La respuesta ante los abusos sexuales a menores de edad: violencia machista

 Isabel Serra y Beatriz Gimeno, diputadas de Podemos en la Asamblea de Madrid

Si algo hemos aprendido en los meses que llevamos en la Asamblea de Madrid es a experimentar y vivir en primera persona que “las instituciones son un traje a medida de quien las ha diseñado” como dijo Teresa Rodríguez el domingo pasado. Que aquí todo está pensado y bien atado para que quienes entren acaben por no querer, o no poder, ser leales los intereses y las necesidades de las mayorías.

Pero también desde que estamos aquí hemos aprendido, al menos, dos cosas más. En primer lugar, que se pueden hacer y cambiar muchas cosas desde las comunidades. Hay que tener voluntad para ello. Y sobre todo si hablamos de los servicios sociales que consisten en garantizar derechos sociales y libertades civiles. Así lo entendió bien el gobierno de Esperanza Aguirre, que se puso manos a la obra para construir, desde “sus” instituciones, sociedad civil e ideología. 

En segundo lugar, que podemos conocer desde una perspectiva diferente la misma realidad. La misma que denuncian los movimientos sociales, la misma que se vive en la calle. Gente que está excluida del bienestar, de los derechos humanos, de los recursos o de la igualdad. Muchas personas, con problemas diversos, unas veces organizadas y otras no, que piden que alguien les de voz. Por desgracia, conocemos casos que son realmente terroríficos. 

Una de esas realidades es la de madres que llevan años denunciando que sus hijos o hijas han sufrido abusos sexuales por parte de sus padres. Son muchos los casos que ante la invisibilidad a la que son sometidos, ante el ninguneo, e incluso ante la amenaza en algunos casos, han constituido la asociación Infancia Libre. Son menores que sufren una permanente vulneración de sus derechos más básicos y para quienes el “interés superior del menor” no significa nada. Y esta vulneración de derechos se produce no sólo por parte de quienes han abusado sexualmente de ellos, sino también por parte de una administración que ni les protege ni garantiza sus derechos.

Es por ejemplo el caso de una menor de 6 años que declaraba en uno de los CAI (centro de atención a la infancia) como su padre le ponía la cabeza en la zona genital y le hacía daño. Él declaraba que “la niña es una manipuladora y mentirosa”. La situación sigue siendo la de que el padre tiene a la niña la mitad del tiempo y la Fiscalía no ha sentido que haya que aplicar medidas cautelares. Y como éste hay otros muchos casos terribles. Las madres han acudido a todo tipo de instancias para pedir ayuda y una solución. La respuesta por parte de la justicia ha sido archivar los casos de forma reiterada a pesar de las declaraciones de los y las menores de edad, que culpan claramente a sus padres de abusar sexualmente de ellos. 

Detrás de estas decisiones de la justicia está el SAP. El síndrome de alienación parental dice describir un  “ desorden psicopatológico en el cual un niño, de forma permanente, denigra e insulta sin justificación alguna a uno de sus progenitores, generalmente, pero no exclusivamente, el padre”. La existencia del SAP no está probada científicamente. Se acuñó en 1985 en EEUU por parte del psiquiatra Richard Gardner, posteriormente probado pedófilo, a pesar de lo cual este síndrome sigue siendo defendido reiteradamente por asociaciones de Padres Separados por la Custodia Compartida y por asociaciones que bajo la defensa de “igualdad efectiva” instalan en la sociedad mitos que atentan contra los derechos de las mujeres. Si bien no suele utilizarse como prueba jurídica en la mayoría de los casos, la ideología machista y en concreto el convencimiento de que existe el SAP está detrás de muchas de las decisiones de los magistrados. 

El machismo también está en las administraciones públicas y en los servicios sociales. La política de privatización y externalización llevada a cabo por los sucesivos gobiernos del PP tiene varios intereses: que sus amigos empresarios puedan hacer negocio –obviamente a cambio de recompensas como un puesto en un Consejo de administración o una buena donación-, construir un modelo de sociedad basado en la desigualdad y en la segregación, y su perpetuación en el poder. Por eso esta comunidad ha sido el laboratorio de las políticas neoliberales y también del conservadurismo y el pensamiento más reaccionario. Y por eso desde el Gobierno se ha llevado a cabo la cesión de la gestión de los servicios sociales a fundaciones y empresas relacionadas con la Iglesia Católica o con otras agrupaciones como los Legionarios de Cristo. Colegios concertados, centros de protección para menores de edad y centros de ejecución de medidas judiciales (nada menos que cárceles gestionadas por empresas privadas) o los CEPIS. Llama la atención especialmente el caso de los Centros de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF) o el Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil (CIASI), que nació ya privatizado en el año 2005 y que es el lugar al que deben acudir menores que han sufrido abusos sexuales.

Estas madres acudieron al CIASI con sus hijos e hijas. La respuesta que han encontrado en varias ocasiones ha sido la de “mejor no denunciéis porque os pueden quitar a vuestras hijas”. Da miedo que esa sea la respuesta por parte de un servicio público a unas madres que están desesperadas y solas ante la posibilidad de que quienes están abusando sexualmente de sus hijos se los lleven los fines de semana y que archiven los casos a pesar de las evidencias. Algunas de estas madres están teniendo que pagar a un abogado o abogada un dinero que no tienen, y en muchos casos multas de hasta 600 euros al mes por saltarse el régimen de visitas. Hay otras madres que no pueden ni denunciar por la falta de recursos y que se ven obligadas a una vida entera viendo como sus hijas son objeto de abusos sexuales. 

El hecho de que estas madres tengan que soportar que un servicio social -que está para garantizar los derechos de la ciudadanía y en este caso de los menores de edad-les recomiende no denunciar por su propio bien, evidencia claramente que esta sociedad no está hoy preparada para dar una respuesta correcta a la violencia machista –ni sus instituciones, ni las administraciones, ni la justicia- , ni a la vulneración de los derechos de los y las menores de edad. En nuestras manos está cambiarlo.

eldiario.es

Manifiesto de apoyo a los 8 de Yesa

El 10 de octubre de 2012 la CHE acudió a Artieda intentando materializar la expropiación de una buena parte de nuestras tierras y medio de vida. Y una vez más, nuestro pueblo manifestó su rechazo a verse privado de él. 

Pero aquel día, no sólo Artieda estaba presente. Todos los montañeses y montañesas que han sufrido alguna vez en sus carnes esta dolorosa injusticia estaban allí. También nos acompañaron todo el coraje, la amabilidad y la solidaridad que caracteriza a las gentes de estas tierras así como los que vinieron de otras zonas de Aragón y Navarra.

Cualquiera que se haya acercado a este rincón del Pirineo como un igual, desde el respeto y las ganas de conocernos, podrá contar que siempre le hemos recibido con las puertas abiertas. No sólo de nuestro pueblo sino también de nuestras casas. 

Como en anteriores ocasiones nuestros cuerpos y nuestras voces eran las únicas armas. Como entonces, el poder del estado tenía medios para resolver el conflicto desde la racionalidad y el respeto a la legítima discrepancia. Pero en esta ocasión, y puede suponerse que de forma premeditada, las cosas no fueron así.

Esta vez, de una forma totalmente injustificada, Delegación del Gobierno ordenó una carga que la guardia civil ejecutó. Y quienes defendíamos nuestro hogar pacíficamente y sentados en el suelo, fuimos brutalmente reprimidos con porrazos, golpes y tirones de pelo. Finalmente conseguimos, con nuestros propios cuerpos, frenar aquella desfachatez que dejó como resultado doce de nosotros heridos, pero un pueblo más digno y unido que nunca.

Pero su intención de atemorizarnos y amedrentarnos no acabó allí. Para asombro de todos, ocho de nosotros recibimos la notificación del juzgado por una imputación. Y hoy nos enfrentamos a penas de prisión de entre 4 y 6 años de cárcel y a multas de más de 22.000€.

Así, mediante este manifiesto queremos demostrar que “los 8 de Yesa” no somos sólo ocho. Que somos muchos más. Que éramos muchos más los que estábamos allí. Que no estamos solos y que podemos contar con miles de ciudadanos y ciudadanas sensibles ante lo injusto, venga de donde venga.

Nadie que pacífica y dignamente luche por defender derechos tan fundamentales como la vivienda y el trabajo, debería estar perseguido por la justicia. Ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Por ello, no vamos a descansar ni un minuto hasta que los 8 de Yesa, nuestros 8, estemos libres de toda pena. Porque no somos delincuentes, somos inocentes. Porque la dignidad no es un delito.

Frente a quien nos acusa de violentos, las imágenes que captaron las cámaras aquel 10 de Octubre dan cuenta de la brutal realidad. Pero no sólo muestran los hechos objetivos, también son una perfecta metáfora de lo que aquel día ocurrió: Los nombres de Tiermas, Ruesta, Esco, Jánovas, Mediano, Itoiz, Artozki y todos los pueblos que estaban escritos en la pancarta que agarraban nuestras manos, eran el recuerdo de la negra historia de los embalses en el Pirineo. La historia, particular y colectiva, de todos y cada uno de los casi 4.000 aragoneses que tuvieron que dejar sus casas por esta injusticia. 

Aquel 10 de Octubre, la CHE pasó literalmente por encima de esa historia. Las rasgaduras y la sangre; nuestra sangre, borraron esos nombres. Hoy, como siempre, sólo pedimos que se les dé la dignidad que merecen. Que se haga justicia. 

Porque defender nuestras casas y medio de vida no es un crimen, sino un derecho básico, y defender nuestro medio natural no es un capricho, sino un deber de todos.

Esfender a Tierra no ye Delito / Defender la Tierra no es Delito

FIRMA EL MANIFIESTO

Éstos son los hechos de aquel 10 de octubre:

Para conocer a los represaliados, toda la información sobre este nuevo atropello o cómo colaborar, visita la página de la Plataforma de apoyo a los 8 de Yesa

La otra Memoria Histórica. La matanza de Atocha: caso abierto

La llamada matanza de los abogados de Atocha fue uno de los acontecimientos que tiñó de sangre el incipiente proceso de transición hacia la democracia. La noche del 24 de enero de 1977 un comando de la ultraderecha penetró en un despacho de abogados laboralistas vinculados a Comisiones Obreras y al Partido Comunista de España. Al rato abrieron fuego contra los presentes. El atentado costó la vida a cinco personas y dejó heridas de extrema gravedad a otras cuatro. Víctimas, abogados y familiares nos relatan, 39 años después, lo que supuso aquella masacre y aportan contundentes datos para ilustrar que el caso fue cerrado judicialmente en falso. Denuncian que jamás se investigaron contundentes pruebas sobre las tramas vinculadas al atentado: una parte de los servicios secretos españoles, la red anticomunista internacional Gladio, miembros de la policía franquista, el partido Fuerza Nueva ...

Han pasado 39 años pero en la memoria de muchos perviven los nombres de aquellas víctimas mortales: Luis Javier Benavides, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez, Javier Sauquillo y Enrique Valdevira. Los heridos jamás pudieron olvidar aquel angustioso momento: Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Dolores González Ruiz, Miguel Sarabia Gil y Luis Ramos Pardo, estos dos últimos ya fallecidos.

Para más información, ver el reportaje La matanza de Atocha: caso abierto

El Defensor del Pueblo solicita medidas ante la situación de menores en Melilla

El Defensor del Pueblo insta a la Ciudad Autónoma de Melilla, a la Delegación del Gobierno y a la Fiscalía General del Estado, a tomar medidas para abordar la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENAS) que pernoctan en la calle, en repuesta a una denuncia de la asociación Prodein Melilla.

Tras una visita realizada al Centro de Menores de la Purísima, esta institución concluye que estos menores "se encuentran con dificultades en la ciudad autónoma que desincentivan su permanencia en los centros de menores y suponen un acicate para que quieran dirigirse a la península".

El Defensor del Pueblo destaca que entre esas dificultades están la saturación de los centros de protección, la demora en obtener en obtener autorización de residencia, la extinción de la misma una vez que acceden a la mayoría de edad o la discriminación en su escolarización.

En una comunicación que este organismo ha remitido a la asociación Prodein Melilla, al que ha tenido acceso Efe, se insta a adoptar medidas asistenciales y educativas a pie de calle desde puntos de vista distintos a los meramente policiales, que no han demostrado su efectividad.

Así, el Defensor del Pueblo solicita actuaciones con los jóvenes que se encuentran próximos a su mayoría de edad o acaban de cumplirla y la implementación de programas sociales en la calle, ofreciendo opciones a los que pernoctan fuera del centro, con el fin de reconducirlos y fomentar su permanencia voluntaria en el mismo.

ABC

Manifestación por la amnistía ¡Molero libertad!

El próximo sábado, 23 de enero, a partir de las 12:00 horas, desde la Plaza de la Marina, Málaga, tendrá lugar una manifestación en apoyo del compañero Molero.

Francisco Molero es un joven de 27 años natural de Cuevas de San Marcos (Málaga), compañero del SAT, y con una larga trayectoria en los movimientos sociales, políticos y sindicales. Acudió, el 25 de abril de 2013, a una de las convocatorias de “Rodea el Congreso”, en Madrid. Allí se vio arrollado por las cargas policiales que reventaron la manifestación, cuando uno de los agentes le tiró al suelo y le detuvo. Durante su detención y traslado fue maltratado física y verbalmente en múltiples ocasiones.

Ha sido sometido a un juicio-farsa, sin más pruebas que el testimonio de los agentes “antidisturbios”, que le acusan sin fundamento de “atentado contra la autoridad”. Identifican vagamente a nuestro compañero por llevar ropa negra y pañuelo palestino, contradiciéndose sobre el tiempo y lugar de los hechos, cambiando su versión en repetidas ocasiones.

La jueza, oídos estos testimonios, ha condenado a Molero a CINCO AÑOS DE CÁRCEL. Sin antecedentes penales, y a pesar de su delicada situación económica, le condenan también a multas e indemnizaciones por encima de los 16000 euros, sin el pago de los cuales, no podrá acceder a permisos ni beneficios penitenciarios. Se han desestimado todos los recursos alegados por su abogada de oficio, la sentencia ya es firme y su entrada en prisión es inminente a menos que hagamos algo por evitarlo.

Hoy es Molero, mañana puedes ser tú. Cuando miles de jóvenes se rebelan contra la injusticia y la miseria, los poderosos se defienden con brutalidad policial, multas y cárcel. Por eso es necesario que su caso traspase todas las fronteras, articular una campaña conjunta más allá de siglas y afinidades políticas; que todo el mundo conozca su situación, que todas las personas y colectivos luchen por su total y completa AMNISTÍA. ¡MOLERO LIBERTAD!

Sindicato Andaluz de Trabajadores/as

La otra Memoria Histórica. La revolución acabó en mayo

No basta con ensalzar a la II República y denunciar los crímenes del fascismo en el estado español. Es necesario estudiar los acontecimientos que llevaron a la derrota, para aprender de cara al presente y al futuro. La guerra no se perdió militarmente, sino debido a los errores políticos cometidos por el bando antifascista. El restablecimineto del orden burgués en el territorio republicano finiquitó las posibilidades de victoria militar sobre el fascismo.

El documental La revolución acabó en mayo explica los sucesos de mayo del 37 en Barcelona, que supusieron el inicio del fin de las aspiraciones de justicia social y libertad que llevaron a la instauración de la II República.

Para una mayor profundización sobre este periodo de nuestra historia, recomendamos la lectura del número 3 de la revista Marxismo Hoy, La revolución española (1931-1939)

Acto público en defensa del derecho de huelga

Algunos poderes públicos con el ministerio fiscal y el gobierno conservador al frente, han decidido que ciertos derechos constitucionales no puedan ser ejercidos con libertad y deben ser tutelados por normas y códigos de la dictadura. Es el caso del derecho de huelga, pilar básico de las relaciones laborales modernas, que en los últimos años algunos poderes públicos han convertido en objetivo de persecución, criminalización e intervención administrativa. Más información en CCOO

El Defensor del Pueblo catalán afirma que la Generalitat viola los derechos de los menores migrantes

El Defensor del Pueblo de Cataluña (Síndic de Greuges) saca los colores a la Generalitat. La institución ha recogido una serie de vulneraciones de los derechos de los menores extranjeros que se encuentran solos en su región en la respuesta a una queja particular. En los argumentos del Defensor se recogen desde un protocolo de actuación que a día de hoy viola el derecho al "interés superior del niño" hasta la falta de asistencia letrada y acompañamiento en procesos fundamentales para el menor, que pueden dejarlo incluso en la calle.

Eso fue lo que le ocurrió al menor al que defendió como abogado de oficio Albert Parés, que presentó la queja ante el Síndic. Hoy no sabe qué es de él. "Perdí el contacto y no sé dónde se encuentra", explica a eldiario.es. El chico es un inmigrante procedente de Mali que se encontraba solo en España y afirmaba ser menor de edad. Cuando se halla un menor sin un adulto que se responsabilice de él, en situación de desamparo, el Estado debe hacerse cargo de él y asumir su tutela y cuidado. En España, esta competencia está asignada a las Comunidades Autónomas.

Pero como el joven no tenía la documentación, los Mossos d'Esquadra lo llevaron ante la Fiscalía de Menores de Barcelona, que no creyó su versión, algo que se repite en muchas ocasiones y en diferentes regiones de España, según las denuncias de ONG especializadas en menores vulnerables como la Fundación Raíces. La Fiscalía ordenó que le realizaran unas pruebas médicas de determinación de la edad, muy criticadas por el Síndic y también por la Defendora del Pueblo de España por su falta de garantías.

A pesar de que en el primer dictamen de un médico forense, éste consideró que el chico era "casi con total seguridad menor de 18 años", las pruebas médicas indicaron que "la edad mínima más probable del joven es de 18 años". Le decretaron mayor de edad "y como tal no puede gozar de los beneficios que para la protección de los menores prevé nuestro ordenamiento", recoge la resolución de la Fiscalía provincial de Menores.

El chico se quedó en la calle y Albert Parés perdió su rastro en una maniobra que, a su pesar, es "habitual". "Los echan del centro y desaparecen por completo muchas veces. Es muy difícil que entiendan la figura del abogado porque las autoridades nos llaman con muy poco tiempo como para crear un mínimo vínculo de confianza", lamenta. 

El Defensor pide cambios en el protocolo

Parés presentó la queja ante el Síndic de Greuges por un protocolo de actuación que el Defensor también ha considerado ilegal y ha pedido a la Generalitat que lo modifique: los menores migrantes no acompañados, tengan o no documentación que demuestre su minoría de edad, son llevados de manera sistemática ante los Mossos y la Fiscalía de Menores y no ante la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia), que debería hacerse cargo de su protección inmediata.

El Síndic de Greuges afirma que los niños que tengan documentación que acredite que son menores y aquellos en los que no exista duda sobre su minoría de edad no deben ser llevados ante la policía, según nuestro marco jurídico. "A criterio de esta institución, este circuito de atención vulnera el principio de interés superior del menor, establecido, entre otros, por la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño", apunta su resolución, a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Jorge Cardona, español miembro del Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño, explica a eldiario.es que la violación del interés superior del niño significa "la vulneración del respeto del resto de sus derechos". La legislación en materia de protección a la infancia, reformada por una ley orgánica en julio, "dice explícitamente que el interés superior del niño no es solo un principio de derecho, es un derecho en sí mismo", añade Cardona.

El Síndic recoge una serie de vulneraciones de los derechos debido, entre otras cuestiones, a este protocolo: como el sometimiento de pruebas de edad a menores sin el conocimiento de la DGAIA (que vela por su protección y derechos), la falta de acompañamiento en estos procesos e, incluso, del asesoramiento de un abogado. Los chicos se enfrentan a un entorno hostil sin nadie que vele por sus intereses, en situaciones en las que a veces son retenidos durante horas por las fuerzas policiales.

Denuncias previas a la Administración

Mª Jesús Larios, adjunta para la defensa de las niños y los adolescentes del Síndic de Greuges, recuerda que este dictamen no es el primero. En informes previos y resoluciones de casos concretos han expuesto que los derechos de los menores son vulnerados por las instituciones públicas catalanas. "Nosotros seguimos manteniendo las resoluciones, insistiendo e insistiendo ante la Administración y el Parlamento. Pero también hay una sentencia del Tribunal Supremo y a veces no se está aplicando...", indica.

El Tribunal Supremo prohibió las pruebas médicas de determinación de la edad en los casos en los que el menor porte documentación. Esto todavía no se cumple siempre, como le ocurrió a Toumani (nombre ficticio), de solo 15 años. La resolución del Síndic recoge estas vulneraciones con casos, por ejemplo, en los que la Fiscalía ordena las pruebas de edad a "menores que presentan pasaportes legalemente expedidos por sus países de origen o no declarados inválidos por ningún organismo competente". También tienen constancia de situaciones en las que se invalida "la documentación aportada sin llevar a cabo de forma sistemática las comprobaciones correspondientes".

Las pruebas médicas de edad, además, "presentan márgenes significativos de error" –añade el Defensor catalán–, de 1,7 años, que no son recogidos en los expedientes por lo que se deniega la protección a estos jóvenes. "Hay ocasiones en las que chicos con resultados en las pruebas muy próximos a las 18 años, no obtienen la protección pese a no tener familia, sin considerar el ínterés superior del niño", critica Mª Jesús Larios.

Las resoluciones de los Defensores del Pueblo, tanto el catalán como el resto de los regionales y el nacional, no tienen caracter vinculante. "Pero es el comisionado de los derechos humanos en el parlamento, en este caso del Parlament, y sus resoluciones tienen un valor moral y político", sostiene Francisco Solans, experto en Derecho de Extranjería. Si la Administración no actúa según las recomendaciones del Síndic, éste lo recogerá en su informe anual ante la cámara regional y los diputados pueden exigir al gobierno que cumpla con los derechos de estos menores. "En un gobierno con mayoría tienen menos recorrido, pero con parlamentos fragmentados puede tener una fuerza política importante", añade Solans.

eldiario.es 

Remunicipalización del agua

Manifestación por la absolución de los encausados en Gamonal

Enmarcada en las Jornadas del II Aniversario de la lucha de Gamonal, se ha convocado una manifestación por la absolución de los encausados por luchar.

Concentración de apoyo a los 8 de Airbus. #HuelgaNoEsDelito

Entre los días 9 y 12 de febrero, se producirá el juicio a los 8 sindicalistas de EADS AIRBUS por su participación en la huelga general de 2010, y por los que se piden 66 años de cárcel. Dentro de las manifestaciones de apoyo que se van a realizar previo al citado juicio, está entre otras, la concentración que realizaremos el día 11 de enero en la puerta de la fábrica de Getafe a las 10.00 horas de la mañana, en la Puerta Norte de la fábrica de Airbus (Avenida John Lennon, s/n, Getafe).

Marcha a Teixeiro

La otra Memoria Histórica: La Cabalgata de Hortaleza

¿Pero es que nadie va a pensar en los niños? parecen berrear estos días voceros y plumillas de la caverna, cual inefables personajes de Los Simpson. Y todo porque en la Cabalgata de Reyes organizada por el Ayuntamiento de Madrid habrá reina maga. La mejor respuesta posible a esta gente ha venido desde otro de los ayuntamientos del cambio, el valenciano, con su Cabalgata Republicana, con las magas Libertad, Igualdad y Fraternidad al frente. 

¡Claro que alguien va a pensar en los niños! Pero no sois vosotros. Son sus familias y su comunidad. Porque al margen de lo que pueda parecer simplemente una pataleta más de la derecha (el nivel intelectual del facherío patrio parece no tener límite, para muestra este botón), no sólo es eso. Mucho está en juego, también con la Navidad. No es lo mismo que estas fiestas sean una oportunidad de celebrar en comunidad, siendo niñas y niños protagonistas directos de la fiesta, o que pasen a ser, familias y chavalería, receptores pasivos de publicidad, afianzando la relación entre Navidad y consumismo que tanto parece agradar a los "defensores" de la familia y la tradición.

A continuación reproducimos el artículo Cabalgatas y luchas vecinales aparecido en eldiario.es en enero de 2013, que refleja la lucha de los vecinos de Hortaleza por su Cabalgata contra el Ayuntamiento de Madrid en tiempos de Vampirín.

Los vecinos de Hortaleza, en lucha por su cabalgata participativa. Foto: cabalgatadehortaleza.org

Déjenme que les cuente una historia de los Reyes Magos y de mi barrio, que puede parecer menor en comparación con todo lo que tenemos encima, pero que quizás sirva para entender cómo hemos llegado hasta aquí, y hasta tiene moraleja aprovechable para los tiempos venideros.

Mi barrio es Hortaleza, en el noreste de Madrid, un antiguo pueblo absorbido por la capital, con larga tradición de movimiento vecinal participativo y reivindicativo, y un fuerte tejido asociativo. En 1979 los vecinos decidieron organizar una cabalgata de Reyes, para que los niños pudieran ver a Sus Majestades de Oriente por su barrio. Fíjense en la fecha, que no es cualquiera: 1979, cuando el empujón político y social de la Transición está en su momento más alto, cuando los ciudadanos van perdiendo el miedo, antes de que el golpe de Estado de 1981 mande parar, y antes de que el PSOE, ya en el poder, se aplique en descabezar y desmovilizar el movimiento vecinal que tan importante fue en el final de la dictadura.

Durante tres décadas todo transcurre sin sobresaltos, cada 5 de enero Melchor, Gaspar y Baltasar desfilan por el barrio. En ese tiempo va cambiando el paisaje y sobre todo el paisanaje de Hortaleza: su población crece a gran velocidad, se urbaniza hasta el último trozo de campo, se construyen miles de viviendas, muchas de ellas de precios elevados que cambian la composición socioeconómica del viejo barrio obrero. Pese a ello, el asociacionismo se mantiene fuerte, y los vecinos de Hortaleza encabezan muchas luchas por mejorar su barrio, y se suman a otras de ámbito mayor.

Hasta que llega 2007, y el ayuntamiento decide que ya vale de cabalgata popular: la siguiente edición, la de 2008, la ilusión de los niños quedará en manos de profesionales, que el distrito se merece una cabalgata de calidad, que las carrozas de los vecinos tienen su gracia pero son cutrecillas, se ve mucho el celofán y el cartón bajo el espumillón. Una vez más fíjense en la fecha: 2007, cuando las dos burbujas, la financiera mundial y la inmobiliaria española, están a punto de caramelo, la crisis se ve venir en forma de avalancha, pero seguimos mirando para otra parte y llevados por la inercia de los buenos tiempos.

Así que los gobernantes municipales deciden hacerse cargo de la cabalgata, pero para privatizarla: en 2008 será organizada por una empresa, y cambiará su recorrido, dejará de circular por las zonas populares del distrito (por ejemplo la UVA, grupo de viviendas de realojo de los sesenta), y a cambio rodeará un gran centro comercial, que casualmente patrocinará el desfile.

Pero como en Hortaleza somos de ideas fijas, los vecinos no nos conformamos con asistir de espectadores a una cabalgata que seguramente sería más vistosa, más espectacular, no se notarían el celofán ni la barba postiza de los Reyes; pero no sería nuestra cabalgata, aquella donde las asociaciones preparaban durante semanas las carrozas, que servía para construir comunidad, donde los niños tenían un papel central, y que además recorría las zonas más humildes.

Así que, en un gesto de desobediencia que se une a las muchas insumisiones que ha conocido este barrio, decidimos seguir con nuestra cabalgata por nuestra cuenta, con nuestro recorrido y nuestros medios. Y sin ninguna ayuda municipal: al contrario, durante varios años el ayuntamiento se dedicó a poner zancadillas a los vecinos, cambiando la fecha y el recorrido a última hora para no quitar protagonismo a su cabalgata privatizada, y saboteando en todo lo posible el trabajo vecinal.

Hasta que, tras cuatro años de pulso, llega la pasada edición, la de 2012, y el ayuntamiento suspende la cabalgata “oficial”, la patrocinada y privatizada que rodeaba el centro comercial, al tiempo que cancela la mayoría de cabalgatas de distrito, y suprime las ayudas que daba a los organizadores. La tijera de los recortes no entiende de ilusión, y si algún niño quiere ver a los Reyes Magos, que se vaya a la Castellana y disfrute la cabalgata central, esta sí montada por profesionales, sin participación ciudadana, y adornada por los logos de sus patrocinadores: Mastercard, El Corte Inglés, Movistar, Vodafone, Samsung o Universal, entre otros traficantes de ilusión.

Y sin embargo, los niños de Hortaleza recibirán también este año la visita de los Reyes Magos, porque los vecinos nunca tiramos la toalla: tras ganar el pulso al ayuntamiento, seguimos montando nuestra cabalgata, la de toda la vida, y que vuelve a ser la única del barrio, hecha con el esfuerzo de muchos y sin ayudas municipales, con la aportación económica de vecinos y comerciantes.

Ahí tienen la moraleja, por si les sirve: la tortuga vecinal derrotó a la liebre del ayuntamiento y sus patrocinadores, y si hoy los niños de Hortaleza tienen cabalgata es porque sus mayores la peleamos, nos apropiamos de ella, resistimos presiones y cantos de sirena, nos mantuvimos íntegros cuando lo cómodo era ver pasar la carroza con el logo del hipermercado, denunciamos a los privatizadores, funcionamos de manera autónoma, participativa, horizontal, democrática; en definitiva, tomamos el control de lo nuestro, lo de todos, lo público. Y hemos ganado.

¿Podemos sacar alguna lección para otras luchas? Yo creo que sí. Evidentemente no tiene la misma dimensión pelear por la cabalgata que resistir el desmantelamiento de la educación pública o la privatización sanitaria, no se trata de comparar, pues ni el esfuerzo ni los adversarios son equiparables en unos casos y otros. Pero al final el fondo es el mismo, y la estrategia a seguir es idéntica: resistir, denunciar, desobedecer, organizarnos, construir comunidad, tomar el control.

Les he contado la de Hortaleza, porque es la mía y porque su historia es larga. Pero no es la única que saldrá mañana en Madrid gracias a la resistencia de sus vecinos. También lo harán en Butarque-Villaverde y Carabanchel, barrios hermanados con el mío en tantas luchas recientes.

También en esos casos el ayuntamiento ha puesto todas las zancadillas que ha podido, hasta impedirles en el último momento que salgan el sábado, cosa que finalmente han conseguido solicitando permiso a la Delegación del Gobierno, que no está para autorizar cabalgatas sino manifestaciones. Otra buena metáfora de lo que vivimos, y que no se agota ahí: en el caso de Carabanchel, además, el rey Baltasar está encerrado en un CIE para ser expulsado a su país, prueba de que ni la ilusión de los niños está a salvo de este tiempo terrible.

Si están en Madrid y tienen niños, les invito a traerlos mañana a las cabalgatas de Hortaleza, Butarque-Villaverde o Carabanchel. Que desde pequeño aprendan que, en esto como en otras cosas, sí se puede