Mientras estamos sufriendo trágicos recortes en sanidad, educación y servicios sociales, que suponen en la práctica el desmantelamiento de los programas de prevención con menores e intervención comunitaria con familias en riesgo de exclusión social (que cada vez son más numerosas a consecuencia de la crisis), vemos como los recursos destinados al internamiento forzoso de menores no se ven afectados; incluso se abren nuevos centros a pesar de las dudas más que justificadas sobre su eficacia, las continuas denuncias por malos tratos que sufren los menores internados (incluyendo la muerte de varios niños) y el enorme coste que suponen al erario público (empresas como O´Belen, Diagrama o Salud Mental Consulting reciben de media más de 5000 euros al mes por plaza concertada con las Comunidades Autónomas).
Esta aparente incoherencia se explica por las motivaciones políticas y económicas que subyacen a la existencia de este tipo de centros. El actual modelo de privación de libertad de menores “conflictivos” (ya sea en centros de reforma o en centros terapéuticos) responde a los procesos generales de gestión de los problemas sociales bajo el capitalismo, basados en la criminalización y en la psiquiatrización. A estos procesos generales se añaden los efectos de la privatización de los servicios sociales y socio-sanitarios, que afectan gravemente a usuarios y trabajadores, y que llevan a convertir los centros de menores en un lucrativo negocio.
La criminalización y psiquiatrización de los problemas sociales tiene una finalidad política, eliminando la responsabilidad de la estructura social e individualizando el problema (“la sociedad funciona bien, tú eres el defectuoso, el inadaptado, el delincuente, el enfermo”).
La rebeldía, la delincuencia juvenil e incluso el fracaso escolar tienen una explicación médica, según algunos gurús de la psiquiatría moderna. De esta forma, la génesis social de problemas educativos y sociales se elimina de un plumazo, culpabilizando “científicamente” a las víctimas de las consecuencias de un sistema social enfermizo y caduco. Sin ruborizarse, atribuyen el origen de estos supuestos trastornos a problemas intrínsecos del niño.
A estos intentos de patologizar los problemas sociales por razones políticas se suman los intereses económicos tanto de las empresas que gestionan los centros como de la industria farmacéutica, muy vinculadas entre sí, como demuestra que los congresos organizados por Javier San Sebastián, presidente de O´Belen, sean patrocinados por las empresas que fabrican y distribuyen los fármacos para tratar los supuestos trastornos que dicen atender desde esta fundación. Y es que como bajo el capitalismo lo que prima es la búsqueda del máximo beneficio económico sobre cualquier otra consideración, aparece en escena la industria médica y farmacéutica, condicionando a todos los niveles la aplicación práctica de la ciencia, incluyendo el desarrollo del corpus teórico y metodológico de las distintas disciplinas para garantizar así el multimillonario negocio de los psicofármacos.
VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 20 HS. EN EL ATENEO REPUBLICANO DE VALLECAS
(Arroyo del Olivar, 79 Metro Buenos Aires)
Intervienen:
Daniel Reyes (educador)
Andrés de las Heras (médico)
CONVOCAN: El Militante, Sindicato de Estudiantes