Con motivo de la crisis económica, mucho dinero público se está yendo
a la caridad, y ello pese a que la solidaridad social para los más
pobres –es decir, el gasto público que se emplea directamente en las
personas con gran precariedad de ingresos o sin ingresos– es
insuficiente. Las cifras de gasto público en lo social son muy
engañosas, ya que se incluye ahí mucho gasto político y burocrático que no tiene sentido contabilizar en el cálculo.
Lo más importante consiste en saber lo que reciben las personas
directamente. Por ejemplo, cuál es la renta mínima garantizada, o cuánta
gente la recibe anualmente. Pero el gasto social en relación al PIB
esconde y oculta un gasto poco justificable para contabilizar como gasto
social. Sin embargo, más allá de ese debate técnico sobre cómo se
cuentan las cosas, lo importante es saber cuál es la situación de verdad.
Protección social
Realmente esa es la aspiración mínima que se debería tener como
sociedad. Sin embargo, en nuestro país, el sistema de protección social
es muy débil y frágil y no está garantizado como derecho. Por muy
pomposamente que las comunidades autónomas hablen de rentas mínimas
garantizadas, la verdad es que no se garantizan esas rentas mínimas.
Lo mismo pasa con la ayuda –muy modesta– a la dependencia. Tampoco se
está garantizando. Es importante tener la aspiración de la seguridad.
Las personas deben saber que, si se quedan sin trabajo o si ya no están
en condiciones de trabajar, pueden al menos subsistir .Eso no está garantizado en España. Por supuesto, algunos podrían decir que pocos países en el mundo lo garantizan. Se equivocan: la mayoría de los países con rentas per capita por encima de 30.000 dólares lo garantizan de una u otra manera.
Se suele poner el ejemplo de EE.UU. como estado desastroso en la
protección social, pero esa idea de considerarlo un país sin sistema de
protección social es totalmente injusto. Quizás no sea un ejemplo
perfecto, pero se puede afirmar que un pobre vive mejor en EEUU que en
España. Además, en EEUU hay muchísimos menos pobres. Y
qué decir de los países nórdicos o de Centroeuropa, donde la protección
social es muy sólida. Si exceptuamos el caso francés, donde el laicismo
ha dado una impronta fuerte de estado social al país, en el resto de
países católicos la protección social es media-baja: Italia, Grecia,
Portugal, Polonia. Es decir, en la fortaleza de la protección social influyen más factores que la renta de un país.
Paradojas y falsedades
El informe realizado por Comisiones Obreras sobre la protección
social en España refleja asépticamente, cual es la situación en España:
“Los instrumentos tradicionales con los que cuenta nuestro sistema de
protección social se muestran claramente superados ante la realidad
creciente que deben proteger. Son ya 771.000 los hogares, y no dejan de
crecer, en los que todos sus miembros carecen de cualquier tipo de
ingresos salariales (salario, pensión, desempleo, subsidios…); cerca de 2 millones de hogares tienen ingresos per cápita inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional (y en ellos viven un total de 6 millones de personas, de los que casi 2 millones son niños);
casi 3 millones de familias reconocen que sufren “privación material
severa”; es decir, que no pueden acceder a bienes básicos (como
calefacción, alimentos, vivienda…). La desigualdad social crece”.
En nuestro país, entre cinco y siete millones de personas deberían estar protegidos socialmente de
otra manera a como están. Pongamos el caso de las rentas mínimas
garantizadas. Aparte de que no están garantizadas, estas rentas mínimas
de inserción cubren a poquitísima gente. En el año 2013, las personas beneficiadas fueron 258.000 y la cuantía media fue de 418 euros.
Pero lo más curioso es que el programa que suponía, en ese año,
1.041.000.000 euros, la mitad era gasto del País Vasco, donde la cuantía
de la renta mínima era mucho mayor que en el resto de España. En
efecto, en el País Vasco, la nación como menos desempleo de España, en
el año 2013 los perceptores de la renta mínima fueron 75.000 personas, y
la renta mínima se situó en 663 euros. Paradójicamente, en Extremadura,
la región con más desempleo de España, los perceptores fueron 1.266
personas y la renta mínima 400 euros. Desde luego estas cifras hablan
muy bien del Gobierno vasco.
Iglesia y ONG
La crisis económica ha debilitado nuestro estado de bienestar y el
futuro del mismo es incierto. En cuanto al sistema de protección social
para las personas que no tienen nada, era apenas inexistente. Ahora se
está convirtiendo en una necesidad para la tan anhelada –por los ricos–
estabilidad política y social, pero es difícil que se pueda reforzar.
Y en medio de este turbulento presente, fondos públicos de todas las
administraciones se dirigen hacia las iglesias, las fundaciones y las
organizaciones no gubernamentales, ávidas de caudales para apuntalar el
negocio de la caridad. El tener una Iglesia católica muy activa en la
asistencia social –generalmente utilizando fondos públicos– empobrece el
sistema público de protección social. Cuanto más caridad hay, menos
protección social existe.