PÁGINAS

miércoles, 29 de agosto de 2018

Exhumar a Franco no es suficiente


¡Depurar de franquistas el aparato del Estado! ¡Justicia para las víctimas de la dictadura!

El gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha el mecanismo para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, una medida que ha provocado la inmediata oposición del PP y de Ciudadanos, como no podía ser de otra manera. Pero lo más significativo es la actitud de desafío de un amplio sector del aparato del Estado, incluyendo a cientos de militares en activo que han firmado un manifiesto público defendiendo la figura del general fascista y su “legado”.

Cuarenta años después de aprobarse la Constitución, la judicatura, el ejército, la policía, y las altas esferas de la administración pública, siguen llenas de elementos abiertamente franquistas y reaccionarios. La legislación en materia de derechos democráticos ha retrocedido décadas gracias al PP, y a la complicidad del PSOE, mientras la represión pura y dura se ha recrudecido en los últimos años.

La medida anunciada por Pedro Sánchez no dejará de cosechar el apoyo de las víctimas de la dictadura y de millones de trabajadores. Pero esta decisión va acompañada de concesiones inaceptables y de la negativa a abrir el camino para juzgar a los responsables de los crímenes de la dictadura.

Militares golpistas ayer, militares fascistas hoy

En rueda de prensa, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, afirmó que la exhumación se limitaría a la momia de Franco, mientras que los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, no se trasladarían por su calidad de “víctima de la guerra civil”. El hecho de equiparar a los golpistas y los fascistas con sus víctimas es repugnante. Sólo este aspecto demuestra el problema de fondo que aquí se ventila, y la cobardía y renuncia de la dirección del PSOE de acometer un proceso político que restaure la justicia para los cientos de miles de asesinados y fusilados, y para las decenas de miles de ellos y ellas que todavía yacen en las cunetas y en las más de 2.000 fosas comunes que se han documentado.

La mejor prueba de lo que decimos es la total pasividad, y permisividad, de que ha hecho gala el gobierno con el manifiesto en defensa del dictador. El 21 de julio apareció en varios medios de comunicación un manifiesto “de respeto al General Franco Bahamonde” firmado por cientos de militares. En dicho documento hablan de Franco como un “general leal” que “sofocó la sublevación de Asturias de 1934, preludio del Frente Popular y la Guerra Civil”. Y justifican el golpe fascista del 18 de julio de 1936 como una acción necesaria “ante una España agredida y asediada por el comunismo internacional”. Llegan incluso a afirmar que lo que se está diciendo de Franco “es una campaña de la izquierda política para borrar medio siglo de la Historia de España” con la que se pretende ocultar “el actual desmoronamiento territorial de la Nación.”

Este manifiesto ha sido firmado por mandos como Alberto Asarta, ex jefe de la misión de Naciones Unidas en Líbano; Emilio Pérez Alamán, ex jefe del Mando Militar de Canarias; Juan Aparicio Hernández Lastras, ex jefe del Mando de Personal del Ejército, Eduardo González-Gallarza, ex jefe del Ejército del Aire; y Antonio González-Aller, ex jefe del Cuarto Militar del Rey. Todos estos militares se han manifestado no sólo a favor de Franco, sino también se han mostrado contrarios al derecho a la autodeterminación de Catalunya. Tal es el caso de Juan Chicharro, uno de los impulsores del manifiesto, actual presidente de la Fundación Francisco Franco y que fue ayudante de campo del rey y jefe de la Guardia Real, quién declaró en 2013 que “la patria vale más que la democracia” y justificó una intervención militar en territorio catalán.

¿Cómo es posible que en un país que se dice democrático, militares retirados y en activo hagan este tipo de apología de un régimen como el de Hitler y Mussolini, y el gobierno no haya hecho absolutamente nada? ¡Así no se combate al franquismo, Sr. Sánchez!

Una dictadura atroz que ha quedado en la impunidad. Los lodos de la Transición

En el manifiesto, los militares mienten no sólo sobre la figura de Franco, sino que ocultan conscientemente lo que fue la dictadura franquista, y lo que representa el Valle de los Caídos. Entre 1936 y 1952, más de 200.000 personas fueron fusiladas por el Estado franquista, la mayoría sin juicio o después de farsas en tribunales militares; de ellas, más de 50.000 después de terminada la guerra. Y hasta el final de la dictadura (concretamente, hasta los últimos fusilamientos del 27 de septiembre de 1975) no se dejó de detener, de torturar, de meter en la cárcel y de condenar a muerte a militantes antifranquistas.

Hay que dejar claro también que el Valle de los Caídos no se concibió como un “monumento a la reconciliación”, sino como una construcción mesiánica para la exaltación al fascismo y a la figura de Franco. Fue construido por 20.000 presos políticos que trabajaron como esclavos. Y de las más de 33.000 personas enterradas allí, 12.410 están sin identificar: son los restos de los republicanos que fueron trasladados sin permiso de su familia, y sacados de 491 fosas comunes y cementerios.

Evidentemente la impunidad de la que gozan estos militares, y la cobardía que exhibe el gobierno para sancionarlos, no es más que la consecuencia de todas las concesiones políticas que los dirigentes de la izquierda, del PSOE y del PCE, realizaron en los años setenta. La llamada Transición, defendida de manera entusiasta hoy por Pablo Casado, Albert Rivera y Pedro Sánchez, consagró la impunidad de los criminales y la humillación para las víctimas. Con la Ley de Amnistía de 1977 y con la Constitución, se blindó a los militares, policías, jueces que participaron en la represión franquista, y ninguno de ellos fue juzgado ni encarcelado, ni con UCD ni con el PSOE después.

Se han intentado borrar la huella de los crímenes de la dictadura, las torturas, los presos políticos. Se ha impedido que se juzguen a los represores franquistas tanto en nuestro país como fuera, en Argentina. Se ha permitido que sigan existiendo asociaciones como la Fundación Francisco Franco, que hacen apología de la dictadura, y que reciben abundantes subvenciones públicas.

Por supuesto, la clase dominante, las grandes familias del IBEX 35 que se hicieron de oro con la dictadura y la sostuvieron hasta el final, dieron su bendición a ese proceso. El hecho de que nada semejante haya pasado en ningún país sometido a una dictadura similar a la franquista, lo dice todo.

Los grandes problemas sociales, las injusticias históricas, no se resuelven con gestos. El paso que ha dado el Gobierno Sánchez de exhumar a Franco es completamente insuficiente. Es necesario que los responsables de la represión sean juzgados y castigados derogando la Ley de Amnistía de 1977. Que se abran de par en par los archivos policiales, judiciales y militares de la dictadura, para poder investigar con profundidad sus crímenes. Se debe perseguir legalmente y con dureza a todos aquellos que hacen apología del régimen franquista, empezando por ilegalizar a la Fundación Francisco Franco. Hay que restablecer la verdad, la reparación y la justicia con las víctimas y sus familias, movilizando todos los recursos materiales y humanos necesarios para exhumar las fosas, dar entierro a las víctimas e indemnizar a las familias Acabar con todos los vestigios franquistas en calles y monumentos. Expropiar el patrimonio robado por la familia Franco, y con el que han logrado amasar una fortuna superior a los 500 millones de euros. Y, sobre todo, depurar el aparato del Estado de fascistas y reaccionarios.

Sabemos que todo esto no lo hará ningún gobierno del régimen del 78. Será el fruto de la movilización de la población, de la clase trabajadora y de la juventud que no quiere vivir con esta losa.

viernes, 24 de agosto de 2018

La Otra Memoria Histórica. La 9

Hoy hace 74 años que Los héroes de La Nueve escribían con su sangre la historia de Europa, tras un impresionante avance en solitario cruzando las líneas enemigas sin apoyo de los aliados, el 24 de agosto de 1944 los blindados de La Nueve barrían las defensas nazis hasta alcanzar el ayuntamiento de París, ante el júbilo y la sorpresa de los parisinos que descubrían desconcertados que sus liberadores no eran franceses ni americanos, eran exiliados españoles.

Reconocidos en Francia y Europa pero injustamente olvidados en España, seguimos trabajando para dar a conocer a los héroes de La Novena Compañía.

¡Gloria a La Nueve!


domingo, 19 de agosto de 2018

El "cambio" mallorquín

Echar a la derecha de las instituciones generó enormes ilusiones, que poco a poco se van frustrando. Porque echar a los ladrones no es suficiente. En cuanto a Servicios Sociales, salvo los intentos de Mónica Oltra, tampoco estamos viendo mejoras sustanciales. En Mallorca tenemos sangrantes ejemplos. 

La Plataforma Stop Maltrato Centro de Acogida está denunciando el maltrato institucional que sufren las víctimas de violencia de género (con la amenza constante de quitarles a los hijos) en el centro de acogida municipal, gestionado por la empresa Intress. El problema no es sólo la intolerable presión que sufren las víctimas, sino también que ante sus denuncias, la actitud cómplice del ayuntamiento del cambio sea exactamente la misma que podemos esperar del PP.


En el gobierno autonómico las cosas no van mejor. ¿Pero no hacíamos bandera de la transparencia? Pues hubo consenso para tumbar en el Parlament la propuesta que solicitaba auditar los procedimientos de adopción, tutela e intervención familiar del IMAS (Institut Mallorquí d'Afers Socials), presentada por la diputada Xelo Huertas (expulsada de Podemos) ante las denuncias de familias afectadas por retirada de tutelas. Amplio consenso en un bonito marco democrático: aceptar la propuesta cuestionaría la profesionalidad de los trabajadores de la institución. A comerse el cambio...¿o queréis que vuelva la derecha?

martes, 14 de agosto de 2018

¿Qué fue de..? Monseñor Ureña

Tras los dos portazos giratorios que hemos visto, nos toca el cura. Porque la Iglesia tampoco se quedó al margen del visionario viaje emprendido por el piadoso don Emilio.


Manuel Ureña Pastor es licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en Filosofía Pura por la Pontificia Universidad Angelicum de Roma. Su curriculum da más miedo que la cofia que lleva, ¿que no?

En 1988 Juan Pablo II le nombra obispo de Ibiza. En 1991 pasa a ser nombrado obispo de la recién constituida diócesis de Alcalá de Henares (tristemente famosa por los discursos homófobos y las misas fascistas del actual obispo complutense, Juan Antonio Reig Pla). Ureña se mantuvo en ese cargo hasta 1999, año en que fundó junto a otros ilustres la Fundación O´Belen, con sede en Azuqueca de Henares. De Alcalá pasó a ser obispo de Cartagena, hasta 2004.

Curiosamente, en esas fechas O´Belen da el salto de Castilla La Mancha a la Región de Murcia (controlando el privatizado servicio de familias de acogida) y a la Comunitat Valenciana, tierra natal de monseñor (gestionando centros como el controvertido Baix Maestrat). Y a partir de ahí empieza la expansión. Hay que tener poca fe para no ver que es sólo una casualidad. Cualquier otra versión sobre posibles intervenciones "divinas" en este pelotazo sería pura difamación. Vamos, como aquello de "todo es falso salvo alguna cosa".

En 2005 es nombrado arzobispo de Zaragoza, donde ha destacado por su lucha por los derechos del nasciturus ("el cigoto tiene los mismos que un ser de 40 años" porque "eso es lo que dice la Iglesia y eso es lo que digo yo, la verdad es esa") y del matrimonio eterno e irrescindible entre el hombre y la mujer ("el pecado ha intentado alterar una institución de derecho natural", sobre el matrimonio homosexual).

Tal supuesta rectitud moral contrasta con el desenlace de su historia pública. En 2014 fue obligado a renunciar (algún medio dijo fulminado) por el papa Francisco ante las sospechas de que Ureña intentó silenciar el acoso de un párroco a un diácono indemnizando al joven con 105000 euros. Según rumores probablemente malintencionados, esto fue la gota que colmó el vaso. Se dice que, otras irregularidades al margen, el Seminario de Zaragoza se había convertido en una especie de Sodoma y Gomorra, incluyendo alguna pelea con arma blanca entre seminaristas.

Venga, un Salve pa Monseñor!!!!


domingo, 12 de agosto de 2018

Abusos laborales y persecución sindical en Médicos Sin Fronteras


El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha condenado a Médicos Sin Fronteras por prácticas abusivas en la contratación. Se trata de una cláusula ilegal impuesta a la plantilla de captadores de socios.

La figura del captador se ha extendido entre las grandes oenegés y por nuestras ciudades. No, quienes nos "venden" a las distintas entidades para que nos hagamos socios no son militantes ni voluntarios de esas organizaciones. Son comerciales, trabajadoras precarias y sobreexplotadas, como demuestra la sentencia“Se trata de una cláusula tipo introducida en todos los contratos y sin posibilidad alguna de negociación por las partes. Por otro lado, establece un procedimiento sancionador que puede dar lugar a la extinción del contrato...Es una cláusula general no pactada que debe reputarse abusiva e implica un desequilibrio de derechos y obligaciones y un perjuicio desproporcionado y no equitativo, pues queda en manos del empresario la determinación de la aplicación de la cláusula y la posibilidad de despido sin indemnización más allá de lo legalmente establecido, implicando una renuncia de derechos irrenunciables y siendo una cláusula abusiva, concluye la sentencia.


La respuesta de MSF ha sido la esperable en una oenegé humanitaria. Ha anunciado que va a recurrir la sentencia y ha iniciado una caza de brujas, despidiendo a 12 sindicalistas (8 de CNT y 4 de CCOO) de los sindicatos denunciantes.

Desde La Rosa En Lucha queremos mostrar todo nuestro apoyo a la plantilla de MSF, especialmente a los represaliados por entender que la defensa de los derechos humanos empieza en casa. Para más información, recomendamos leer el artículo El negocio de la solidaridad: sueldos míseros, contratos abusivos y poca transparencia.

martes, 7 de agosto de 2018

¿Qué fue de..? José Carlos Moratilla Machuca

Si la semana pasada nos tocó recordar a Carlos Moreno Cámara, hoy sacamos a la palestra a un personaje de gran importancia en la historia de O´Belen. José Carlos Moratilla Machuca, paradigma del buscavidas en política.


Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, el mismo año que acabó la carrera fue cabeza de lista por Guadalajara en las elecciones autonómicas (1991) por el CDS (demostrando que de Somosaguas no sólo salen rojos peligrosos, también demócratas de toda la vida). Comprobando en carnes propias que el partido de Adolfo Suárez ya estaba amortizado, se decantó por el rollito coderas para iniciar una nueva aventura democrática. Medró deprisa, llegando a ser rápidamente secretario provincial de las Juventudes Socialistas. En cuanto al tema laboral, se fogeó un tiempo trabajando en el Fondo de Acción Especial de la Junta, siendo nombrado asesor de la Consejería de Administraciones Públicas en 1996.

31 de octubre de 2000. Fecha muy importante en toda esta historia. Ese día se promulgó el decreto por el que se nombraba a Moratilla  Delegado Provincial de Bienestar Social de Guadalajara. No está mal para un politólogo de 32 años. La casualidad, que durante su mandato la Fundación Internacional O´Belen se consolida y expande (fue constituida en 1999). 

Elegido concejal en Guadalajara en 2003, fue nombrado Presidente de la Diputación de Guadalajara, ostentando el cargo hasta 2007. Allí coincidió con el rebelde Carlos Moreno. Durante estos años O´Belen pegó el pelotazo definitivo, convirtiéndose Emilio Pinto en una relevante figura social. Moratilla participó de todo esto como miembro del patronato de la fundación, en calidad de vocal de la Diputación de Guadalajara ¡Sorpresa!

Finalmente se marcó unas puertas giratorias apropiadas a su nivel, siendo Administrador Mancomunado de Aspira Servicios Auxiliares, SL (el negociete paralelo de O´Belen) desde 2010 a 2013. Compaginó con el puesto de Director del departamento de formación y empleo de O´Belen. Terminó su andadura oenegera como coordinador de las delegaciones territoriales de la fundación.

Tras su paso por el Tercer Sector volvió a ganarse el pan con el sudor de su frente en la Junta. En 2016 fue nombrado Presidente de la junta rectora del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Casualidades de la vida, por allí se organizó el curso "Formación integral para emprendedores". Hay que joderse.

Pues nada, toda tuya, que también te la has ganado


jueves, 2 de agosto de 2018

Escarnio judicial



El mismo día del juicio, la sentencia de Juana Rivas ya estaba redactada. La asociación Mujeres Juezas rompía el silencio con un comunicado en el que alertaba de la erosión de la legitimidad del sistema judicial cuando se aferra a un sistema erróneo y obsoleto de aplicación de la justicia con resultados injustos. La incorporación de la perspectiva de género no es una postura ideológica y no pretende ni privilegiar a las mujeres ni prescindir de los principios rectores del derecho. Supone admitir que ni el derecho ni el contexto son neutros y da cumplimiento al imperativo legal de promover los derechos de las mujeres.
La sentencia es una ‘vendetta’ en toda regla por el desafío de Rivas al poder judicial y la institución del hombre-padre. Un instante de gloria autocomplaciente de un juez que se opuso públicamente a la Ley integral de violencia de género. Una imposición de su autoridad y su "verdad judicial", a pesar de saber que el día de mañana, probablemente, la sentencia será revocada o al menos modulada.
La sentencia está redactada para ser leída a los cuatro vientos, pregonando un mensaje ejemplarizante a las mujeres que se planteen desafiar las resoluciones judiciales y por extensión la autoridad del Estado. Un dardo envenenado dirigido al instinto primario, vital, de proteger a los hijos e hijas. La otra parte del aleccionamiento es el de la invalidación de la voz de las mujeres - "Hermana, yo no te creo"- al invalidar sus percepciones del riesgo y los criterios con los que gestionan las situaciones de violencia. A pesar de la irresponsabilidad de la sentencia, al igual que en el caso de la Manada, no se espera ninguna reacción por parte del Consejo General del Poder Judicial.
El juez se desmarca a conciencia de los últimos precedentes jurídicos del 2017 que han validado la restricción de la potestad parental del padre en casos en que los hijos hubieran sufrido indirectamente los actos de violencia hacia la madre, aunque no los hubiesen presenciado. O de las recientes sentencias de mayo y junio del 2018 que han legitimidado la incorporación de la perspectiva de género en la aplicación del derecho. Las consecuencias prácticas de este cambio de mirada son tan tangibles como el hecho de admitir que el retraso en las denuncias por violencias machistas no debe ser interpretado como indicio de su falta de veracidad.
La sentencia de Rivas es una ‘vendetta’ por su desafío al poder judicial y la institución del hombre-padre
La sentencia es un compendio de estereotipos de género, como el de perfil de maltratador o el uso instrumental de los procesos de violencia por parte de las mujeres para obtener ventajas procesales. La contaminación de la justicia por estos estereotipos es tan extendida y perjudicial que la ONU tiene una observación general específica que los sitúa como principal obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia.
Rivas tomó una decisión drástica y arriesgada al no atender los requerimientos judiciales de entrega de sus hijos, que obedecía a una motivación poderosa, que debería haber sido investigada a fondo. Existía el indicio poderoso de la condena por malos tratos de 2009. El juez era sabedor de que aquella condena debería haber condicionado los derechos parentales, que ahora facultaban la condena de Rivas. El argumento circular del juez lleva al absurdo. Niega que exista una situación de violencia, porque ninguna resolución judicial la declara probada, y al mismo tiempo admite que la denuncia formulada por Rivas en 2016 no fue cursada. El juez le reprocha su "renuente cinismo" al afirmar sostenidamente un maltrato que no probó, pero desestima todos los informes de profesionales privados y de organismos públicos que lo insinuaban.
Otra crítica fundamental a la sentencia es su enfoque erróneo, dado que no coloca en el centro del argumentario los derechos y el bienestar de ambos hijos. Desde el 2013, el Comité de la Convención de los Derechos del Niño obliga a que toda decisión judicial refleje cuál es el interés superior del menor en cada caso, priorizándolo por encima de otros derechos legítimos, incluidos los de los progenitores. El procedimiento que articuló el padre, basado en la Convención de La Haya sobre la sustracción internacional de menores, dejaba un exiguo margen de maniobra al Estado para denegar la entrega de los niños. La normativa internacional y estatal veta la decisión unilateral de un solo progenitor respecto del lugar de residencia de los hijos comunes.
Otra cosa son las consecuencias penales del incumplimiento de entrega. El delito de sustracción de menores se incorporó al Código Penal en 2002 para disuadir las actuaciones perjudiciales para el bienestar de los menores en caso de crisis familiar. Por ello la infracción se ubica en el capítulo de los delitos contra los derechos y deberes familiares. La sentencia ni siquiera menciona si el cambio de entorno de los hijos les habría supuesto ningún perjuicio. De hecho, incluso admite que, en la evaluación forense del hijo mayor, este habría manifestado querer vivir con la madre y ver a su padre en verano.
La interpretación de la existencia del delito de sustracción de menores también es discutible. Dadas las graves consecuencias que se asocian a él -prisión y privación de la potestad parental-, es necesario que se dé un componente de gravedad y una aspiración de permanencia en la privación de los derechos parentales. En este caso, cuando Rivas vio desestimada su última impugnación a los requerimientos de entrega, los cumplió. El juez tenía alternativas menos severas. Como en otras sentencias en casos similares, el juez podía condenarla por desobediencia grave, penada más levemente y sin la privación de la potestad parental.
Otro aspecto clave es la desestimación de la atenuación de la pena basándose en la alegación de que Rivas actuaba para proteger a los hijos y que seguía los consejos legales que le daban, confiando en que la gravedad de su transgresión era menor. Estos argumentos también permitían al juez rebajar la pena de prisión para evitar su cumplimiento efectivo, como han hecho otros precedentes.
Finalmente, la sentencia justifica su ensañamiento alegando un discutible "grado supremo" en la intensidad de la conducta de Rivas, y consolida su propósito central de reparar el "vilipendio" a la "imagen pública" del padre, premiándolo con 30.000 euros de indemnización. Y lo más hiriente, en nombre de la protección de los menores y de su derecho a relacionarse con ambos progenitores, los condena a seis años de separación de la madre.