Hoy 1 de julio entra en vigor la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana (conocidas como Leyes Mordaza). Ambos cambios legislativos suponen un retroceso inaceptable de las libertades públicas y de las vías de participación democrática, dando carta de naturaleza a la ofensiva penal y administrativa contra el derecho a huelga, que tiene a 300 sindicalistas encausados y a otros en prisión, como Alfon. Hoy mismo se celebra la vista oral contra 8 sindicalistas de Airbus, a los que el fiscal pide 66 años de cárcel, y también la vista oral contra 3 sindicalistas murcianos, o los dos activistas sociales de Barcelona, por participar en la convocatoria de una huelga general. Las leyes aprobadas por el PP, que hoy entran en vigor, persiguen un objetivo claro: cercenar las libertades democráticas, para acallar la protesta social frente a las políticas de recortes y de ataque a los derechos sociales y laborales.
A su vez, la incorporación de la prisión permanente revisable (cadena perpetua), el sistema de medidas de seguridad, la revisión de la regulación del delito continuado o la regulación de la suspensión y de la sustitución de las penas privativas de libertad suponen una vuelta de tuerca más en la criminalización de las consecuencias de la exclusión social.
Estas leyes nos acercan peligrosamente a los oscuros años del franquismo. Pero si acabamos con una sangrienta dictadura fascista, es evidente que podemos tumbar estas leyes.
¡Aquí no se va a callar nadie! ¡No a las Leyes Mordaza!