Las familias de acogida exigen al Consell una politica eficaz para los menores tutelados

Las familias de acogida de la Comunidad Valenciana continúan reclamando un mayor apoyo por parte de la Generalitat para mejorar la situación de los menores que tienen a su cargo.
En enero del año pasado se constituyó la Plataforma en Defensa del Acogimiento Familiar en la Comunidad Valencia (PDAFCV) para reclamar una «profunda reforma» del sistema de protección que se adecúe y adapte a las necesidades de este colectivo.

Entre sus exigencias al Consell se encuentra la de impulsar una «política eficaz» para los menores tutelados y denuncian que «las necesidades del colectivo superan el apoyo concedido por la Generalitat, teniendo en cuenta que éstos han experimentado un gran sufrimiento para su corta edad y, por ello, su dependencia no permite que sus tutores prolonguen el debate en exceso sobre la reorganización del sistema de protección valenciano».

La aplicación de «medidas erróneas» por parte de los anteriores gobiernos autonómicos, indican, acabó derivando en la «privatización de gran parte de los recursos relacionados con el sistema de protección, justificada en base a un ahorro de costes».

Sin embargo, en su opinión, la realidad ha sido bien distinta, ya que «lo que de verdad ha primado para el Consell es cómo algunas empresas gestionan los recursos relacionados con el sistema de protección de menores, sin aplicar ningún control administrativo y obteniendo sustanciales beneficios, perjudicando mucho a un modelo que tiene drandes necesidades para continuar con su labor social».

En este sentido, piden que se dote a las direcciones territoriales de más recursos humanos y materiales, además de que los recursos gestionados por las empresas privadas, centros de protección, puntos de encuentro o entidades de seguimiento vuelvan bajo control de la Administración valenciana «o en su defecto, que se realice un control exhaustivo del funcionamiento, contratación y gestión de esos recursos a empresas o personal especializado ante la poca eficacia del modelo privado».

Los menores tutelados, destacan, requieren programas de emancipación una vez alcanzan la mayoría de edad, ya que en su reinserción social se ven abocados a la marginalidad, delincuencia y pobreza extrema tras un plan de inversión pública, cuyo objetivo es canalizar su formación y manutención en su primer ciclo de vida. Por ello, consideran que «es necesario dotar de fondos a las familias de acogida para garantizar la continuidad de su desarrollo personal».

En la Comunidad Valenciana existen casi 4.000 menores tutelados por la Administración autonómica. Son niños que han sido apartados de sus familias biológicas por sufrir malos tratos, abusos sexuales o falta de cuidado y otros que han sido abandonados por sus padres algunos de ellos nada más nacer.

Unos 1.105 de ellos residen en centros de protección y el resto en familia extensa y/o educadora. Las familias extensas son miembros de la familia biológica del menor que se ocupan de su cuidado. Las familias educadoras son familias que voluntariamente se ofrecen a la administrador para cuidar y educar a los menores ofreciendo a estos la posibilidad de crecer en familia. En la Comunidad hay casi 550 menores tutelados que viven con familias educadoras y el resto, unos 2.300, con familia extensa.

                                                                                                                                                         ABC