acusados de actuar como “banda organizada” en la huelga general del 29-M. El PP quiere crear un clima de semiestado policial, para amedrentarnos y disuadir la participación y organización contra sus ataques.
La ofensiva represiva de la derecha es una seria advertencia para los trabajadores y la juventud del poco apego democrático de la burguesía española cuando sus intereses están en peligro. Es una obligación urgente que todas las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda pongan la defensa de los derechos democráticos (no los derechos democráticos en abstracto, sino el derecho a organización, reunión, expresión, huelga y manifestación) unido a la defensa de las conquistas sociales, como un aspecto prioritario en su acción reivindicativa. La ofensiva de la derecha contra los derechos democráticos es otra señal de la profundidad de los ataques emprendidos, pero la utilización de la represión policial y judicial es también un signo claro de debilidad y desesperación, que puede jugarle malas pasadas y ampliar aún más la contestación social a sus medidas.
En cualquier caso, lo que está claro es que los tiempos de la mal llamada paz social han acabado. No hay nada que negociar. La burguesía nos ha declarado la guerra. Así que hoy, como en 1886 en Chicago, sólo nos queda la lucha. Aislados somos carne de cañón para la explotación, pero los trabajadores unidos tenemos una fuerza imparable. Desde el Colectivo No a O´Belen llamamos a participar en las distintas manifestaciones organizadas este 1º de Mayo, y a continuar la lucha no sólo hasta parar los ataques impulsados por el gobierno del PP, sino hasta mandar al capitalismo al basurero de la historia.
¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!
¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO!