No, no hablamos de esas piadosas almas escandalizadas por una obra de títeres e indignadas por el vestuario de los reyes magos. Estamos hablando en serio. Desde hace años numerosos colectivos sociales están denunciando que los sistemas de protección y reforma de menores son obsoletos, crueles y más centrado en el negocio privado que en la atención de los menores. Pero desde nuestras instituciones democráticas la respuesta ha sido nula, por parte de los gobiernos y por parte de las oposiciones (salvo honrosas excepciones, y casi siempre vinculadas a algún escándalo concreto). Sin embargo el pueblo ha empezado a empoderarse, y las voces de la calle están empezando a estar presentes en las instituciones.
Saludamos con entusiasmo la propuesta de IU Aragón, que ha exigido la revisión integral del Sistema de Protección y Reforma de Menores. La situación denunciada es perfectamente extrapolable al conjunto del estado. Es necesario y urgente repensar la atención a menores (y los servicios sociales en general), tanto su praxis como sus ciminetos filosóficos. Porque la nueva Ley de protección a la infancia y la adolescencia no resuelve los graves problemas existentes. Un aspecto esencial en esta revisión debe ser la exclusión del lucro empresarial de la ecuación. Si no echamos a las empresas, nunca el interés superior del menor será la prioridad.
Exigimos la revisión integral del Sistema de Protección y Reforma de Menores
Las razones que impulsan a IU a reclamar al Gobierno de Aragón esta reforma es que “el sistema vigente está caduco” y a esto se une que en 2016 finaliza el acuerdo marco firmado por el anterior Ejecutivo, PP-PAR y que, según ha denunciado Lafuente, “abrió la puerta a la privatización y al negocio, adjudicando contratos de gestión a las empresas que presentan la oferta más económica, sin valorar ni puntuar el proyecto educativo”.
“Este acuerdo tenía contenidos catastróficos”, ha continuado para denunciar “el colapso de los centros y la situación de las y los profesionales que no pueden abordar todos los expedientes ni dar una salida adecuada a las necesidades de cada uno porque no hay recursos suficientes”.
Paloma Lafuente ha criticado “el negocio” de los servicios de atención a menores, afirmando que no se debe adjudicar el contrato de gestión a la empresa que presente la oferta más económica y que el proyecto educativo no sea puntuado.
“Además, el cambio en el perfil de las y los menores con riesgo de desprotección y exclusión social en la actualidad provoca un cambio en las necesidades de atención requeridas”, ha señalado Lafuente para advertir que “el plan de infancia y adolescencia 2010-2014 no ha sido evaluado ni hay constancia de que se esté confeccionando uno nuevo.
Cabe recordar que el Gobierno de Aragón es el máximo responsable del bienestar de las y los menores que tutela y debe atender todas sus necesidades. “Pongámonos manos a la obra, veamos lo que falla y qué necesidades hay que cubrir”, ha enfatizado Lafuente criticando el “parcheo” que a su juicio se está realizando.
Por su parte, la portavoz de IU, Patricia Luquin, ha desgranado en su comparecencia las propuestas incluidas en la iniciativa. Así, a través de una PNL, Izquierda Unida exige al Gobierno de Aragón que convoque en un plazo no superior a 6 meses una mesa de trabajo en la que, además de la Administración y el Departamento competente, participen profesionales del ámbito, colectivos y asociaciones implicadas y en la que se aborde un Plan de Intervención que revise y adapte el sistema actual de Protección de Menores teniendo en cuenta, al menos, elementos como el análisis de la realidad y necesidades actuales, revisión y adaptación de los protocolos existentes y dotación de recursos necesarios para la ejecución óptima de dicho Plan.
En su segundo punto, IU reclama la convocatoria de otra mesa, con los requisitos anteriores y en el mismo plazo de 6 meses, pero con el cometido de abordar una Estrategia de intervención que revise y adapte el sistema actual de Actuación Educativa con Menores sujetos a medidas Judiciales.
“No estamos hablando de seguros de coches, sino de menores” ha señalado Luquin en relación con las empresas que, “sin ningún tipo de trayectoria a la hora de trabajar con menores, están entrando a gestionar los servicios esenciales”. “Y esto pasa- ha continuado- porque solo se tiene en cuenta el precio más bajo y no el proyecto educativo, tal y como ha pasado, por ejemplo, en el conflicto del Centro de Orientación y Acogida (COA) de Zaragoza”.