Desde hace años miles de familias se dirigen al Defensor del Pueblo pidiendo que esta Institución intervenga para evitar el desamparo real en el que viven miles de niños y niñas retirados a sus familias por los servicios sociales o por tribunales de familia.
Los denominados gabinetes psicosociales hacen informes "a medida", muchas veces manipulados. Sean los servicios sociales o los gabinetes, las familias tiene muy pocas posibilidades de responder y la "autoridad competente" corta la comunicación entre los menores y la familia, de manera que el apego termina por romperse. El propio Defensor reconoce que los plazos de resolución son muy largos y perjudican a las familias.
Pero no acepta, hasta ahora, cumplir el mandato de la Constitución ante situaciones extremas de atentado a los derechos humanos. Por ello nos concentramos frente a la sede pidiendo que se produzca una reunión con las familias afectadas y sus asociaciones donde se pueda constituir una plataforma por la infancia y al familia.