Gente Como Tú. Servicios Sociales

Homenaje a los mineros

Charla: el negocio de la exclusión social

El drama de una madre "no apta"

Sara Casas tiene 24 años. De ellos 12 los ha pasado internada en centros de menores. Su madre era toxicómana y su padre alcohólico. Sólo tiene malos recuerdos de las más de diez casas en las que vivió hasta los 18 años. Y ahora la pesadilla se repite: sus tres hijos, una niña de cuatro años y mellizos de dos, también viven bajo la tutela de la administración. Alegan que Casas muestra problemas psicológicos y pocos recursos. "No apta", fue la conclusión.

"Yo estoy más que preparada para educar a mis hijos", sentencia Casas. "Ya he cumplido los requisitos que me pidieron. ¿Por qué no me los entregan entonces?", protesta enfadada. A su lado, la presidenta de la asociación pro derechos humanos del menor, Asunción García Acosta. Ha organizado una rueda de prensa para que "la gente se entere de lo que está pasando". La chica le da la mano, muy tensa: "Si no es por ella, nunca hubiera luchado".

El abogado de la chica tutelada, José Antonio Bosch, expone sus argumentos con claridad: "Si Sara no está preparada para educar a sus hijos, no sería culpa suya sino de los que la educaron a ella: la Administración". Y no da crédito a este caso "tan espeluznante" que ha aceptado de forma altruista: "¿Cómo es posible que a los 18 años la dejen en la calle sin dinero, sin trabajo, sin ni siquiera el graduado escolar?".

Casas explicó ayer que ningún asistente social se preocupó por ella al principio. "Pero me quedé embarazada y aparecieron inmediatamente", afirma. "Eso es lo único que les interesa", se atreve a decir.

La chica no quiere ni recordar su procesión por más de diez centros tutelados. Desde Cataluña, donde nació, hasta Andalucía: Osuna (Sevilla), Granada, Málaga... Y siempre volvía a escaparse. "En uno de ellos, me daban hasta 13 medicamentos al día, en otro me echanban cubos de agua para despertarme, en otro me maltrataban..", se justifica Casas entre lágrimas.

García Acosta hace hincapié en que éste no es un caso aislado y no es el peor: "Tenemos cuatro madres en la misma situación, más todas las que no se atreven a denunciar". Y acusa a la Junta de falta de sensibilidad y atención: "Deberían proporcionar la ayuda necesaria para que las chicas organicen su vida y no ponerles un obstáculo tras otro", denuncia García Acosta.

Para poder recuperar a sus hijos, a Casas le exigieron el cumplimiento de ciertos requisitos: acudir a una unidad de salud mental, buscar trabajo, tener una casa. Bosch se indigna: "Sara no tiene problemas mentales; ha estado trabajando y ha hecho dos ciclos de formación; tiene una casa de tres habitaciones, amueblada, decente... ¿Pero qué más quieren?". Y muestra todos los informes que lo acreditan.

Desde la Consejería de Igualdad y Bienestar Social se alude a la privacidad de los temas de menores. No hay respuesta.

El País

Marea Blanca 27 de octubre

En defensa de la libertad de expresión. Por los derechos de la infancia

El pasado 19 de septiembre tuve que acudir a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar como imputado. ¿El delito? Participar en la lucha por la mejora de un sistema de protección de menores que hace aguas por todas partes y denunciar públicamente las irregularidades y vulneración de derechos que se cometen en los llamados centros terapéuticos de protección de menores, especialmente en los centros gestionados por la Fundación O’Belen.

En estos centros destinados al internamiento de menores supuestamente afectados por un trastorno de conducta pero que no han cometido ningún delito, se ordenan privaciones de libertad sin tutela judicial, se utilizan celdas de aislamiento y se producen vejaciones de todo tipo, según han denunciado entre otros el Defensor del Pueblo y Amnistía Internacional. Incluso ha intervenido el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, alarmado por las situaciones que se viven en los centros de menores del Estado español.
Finalmente, tras todas estas denuncias y una movilización social sostenida, varios de los centros de O’Belen fueron clausurados y su presidente, Emilio Pinto, tuvo que dimitir. Se produjeron cambios normativos a nivel interautonómico (como la elaboración de un nuevo protocolo para este tipo de centros, aunque no es de obligado cumplimiento) y en Castilla-La Mancha estos menores pasaron a ser atendidos directamente por la administración. Incluso se iniciaron trámites legislativos en el Parlamento para garantizar que se respetan los derechos de los menores, pero estos cambios se han visto paralizados y revertidos tras la llegada al poder de Cospedal y Rajoy.

Basta de acoso

Mi imputación se produce tras la denuncia interpuesta por Javier San Sebastián (actual presidente de O’Belen) y Paloma Martín (exgerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia y actual directora general de ordenación e inspección de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid), en la que también se ha personado la Comunidad de Madrid. Esto se produce tras la oleada de demandas contra mi persona interpuestas por gente vinculada a O’Belen, por lo que ya he tenido que personarme unas veinte veces en juzgados de Móstoles, Madrid y Guadalajara. La mayoría de los denunciantes tuvieron la desvergüenza de ni siquiera presentarse.
Acudí a declarar arropado por las decenas de personas que secundaron la concentración de apoyo frente a los juzgados convocada por la Federación de Enseñanza de CCOO. Durante la misma, los compañeros del Sindicato de Estudiantes repartieron un panfleto donde exigían el archivo de la causa, el fin del acoso contra los trabajadores que denuncian irregularidades y el fin de los malos tratos y vulneración de derechos en los centros de menores. También participaron en la concentración representantes del SOMOS (Socialismo Mostoleño) y de colectivos que trabajan por la inclusión social efectiva en los barrios de los chavales con problemas, como Raíces.
Ahora toca esperar la decisión del juzgado de instrucción y seguir luchando por el establecimiento de mecanismos eficaces de protección social de las personas más vulnerables, lo que inevitablemente pasa por acabar con la privatización de recursos y los recortes en servicios sociales. Los sindicatos de clase tienen que ponerse a la cabeza de la lucha por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad. Porque sí se puede, como han demostrado los compañeros del grupo municipal de IU en Villaverde del Río en Sevilla: basándose en la democracia obrera, han municipalizado el servicio de Ayuda a Domicilio, mejorando tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales, al eliminar al empresario que lo gestionaba.

El Militante

Huelga educativa

Vulneración de derechos en los CIE´s

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Los derechos de los inmigrantes retenidos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) sólo son tales sobre el papel, según denuncia un informe elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, en el que se analizan las condiciones de vida de estas personas privadas de libertad para la tramitación de su expulsión del país.    

   "La ley reconoce los derechos, pero sólo la existencia de las garantías de cumplimiento adecuadas, tales como las condiciones materiales para su ejercicio y una regulación detallada del funcionamiento interno de los CIE, permitiría hablar de una verdadera protección. Sólo entonces los derechos trascenderán del papel para conformar la realidad", concluye el trabajo.

   El informe recuerda que desde las ONG hasta distintos magistrados de los juzgados de control de los CIE han señalado "con rotundidad" que "no se está garantizando el ejercicio efectivo de los derechos de los extranjeros" recluidos en estas instalaciones policiales y reclama por ello una "mejora" tanto de las condiciones materiales de los centros como de su regulación, pendiente desde el año 2010.

   Según concluye, "la insuficiencia de las condiciones mínimas exigibles en los CIE para el ejercicio de los derechos de los internos, junto a la falta de voluntad política en el desarrollo reglamentario que la Ley de Extranjería entendía necesario, es el marco que define el panorama actual de los derechos de los internos en los CIE".

   Este trabajo, que se enmarca en el proyecto Consolider-Ingenio 2010 "El tiempo de los derechos" (HURI-AGE), analiza por bloques el marco normativo nacional e internacional de extranjería, los informes de las ONG sobre el internamiento, la jurisprudencia al respecto y las actas de los juzgados de control que se encargan de los CIE en España y concluye que sus internos se encuentran en "un limbo impropio de un Estado de Derecho".

   Entre otros aspectos, los investigadores destacan por "fundamental" que en la práctica judicial se supere el automatismo existente a la hora de adoptar la medida cautelar de internamiento y la falta de revisión de las circunstancias que lo motivaron, máxime cuando la legislación española permite adoptar medidas alternativas que resultan "menos gravosas" para los extranjeros.

   "En nuestra opinión, si bien ha habido un avance jurisprudencial

importante, los retos en la materia siguen siendo significativos. El reconocimiento efectivo de los derechos de los inmigrantes en igualdad de condiciones es una tarea aún pendiente que no puede abordarse únicamente desde la labor de tribunales, sino también a través del trabajo conjunto de gobierno y sociedad con el objetivo de conseguir un mayor grado y una mejor calidad de la solidaridad", explica.

Falta regulación sobre la salida de los CIE´s

   Otro aspecto que ponen de relieve es la falta de "regulación detallada" del proceso de salida del extranjero del CIE y los derechos a los que puede acogerse entonces, ya que "la práctica, ha puesto de manifiesto que el derecho de información, comunicación y la tutela judicial efectiva, así como la propia seguridad, no están garantizados en los casos de expulsión".

   El equipo investigador, que propone la realización de encuestas dentro de los CIE para conocer de primera mano la magnitud de esta realidad, está integrado por Miguel Ángel Ramiro Avilés (Tutor de la Clínica Jurídica, Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alcalá e investigador de HURI-AGE) y Ángela María Andrade Perdomo, Carlos Asúnsolo Morales, José Luis Bruno Padilla, Blanca Castro Valladares, Ana Dodevska, Madeleine Maxwel Hart y Francisco José Santamaría Pliego (alumnos y alumnas de la Clínica Jurídica).

No al código penal de Gallardón

MADRID // “Al leer determinados artículos da la sensación de que el Ministerio de Justicia se ha dedicado a recopilar las nuevas formas de protesta ciudadana del último año para después convertirlas en delito”. Esta es una de las críticas que Silvia Yáñez, integrante de la plataforma No Somos Delito, ha querido destacar en referencia a la reforma del Código Penal que actualmente se está debatiendo en las Cortes.

Esta plataforma, impulsada por las organizaciones Brigadas Vecinales de Observación Derechos Humanos, Comisión Legal Sol, Asociación Libre de Abogados (ALA), Asociación Sin Papeles Madrid (ASPM) y SOS Racismo Madrid, tiene como objetivo evitar que las modificaciones propuestas por el ministerio de Ruiz Gallardón se aprueben y entren en vigor. “No estamos hablando de que hayan endurecido unas penas concretas”, explica Yáñez: “El núcleo de la reforma consiste en un cambio de filosofía basada en castigar a un ciudadano por quién es en lugar de por lo que hace“. Incluso, se podrá llegar a sancionar con penas de cárcel convocar por redes sociales una manifestación si esta acaba con altercados.

Criminalizar las protestas

En los últimos meses se ha hablado mucho sobre grupos de preferentistas o una persona a punto de ser desahuciada que, acompañada por la PAH, entraba en una sucursal bancaria para tratar de presionar a la entidad financiera. En el primer caso, para que le devolvieran el dinero que, por ejemplo, un jubilado había invertido en preferentes en condiciones susceptibles de considerarse engañosas. En el segundo, para tratar de renegociar el pago de una hipoteca con el objetivo de que una familia no se quedara sin casa.

Una de las reformas que se quieren introducir en el nuevo Código Penal atañe precisamente a estas acciones, ahora integradas en el grupo de delitos contra el orden público. Según explican desde No Somos Delito, “bajo este nombre se engloban los delitos de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos, invasión u ocupación de locales, oficinas o establecimientos públicos o privados, sabotajes y las conductas de quienes intentan impedir a otros el ejercicio de sus derechos cívicos”.

Esto significa que un grupo o un individuo “amparado por un grupo” puede ser condenado por desórdenes públicos o por ocupar un local en horario de atención al cliente. “¿Qué significa que una persona esté amparada por un grupo? ¿Qué lleva una camiseta que pone Stop Desahucios?”, cuestiona Yañez. “La definición de delito no es nada concreta, por lo que dependerá de la subjetividad de un juez que una persona que reclame que se respeten sus derechos termine o no en la cárcel”.

Las manifestaciones tampoco se han librado de la criminalización. Por un lado, en el nuevo código se elimina el concepto de resistencia activa de manera que ahora permanecer sentado en el suelo puede ser considerado un atentado contra la autoridad. Antes, sólo si se ejercía resistencia activa se entendía que podías cometer un atentado contra la autoridad.

Además, algunos hechos se consideran más graves si se llevan a cabo “en una manifestación o reunión numerosa”. En estos delitos de atentado, resistencia y desobediencia, además, se extiende la protección “al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

También “la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de un delito de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo” pasa a considerarse un delito. Esto significa que, si por ejemplo, una persona que está en Murcia difunde por Twitter que en Gijón va a haber una manifestación a favor de los mineros y, por lo que fuera, hay disturbios, la persona de Murcia puede ser imputada por un delito de alteración del orden público.

La plataforma denuncia “la arbitrariedad de esta modificación, ya que implica que puede ser delito manifestar una opinión por un medio de difusión pública, si se considera que refuerza la decisión de alguien de asistir a una manifestación donde posteriormente se produce una alteración del orden público”. Y se pregunta: “¿Cuándo puede decirse que se ha reforzado la decisión de alguien? Por otro lado, ¿la decisión de quién?”

Para No Somos Delito, “la reforma responde a la voluntad del legislador de incluir en el Código Penal todas aquellas acciones que se han plasmado en la protesta ciudadana en los últimos tiempos, para poder castigar todas ellas, incluso las pacíficas y meramente reivindicativas”.

Esta modificación, afirma la plataforma, constituye una “intromisión ilegítima de los poderes públicos en las comunicaciones de los ciudadanos, que puede vulnerar el secreto de las comunicaciones en el caso de mensajes de móvil y correos electrónicos y que castiga las simples opiniones. Todas estas conductas rompen con un principio básico en todo Estado democrático, el de que la opinión no delinque“.

Se eliminan las faltas

Otra de las reformas más llamativas pasa por la eliminación de las faltas (de menor gravedad que los delitos) y se distribuyen los castigos entre las sanciones administrativas y los delitos leves. “No sé qué es peor”, lamenta Yáñez. Según la plataforma No Somos Delito, “la consideración como delito leve y no como falta supone un mayor incremento de pena sin fundamentarse por qué tiene lugar. Además, acciones que hasta ahora no tenían tanta importancia (como hacer un graffiti) desde ahora darán lugar a antecedentes penales“. Más allá del hecho de que las faltas se tramitaban con una cierta agilidad pero los delitos, que tienen otro procedimiento, alargan el tiempo que pasa hasta conocer la sentencia.

Por otro lado están las faltas que pasan a ser sanciones administrativas, es decir, las multas. Este tipo de sanciones tienen que recurrirse ante el organismo que las ha impuesto y, en caso de que no modifiquen su valoración, acudir a un tribunal para que sea una persona objetiva la que determine si está bien impuesta.

Silvia Yáñez explica que, según su experiencia, “a ninguna de las personas a las que han multado en una manifestación les han perdonado la multa en primera instancia”. Es necesario, por tanto, ir a juicio que, desde que entró en vigor la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, implica un pago de tasas judiciales. “Es decir, que quien tenga dinero podrá recurrir una multa y quien no se lo pueda permitir, tendrá que pagarla sin poder protestar”, concluye Silvia Yáñez.

Pinta de delincuente

Otra de las reformas más llamativas tiene que ver con las medidas de seguridad, que son sanciones que complementan o sustituyen una pena y cuyo objetivo es prevenir la comisión de nuevos delitos. No Somos Delito pone como ejemplo un toxicómano que atraca una tienda para conseguir dinero. En caso de que la pena impuesta fuera inferior a dos años de cárcel, podría acordarse como medida de seguridad que se le tratara en un centro de desintoxicación.

En las reformas propuestas se introducen nuevos criterios para determinar si un sujeto merece o no conmutar la pena de cárcel por una medida preventiva. Entre ellos, la probabilidad de que vaya a cometer nuevos delitos. “Esto implica que no se está juzgado un hecho concreto (como se hacía hasta ahora), sino que el juez o tribunal tienen que adivinar cuál va a ser el desarrollo de esa persona en el futuro”, explican desde la plataforma.

Además, cuando se adopta esta medida de seguridad, no solo deberá ser proporcional al delito cometido, sino también a los posibles delitos que el juez prevea que el sujeto va a cometer, condición ésta que lesiona la presunción de inocencia contenida en la Constitución Española, según la plataforma.

Para luchar contra el fraude

Yáñez ha querido desmentir uno de los argumentos más recurrentes del Gobierno para defender la introducción de reformas en el Código Penal, y que pasa por endurecer la lucha contra el fraude. “No hay más que fijarse en los artículos que se refieren a esto en el proyecto para darse cuenta de que es falso”, reprocha la letrada, que recuerda que, ya en diciembre del año pasado, se aprobó la Ley Orgánica 7/2012 que separaba los delitos de fraude a la Seguridad Social y fraude a la Hacienda Pública.

Por un lado, para que el fraude fiscal (Hacienda) se considere delito es necesario que la cifra defraudada supere los 120.000 euros. “Está claro que una persona con pocos recursos no se puede permitir estafar tal cantidad. Ni siquiera una Pyme puede hacerlo”, aclara Yáñez. De la otra parte están los delitos contra la Seguridad Social, que pueden ser cometidos por empresas (fraude en el pago de cuotas) o por ciudadanos individuales (fraude por apropiación indebida de prestaciones).

En el caso del fraude en el pago de cuotas, la empresa tiene que dejar de pagar, al menos, 50.000 euros para que pueda ser perseguible. Sin embargo, si una persona que cobra una pensión no contributiva de 400 euros realiza trabajos que se cobran en negro para poder llegar a fin de mes, solo será necesario defraudar un euro para que su comportamiento se considere delito. Yáñez añade que “las penas por cometer delitos de cohecho, malversación y administración desleal o se han mantenido o se han rebajado”.

Estas modificaciones, entre otras, son las que han llevado a la plataforma a denunciar que se trata de una reforma que criminaliza en función del autor, que atenta contra los derechos de la ciudadanía al limitar su libertad de expresión, asociación y reunión (derechos fundamentales y recogidos en la Constitución como tales) y que pretende castigar la pobreza.

“Hemos lanzado ahora esta campaña porque el texto aún se está debatiendo y estamos a tiempo de frenar su aprobación”, cuenta Yáñez. “Cuanta más gente se rebele contra esta filosofía penal injusta, más presión ejerceremos y más probabilidades habrá de evitar volver a un estado represivo más propio del franquismo que de una democracia“.

La Marea
Más información en No Somos Delito

Huelga de estudiantes 22, 23 y 24 de octubre

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¡Wert dimisión!

22, 23 y 24 de octubre huelga general de estudiantes, y el 24 además con los profesores y los padres

Tras un año marcado por una intensa movilización para frenar la reforma franquista de la educación (LOMCE) y los recortes del PP —medidas que suponen el mayor ataque a la escuela pública desde la caída de la dictadura franquista—, es necesario que este nuevo curso redoblemos nuestras fuerzas para lograr la dimisión del Ministro de Educación y paralizar así todos los recortes y contrarreformas educativas que siguen encima de la mesa.

Aunque desde la derecha intentan trasladar una imagen de normalidad y fortaleza lo cierto es que el Gobierno está cada vez más aislado socialmente y salpicado por escándalos, como el caso “Bárcenas”, que no paran de implicar a sus máximos dirigentes. Los mismos que nos piden esfuerzo, sacrificio y excelencia son los que durante 20 años, al menos, han estado financiando ilegalmente su partido y cobrando jugosos sobresueldos sin el menor sonrojo.

Tasazo universitario, decreto de becas, despido de profesores…

A todos los ataques que hicimos frente el curso pasado hay que sumar el nuevo tasazo en las matrículas universitarias y el decreto de becas que amenaza directamente a 100.000 estudiantes. Gracias a la política de Wert es imposible para miles de familias trabajadoras poder asumir el pago de hasta 3.000 euros por curso para que sus hijos puedan mantenerse en la Universidad.

La política del PP con la LOMCE, ese intento de devolvernos a las cavernas educativas del franquismo, el tasazo o la supresión de las becas, tiene un sólo objetivo: impedir que los jóvenes de las familias trabajadoras podamos acceder a una enseñanza pública gratuita y de calidad, o podamos cursar estudios universitarios. El Partido Popular ataca y golpea a los más desfavorecidos, mientras protege y gobierna en favor de un puñado de banqueros a los que ya ha entregado a fondo perdido ¡61.000 millones de euros! Y luego nos dicen que no hay dinero para enseñanza o sanidad, o para que una familia afectada por el paro tenga beca de comedor o de libros para sus hijos. El PP pretende que la enseñanza se convierta en un cortijo privado para las familias acaudalas, y para los demás ¡ahí están el paro y la precariedad laboral que todos conocemos en nuestros barrios! En definitiva, el PP quiere acabar con nuestro derecho a estudiar, quiere demoler la enseñanza pública y no podemos consentirlo.

La lucha educativa tiene que ir a más

El proyecto educativo del PP está en sintonía con el futuro que nos preparan ellos, los banqueros y los responsables de esta crisis: si vamos a ser mano de obra barata, con trabajos precarios y salarios de miseria… ¿para qué mantener una buena educación pública? Para el Partido Popular la aprobación de la LOMCE, los tasazos y el decreto de becas se ha convertido en un aspecto estratégico con el que quitarse de en medio al mayor número de estudiantes y jóvenes cualificados, y de ahí su persistencia en mantener sus ataques en pie.

Por esta razón desde el Sindicato de Estudiantes consideramos que es necesario continuar la lucha del curso anterior elevándola a un nivel superior, todavía más contundente, más masiva y más organizada, implicando a todos los estudiantes junto con nuestros padres, madres y profesores. Por eso hemos convocado una Semana de Movilización del 21 al 25 de octubre con tres días de HUELGA GNERAL ESTUDIANTIL (22, 23 y 24 de octubre) en todos los centros de estudio. El 24 de octubre además, la huelga general se extenderá a toda la comunidad educativa, a padres, profesores y estudiantes, al convocar también los sindicatos del profesorado (CCOO, UGT, STES y CGT) y la CEAPA. El siguiente paso acordado por las organizaciones de la Comunidad Educativa es una Marcha Estatal en Defensa de la Educación Pública para el 9 de noviembre.

Estamos en un momento decisivo en la lucha. El gobierno de Rajoy y el ministro Wert tienen previsto aprobar su ley en los próximos meses. Si el gobierno no cede tenemos fuerza y condiciones para continuar y endurecer la movilización. La lucha educativa cuenta con la simpatía de la inmensa mayoría de la sociedad y se puede transformar en una movilización general todavía más potente que logre echar atrás todos los ataques del PP.

¡Sí se puede!

 Propuestas para la Semana de Lucha:

Lunes 21 de Octubre: Asambleas de estudiantes, padres y profesores en los institutos, y encierros para debatir y aprobar la plataforma reivindicativa, formar comités de lucha y organizar las jornadas de huelga.

Martes 22 de Octubre: HUELGA GENERAL DE ESTUDIANTES y organización de piquetes informativos en mercados, centros de salud, plazas, transportes… para dar a conocer las reivindicaciones del movimiento estudiantil. También proponemos la celebración de actos conjuntos informativos con nuestros profesores y padres. La elaboración de pancartas y cartelones para decorar institutos y facultades.

Miércoles 23 de Octubre: HUELGA GENERAL Y MANIFESTACIONES ESTUDIANTILES A LA MAÑANA en todas las ciudades y localidades, llamando a los compañeros de universidad a sumarse activamente a ellas.

Jueves 24 Octubre: HUELGA GENERAL DE ESTUDIANTES PADRES Y PROFESORES, Y MANIFESTACIONES POR LA TARDE.

Viernes 25 de Octubre: Asambleas de balance en los centros de estudio con profesores, estudiantes y padres para decidir las siguientes acciones

Sindicato de Estudiantes

El Tribunal Supremo lamenta la degradación del centro de menores Nivaria, donde se torturaba

Madrid, 11 oct (EFE).- El Tribunal Supremo lamenta, en su sentencia sobre el caso "Nivaria", que en ese centro de menores del Gobierno de Canarias hubiera tal "grosera degradación" del servicio público que pudiera llegarse a torturar a un joven de 16 años, Philip G.Z., quien se suicidó en su habitación en noviembre de 2004.

La sentencia confirma las condenas a un año y medio y un año de prisión por delitos de torturas impuestas por la Audiencia Provincial de Tenerife a dos vigilantes y una educadora del centro de menores, condenas contra las que habían recurrido tanto los reos como el propio ejecutivo canario.

El tribunal considera probado que el vigilante Manuel Antonio D.A., "de enorme corpulencia física", maltrató, humilló y amenazó al menor ante la indiferencia del otro guardia (Vicente R.R.) y de la educadora Nieves de la C. H. H., amenazas que se repitieron en la noche en la que el chico se suicidó en su celda.

Por esas conductas las penas son de un año y medio de prisión al autor material y de un año para los otros dos, y para todos inhabilitación por ocho años, además de las costas.

El Gobierno de Canarias resulta penado con la responsabilidad civil subsidiaria sobre los 60.000? que los tres culpables de torturas deberán entregar a los padres en compensación por los perjuicios sufridos por su hijo. Es decir, si los condenados son insolventes, abonará la indemnización la administración canaria.

Los hechos probados en la condena ocurrieron en el Centro de Menores de ejecución de medidas judiciales "Nivaria" (Tenerife), en donde se habían alcanzado "cotas groseras de degradación en el servicio" después de que la Administración autonómica le hubiera confiado la gestión a una entidad externa (la Fundación Canaria de Juventud Ideo).

En aquel centro "personal inexperto y sin formación ejercía su labor con múltiples irregularidades", de todo lo cual era consciente la Dirección General del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias, en la que los padres habían delegado, ante su incapacidad, la tutoría del joven, dice la sentencia.

El menor, de 16 años de edad, padecía trastornos de conducta (hiperactividad) y había sido ingresado después de que sus padres cedieran su tutela en la Dirección General ante los incidentes de violencia familiar y su incapacidad de atender su enfermedad.

Aunque los padres "en ningún momento se desentendieron del menor, al que prestaban su apoyo y visitaban semanalmente", además de haber recurrido a apoyo psicológico familiar a instancias de la Administración, el chico venía siendo objeto de acoso por los otros internos, al que se sumaron los vigilantes, la mayoría de los cuales carecía de formación.

Estos vigilantes, contratados por la empresa Seguridad Integral Canarias SA, eran quienes impartían castigos corporales y medidas de contención física, a lo que se sumaba que el cuerpo de educadores carecía de experiencia, todo lo cual provocaba que en el centro al que la Dirección General llevó al menor imperara, siempre según la sentencia, "una situación caótica deplorable".

A pesar de que el joven tenía que ser tratado con calmantes ante la situación de pánico que le producían las amenazas, agresiones y acoso de otros internos, el vigilante Manuel D. le atacó físicamente en al menos una ocasión y, en la noche del suicidio, le amenazó en varias ocasiones acusándole de ser "una chivata de mierda".

La sentencia indica que el acoso al joven se originó en los comentarios que éste había hecho sobre el suministro de sustancias prohibidas que algunos empleados hacían a los internos. EFE

El padre de Philip afirma que el centro de menores Nivaria era un infierno

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 (EUROPA PRESS)

El padre de Phillip García, el adolescente que se suicidó con 16 años en el centro de menores de Nivaria (Tenerife) en 2004, ha afirmado este viernes que el "entorno" del centro "era un infierno" y además "imperaba la ley del silencio".

En declaraciones a la 'Cadena Ser' recogidas por Europa Press, Manuel valora que la justicia les haya dado la razón, y aunque la familia "acata" la sentencia, cree que su hijo "no se suicidó". Además, espera que la sentencia del Tribunal Supremo sirva para que las instituciones "se tomen a los niños en serio porque necesitan apoyo y son el futuro de la sociedad, que pongan medios e interés para solucionar este problema".

Manuel ha destacado que su hijo era "inquieto" pero "con mucho corazón y cariñoso", y ha remarcado que sus problemas se agravaron en el colegio, donde no dio con las "personas adecuadas" para tratar su hiperactividad.

"Nos vimos abocados a buscar ayuda para darle medios adecuados y encauzar la enfermedad, pero por un cúmulo de desaciertos acabó ingresado en el centro", ha relatado.

Además, ha comentado que "todos los fines de semana" iban a visitarlo y si no acudieron más veces fue porque las medidas internas no lo permitían.

Manuel ha apuntado que los problemas empezaron en el colegio, donde "perdió" autoestima y empezó a empeorar en su enfermedad. "En el colegio no le dieron las medidas adecuadas y se le marginó con 9 años. Decían que era inquieto y que hacía desatender a los demás niños por lo que lo mandaban al recreo o que se fuera a casa", ha señalado.

"MARGINADO" EN EL COLEGIO

Por ello, ha recordado que la familia "luchó" con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para que tuviera profesores especiales, pero fue "marginado" por los demás niños. "No era conflictivo, y ya en los centros, impera la ley del más fuerte, y a él le agredían, abusaban de él", ha dicho.

Manuel ha reconocido que en una ocasión, Phillip agredió a un tutor en un piso tutelado, y que se hizo "conflictivo" en el centro, pero generalmente, cuando lo visitaban, el chico aparecía con agresiones, labios cortados o no podía caminar por agresiones en sus partes. "El niño nunca nos lo contaba, pero sospechábamos", ha destacado.

La sentencia del Tribunal Supremo ha confirmado las penas de entre año y medio y un año de prisión impuestas por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a dos vigilantes y la coordinadora del centro por un delito de torturas.

Además, deberán indemnizar a los padres del chico con 60.000 euros, siendo responsables civiles subsidiarios la fundación Ideo, que gestionaba el centro, y la Dirección General de Protección al Menor y la Familia del Gobierno de Canarias.

Las mentiras del Ministerio de Educación

Mentira nº 1 - “La LOMCE no es una reforma franquista”

► La LOMCE recupera las reválidas franquistas en 4º de la ESO, 2º de Bachillerato y Acceso a la Universidad. Los estudiantes que no superen esta prueba no sólo no podrán acceder al siguiente ciclo formativo sino que tampoco obtendrán el título de la ESO o Bachillerato aunque hayan aprobado todas las asignaturas.

El objetivo de estas reválidas no se le escapa a nadie. Incluso durante el franquismo se reconoció el papel que jugaban. El Libro Blanco de la Educación publicado en 1969 señalaba que debido a las reválidas el 45% de los estudiantes no pasaban a estudios superiores. Si la reforma educativa de 1970, impulsada por Villar Palasí, eliminó las reválidas fue precisamente por eso, ya que para el mercado laboral del momento –en el que empresas estadounidenses y alemanas abrían fábricas en el Estado español— era necesario formar mano de obra cualificada. ¡Justo lo contrario que ahora!

► La LOMCE establece itinerarios segregadores y clasistas para separar a los alumnos “que valen” de los demás. Desde 1º de la ESO se empezará a marcar la diferencia que más adelante separará a los estudiantes en diferentes itinerarios en función de los resultados académicos que obtengan. La “solución” para los alumnos que tengan más dificultades no será la aplicación de medidas de refuerzo sino encarrilarlos en itinerarios-basura que les sacarán del sistema educativo antes que a los demás y sin ninguna cualificación, acentuando la discriminación social dentro de la escuela en lugar de combatirla. Así, quien tenga dificultades con alguna asignatura pero pueda pagar clases particulares podrá recibir la atención que necesita para superarlas.

► La LOMCE recupera la religión como asignatura computable para la nota media. Cuando pensábamos que la Iglesia Católica ya no podía utilizar las escuelas como un lugar desde el que ejercer su dominio ideológico el PP les devuelve un púlpito privilegiado con el que adoctrinarnos dentro de la educación pública.

Además, se introduce un elemento más de discriminación ya que los estudiantes que opten por esta asignatura tendrán más posibilidades de aumentar su nota media de cara a obtener una beca o ir a la universidad, pues de todos es conocido que el “esfuerzo” exigido suele ser menor que en cualquier otra asignatura, incluyendo su optativa.

► La LOMCE permite financiar con dinero público centros ultracatólicos que segregan por razón de sexo.

► La LOMCE ataca nuestros derechos democráticos más básicos. Con respecto a las lenguas cooficiales de las nacionalidades históricas, el PP demuestra una vez más su carácter más reaccionario y españolista. Baste recordar las declaraciones del Ministro Wert cuando decía que había “que españolizar a los estudiantes catalanes”. Sin duda una demostración de lo que en la práctica será terminar con el derecho a poder aprender con garantías el catalán, el galego, el euskera en la pública.

Pero esto no es lo único También quieren acabar con el derecho a huelga para los estudiantes. Como sus argumentos no convencen, utilizan más y más represión, como en el franquismo. Quieren destruir la escuela pública mientras nos niegan el derecho a abrir la boca y a movilizarnos contra ellos.

Mentira nº 2 – “El Gobierno ha aprobado el mayor presupuesto para becas de la historia”

► Aunque el ministro Wert explicó sin el menor sonrojo que el PP había aprobado el mayor presupuesto para becas de la historia, los datos del propio Ministerio de Educación lo desmienten. El mayor presupuesto de la historia fue el de 2011 con 1.620 millones de euros. A partir de la llegada del PP al gobierno lo que ha habido es una caída libre en este capítulo, llegando a los 1.222 millones en 2013, o lo que es lo mismo, una diferencia neta de 398 millones de euros menos.

Estos recortes han tenido consecuencias dramáticas, como refleja el dato también facilitado por el MEC: 578.000 niños han dejado de recibir ayudas para material escolar en 2013.

Aunque en el borrador de los presupuestos generales para 2014 se contempla un aumento del dinero dedicado a becas –en concreto 1.448 millones de euros- no sería suficiente para alcanzar el punto en el que nos encontrábamos antes de la escabechina. Incluso con este aumento, el endurecimiento de los requisitos, la brutal subida de tasas y la menor cuantía de las becas dejan un saldo muy claro: las familias trabajadoras tendrán muchos más problemas que antes para poder garantizar la educación de sus hijos.

Mentira nº 3 – “El Decreto de Becas no excluye a nadie por su capacidad económica”

► Lo que establece el decreto de Becas aprobado en agosto por el MEC son mecanismos que penalizan a la gente con menos recursos económicos. La nota mínima para obtener exención de pago de tasas en la universidad es de 5,5 (el PP la subió el curso pasado 0,5 puntos) y para obtener alguna ayuda económica compensatoria para los estudiantes con menos recursos la nota mínima exigida será de 6,5 en los grados y 7 para los másters.

Lo que esto significa, en la práctica, es que a los estudiantes con menos recursos se les exigirá más que al resto para poder estudiar. Quien tenga dinero podrá sacar la nota que quiera –un 7 o un 3- ya que podrá pagar la matrícula. Pero quien no tenga dinero para afrontar ese coste -que oscila entre los 2.000 y los 3.000 euros- tendrá que sacar mejor nota que los demás para poder “ganarse el derecho” a estudiar. Aunque el Gobierno del PP se empeñe en decir que no es una medida clasista los hechos hablan por sí solos.

Mentira nº 4 – “La apuesta del Gobierno es la Formación Profesional”

► Ante la alarma social generada por las dificultades que tendrán los hijos de los trabajadores para acceder a la universidad, el Gobierno responde con la Formación Profesional. Dicen que es una salida muy buena y una alternativa a la formación universitaria. Pero la realidad es que también están bloqueando el acceso a la Formación Profesional de grado superior. Así lo revelan las políticas llevadas a cabo en comunidades gobernadas por la derecha. Por ejemplo en Madrid se han incrementado las tasas de grado superior en la FP hasta alcanzar los 400 euros. Lo que hace unos años costaba la matrícula universitaria ahora lo cuesta la FP. Pero eso no es todo: tal y como anunciaba el BOE hace unos días, a partir de este curso se penalizará con 120 euros cada asignatura suspensa. ¡Curiosa forma de promocionar la Formación Profesional!

Por si fuera poco, este inicio de curso ha comenzado con 22.000 no admitidos en FP ¡sólo en la Comunidad de Madrid! Y ante esta situación el Gobierno responde con un presupuesto para 2014 que recorta un 7% a la FP.

Mentira nº 5 – “La LOMCE es una reforma que va a mejorar la educación”

► Las medidas que ha puesto en marcha para “mejorarla” son el despido de nuestros profesores, la reducción de la cuantía de las becas, la masificación, el aumento de las tasas para Universidad y Formación Profesional…

Cuando desde el Partido Popular ponen el ejemplo del informe PISA o de países punteros en el ámbito educativo como Finlandia para explicar que es necesario hacer “reformas” para mejorar la educación se olvidan por completo de especificar cómo. Países como Finlandia consiguen los mejores resultados invirtiendo un 8% del PIB en educación (frente al 4,5% en el Estado español), ofertando educación pública gratuita desde Infantil a Universidad (algo que obviamente no ocurre aquí), garantizando la gratuidad del comedor y los libros de texto para todos (sobran las aclaraciones sobre cómo se aborda este punto por parte del PP), invirtiendo todo el dinero público destinado a Educación en la pública (y no desviando una parte de 6.400 millones a los empresarios de la privada-concertada como ocurre aquí) además de un largo etcétera que va en la misma línea.

Queda claro cómo cualquier mejora de la educación pública pasa por una mayor inversión en la misma. Justo lo contrario de lo que está haciendo el PP. Por lo tanto, lejos de mejorar la educación pública, lo único que se puede conseguir con sus políticas es destruirla por completo. La conclusión no puede ser más clara: salvar la educación pública pasa por al retirada de la LOMCE, la dimisión de Wert y de todo el gobierno del PP. ¡Tenemos fuerza para hacerlo!

Sindicato de Estudiantes

Gonzalo Romero nos ha dejado. ¡Hasta siempre compañero!

El pasado lunes 30 de septiembre nos dejó Gonzalo. Se ha ido un maestro, un pedagogo, un intelectual de los de verdad, de los que aplican sus ideas a la realidad. Pero sobre todo Gonzalo era un revolucionario, que entendía la educación como una herramienta de transformación social. Por eso nos enseñó la diferencia entre educar para la vida o amaestrar para el mercado.

Siempre preocupado por los que ya no tienen ni voz, él les prestaba la suya desde El Candelero, programa que consideramos nuestra casa gracias a Gonzalo y sus compañeros y amigos de Candela. Ha sido un honor y un placer compartir contigo parte del camino. ¡Hasta siempre, compañero!

Gonzalo Romero Izarra: Doctor en pedagogía y profesor del Departamento de Didáctica de la Universidad de Alcalá. Autor de varios libros de relatos y de pedagogía social. Miembro fundador de la Asociación cultural Candela dedicada al desarrollo de proyectos socioeducativos comunitarios. Su vocación, su investigación y acción pedagógica y su mirada literaria recorren y analizan el mundo de la exclusión social. Presentador y dinamizador del programa de radio Vallekas “El Candelero”.

A la memoria de Gonzalo Romero

Gonzalo Romero nos dejó en la madrugada del pasado lunes huérfanos de palabras y acciones.  Su ausencia perdura como una pesada sombra sobre el mundo, al menos sobre el mundo que él siempre quiso cambiar, ese mundo plagado de Goliats y molinos contra los que tirar piedras y arremeter cargados de justicia y verdad.  Nosotros, como el fiel Sancho, no podíamos sustraernos a su influjo.  Si orbitabas cerca de él sabías que corrías el riesgo de quedar atrapado en un compromiso ineludible y a tiempo completo, como un ministerio sin fin lleno de la intimidad que da saber que haces lo correcto con los compañeros de viaje que elijes.

Todos nosotros podemos hacer la nómina inabarcable de lo que emprendimos con Gonzalo, y mientras repasamos las grandes –o pequeñas- cosas que hicimos con él, caemos en la cuenta que la suma de todo ello es lo que él mismo hizo, una tarea que parecía imposible para una única persona que era en verdad única –¿os acordáis de estar con Gonzalo en la radio, rehabilitando una ermita en León, enseñando en una escuela de adultos, viajando incansablemente a Bolivia…?- o escribiendo, siempre escribiendo, como si tuviera que llevar un estadillo de la pobreza y desheredad que acompañaba, infatigable y ajeno a esa compraventa que impregna la vida toda, como el loco de la vía, ¿verdad Rafael?

Ahora nos toca a los demás seguir construyendo la ciudad que pobló con sus palabras y acciones, sin descanso, juntos, y por muy altos que sean los gigantes o muy recios que se nos presenten los molinos no desfalleceremos porque tendremos siempre presente su ejemplo.  Un ejemplo de persistencia, profundidad y acción.  Por eso, como siempre decía en su querido Candelero, “nos vemos en la calle”.

 Luis A. Cerrón

CCOO denuncia a los vigilantes de seguridad fascistas de un centro de menores

El secretario general de la Federación de Servicios Privados de CCOO, Miguel Ángel Pardo, registró el pasado 12 de septiembre un escrito ante la Delegación del Gobierno de Baleares en el que seis vigilantes de seguridad del Centro de Menores de Es Pinaret denunciaban que varios vigilantes de supuesta ideología neonazi y pertenecientes a la empresa P.P. S.A. han instaurado un "régimen de terror" en el que llegan a agredir a los internos.

En un comunicado, CCOO ha explicado que en la citada denuncia, los vigilantes señalaban que se ha creado una situación "absolutamente demencial y escalofriante, que de ser cierta, tendría evidentes implicaciones penales".

Según lo relatado por los vigilantes, un "grupúsculo" de estos trabajadores, autodenominado 'La Camada', de supuesta ideología neonazi, de la cual "no tienen reparo alguno en hacer apología",presuntamente "agreden a los menores, amenazan al personal educativo y llevan a cabo vejaciones y coacciones al resto de compañeros vigilantes".

CCOO ha señalado que se ha llegado al extremo de que dos de los vigilantes sientan "auténtico temor" a acudir a su puesto de trabajo y se hayan tenido que dar de baja psicológica por depresión.

No obstante, el sindicato ha remarcado que lo "realmente grave" de la situación descrita es que la citada empresa tendría conocimiento de todo a través de las quejas, tanto de la Dirección del Centro, que "habría solicitado en reiteradas ocasiones la retirada de estos vigilantes del servicio, como de los propios vigilantes afectados y lo estaría consintiendo".

"Ni que decir tiene que CCOO, nada más tener conocimiento de lo que estaba sucediendo y en prevención de que pudiera producirse alguna desgracia, puso inmediatamente el asunto en conocimiento de la Delegación de Gobierno para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con carácter de urgencia, abran una investigación y depuren las responsabilidades pertinentes", ha concluido el sindicato.

Continúan trabajando en el centro

Los cuatro vigilantes continúan trabajando en esta instalación, a pesar de que la Dirección General de Familia y Menores ha denunciado estos hechos ante la Fiscalía y los ha puesto en conocimiento de la Abogacía de la Comunidad Autónoma.

Así lo ha confirmado la directora general de Familia y Menores, Apolonia Socías. Concretamente, ha desvelado que un menor interno en este centro, que pertenece a la Fundación S'Estel de la Conselleria de Familia y Servicios Sociales, denunció, a principios de febrero, haber recibido una patada por parte de estos vigilantes, mientras que otro menor denunció que también recibió una agresión violenta durante una contención.

Estas denuncias, según ha indicado Socías, provocó que el Govern solicitara la suspensión cautelar de estos trabajadores, de manera que la citada empresa sancionó a los cuatro vigilantes con un mes sin empleo y sueldo por una falta moderada grave, si bien, posteriormente, fueron readmitidos, a pesar de que el Govern exigió a Protección de Patrimonios S.A. que no volvieran al centro de menores, donde están internados 52 jóvenes, de entre 16 y 21 años, que han sido condenados por la Justicia.

Estas sanciones tuvieron lugar después de que el Govern les prohibiera la entrada al centro durante dos meses, al considerar que "se había llegado a un límite" tras protagonizar numerosos incidentes.

Socías ha indicado que estos cuatro vigilantes fueron subrogados por esta empresa, cuando finalizó el anterior contrato de seguridad con la empresa Trablisa el 23 de julio de 2012, de manera que ha desvelado que algunos de ellos llevan trabajando en el Centro Socioeducativo de Es Pinaret "desde hace ocho años".

Por otro lado, ha apuntado que uno de los cuatro vigilantes fue sancionado con tres meses de suspensión de empleo, de forma que regresó al centro hace un mes, aunque, en estos momentos, se encuentra de baja.

La directora general de Familia y Menores ha revelado que ante la negativa de la citada empresa de expulsar a los cuatro vigilantes denunciados, la Abogacía de la Comunidad Autónoma está buscando fórmulas jurídicas para rescindir el contrato de vigilancia del Centro de Menores, que cuenta en cada uno de los tres turnos con cuatro vigilantes más otro en el puesto de control.

Concretamente, ha detallado que la empresa alega que no puede apartarles de su puesto de trabajo, debido a que se requieren unos trámites jurídicos administrativos.

Además, ha indicado que el Govern se está planteando incluso la posibilidad de resolver el contrato y asumir de manera directa las labores de vigilancia en caso de que "no se resuelvan los problemas".

'No actúan cuando hay peleas'

En este sentido, ha subrayado que los propios trabajadores del centro han denunciado algunos incidentes con estos vigilantes, dado que, según han señalado, "se niegan a abrir la puerta y no actúan cuando se producen tumultos y peleas entre los internos". Además, ha añadido que llegan a ausentarse de su puesto de trabajo sin previo aviso dejando sin vigilancia a los menores.

No obstante, Socías ha apuntado que desde que volvieron a sus puestos, no se han denunciado más incidentes, si bien el Govern continúa buscando la manera de rescindir el contrato, dado que, a su juicio, la empresa que gestiona la seguridad "no está obrando de la mejor manera".

"Hace dos semanas me reuní con la empresa para pedirle que, al tratarse de una labor tan especial la vigilancia de menoresa, se apartara a los vigilantes y se les destinara a otro servicio, pero la empresa asegura que no lo puede hacer, dado que el pliego de condiciones no contempla esta posibilidad", ha manifestado, al tiempo que ha considerado que "no se puede tolerar" que haya personas con ideología neonazi vigilando un Centro Socioeducativo en el que están internos varios menores inmigrantes.

¡Pongamos nervioso a Bauzá!