Sindicatos y diputados del Parlament de Catalunya claman contra el funcionamiento de los centros de menores tutelados por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). El sindicato UGT ha dado este miércoles un severo rapapolvo a la DGAIA, que depende de la Conselleria d'Afers Socials,
“por la mala gestión de entidades y fundaciones puramente
mercantilistas”. Del centenar de Centros Residenciales de Acción
Educativa (CRAE) de Catalunya, solo el 10% son públicos, el resto son
privados o de gestión delegada (el edificio es de la Administración).
Estas críticas se suman a las de la Confederació General del Treball
contra el responsable de la DGAIA, Ricard Calvo, por "adjudicar y
favorecer" a la fundación Plataforma Educativa, "en la que había tenido
cargos", con contratos por valor de 98 millones para gestionar centros
en los próximos ocho años.
La UGT ha denunciado ante la Generalitat y el Síndic de Greuges
que en algunos de los centros privados "comen y cenan de 'catering' de
baja calidad". Lo mismo sucede con la ropa que, a veces, "es de segunda
mano". Además, señala el sindicato, no se realizan actividades
extraescolares ni lúdicas si no son gratuitas. Y los chavales con graves
discapacidades físicas o psíquicas "no reciben la atención
individual que necesitan". CCOO añade otro dato: "La
DGAIA no ejerce un control exhaustivo sobre las empresas en las que ha
delegado la gestión. El director del centro sabe el día y la hora en que
va a pasar el inspector".
PAGO MENSUAL
Por todo ello,
el sindicato UGT ha exigido a la DGAIA que se marque como prioridad "el
seguimiento y la vigilancia de estas fundaciones" y censura que la
dirección general no actúe como encargada de "velar y proteger a estos
niños en situación de especial vulnerabilidad". Según consta en un
documento con membrete de la Generalitat, esta abona entre 3.000 y 4.000 euros mensuales por chaval (entre 108 y 134 euros diarios), en función del número de plazas del centro. En estos espacios viven unos 3.000 chavales.
Una
circular a la que ha tenido acceso este diario alerta de que "no es
posible recibir comida u otro material a través de entidades benéficas,
ya que este aspecto queda cubierto por la propia Administración". Sin
embargo, UGT afirma haber constatado que, en ocasiones, se ha llegado "a
utilizar comida de donaciones del Banc dels Aliments o de Cruz Roja".
Afers
Socials recuerda que en los centros públicos no se permite "la comida
de beneficencia" y que cada centro tiene asignado un presupuesto en
invierno y verano para ropa. Las incidencias en estos recintos "se
comunicas al Área de Centros de la DGAIA, que las subsanan lo más rápido
posible", asegura el departamento.
SIN REPRESENTACIÓN SINDICAL
Nueva cita de la comisión de Infancia
La comisión que debe revisar el modelo de protección de la infancia y adolescencia en Catalunya se reunirá este viernes, por segunda vez, para comenzar a trabajar, tras un primer encuentro preliminar. La constitución de este organismo creado a instancias del Parlament se realizó con mes y medio de retraso. El grupo lo constituyen representantes de los grupos políticos en la Cámara catalana y representantes de la Administración. Ahora, falta por concretar el listado y la fecha en la que diferentes expertos en temas de infancia darán su visión para mejorar el modelo. El primer encuentro se realizó a finales de mayo en la sede de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).
Antonio Gutiérrez, responsable de Acción Social de UGT de centros privados,
critica el tipo de comida hasta el punto de que "educadores que
atienden a los chavales les dicen que coman lo que quieran". Hay
establecimientos que llevan el 'catering' "el viernes hasta el lunes al
mediodía y hay que dejar alimentos fuera de la nevera por falta de
espacio en los frigoríficos". Gutiérrez cita a la fundación Idea, "que
además de las irregularidades denunciadas en la atención infantil,
incumple el convenio laboral e impide la representación sindical".
Rafi Redondo, coordinadora del sector de intervención Social de CCOO,
reclama "transparencia" en la gestión económica, en qué y cómo se gasta
el dinero. Además reivindica que la Administración "dote de más
recursos a los centros y no a las empresas", y que los educadores
sociales tengan protección jurídica "para evitar que los despidan si
denuncian irregularidades".
Tanto las diputadas Gemma Lienas, del grupo Catalunya Sí Que Es Pot, como Gabriela Serra, de la CUP,
critican el funcionamiento de los centros de menores de gestión privada
y reconocen las diferencias que hay con los públicos por eso reclaman
que sean de titularidad pública. Lienas censura que "se incumplan las
ratios de educador por niño, lo que imposibilita que se dé una buena
atención".
Serra se pregunta cómo puede la Generalitat "retirar a
los niños de su familia y asumir la tutela y una vez que la tiene,
dejar al niño en un centro de gestión privada donde no están
garantizadas las normas de acogida". La diputada de la CUP reclama que
los centros sean lo más parecidos a un hogar "porque a los niños les
tienes que dar algo mejor que lo que tenían en su casa para justificar
la retirada, si no es mejor no hacerlo. Es inaceptable que un niño
retirado duerma en el suelo porque el centro no tiene más camas".