Centros de menores terapéuticos y la psiquiatrización de la infancia

Desde el ciclo "A vueltas con la salud mental" volvemos a retomar las actividades con miras a posibilitar otras miradas al dolor psíquico, otras maneras de acompañarlo, así como de animar a que surjan proyectos e iniciativas prácticas inspiradas por dichas experiencias, debates y encuentros que tenemos.

La próxima actividad será de nuevo en el centro social autogestionado/librería La Libre (Rampa de Sotileza nº1 Santander). El viernes 17 de febrero tendremos el gusto de contar con la presencia de miembros del colectivo No a O belén. A través de la práctica en primera persona, tanto en centros de menores, como en el ámbito educativo, nos contarán su experiencia;

El modelo de privación de libertad de menores "conflictivos" (ya sea en centros de reforma o en centros de protección terapéuticos) responde a la gestión de los problemas sociales bajo el capitalismo, basada en la criminalización y/o psiquiatrización.  A las consecuencias de este enfoque liberal se añaden los efectos de la privatización de los servicios sociales y socio-sanitarios, que afectan gravemente a personas usuarias y profesionales, y que llevan a convertir los centros de menores en un lucrativo negocio. Empresas como O´Belen, Ginso o Diagrama reciben más de 5.000 euros de media al mes por cada plaza concertada con las Comunidades Autónomas en los centros que gestionan. Criminalizar y psiquiatrizar a la población afectada por los problemas sociales tiene una finalidad política: eliminar la responsabilidad de la estructura e individualizar el problema: “la sociedad funciona bien, tú eres la defectuosa/el inadaptado/el delincuente/la enferma”.

La Libre

¡La Rosa en lucha!¡Basta de exolotación en ASISPA!

EL AYUNTAMIENTO DE AHORA MADRID DEBE ESTAR JUNTO A LOS TRABAJADORES

 

Tanto las personas usuarias como las trabajadoras y los trabajadores del Centro Abierto La Rosa (de la red municipal de atención a personas sin hogar del Ayuntamiento de Madrid) llevamos años sufriendo la nefasta gestión de la empresa ASISPA.

 

Las malas condiciones de las instalaciones y la cicatería de medios materiales son el pan nuestro de cada día. A lo que hay que sumar los contratos precarios de la plantilla (situación más grave aún en los servicios subcontratados por la empresa, donde las compañeras y los compañeros perciben el salario mínimo interprofesional e incluso tienen contratos fraudulentos).

 

ASISPA se niega a aplicar el Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social, en vigor ¡desde 2015! Además la política de personal de la empresa supone que vivamos en un continuo conflicto laboral: despidos injustificados y sólo entendibles como actos de represión (que además han costado miles de euros en indemnizaciones, en un servicio financiado con dinero público), trabas para disfrutar de los días de asuntos propios, para devolver turnos compensatorios (cursos, asistencia a la mutua…) o para disfrutar de las licencias por enfermedad de familiar, se niega a considerar las reuniones de equipo como tiempo efectivo de trabajo, la Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud es un paripé, etc.

 

Por desgracia, la situación de La Rosa no es un caso aislado, sino paradigmático. La Intervención Social, a pesar de estar financiada por las distintas administraciones públicas, se encuentra privatizada casi en su totalidad (el 78% de las profesionales prestamos nuestros servicios a través del sector privado). Las empresas del sector (muchas de ellas disfrazadas de entidades sin ánimo de lucro, con sus correspondientes exenciones fiscales) llevan décadas actuando como si los Servicios Sociales fueran su cortijo. Y en la práctica así es. No se cumplen los pliegos contratados con la administración, muchas empresas se niegan todavía a aplicar el Convenio de Acción e Intervención Social, la Prevención de Riesgos Laborales y la Formación Continua del personal suelen ser una tomadura de pelo...como es de esperar cuando lo único que importa es el lucro económico. De hecho, nuestras condiciones laborales precarias (parcialidad y temporalidad en las contrataciones, sueldos un 28% por debajo del sueldo medio) son un ejemplo más de discriminación de género, al ser la Intervención Social un sector fuertemente feminizado.

 

Es la hora del cambio

 

El próximo 31 de mayo finaliza el actual contrato de gestión del centro. Situación ante la que solicitamos amparo al Ayuntamiento de Madrid (porque tras décadas de gobiernos de la derecha, cuyas consecuencias seguimos padeciendo, por fin es NUESTRO Ayuntamiento). Por eso solicitamos al Ayuntamiento que ASISPA no siga al frente de la gestión del centro y la participación de la plantilla en la elaboración de los nuevos pliegos. Como Ahora Madrid, defendemos la máxima transparencia en nuestras instituciones, y la necesidad de una participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones.

Dichos pliegos deben incluir la necesidad de aplicación del Convenio de Acción e Intervención Social, especificando la categoría profesional de cada puesto para evitar argucias de las empresas (por ejemplo reconociendo la pertenencia al Grupo Profesional 2 de las y los Auxiliares de Servicios Sociales). A su vez, se debe garantizar la subrogación de toda la plantilla (también del personal subcontratado) e incluir cláusulas sociales que garanticen tanto una atención adecuada como que los empleos creados con dinero público son estables y de calidad.

 

Consideramos que la participación activa de las trabajadoras y los trabajadores en la elaboración de los pliegos de gestión de los diferentes servicios públicos y en el seguimiento del cumplimiento de los mismos, es clave para poner coto a la corrupción generalizada en las contrataciones públicas. Además, ¿quién conoce mejor las necesidades de un servicio que quien lo presta?

 

Estamos convencidos de que la única manera de garantizar unos servicios públicos de calidad y unas condiciones laborales dignas es a través de su gestión directa. Por eso defendemos el programa electoral de Ahora Madrid. Y por eso la plantilla del Centro Abierto La Rosa solicitamos a nuestro Ayuntamiento el establecimiento de una hoja de ruta hacia la municipalización del servicio, para lo que nos ponemos a la entera disposición de las compañeras y los compañeros que tienen responsabilidades de gobierno en Madrid.

 

¡POR UNA INTERVENCIÓN SOCIAL PÚBLICA Y DE CALIDAD!

¡POR UNAS CONDICIONES LABORALES DIGNAS¡

¡SOMOS UN DERECHO, NO UN NEGOCIO!

 

La Rosa en Lucha

La Otra Memoria Histórica. La Casa de Blas Infante

LUGARES CON MEMORIA: LA CASA DE BLAS INFANTE

Una visita indispensable es la casa de Blas Infante situada en Coria del Río (Sevilla), en su interior, una de las salas está dedicada a todas aquellas personas represaliadas durante el franquismo en Andalucía.

En 1931 Blas Infante construyó esta casa en Coria del Río (Sevilla), él mismo la diseñó y la hizo recreando todo aquello que representa la historia de Andalucía, la casa es conocida como la Casa de la Alegría. Su fachada nos recordará a una casa de estilo musulmán por su decoración y el ladrillo desnudo, muy típico de las edificaciones musulmanas.
En cuanto a su interior todo está inspirado en Andalucía y su historia. Si entramos Blas Infante conseguirá darnos un breve resumen por la peculiar historia andaluza, su diversidad étnica, e incluso nos mostrará su flora en los jardines donde utilizó exclusivamente especies andaluzas.

La sala de la Memoria

Blas Infante fue el principal precursor de la idea de una Andalucía autodeterminada, unida al resto de territorios como una federación, idea que desde la Junta de Andalucía se niega. Debido a esto cuando se produjo el Golpe de Estado los franquistas le apresaron y fusilaron.
Por ello, su casa fue declarada como lugar de la Memoria. En la sala que da a la puerta por la que le sacaron en 1936 se ha colocado una exhibición permanente donde se da memoria a la población andaluza que sufrió las represión del franquismo.
Un bello lugar que todo andaluz y aquel que quiera saber sobre mi Comunidad debe visitar.

Recuperando Memoria

Indignación en Mazarrón con las monjas

“El destino de la finca donada será el de Hospital-Asilo para pobres, ancianos y necesitados”. Así reza la segunda cláusula de la escritura de donación que el Obispado de Cartagena otorgó a la Congregación de Franciscanas de la Purísima, en 1982, de lo que era conocido como el Asilo de Mazarrón.

Sin que los vecinos de Mazarrón fueran conscientes, en aquel momento se cerraba una etapa de trabajo y esfuerzo colectivo que había empezado en 1889 con el proyecto del doctor Filomeno Hostench: la creación de un Hospital de Caridad, un establecimiento benéfico que pudiera atender a vecinos, transeúntes y trabajadores del distrito minero de Mazarrón.

Con el paso de los años el hospital pasó a convertirse en Hospital Asilo y fueron numerosas las peticiones de ayuda para su sostenimiento que encontraron eco en vecinos de dentro y fuera de Mazarrón. Muchos de estos vecinos rememoran aún las tómbolas y campañas que organizaron y aún guardan recibos de las limosnas realizadas. Todo este esfuerzo permitió que se mejoraran las instalaciones para que el edificio pudiera seguir asistiendo a ancianos de pocos recursos.

Pero desde hace unos pocos años los vecinos de Mazarrón tomaron conciencia de que su asilo, ahora residencia de ancianos, era una institución privada con una actividad comercial cada vez más exigente a la hora de admitir el ingreso de ancianos. Ancianos, sí, pero pobres y necesitados en ningún caso.

Lo que comenzó a preocupar a los vecinos no fue solo la no admisión de algunos candidatos, que tuvieron que buscar opciones de ingreso en residencias de otros municipios, sino también las denuncias sobre el trato despectivo a algunos ancianos y el enfrentamiento a familiares que exigían mejores cuidados y más transparencia en la gestión económica.

Un negocio para las Franciscanas

Pese a que el Ayuntamiento de Mazarrón se hace cargo de los gastos de luz, agua y teléfono, los ancianos deben pagar el servicio telefónico de requerirlo y entre las exigencias detalladas en los formularios de solicitud de ingreso se incluye la del testamento del solicitante. La congregación que regenta la residencia de manera privada recibe también la ayuda de la Cruz Roja y el Banco de Alimentos.

Los mazarroneros lo tienen claro. Han solicitado incluso asistencia legal, pues la cláusula segunda por la que el Obispado hizo donación del Asilo no se está cumpliendo y por lo tanto la Diócesis, como donante, podría reclamar lo donado. Sin embargo el Obispado les ha dado la callada por respuesta cada vez que han solicitado su ayuda. Ni siquiera la congregación que gestiona la residencia, la misma que regentó el Hospital murciano de San Carlos -ahora hospital privado por el que reciben un sustancioso alquiler- se avino a razones cuando los vecinos solicitaron que se recuperara la actividad caritativa de la residencia.

La indignación de los vecinos ha sido acallada en numerosas ocasiones desde la propia Diócesis, que colabora con la Congregación, y desde ciertos ámbitos y medios de prensa locales, que han dado voz a las monjas en su cruzada por silenciar las voces críticas de la población por su comportamiento y actitud.

Indignación y vergüenza en los mazarroneros

Multitud de anónimos han recorrido las calles de Mazarrón denunciando comportamientos de lesa humanidad con los ancianos, como el de una residente que falleció encerrada en su habitación por no permitir las monjas a ningún familiar que la acompañara en sus últimas horas.  Los vecinos reclaman que lo que construyeron entre todos no sea una residencia privada más de alto standing. La indignación y el enfado han tenido consecuencias progresivas en la falta de apoyo de los vecinos a su parroquia, que se encuentra en dificultades para poder acometer la restauración de uno de sus templos.

La palabra que recorre cualquier rincón de Mazarrón es una: vergüenza. Vergüenza por el maltrato a algunos ancianos, vergüenza por lo que consideran un robo, vergüenza porque se sienten traicionados por una Iglesia a la que dieron muchas horas y esfuerzo en nombre de la caridad, tantas veces esgrimida en anuncios y campañas que reclaman a sus feligreses una cooperación creciente.

El último movimiento de la congregación ha sido el de subcontratar los servicios de asistencia a los ancianos, ya que ha dejado de encargarse de la contratación de personal. Personal que también asiste en todo a la propia comunidad de religiosas de la residencia y que también habría sido presionado en ocasiones para no evidenciar irregularidades. Los vecinos comienzan a temer que pronto la residencia pueda pasar a otras manos, sepultando aún más la cálida relación que los mazarroneros siempre tuvieron con los residentes, con quienes solían compartir días de fiesta y convivencia, truncados en los últimos años por la actitud autoritaria y desafiante de la congregación, que habría convertido la institución en algo más parecido a una prisión.

Una congregación con viviendas y casas de veraneo en Mazarrón

Como ha ocurrido con otras congregaciones, la de Franciscanas de la Purísima, que comenzó su andadura al servicio de los necesitados, ha visto incrementado su patrimonio de una manera exponencial. En el caso de Mazarrón cuentan con viviendas y casas de veraneo, pero a lo largo y ancho de la geografía peninsular son numerosas sus propiedades, muchas de ellas conseguidas a través de donaciones testamentarias. Sin embargo, lo que comenzaron siendo proyectos de caridad, han terminado, en muchos casos, convirtiéndose en negocios muy lucrativos, en una suerte de privatización del esfuerzo colectivo en nombre de la ayuda y servicio a los más vulnerables. 

La Crónica

La Marea Turquesa sigue creciendo

La Marea Turquesa sigue denunciando las injusticias del sistema de protección de menores y el negocio que supone para la patronal de "lo social". Interviu ha recogido la lucha de las Madres coraje contra los servicios sociales

Escucha la entrevista a Rosa Gómez, en Nueva Revolución

Cuando la víctima es neonazi

Recuerdo que fue una noche de agosto, y que yo debía tener por aquel entonces unos veinte años. Eramos cuatro amigos que volvían a casa después de una noche de fiesta cualquiera, de la que una vez más regresábamos muy bebidos y sin habernos comido una rosca. No nos importaba. Ni eso ni la caminata que nos quedaba. Éramos felices, con esa felicidad arrogante de la juventud que te hace sentir invencible por saber que tienes todo el futuro por delante, y por lo tanto cualquier sueño es todavía posible. De repente, sin embargo, algo vino a trastocarlo todo, cuando entre las sombras, un grupo que nos superaba ampliamente en número, comenzó a atacarnos con violencia. Todo sucedió muy rápido y sin provocación previa. Los agresores, que casi tenían más miedo que nosotros, compensaban su cobardía con bates de béisbol y puños americanos que nos hicieron caer, recibiendo una brutal paliza durante varios minutos que se nos hicieron interminables. Al acabar, no dudamos sobre lo ocurrido. Habíamos sido víctimas de una cacería, que es como llaman a sus hazañas los grupos neonazis.

En realidad eso de los neonazis era raro para nosotros, y aunque habíamos oído hablar mucho de ellos, nunca fuimos realmente conscientes de su existencia  hasta ese día. Fachas en Sevilla había, y muchos, pero niñatos así sólo se encontraban en el campo del Betis, y eran tan ridículos que después del partido solían esconder su condición por miedo. Al llegar al hospital para solicitar el parte de lesiones, el médico de urgencias que nos atendió nos sacó de nuestro error. Al parecer esas agresiones eran comunes en Sevilla, sólo que no salían nunca a la luz. Días después, solicité a la policía a través de un concejal la grabación de la agresión, pues ésta había sucedido frente a una oficina bancaria. Para mi sorpresa, un alto cargo policial se aprestó a hablar conmigo, aconsejándome que dejara correr el asunto, pues según él, entre los atacantes que había logrado identificar se encontraban hijos de gente influyente, y eso iba a alargar el proceso demasiado tiempo. Yo, que entonces era demasiado joven para dudar de la palabra de un agente -y muy perezoso para embarcarme en una aventura judicial-, seguí el consejo, aunque muchos años después sigo dudando sobre si en realidad aquel policía no estaba intentando salvar a los agresores.

Estoy seguro de que la connivencia entre grupos ultraderechistas y algunos miembros de los cuerpos de seguridad del estado no es algo que salga de mi imaginación. No quiero por supuesto afirmar que los policías españoles sean neonazis, pero sí que es cierto que estos grupos desde siempre han sentido interés en entrar en esta profesión, una profesión que tiene el monopolio legal de la violencia, y que por lo tanto resulta tremendamente atractiva para estos personajes. En un país en el que la policía franquista no fue depurada al llegar la democracia, podía entenderse que esto fuese normal durante los años de la Transición, pero el caso es que todavía hoy existen muchas las evidencias de lazos entre neonazis y policías en todo el estado. No hablo solamente de que se haya descubierto a antidisturbios portando simbología ultra, o a que un famoso periodista infiltrado entre neonazis fuese delatado por un alto cargo policial. No. De lo que hablo aquí es de algo mucho más sencillo, y es la impunidad de la que gozan ciertos elementos ultraderechistas, que pese a estar más que fichados siguen haciendo sus fechorías a la luz pública, sin que a nadie parezca importarle.

Sólo en mi experiencia personal, aparte de lo narrado, tengo a un amigo al que golpearon brutalmente en la grada sur del campo del Betis. Este hombre, que tardó meses en recuperarse de la salvajada que le hicieron, identificó y denunció a sus agresores, sin que nadie nunca detuviera a ninguno de ellos. Poco después supe que mi amigo no era el único al que le había ocurrido una experiencia similar en ese estadio, aunque el club y las autoridades se empeñan sistemáticamente en ocultarlo. Esto lo hacen a pesar de que la cuestión no es ni mucho menos baladí, y si bien es verdad que afortunadamente son pocos los jóvenes que se ven atraídos por esta ideología criminal, el daño que han causado es mucho. Millares de agresiones y más de medio centenar de muertos dan fe de lo que escribo, pero parece que esto no ha sido suficiente para que alguien tome cartas en el asunto. Siempre hubo víctimas de primera y de segunda desde luego. Nadie habla hoy de Guillen Agulló al que a los neonazis no bastó con asesinar, sino que siguieron décadas acosando a su familia; tampoco parece importar Aitor Zabaleta al que el Frente Atlético sigue insultando en cada partido; ni por supuesto Sonia Rescalvo, la mujer transexual brutalmente asesinada por un grupo de skins… Resulta curioso comprobarlo, pero todo rastro de esos crímenes se pierde en los medios rápidamente, e incluso a veces se oculta, como el dato que casi nadie ha publicado sobre la ideología ultraderechista del hombre que mató a dos guardias rurales en Lleida hace pocos días.

En contraste a este sospechoso silencio, el pasado fin de semana toda España conoció de la agresión sufrida por una chica a las puertas de un bar en Murcia. Las imágenes, ciertamente reprochables, se han difundido hasta el infinito y han servido para criminalizar a toda la izquierda, pues esta vez resultó que la víctima era una conocida militante neonazi de la ciudad levantina. Los distintos medios -que en la mayoría de los casos obviaron ese dato-, advirtieron falsamente que la víctima lo había sido por llevar un brazalete con la bandera de España. Si en vez de limitarse a crear una historia simplista, los periodistas hubiesen cumplido con su obligación deontológica, tal vez hubieran descubierto que la mujer agredida, apodada como “La Intocable” es una persona muy conocida por la Brigada Provincial de Información, ya que ha protagonizado supuestamente un sinfín de incidentes violentos, que según varios testigos incluyen agresiones a personas inmigrantes y LGTBI. Espero que nadie me malinterprete. Estoy en contra de la violencia, y no es mi intención justificar la agresión de una decena de personas a una mujer, aunque siento reconocer que aún condenando la acción, no voy a sentir pena por alguien que ha recibido lo que tantas veces ha dado gratuitamente a otros por su condición sexual, étnica o política.

En un estado de derecho en todo caso, nuestras simpatías o antipatías hacia determinadas personas o ideologías no deberían ser tenidas en cuenta. Estoy de acuerdo con el propio abogado de “La Intocable”, quien a pesar de haber reconocido la oscura trayectoria de su representada, ha advertido que nada puede justificar legalmente su linchamiento. No pongo en duda que la justicia y la policía haya actuado correctamente identificando y deteniendo a los agresores de esta mujer. Nada podría objetarse desde luego pues hicieron lo que debían, aunque cabe preguntarse si no estará habiendo de nuevo una doble vara de medir en la administración cuando agresiones como la sufrida por esta chica se dan cada fin de semana en toda España por parte de grupos ultras sin que casi nunca se detenga  a los violentos. Así, la ultraderecha campa a sus anchas mientras que para una vez que una de las suyas ha sido víctima y no verdugo, los agresores de ésta han sido encarcelados en unas pocas horas. Mientras, los falangistas que lincharon a Lagarder Danciu en una concentración fascista, se jactan de su paliza en las redes sociales sin miedo a ningún castigo. Llámenme mal pensado, pero no creo que se esté siendo ecuánime en estos casos. Algo falla. Y los beneficiarios son los de siempre. Los valedores de esa ideología criminal y asesina que es incompatible con la libertad. Cabría preguntarse por qué se les defiende.

Diario16

Desahucios en primera persona: una mirada de género

Publicamos, por su enorme valor,  la ponencia de la periodista y escritora Cristina Fallarás, actualmente directora de Diario16.

Nace la Coordinadora de Intervención Social de CCOO en Madrid

La Intervención Social, a pesar de depender económicamente de las distintas administraciones públicas, se encuentra casi en su totalidad en manos privadas. Tanto profesionales como personas usuarias sufrimos los efectos de la privatización: una atención asistencialista y en muchos casos cercana a la beneficencia, junto a una precariedad laboral extrema, con altas tasas de temporalidad y parcialidad en la contratación, y sueldos un 28% inferiores a la salario medio (todo ello una muestra más de la discriminación de género que sufrimos en nuestra sociedad, al ser éste un colectivo profesional fuertemente feminizado). Ante esta situación de precariedad, y debido a la fuerte atomización que sufrimos como colectivo (también en el plano sindical, estando dispersos entre las distintas federaciones de CCOO) surge la Coordinadora de Intervención Social de CCOO de Madrid, la cual nace para luchar por dos objetivos inmediatos:

• Aplicación del Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social. En vigor desde 2015, la gran mayoría de las empresas siguen negándose a aplicarlo, y las pocas que lo aplican lo hacen torticeramente, en detrimento de nuestras condiciones laborales.
• Mejorar los pliegos de condiciones en las licitaciones. Incorporación de cláusulas sociales, reconocimiento del convenio y de la subrogación y una adecuada dotación presupuestaria y de plantilla, para que se garantice el cumplimiento de los pliegos en todos sus aspectos.

Desde la Coordinadora de Intervención Social de CCOO de Madrid, consideramos que, en realidad, la única manera de garantizar unas condiciones dignas en el sector y una intervención social de calidad, no asistencialista y alejada de la caridad, es mediante la gestión directa de todos los recursos y servicios por las distintas administraciones. El lucro patronal y los intereses privados distorsionan en origen nuestra labor, por eso planteamos la necesidad de luchar por la gestión pública y directa de todos los servicios a la ciudadanía, y por la dignificación de sus profesionales.

PONENTES:

Berta Luxan. Secretaria general del Sector de Intervención Social de FSC-CCOO Madrid, delegada en ACCEM

Juan Manuel Villalón. Delegado por CCOO en CEAR

Daniel Reyes. Delegado por CCOO en ASISPA

Comunidad de Madrid elimina el servicio de Emergencia Social

Estas unidades móviles son equipos de profesionales de la intervención social que acuden in situ al lugar de la emergencia, 24 horas al día, 365 días al año, en toda la Comunidad de Madrid. Acuden a desahucios, violencia de género, asistencia de menores y mayores en situación de desamparo, personas sin hogar, así como a emergencias colectivas.

Cuando solo faltan siete días para la fecha de fin del contrato, la Comunidad de Madrid ha decidido no sacar a concurso público el servicio sin dar ninguna explicación, dejando a la plantilla en la calle y eliminado este servicio público, con la consiguiente pérdida de una prestación absolutamente necesaria para las personas en situaciones de riesgo cuando más necesaria es la intervención de los servicios de emergencia social.

CCOO viene denunciando reiteradamente los recortes en materia de intervención social y más concretamente en el servicio de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid. Para el sindicato es necesario que se prorrogue la prestación del servicio por parte de la empresa que garantice el mantenimiento del empleo, hasta que la Comunidad saque a concurso el servicio con unas garantías jurídicas y técnicas que permitan un servicio eficaz y de calidad.

 

CCOO

Acto: La situación en los centros de acogida de menores

La Generalitat se queda con la pensión de los huérfanos que tutela

Según la Sindicatura de Greuges, desde 2012, la Generalitat se queda la prestación de orfandad de los niños que viven en centros tutelados públicos, en vez de devolverles el dinero cuando salen del centro o son mayores de edad.

La cantidad suele fluctuar entre los 10 y 11 millones de euros anuales. La adjunta del síndico de infancia, Maria Jesús Larios, cree que se trata de un hecho discriminatorio, porque la tutela debe ser gratuita: "La pensión debe disfrutar aquel que es el titular. Y son los niños, que además son especialmente vulnerables. Y quien no tiene una prestación de orfandad no contribuye. Y si la familia supera los requisitos de capacidad económica tampoco contribuya. Por lo tanto, esto es una discriminación; unos están contribuyendo a la prestación del servicio y otros, no”.

El Síndic ha trasladado este problema a todos los grupos políticos, para cambiar la ley de infancia de 2010, que permite la retención de la pensión de estos menores.

Cadena Ser

 

La Otra Memoria Histórica. A 40 años del asesinato de Arturo Ruiz

Estos días se cumplen 40 años de una de las semanas más violentas de la Transición Española. La extrema derecha y gran parte de la jefatura del Ejército y la Policía eran contrarios a la legalización de los partidos, a la democratización, a que a los trabajadores y a los jóvenes se les dieran unos derechos sociales y democráticos. Siete personas murieron a manos de grupos de ultraderecha, muy ligados al aparato del Estado. También grupos terroristas de extrema izquierda realizaron secuestros, lo que hizo que la extrema derecha se movilizara para acabar con la respuesta popular de masas que se estaba dando contra el franquismo y por la democracia. En Recuperando Memoria recordaremos a lo largo de esta semana estos trágicos hechos. Hoy hablaremos de Arturo Ruiz, estudiante asesinado por la extrema derecha tal día como hoy en 1977.

Ese día había una manifestación por la amnistía. Aunque había salido ya muchos presos políticos (sobre todo del PCE) todavía quedaban muchos en las cárceles. La lucha se hacía necesaria. Se hicieron pintadas el día antes llamando a la movilización, incluso en el Arco de la Victoria franquista con consignas como «Amnistía Total. Las paredes no estarán limpias mien­tras las cárceles estén llenas».

La manifestación fue prohibida por el ministro de Gobernación, Martín Villa. El Gobernardo Civil de Madrid eran Juan José Rosón, que después será Ministro de Interior con UCD.

Miles de personas se manifiestan en la Plaza de España, a pesar de la prohibición. Entre ellos, Arturo Ruiz, estudiante de 19 años, que también trabajaba como albañil. La policía cargó en el primer momento. Las primeras cargas provocan la dispersión de algunos manifestantes por las peligrosas calles de Libreros, Silva, Tudes­cos.

En la confluencia de las calles de Silva y la Estrella, junto a la Gran Vía, espera un grupo de ultras. Un hombre con un abrigo loden verde dispara al aire para disolver a varios jóvenes manifestantes y, cuando és­tos huyen, otro de los fascistas le pide la pistola, la empuña con ambas manos y dispara por la espalda a Arturo Ruiz, que cae fulminado. La bala le atraviesa el pulmón y le destroza el corazón.

Herido de muerte, es retirado de la zona en ambulancia, mientras la policía deja escapar a los asesinos y carga contra los manifestantes que gritan indignados. Poco después, en el lugar donde ha caído Arturo, un grupo de jóvenes coloca varios ladrillos en círculo, alrededor de la sangre del muchacho muerto, y hacen una cruz con dos palos y una cuerda que les arrojan los vecinos de una casa cercana. Inmediatamente vuelven a intervenir los antidisturbios, que retiran los ladrillos, rompen la cruz y restriegan la sangre del suelo con sus botas.

El Gobierno Civil sacó dos notas oficiales en el mismo día sobre el tema. En la primera dice:

«A partir de las doce de la mañana de hoy distintos grupos intentaron concentrarse en torno a la plaza de España para acudir a una manifestación que había sido prohibida por el Gobierno Civil de Madrid sobre cuya circunstancias violentas se había advertido a través de los medios de comunicación. Ante la agresividad de muchos de tales grupos, que atacaron a las fuerzas de orden público con cócteles molotov, piedra y otros medios, la fuerza hubo de dar diversas cargas, utilizando los dispositivos antidisturbios y dispersando a los manifestantes por las calles inmediatas al lugar de la concentración.Sobre las doce y treinta horas se han tenido noticias de que en la, calle de La Estrella, junto a la de Silva, había resultado herido Arturo Ruiz Garcia, de diecinueve años de edad, participante en la manifestación. Fue trasladado a la Casa de Socorro del distrito Centro donde ingresó cadáver.»

Y en la segunda:

«Tras las diferentes declaraciones, se pueden reconstruir los hechos con bastante claridad: a las doce y veinticuatro minutos Arturo Ruiz García, estudiante de BUP, de diecinueve años, natural de Granada, y, sin antecedentes de ningún tipo, se encontraba en la calle de La Estrella, en compañía de una joven. Al parecer, habían tomado parte en la manifestación convocada en la plaza de España y desautorizada por el Gobierno Civil. A la hora citada, un hombre de 45 o cincuenta años de 1,65 o 70 de estatura, que vestía abrigo verde tipo Loden, mientras esgrimía un arma en su mano derecha y efectuaba gritos de Viva Cristo Rey, hizo un disparo al aire. Junto a él un segundo individuo más joven, que vestía cazadora a grandes cuadros, le arrebató el arma y efectuó a bocajarro dos disparos que hicieron blanco sobre el cuerpo del joven.»

Es decir, primero intentaron achacar el asesinato a la supuesta violencia policial de los estudiantes con la policía. Después, al verse que esa versión no se podía sostener, tuvieron que decir la verdad: que los pistoleros de Cristo Rey habían asesinado a Arturo Ruiz.

El hombre del loden verde es Jorge Cesarsky Goldstein, pistolero ar­gentino afincado en España desde los años sesenta, colaborador del SCOE, los servicios paralelos de información que organizó el coronel Blanco. Cesarsky es un nazi de origen judío. También se consigue identifi­car entre los miembros del grupo de asesinos de Arturo Ruiz a Ángel Sie­rra, otro conocido activista de extrema derecha. El autor material del dis­paro que acaba con la vida del joven manifestante es José Ignacio Fernández Guaza. Después de disparar, se retira de la zona y va a refugiar­se a las dependencias policiales de la calle de Rey Francisco, 21, sede del SCOE, adonde acude también Cesarsky tras la manifestación. Posterior­mente, Fernández Guaza huye de España. Recoge dos pistolas de su casa, precipitadamente, y viaja en coche hasta el País Vasco, por donde pasa a Francia. Antes de cruzar la frontera pide a su mujer, María del Carmen Chacón, que le envíe un giro a una dirección que, según se comprueba después, es la de un guardia civil, Juan García Cabrera. Fernández Guaza nunca será detenido.

Cesarsky es el único condenado por la muerte de Arturo. De los años a los que es condenado pasa sólo uno en prisión y, paradójicamen­te, sale en libertad beneficiándose de la amnistía que reivindicaba Arturo Ruiz cuando fue asesinado.

Una pena que la Ley de Amnistía haya perdonado a los franquistas y sigue manteniendo que personas como Arturo Ruiz y los presos políticos del franquismo siguen siendo considerados como “delincuentes”. Es necesario que se derogue esa ley y se castigue con justicia a los franquistas.

Recuperando Memoria

La Junta de Andalucía asfixia a las familias trabajadoras exigiendo la devolución de la Beca 6000

A lo largo de este curso académico, la Junta de Andalucía ha comenzado a  reclamar a decenas de jóvenes andaluces la devolución de la beca 6000 que solicitaron en el curso 2014/2015. La excusa con la que exigen la devolución de esta beca es haber superado el porcentaje de faltas permitido. Esto coloca a las familias que se ven obligadas a devolverla en una situación angustiosa.

 

El gobierno de Susana Díaz que defiende de palabra la educación pública no ha hecho otra cosa que atacarla aplicando los recortes de la misma forma que el gobierno central. Desde el año 2012 la Junta de Andalucía ha dejado la educación pública en una situación de emergencia total: con el despido de más de 5000 profesores, el aumento de horas lectivas del profesorado, no cubriendo las bajas al menos hasta un mes después de producirse, y rebajando el presupuesto para la beca 6000 en 15 millones. No contentos con este desastre, ahora reclama la devolución de esta beca a alumnos que han cumplido con los requisitos para que se les concediera, bajo la excusa de haber superado el 15% de faltas. 

 

A quien afecta la exigencia de devolución de esta beca es precisamente a los jóvenes de familias más humildes. Familias que solicitaron la beca porque les era completamente necesaria para pagar los estudios y que cumplían con todos los requisitos económicos y académicos para que se les concediera. Estas familias recibieron el dinero porque acreditaron ante la Junta que sin ella sus hijos no podrían continuar estudiando y dedicaron el importe de esa beca a cubrir los gastos de sus estudios. Pero a la Junta parece que todo esto le da igual y reclama ahora la devolución de un dinero que las familias ya han gastado y por tanto no pueden devolver.

 

Un porcentaje de faltas injusto que asfixia a los jóvenes con más dificultades

 

Desde el Sindicato de Estudiantes nos oponemos a que superar la barrera del 15% de faltas sirva de excusa para exigir la devolución de la beca. Este porcentaje supone una gran dificultad para los estudiantes de familias humildes que, muchas veces, tienen que compaginar los estudios con trabajo, ayudar en casa o cuidar a familiares enfermos o a niños pequeños. 

 

Resulta incomprensible que la Junta reclame la devolución de las becas ahora, después de dos años. Si el gobierno de Susana Díaz no tiene dinero para pagar las becas del próximo curso que lo saque de otro lado, de impuestos a los ricos, a los bancos o a la iglesia, pero no de asfixiar a las familias humildes que necesitan esa ayuda. Y más en una comunidad donde el paro y la precariedad laboral golpea con virulencia e impide a las familias garantizar unos estudios dignos a sus hijos por no poder pagarlos.

 

El gobierno deja sin becas a cientos de estudiantes en todo el Estado

 

La situación en el resto del estado no es muy diferente a la que vivimos en Andalucía. Los jóvenes que queremos seguir formándonos cada vez lo tenemos más difícil. Al aumento de las tasas en FP y en la Universidad se une la disminución del presupuesto para las becas a nivel estatal, que supone este curso la negación de cientos de becas por parte del Ministerio de Educación, que dependen del gobierno central, por motivos académicos (no alcanzar el 6,5 de nota media) y de patrimonio (tener más de 1700 euros de patrimonio, sin importar cuantas personas formen el núcleo familiar). Desde el Sindicato de Estudiantes exigimos al gobierno de Susana Diaz y al gobierno central que frenen los ataques a la educación pública. Queremos becas suficientes para que todos los jóvenes podamos estudiar, independientemente de la situación económica de nuestras familias. 

 

¡Basta de negarnos nuestro derecho a la formación y a la cultura!

¡Los hijos de la clase trabajadora queremos estudiar!

 ¡Todos a la huelga el 9 de marzo!

 

 

No a las "tarjetas sociales"

Tras la Conferencia de Presidentes Autonómicos que tuvo lugar el pasado martes 17 de enero, profesionales del Trabajo Social quedamos atónitos con la noticia: el Gobierno Estatal y los Gobiernos Autonómicos habrían pactado para crear la “Tarjeta Social”!!!!!!

O lo que será lo mismo, la “Tarjeta de los Pobres”, similar a las que se emitían en el siglo XIX para etiquetar y diferenciar a los llamados “pobres oficiales". En pleno siglo XXI damos una zancada hacia el pasado, volviendo a una nueva realidad alejada completamente de los derechos sociales, la dignidad y la justicia social.

Es por ello, que la Plataforma en Defensa del Trabajo Social en España no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo como una vez más se estigmatiza a las personas carentes de recursos. Pedimos la eliminación de las  tarjetas sociales, pedimos que no se las encasille y se las señale como pobres.

Pedimos justicia social y un Estado REAL de oportunidades y bienestar.
¡No a las tarjetas sociales!

Firma esta petición en change.org

La cara "carcelaria" de las casas de acogida a maltratadas

“Se dice que las casas de acogidas de todo el país son espacios creados para que les permita reflexionar sobre su situación personal y planificar su futuro, apoyarlas y reforzar su autoestima y la de sus hijos e hijas y para que encuentren los medios necesarios que posibiliten su independencia y autonomía de cara a su plena recuperación personal y su inserción sociolaboral. Pero la realidad es bien distinta”. Este testimonio es de Jessica Fillol, nacida en Sabadell en 1981 y bloguera profesional, lo cuenta con detalle en su página personal Y tendré yo la culpa si las cosas son así…

Perfecta muestra de ello son los vídeos que adelanta Diario16.com. En este trabajo elaborado por las integrantes de la asociación gallega Ve La Luz –que permanecieron en huelga de hambre en la Puertal del Sol durante la manifestación feminista del pasado 7-N y se enfrentaron cara a cara con la violencia machista que ejerció un grupo de padres que supuestamente pretendían defender de este modo el derecho a la custodia compartida– se pueden escuchar testimonios de mujeres supervivientes de la violencia machista que estuvieron residiendo en la casa de acogida de A Coruña y también de trabajadoras del mismo centro.

Los testimonios son estremecedores y destapan una realidad que hasta ahora pasaba completamente desapercibida por la opinión pública en general. Falta de libertad, restricciones incomprensibles, atención sociosanitaria deficiente, son algunas de las lagunas que algunas mujeres acogidas y ex trabajadoras del centro de A Coruña denuncian en estos vídeos ahora hechos públicos. Las entrevistas a supervivientes y trabajadoras del centro gallego han sido realizadas por la presidenta de la Asociación Ve la luz, Gloria Vázquez.

Fillol denuncia que son precisamente las mujeres que viven temporalmente en estas casas de acogida las que “muchas veces” son sometidas a un “régimen carcelario” alegando que es “por su propia seguridad”, al tiempo que sus agresores, muchas veces con órdenes de alejamiento en vigor “y penas irrisorias”, que en su gran mayoría no llegan a entrar en prisión, “y se pasean a sus anchas, tan campantes, mientras sus víctimas deben vivir recluidas y con miedo a volver a encontrarse cara a cara con sus agresores”, cuenta la activista.

Desde la asociación Ve la luz se resalta que las denuncias sobre la casa de acogida de A Coruña no son “un caso aislado”. Las denunciantes aseguran que “son muchas las casas de acogida, como la de A Coruña, que en vez de actividades de recuperación, restringen a las mujeres allí acogidas víctimas de violencia de género al acceso a psicólogos, servicios jurídicos y ayudas económicas”.

Estos testimonios directos tanto de ex trabajadoras como de supervivientes de violencia de género que han tenido la valentía de alzar su voz para pedir ayuda pese a que en su momento se las obligó a firmar un contrato de confidencialidad que en principio les impedía contar lo que allí sucediera son claros y contundentes de una realidad oculta que pocos conocen de la labor que realizan los centros de acogida en España.

Los cinco testimonios a los que ha tenido acceso Diario16.com son estos:

Testimonio 0. Pleno municipal A Coruña. Intervención de la Asociación Ve la luz.

Testimonio 1. Ex trabajadora casa de acogida de A Coruña.

Esta ex trabajadora cuenta que las presiones a las que están sometidas las mujeres acogidas es tal que llegan a recibir amenazas, vejaciones y coacciones, e incluso llegan a enfrentarse por la comida. “En muchas ocasiones, además de la violencia sufrida en su relación, son también sometidas a violencia institucional, expulsadas de las casas de acogida, estigmatizadas y condenadas a vagar durante días por las calles porque no tienen a dónde ir”, explican en la Asociación Ve la Luz.

También las ex trabajadoras de estos centros que en su día fueron amenazadas y expulsadas de sus puestos de trabajo hoy deben seguir ocultando su identidad para poder difundir sus testimonios de lo que ocurre tras los muros de estas casas de acogida.

Testimonio 2. Ex trabajadora.

“Esta es la voz de quienes son amenazadas, sometidas a la extorsión, represaliadas y expulsadas por no responder al perfil de carcelaria, por entregar a escondidas a las supervivientes de violencia de género y a sus hijos e hijas una botella de agua, un yogur o un pañal extra a escondidas, por darles un abrazo prohibido o simplemente por escucharlas”, denuncian desde la Asociación Ve la luz.

Racionamiento de alimentos, agua, pañales, toques de queda, prohibiciones de llamar por teléfono, condiciones de insalubridad, restricciones a psicólogos, amenazas, extorsiones, expulsiones, difamación… Todo esto ocurre, según estas ex trabajadoras, en un centro cuyo objetivo es crear un espacio de acogida con apoyo personal, psicológico, jurídico y social para conseguir devolverles la dignidad a quienes han sobrevivido a una de las peores formas de violencia, a quienes se siguen encontrando en una terrible situación de emergencia.

Testimonio 3. Superviviente de violencia de género en la casa de acogida de A Coruña.

La voz distorsionada que se escucha en esta grabación telefónica es de una de las supervivientes que con su hijo residió en la casa de acogida de A Coruña. A pesar de que hace apenas unos meses que salió de esta “cárcel” o “casa del terror” –como ellas mismas la denominan–, ella aún no puede mostrar su voz ni su imagen  porque tiene miedo a represalias.

Testimonio 4. Superviviente de violencia de género en la casa de acogida de A Coruña.

Aquí, una víctima de violencia de género que llegó a la casa de acogida de A Coruña con sus hijos detalla cuál es el “programa de atención y apoyo” del centro. Hace ya más de seis meses que salió de allí despavorida con el trato recibido.

Desde las 7:30 horas, antes de que puedan ocuparse de sus hijos y llevarlos al colegio, comienzan las actividades en el centro o “cárcel”, como ellas lo llaman: poner el desayuno a empleadas y demás trabajadoras, recoger, limpiar y por último desayunar ellas y sus hijos.

El resto de la jornada la pasan fregando y limpiando las instalaciones, pero ni a ellas ni a los niños les está permitido asomarse a las ventanas a tomar el aire o simplemente mirar a quienes circulan por las calles. Pero, contradictoriamente, sí deben limpiar los cristales, “porque por lo visto cuando limpian cristales no corren peligro de ser vistas…”, denuncián desde Ve la luz. Tampoco les está permitido hablar por teléfono y leer la prensa.

Diario16