Extraído de Diagonal
El episodio de Tierras de Oria, en Almería, es el último de una larga lista de malos tratos, suicidios y nuertes en centros de acogimiento residencial de menores.
Familiares de Ramón Barrios durante una concentración por su muerte en un centro de menores. /ALBERTO MORENO
La Junta de Andalucía ha anunciado la investigación sobre el centro de menores Tierras de Oria, ubicado en Almería, el mismo que hace menos de dos semanas fue acusado de atar a la cama a dos jóvenes como castigo. No obstante, desde el Ejecutivo andaluz ya se han posicionado con bastante rotundidad del lado de la empresa privada que lo gestiona.
A pesar de “poner esos presuntos hechos en conocimiento de la autoridad judicial”, parece que para el consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, la “extraordinaria” trayectoria del centro, del que “avala su buen funcionamiento”, tiene más valor que los vídeos en los que se puede ver cómo dos jóvenes sollozan, atados de pies y manos boca abajo. “Me extrañaría mucho que hubiese ese tipo de irregularidades”, ha asegurado Llera.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, tampoco tiene dudas respecto a Ginso, la asociación para la gestión de la integración social que dirige este centro de menores. Vázquez afirma que el trato que recibieron los dos jóvenes respeta “el reglamento estipulado en la legislación sobre menores”.
A pesar del posicionamiento a favor del centro de menores mostrado por Vázquez y Llera, más de 80.000 personas han firmado una petición para que se cese a la dirección del centro Tierra de Oria.
Muertes en centros de Ginso
Ginso también gestiona otros centros, entre ellos el de Santa Teresa de Calcuta, en la madrileña localidad de Brea de Tajo, donde en 2011 perdió la vida Ramón Barrios, de 18 años. Barrios fue condenado por hurto cuando era menor de edad a pagar 300 euros o pasar 12 fines de semana en este centro de menores. Barrios decidió ir al centro, pero murió de un supuesto paro cardíaco el tercer fin de semana que pasó en él. Cuando su familia observó el cadáver del joven, vislumbró bajo el maquillaje arañazos y moratones. Paralizaron el entierro y pidieron una segunda autopsia.
Miedo, huidas y suicidios
En agosto de 2012, se quitaba la vida Libardo T. en el centro de menores Juslibol de Zaragoza, institución pública de gestión privada. El Centro de Observación y Acogida de Pamplona, gestionado por la fundación Ilundáin, fue también escenario, en 2013, delsuicidio de un joven de 15 años de origen búlgaro mientras estaba en régimen de aislamiento. Cuatro años antes, en marzo de 2009, Miguel, de 17 años, se quitaba la vida en un centro de la misma fundación tras cumplir una sanción de “separación de grupo”, o aislamiento, de una semana de duración por comportamiento rebelde.
En septiembre de 2013, Emanuel Gómez Patiño, de sólo 15 años, aparecía ahorcado en el centro de Albaidel, en Albacete. La muerte del joven tuvo lugar el mismo día que el abogado familiar iba a presentar una solicitud de traslado, ya que “el niño no estaba bien, quería salir de allí”. Este centro, dependiente de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, cuenta con numerosas denuncias e incluso el Defensor del Pueblo autonómico pidió su cierre en 2009, cuando un interno resultó herido por parte de los vigilantes de seguridad.
Hace ahora tres años, en febrero de 2012, un joven de 16 años se quitaba la vida en el centro de menores de Monteledo, en Ourense. Internado pocos días antes por agredir a su madre, el joven había tenido una discusión con su pareja, por lo que se puso muy nervioso. Aunque se decretó que había sido un suicidio, la madre del joven acusó al centro, de titularidad y de gestión privada, a cargo de la Fundación Camiña Social, de negligencia. “En el tratamiento de menores conflictivos, la Xunta tiene una serie de protocolos de actuación, de manera que cuando un niño sufre una situación de nervios o conflicto, el protocolo indica que debe estar siempre acompañado de un cuidador”, señaló la familia, que denuncia que el adolescente no lo estaba cuando se suicidó.
O’Belén, en el punto de mira
Los centros de menores han sido investigados en numerosas ocasiones. En 2009, la Generalitat Valenciana anunció que investigaría el centro de Baix Vinalopó, en Elche, dependiente de la Conselleria de Bienestar Social, de donde se escaparon dos internos que habían denunciado haber sufrido castigos de aislamiento de hasta tres días. En este mismo centro, dos años antes, se encontró el cuerpo sin vida de un niño de 12 años, asfixiado con una cinta de persiana alrededor del cuello. El informe de la autopsia descartó que se tratara de suicidio u homicidio, y afirmó que la muerte había sido “accidental”. El entonces Defensor del Pueblo, el socialista Enrique Múgica, denunció más irregularidades en otros dos centros de menores de la comunidad, el de Baix Maestrat en Castellón y el de L’Omet en Elche, donde varios menores aseguraban que se les interrogaba totalmente desnudos e incluso que llegaban a suministrarles medicación antes de llevarles a las salas de aislamiento.
En 2009, Saray, de 14 años, se lanzaba de un coche en marcha para no tener que volver al centro terapéutico Juan Carlos I, en Azuqueca de Henares, y, meses antes, un adolescente en aislamiento se quitó la vida en su cuarto del centro de Picón del Jarama. Fue entonces cuando el Defensor del Pueblo publicó un informe muy contundente sobre esta situación, en el que se denunciaba, entre muchos otros casos, que en el centro Nuestra Señora de la Paz de Villaconejos (Cuenca) se encerraba a los niños en cuartos oscuros. Poco después, éste cerraba sus puertas.
Lo que tienen en común los centros Juan Carlos I, Picón del Jarama y Nuestra Señora de la Paz es que todos estaban gestionados por la fundación O’Belén, denunciada por numerosas organizaciones de derechos humanos. Los centros de Baix Maestrat y Baix Vinalopó también estuvieron gestionados por la misma fundación.
La privatización de centros de menores ha empeorado la situación de un sector que ya se encontraba en serias dudas. La externalización de este servicio hace que su control sea más complejo, mientras se facilita el acceso a los cargos de responsabilidad a personas que no cuentan con la cualificación necesaria para tratar a estos menores. Al mismo tiempo, las comunidades autónomas pagan a las fundaciones que gestionan este tipo de centros entre 3.000 y 4.000 euros mensuales por cada menor que alojan.
Del desamparo al centro
A pesar de las denuncias, el Gobierno no ha sabido solventar los fallos de la legislación sobre tutela de menores. Con el anteproyecto de Ley de Protección del Menor presentado en abril de 2014, se podría llegar a ampliar el número de menores que ingresan en este tipo de centros, ya que las órdenes por desamparo contarían con menos tiempo para que las familias presenten recursos, según explicó a Diagonal Juan Ignacio Ruiz Huerta, exresponsable del Área Social y Trabajo del Defensor del Pueblo.
El último borrador del anteproyecto de ley presentado por el Partido Popular, que se espera que llegue al Consejo de Ministros en las próximas semanas para comenzar su tramitación parlamentaria, tiene también como novedades agilizar el acogimiento familiar de los menores incluso sin que el caso pase ante un juez o suspender las visitas de la familia biológica del menor si la Administración, no un juez, considera que son nocivas para el niño. Otra de las novedades del anteproyecto de ley supondrá que después de dos años de guarda voluntaria –niños que son entregados a la Administración durante un periodo de tiempo por la incapacidad para sus familias de hacerse cargo de ellos– los padres biológicos pierdan los derechos sobre el menor, que pasará a ser declarado en desamparo e incluido en programas de acogimiento y adopción.
El anteproyecto de ley regula también a nivel estatal el acogimiento de menores con problemas de comportamiento en residencias, un ámbito de actuación que hasta ahora está legislado a nivel regional. Sin embargo, aún no se ha hecho público de qué manera la nueva legislación marca los protocolos de actuación de los menores en este tipo de centros y cómo delimita los tipos de castigo a los niños.
Atados a la cama por brazos y piernas
REDACCIÓN
El pasado 8 de febrero, la plataforma centrosdemenores.es hizo público un vídeo, publicado por Diagonal, en que se veía a dos menores de edad atados boca abajo a la cama, mientras gritaban y lloraban. Alfonso Galiana, miembro de la plataforma, afirmó a este periódico que el vídeo fue grabado en el centro de menores Tierras de Oria “hace pocos días” por un trabajador del centro. El centro, bajo la titularidad de la Junta de Andalucía y la gestión de la asociación Ginso, ya fue expedientado por el Gobierno andaluz en 2012, después de que el Defensor del Pueblo presentara un informe en el que detallaba prácticas del centro que vulneran los derechos de los niños y niñas.
Normativa
Castigos físicos, según comunidades
Los protocolos de actuación de los centros de menores se rigen, hasta ahora, por normas autonómicas. En algunas comunidades, como Canarias, la legislación prohíbe explícitamente la aplicación de castigos corporales o que atenten contra la dignidad del menor, aun en casos de faltas muy graves, aunque sí contempla la separación del grupo durante un día e, incluso, una semana como castigo a los internos. Por su parte, la legislación andaluza sobre centros de menores, aunque prohíbe los castigos que supongan maltrato físico o humillación, para casos en los que considere que el menor está actuando con violencia sí permite la “restricción física”, es decir, la aplicación de medidas de control físico, como puede ser atar al menor a una cama, aunque señala que se llevarán a cabo “aplicando la mínima intensidad posible”. También incluye la separación del grupo, dejando al menor solo en su habitación, pero con un seguimiento por parte del equipo educativo del centro. La legislación señala que este tipo de castigos se decidirán por parte de la dirección del centro de menores y se aplicarán por el personal educativo. Por su parte, en el País Valencià, la normativa
rechaza los castigos corporales pero permite el aislamiento del menor con respecto al grupo por periodos de hasta tres días
por faltas de carácter grave. En Catalunya, donde se contaba en 2014 cerca de la cuarta parte de los menores tutelados por la Administración de todo el Estado, los castigos que se pueden emplear con los menores según la legislación no incluyen los corporales, y también se limita a tres días la separación del menor con respecto al grupo.
rechaza los castigos corporales pero permite el aislamiento del menor con respecto al grupo por periodos de hasta tres días
por faltas de carácter grave. En Catalunya, donde se contaba en 2014 cerca de la cuarta parte de los menores tutelados por la Administración de todo el Estado, los castigos que se pueden emplear con los menores según la legislación no incluyen los corporales, y también se limita a tres días la separación del menor con respecto al grupo.