Concentración contra la LOMCE frente al Congreso de los Diputados

La Otra Memoria Histórica. 28-F, Andalucía y el derecho a decidir

La Transición tal y como nos la han contado es mentira. Como también lo es que el estado de las autonomías fuese fruto de la inteligencia negociadora y la generosidad de los dirigentes políticos de todas las tendencias. El famoso "café para todos". El proceso de descentralización política fue fruto de la lucha consciente de los pueblos y naciones del estado español. Y este proceso recibió un fuerte impulso desde tierras andaluzas.

Porque también es mentira que Andalucía sea cuna y fuente de españolismo. Nunca fue así y no lo es. La lucha por la autonomía tuvo uno de sus grandes hitos el 4 de diciembre 1977, día en que el pueblo andaluz ocupó las calles para tomar su destino en sus manos. Ese día la represión fue brutal, siendo asesinado por disparos de la Policía Armada Manuel José García Caparrós, trabajador de la fábrica de Cerveza Victoria y militante de CCOO. Crimen que sigue impune. Finalmente, el 28 de febrero de 1980, a pesar de todas las trabas del gobierno de Adolfo Suárez y las provocaciones fascistas, se celebró el referéndum que concedió plena autonomía a Andalucía.

En unos momentos donde el derecho a decidir de los pueblos vuelve a estar en el orden del día, es necesario recordar nuestra historia, pero la de verdad. No la que, para conmemorar el 28F, ahora se inventa Susana Díaz. Porque al igual que la conquista de la democracia formal no conllevó la libertad y la emancipación del pueblo, la autonomía de Andalucía no ha resuelto sus atávicos problemas. Suscribimos las palabras de la compañera Teresa Rodríguez en el Parlamento de Andalucía.

Los cambios sociopolíticos siempre vienen acompañados de efervescencia creativa y hambre cultural. Por eso intentan censurar y/o institucionalizar las diferentes expresiones culturales. El documental La gira histórica expone a la perfección cómo la cultura popular y el ansia de libertad fueron de la mano en la lucha por el reconocimiento de la identidad de un pueblo.

Marco cuenta su experiencia en una cárcel de menores (Teresa de Calcuta)

Un año y ocho meses, para él es poco si lo compara con otros chavales que pasan toda su infancia y juventud en centros de menores. En su pecho lleva tatuada una fecha, la fecha en que le dieron la libertad, ¿Cuan importante habrá sido ese día para que se lo llegue a tatuar? me pregunto yo.

Ahora, que es adulto, ve con lucidez el pasado. Nos explica, muchísimo mejor que cualquier educador social, que cualquier académico... lo que significa un centro de menores. Que empezando por el lenguaje no es centro, sino cárcel, no son menores (término jurídico) sino niños, niñas, adolescentes... personas.

Escucha la entrevista en Los Sonidos de mi Barrio

La realidad de las residencias de ancianos

El impulsor de la Oficina de Defensa del Anciano, Marcelino Laruelo, pretende denunciar con su actividad las irregularidades que sufren los mayores en las residencias de ancianos y colaborar para mejorar sus condiciones de vida. Laruelo, cuya madre padece Alzheimer desde hace 16 años, critica la opacidad de los centros asistenciales y reclama a los políticos que se preocupen por los problemas de la llamada tercera edad con medidas concretas como el fin de la hipoteca post mortem o limitar el coste de una residencia pública a un 75% de la pensión.


> 'Los políticos deberían pasar un mes en uno de esos hospitales clandestinos llamados residencias, 12h amarrados a una silla…'

- El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito del desarrollo, pero también constituye un reto para la sociedad. ¿Está nuestra sociedad adaptada a las necesidades de los mayores incluyendo su participación social y su seguridad?

Además de por su capacidad económica, hay que distinguir entre los ancianos en plenitud de sus facultades mentales y los que no. Las residencias de ancianos se han convertido en hospitales clandestinos al margen de la sanidad pública. Los ancianos de hoy son los niños que sufrieron la guerra y la posguerra, los que levantaron este país, gente trabajadora y ahorradora. Están en el punto de mira de toda clase de timadores y aprovechados, incluidas, por desgracia, las administraciones públicas, bien sea por acción o por omisión.

- ¿Cómo valora la ley de dependencia?

Fue un hito del gobierno de Zapatero, pero cada vez que se reúne el ministro con los consejeros autonómicos de la cosa es para pegarle un hachazo. Luego, en cada autonomía, crean su propio laberinto burocrático. En Asturias, por ejemplo, el cuestionario para solicitar la revisión del grado de dependencia, que tendría que ser de oficio, parece hecho por la Gestapo.

- Últimamente ha habido noticias relacionadas con el maltrato a ancianos en distintas residencias o centros asistenciales. ¿Son casos excepcionales o debemos dar la voz de alarma?¿Cuántos casos de maltrato afectan a este colectivo al año?

Se sabe poco de lo que ocurre de día y no se sabe nada de lo que ocurre de noche. Hay muchas formas de ocultar los malos tratos a ancianos indefensos. Se descubrieron criminales en las residencias por casualidad (caso de Olot), gracias a las imágenes de una cámara. Habría que empezar por prohibir amarrar a una silla a los ancianos e instalar webcams para que la familia pudiera comprobar en todo momento cómo está. Es cuestión de voluntad política, no de dinero.

- ¿Considera transparente la gestión de las residencias de ancianos? ¿La administración lleva a cabo una correcta inspección de las mismas?

En Asturias, el organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos que gestiona residencias propias y plazas concertadas en las privadas, cobra 2.870 euros/mes por una habitación doble, no envía las facturas mensuales, no elabora las memorias anuales económicas y de gestión, no hay noticia de que alguna vez haya tenido una auditoría externa... Opacidad absoluta. Funcionario no come funcionario, las inspecciones son escasas e inoperantes, salvo que intervenga el juzgado, y aún así.

- ¿Son visibles los problemas de la llamada tercera edad?

Los ancianos con alzhéimer y otras demencias son víctimas de maltrato, discriminación sanitaria e incautación de bienes. Se suele decir que están mejor tratados los presos en la cárcel y, además, es gratis. Varios millones de españoles, enfermos y familiares, están sufriendo lo no escrito en medio de una total indiferencia.

- ¿Por qué cree que no se suela hablar de la violencia de género en la tercera edad?

El nivel de obtusidad e hipocresía es muy elevado: abusar y violar a ancianas en una residencia la noche de Nochebuena, matar a tiros a un niño negro, abusar y violar a mujeres en Nochevieja en Colonia, el burka..., es machismo, es violencia, es barbarie y es inadmisible. Los hechos y la respuesta dan idea de la regresión social que vivimos.

- La OMS calcula que entre 2015 y 2050, la población mundial mayor de 60 años pasará del 12% al 22%, alcanzando los 2.000 millones. ¿Cree que crece al mismo ritmo su peso en las decisiones de la vida pública?

A los políticos, lo que les importa no es solucionar los problemas, sino sobrevivirlos. No es lo mismo estar prejubilado, sano y con una buena pensión, que ser viuda, con alzhéimer y 600 euros al mes (o menos). En España, en mi opinión, bajará la esperanza de vida porque las mujeres han nacido ya en ciudades contaminadas, tienen muchas tareas y preocupaciones, y han cogido muchos malos hábitos de los hombres.

- ¿Considera que los distintos partidos políticos se ocupan como es debido de los mayores en sus programas electorales?

Los programas electorales de los partidos están hechos de papel y el papel lo aguanta todo. Otra cosa es repartir con justicia el “trigo” que haya. Deberían de pasar un mes en uno de esos hospitales clandestinos llamados residencias de ancianos, doce horas al día amarrados a una silla… Pues hay muchas posibilidades de que todos acabemos así.

- ¿Cuáles son las necesidades prioritarias de los mayores?

Hay que acabar con el maltrato, el abuso, la discriminación social y sanitaria, y la incautación de bienes. A ningún anciano en España que esté en una residencia pública se le debería de cobrar más del 75% de lo que tenga de pensión –se ha colocado esta petición en Change.org-, previas las deducciones familiares que le correspondan. Poner fin a la hipoteca inversa post morten de las deudas con las residencias públicas. Los ancianos tienen que unirse, ayudarse y defenderse mutuamente. Ocuparse más de llevarle un caldo al vecino de portal enfermo que de si baja o sube la bolsa en China. Está en juego su libertad, su autonomía y su economía.

Diariocrítico

27F: Mareas Ciudadanas

La Otra Memoria Histórica. El 23-F, la verdad

El 23 de febrero de 1981 se produjo un golpe de estado fallido. A ciencia cierta, no sabemos nada más. Porque la versión oficial simplemente no es creíble. De hecho, la única certeza que tenemos sobre el 23F es que PP y PSOE han hecho todo lo posible para que no conozcamos la verdad (ver Acerca del 23-F: somos como niños).

Por su interés, reproducimos a continuación el artículo El rey, su ayudante Armanda y Múgica (PSOE) dieron el "golpe" del 23-F contra Suárez, pero Tejero no aceptó la "lista de los 19", publicado por Espía en el Congreso en 2014, y  recomendamos rescatar el debate en La Tuerka sobre el 23-F de 2011, con Pablo Iglesias, Ramón Cotarelo, Emilio Silva, Antonio Elorza y Juan Carlos Monedero. Para verlo, pulsa aquí.

La muerte del general Alfonso Armada, indultado por el Gobierno del socialista Felipe González tras cumplir solo 6 años de los 30 a los que fue condenado, no ha enterrado ni mucho menos la verdad histórica y judicial sobre el golpe de Estado del 23-F. Cada vez más historiadores, investigadores y testigos directos están desvelando que la asonada no se produjo como la contaron sus protagonistas, sino que fue el propio rey Juan Carlos, su ayudante desde 1955, Alfonso Armada (secretario de la Casa del Príncipe Juan Carlos y después, cuando su jefe era ya el monarca, secretario general de la Casa Real) y el dirigente socialista Enrique Múgica (PSOE) quienes urdieron un “Gobierno de concentración” para derrocar a Adolfo Suárez. El problema fue que el autor material, el coronel golpista Antonio Tejero, les salió rana. Y además un operador de TVE dejó encendida una cámara que puso al descubierto la opereta bufa. Para colmo, Armada no consiguió convencer a Tejero de que se le invistiera allí mismo presidente del Gobierno junto con dirigentes de AP, PSOE, PCE, “traidores” de UCD e independientes.

La médico del Congreso, doctora Carmen Echave, escuchó la conversación Armada-Tejero tras una puerta contigua y anotó los nombres que intentaban pactar. Los escribió en su propia agenda para no olvidarse. Es la conocida “lista de los 19”, políticos y militares que, por fidelidad al rey, odio a Adolfo Suárez, ambición o las tres cosas juntas, estaban dispuestos a todo con tal de poder ocupar un sillón ministerial:

– Presidente: general Alfonso Armada
– Vicepresidente para Asuntos Políticos: Felipe González (PSOE)
– Vicepresidente para Asuntos Económicos: J.M. López de Letona (Banca)
–Ministro de Asuntos Exteriores: José María de Areilza (Coalición Democrática)
–Ministro de Defensa: Manuel Fraga Iribarne (Alianza Popular)

–Ministro de Justicia: Gregorio Peces-Barba (PSOE)
–Ministro de Hacienda: Pío Cabanillas (UCD)
–Ministro del Interior: general Manuel Saavedra Palmeiro
–Ministro de Obras Públicas: José Luis Alvarez (UCD)
–Ministro de Educación y Ciencia: Miguel Herrero de Miñón (UCD)
–Ministro de Trabajo: Jordi Solé Tura (PCE)
–Ministro de Industria: Agustín Rodríguez Sahagún (UCD)
–Ministro de Comercio: Carlos Ferrer Salat (presidente de la CEOE)
–Ministro de Cultura: Antonio Garrigues Walker (empresario)
–Ministro de Economía: Ramón Tamames (PCE)
–Ministro de Transportes y Comunicaciones: Javier Solana (PSOE)
–Ministro de Autonomías y Regiones: general José Antonio Sáenz de Santamaría
–Ministro de Sanidad: Enrique Múgica Herzog (PSOE)
–Ministro de Información: Luis María Anson (presidente de la agencia Efe)

La fiabilidad del testimonio de la doctora Echave lo corrobora la periodista Victoria Prego, especializada en la Transición, y lo confirma el periodista Pablo Sebastián, que menciona como Fernando Alvarez de Miranda (UCD) y Alejandro Rojas Marcos (Partido Andalucista) supieron que Felipe González había dado el visto bueno a un “Gobierno de concentración nacional”:

“¿Por qué Felipe González -como lo recuerda Fernando Alvarez de Miranda citando a Adolfo Suárez  y lo ha confirmado Alejandro Rojas Marcos– prefería un Gobierno de concentración nacional presidido por un militar, como el que proponía Armada, en vez del Gobierno de Suárez? ¿Qué pasó entre Armada y Tejero cuando el coronel de la Guardia Civil con el que Armada había preparado el golpe, le negó a Armada su entrada en el Congreso secuestrado porque al parecer la lista del gobierno que traía el exgeneral incluía a socialistas y comunistas?”.

El coronel Martínez Inglés incluye en su libro “La transición vigilada”, retirado del mercado a los 15 días, las únicas declaraciones del general golpista Milans del Bosch sobre esos acontecimientos. Habían coincidido en la misma prisión y el coronel le prometió no divulgarlas hasta después de su muerte. Milans del Bosch dijo: “El rey quiso dar un golpe de timón institucional, enderezar el proceso que se le escapaba de las manos y, en esta ocasión, con el peligro que se cernía sobre su corona y con el temor de que todo saltara por los aires, me autorizó actuar de acuerdo con las instrucciones que recibiera de Armada”.

Afirma que después el general Armada siguió teniendo mucha amistad con el rey, con quien hizo un pacto de silencio: “No acusó a su señor, se calló y estuvo solamente cinco años en la cárcel, después lo indultaron. Sin embargo, el general Milans, un hombre completamente distinto de Armada, no es un hombre de Palacio sino un militar más puro, fue engañado y abandonado, siguió en la cárcel durante nueve años”.

El periodista Jesús Cacho también investigó este asunto en el libro “El negocio de la libertad’. Su colega Rafa Plaza afirma que Cacho lo había entregado a la editorial Plaza y Janés del grupo Berstelsmann, pero le dijeron que lo publicarían si mutilaba 50%. “No queremos problemas”, le comentaron. Lo llevó entonces a la editorial Foca, y el libro ya va en la undécima edición, con 90 mil ejemplares vendidos.

Cacho concluye que “el rey participó en el 23-F”, y menciona en el libro un informe escrito y firmado de puño y letra por el general Armada, que confirma lo anterior, así como la carta que escribió antes del juicio, en la cual el general le pide permiso al rey “por el honor de mis hijos y de mi familia, para utilizar, durante el consejo de guerra, parte del contenido de nuestra conversación, de la cual tengo nota puntual, mantenida días antes del golpe, a la vuelta de los reyes del entierro de la reina Federica de Grecia”.

Otros tres testigos más, los coroneles Diego Camacho y Alberto Perote, junto con el propio jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, que fue despedido por el rey porque no admitía las continuas tropelías del monarca y se las recriminaba, han dejado testimoniado lo que saben. Con ellos habló o recabó su testimonio el catedrático Roberto Centeno:

“Los golpistas del 23-F fueron víctimas de la fatalidad: el teniente coronel Tejero, encargado de la toma de las Cortes, se negó a obedecer a Armada cuando supo que iba a formarse un Gobierno con socialistas y otras izquierdas de nombre. En una entrevista radiada la pasada semana con el señor Trevijano, el coronel Diego Camacho, del CESID, relató cómo sus jefes estaban dentro del golpe y cómo lo apartaron cuando lo denunció ante su superior el general Calderón, sin saber que formaba parte de la trama. Según este coronel, el Rey dio marcha atrás cuando Armada le comunicó por teléfono que Tejero iba por libre y no le obedecía”.

“Además, el hecho de que la radio y la televisión continuaron transmitiendo, con un energúmeno pegando tiros al aire y el mundo entero viéndolo en directo, hacía el “golpe de timón” absolutamente infumable a nivel internacional”. En otra entrevista realizada en la COPE por César Vidal al coronel Alberto Perote del CESID, que vivió en directo todo el asunto, al preguntarle qué habría pasado si Tejero hubiera obedecido y las cámaras hubieran sido desconectadas, su respuesta fue rotunda: “Armada habría salido del Congreso investido como presidente del Gobierno”.

El jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, cuando fue expulsado de su puesto por el Rey, le contó a Trevijano cómo en el libro de visitas al monarca del día 11-F aparecía borrado el nombre de D. Alfonso de Borbón y en su lugar se había puesto el del general Armada, que se presentó de improviso en la Zarzuela, sin conocimiento de su capitán general. Y -continúa el general Fernández Campos– “tratándome como si fuera un soldado”, ante mi sorpresa me exigió: “dígale que estoy aquí y vera cómo me recibe (el Rey) en el acto”, lo que efectivamente sucedió.

Fernández Campos le contó también a Trevijano que, a las tres de la mañana del 24-F, ordenó a un capitán de servicio en la Zarzuela que se presentara en la agencia EFE y retirara el cable enviado por el Rey a Miláns del Bosch en el que le decía “que ya no podía dar marcha atrás”. Se refería a la suspensión de la operación político-militar promovida por la Corona. Miláns del Bosch, que ya había sacado los tanques a la calle, no obedece al Rey al instante, por eso el mensaje del monarca en la televisión no puede emitirse hasta la madrugada. En el 23-F los militares pagaron el pato, todos los condenados menos uno eran militares, aunque en el golpe había mas civiles que militares: “Y con una dignidad y una lealtad digna de mejor causa todos mantuvieron la boca cerrada”.

La Amnistía Social: una propuesta de base

¿En qué consiste esta propuesta? ¿A quién va dirigida?

Estos interrogantes son con los que nos encontraremos a la hora de explicar en qué se basa esta demanda, qué queremos decir cuando hablamos de Amnistía Social. Pero tendremos que hacernos más preguntas, y eso es lo que queremos intentar responder con este documento.

Vayamos a las definiciones de lo que quiere decir literalmente amnistía :

“La amnistía (del griego “amnestia”, olvido) es una causa de extinción de la responsabilidad penal. Es un acto jurídico, normalmente emanado del poder legislativo, por el que una pluralidad de individuos que habían sido declarados culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva”.

“La amnistía suele tener efectos retroactivos y, entre otros, extingue toda responsabilidad penal o civil y anula los antecedentes penales. Por el mismo motivo es general, dado que actúa sobre todos los que cometieron ese delito, y no sobre individuos concretos”. 

“La amnistía suele suponer un nuevo juicio de valor sobre la conveniencia de prohibir o sancionar una conducta. Por esa razón, las leyes o actos de amnistía son más frecuentes en momentos de cambios sociales o de regímenes políticos, y en ocasiones se asocia al perdón de presos políticos. Sin embargo, su empleo puede ser objeto de polémica, pues puede provocar la impunidad de quienes cometieron graves hechos durante un régimen anterior”.

Las modalidades de amnistía más conocidas son las que afectan a militantes presas de organizaciones políticas (amnistía política). Recientemente, el gobierno ha usado la amnistía para beneficiar a corruptos y defraudadores (amnistía fiscal).

¿Y qué es una AMNISTÍA SOCIAL?

El concepto que planteamos tiene unas connotaciones diferentes y más amplias de las que conocemos como “amnistía política”. Muchas personas han padecido sanciones (o estamos en la lista de espera) cuando, en defensa de sus derechos básicos (sanidad, educación, vivienda, libertad de expresión, concentración, huelga, manifestación, dignidad humana, etc.), y forzadas por unas circunstancias de las que son víctimas, han sufrido en sus carnes la rigurosidad de las leyes vigentes y la desproporcionada actuación de los cuerpos de seguridad del Estado.

Cada una de las luchas, en este proceso de defensa de los derechos, de lo público (huelgas generales y sectoriales (mineras, limpieza, sanidad, educación, estudiantiles, etc.), el 15-M, los desahucios y las okupaciones, las mareas, blancas, verdes, azules, negras, etc, las marchas de la dignidad, en defensa del derecho al aborto y los derechos de las mujeres, las de las discapacitadas, las de las preferentistas, contra la represión, etc), ha conllevado una confrontación de miles de personas con la legalidad por razones políticas y humanitarias. Mucha gente ha comprobado como nos han apaleado, identificado, sancionado, detenido y encarcelado.

Nos han desdibujado e insultado sin compasión a través de sus medios de desinformación. Nos hemos encontrado con una acción represiva desmedida por parte del Estado en defensa de los intereses de quienes son los responsables de esta situación de emergencia social que estamos sufriendo, de este genocidio de baja intensidad al cual nos someten.

El Estado ha desplegado una cobertura legal para esas actuaciones represivas y sancionadoras (muchas de ellas violentas), que ha evolucionado en sentido contrario de lo que sus propias leyes dictan, incluida la Carta Magna.

Lo vimos con el 15-M en la Plaza del Sol, en Plaza Catalunya en Barcelona y en la Generalitat de Valencia. Con las estudiantes de la Primavera valenciana y en cada desahucio ejecutado, en cada desalojo de una okupación. Lo hemos visto con los casos de Laura y Eva de C.G.T de Barcelona y de Alfon en Vallekas, con Carlos y Carmen de Granada y otra gente en los piquetes de las huelgas generales. Lo hemos sufrido en los Rodea el Congreso y las Marchas de la Dignidad del 22-M, cuando las luchas mineras o con las que llevan adelante las estudiantes universitarias. En cada escrache contra banqueros y políticos estafadores y corruptos, en las concentraciones solidarias con anarquistas injustamente criminalizadas. Lo estamos padeciendo y les gustaría que lo hiciéramos en silencio, que hagamos de tripas corazón tras cada suicidio ignorado y silenciado, tras cada intervención violenta de los Cuerpos de Seguridad del Estado. 

UNA SOLUCIÓN EXCEPCIONAL PARA UNA SITUACIÓN CRÍTICA

A la hora de sancionarnos y ejercer la represión en protestas más que justificadas, no ha contado para nada la situación de excepcionalidad a la que nos han llevado. Una situación de empobrecimiento de millones de personas, de perdidas de derechos conquistados con mucho esfuerzo y luchas donde las trabajadoras dejaron su vida.

Es en este marco excepcional donde miles de personas han tenido que encontrase en situaciones que difícilmente imaginaban. El adiós al “estado de bienestar”, y la ruptura de eso que llamaban “la paz social”, nos han forzado a la confrontación, No con quienes han participado del expolio general de nuestras economías y derechos, sino con sus medios coercitivos, las fuerzas de seguridad del estado, y su sistema judicial.

Y es porque han sido las luchas sociales las que han mantenido este duro pulso, por lo que reclamamos AMNISTIA SOCIAL y exigimos que sean olvidados nuestros supuestos delitos o infracciones de la ley en contra de un saqueo de lo común, de lo público, de lo que es de todas.

No pedimos que nos perdonen por haber arriesgado nuestros sueldos y puestos de trabajo, nuestra seguridad e integridad física por lo que estamos sufriendo, No pedimos ni clemencia ni indultos, reclamamos y exigimos justicia social.

Y lo hacemos conscientes de lo justas y necesarias que son nuestras luchas. Porque no somos fichas en el juego político. Sea quien sea quien acceda al poder político, tendrá que hacer justicia con las personas que han pasado por momentos de represión injustificada durante este período tan brusco para miles de personas. Es necesaria esa AMNISTIA SOCIAL porque hemos luchado con ejemplaridad y por eso ninguna persona merece un castigo.

Además es justa su exigencia, máxime cuando es demostrable que los métodos de lucha empleados en defensa de nuestras reivindicaciones, por contundentes que parecieran, no han generado hechos violentos que supusieran perdidas de vidas alguna. Fueron muestras de nuestra impotencia y de la rabia contenida frente a la prepotencia de lo que se nos aplicaba, frente a la dimensión de lo que se nos venía encima, ante la ocultación y la deformación de nuestras demandas.

Por el contrario, han sido parte de los sectores sociales más afectados (por los recortes en los presupuestos públicos, por la pérdida de trabajos y viviendas, por la desesperación que queda instalada en nuestras vidas ante la inseguridad de un futuro mejor para ahora y en adelante), los que han puesto la parte más amarga de las consecuencias de esta crisis-estafa. En esta guerra declarada cobardemente contra el pueblo, los muertos los hemos puesto nosotras. Como se puede comprobar, la AMNISTIA SOCIAL tiene mucho de política.

Desde las luchas mineras y huelgas generales, pasando por aquellas que, en defensa de nuestras justas demandas, hemos llevado a cabo con métodos de lucha directa sin violencia contra las personas, como son los escraches, las concentraciones, los cortes de carreteras y polígonos, las marchas y bloqueos de parlamentos y desahucios, aquellas en defensa del derecho constitucional a un trabajo y una vivienda en dignidad, contra la violencia machista que se acrecienta en situaciones de pobreza, por ejercer nuestro derecho a manifestarnos sin que tengamos que esperar el permiso gubernativo. Abarcaría a las personas que fueron identificadas y sancionadas sin más motivo que la caprichosa voluntad de la policía y de quienes la controlan y dirigen.

OBJETIVOS BÁSICOS DE LA PROPUESTA :

La AMNISTÍA SOCIAL llevaría aparejada la DEROGACIÓN INMEDIATA de la LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA, más conocida como la LEY MORDAZA. Y, además, debería contener las siguientes medidas:

• Supresión de todas las causas abiertas en los juzgados derivadas de acciones de protesta contra las políticas de recortes, tanto de derechos laborales como sociales.
• Anulación de todos los procesos y expedientes sancionadores derivados de la intervención gubernativa en contra de manifestaciones en defensa de derechos democráticos reconocidos.
• Eliminación efectiva de todo cargo delictivo para quienes se enfrentaron a las intervenciones de la policía (en desahucios, huelgas generales y luchas sectoriales o individuales )
• Desaparición de toda ficha policial o antecedentes penales archivados que se deriven de las justas protestas sociales llevadas a cabo como consecuencia de la crisis económica.
• Reparación a las personas más afectadas por la represión (daños físicos o secuelas de otro tipo) y exigencia de responsabilidad a quienes ordenaron intervenciones desmedidas, arbitrarias o de abuso de poder de las fuerzas de seguridad del estado.
• Restauración de todos los derechos perdidos y cumplimiento integro de todos los derechos humanos. Derecho a decidir.
• Libertad inmediata para las personas presas que han sido víctimas de montajes policiales o que se vieron forzadas a cometer delitos debido a la extrema situación a la que nos a arrastrado el actual modelo político y económico.

También lleva implícita la desaparición de los ficheros policiales de todos nuestros antecedentes derivados por nuestras protestas Así mismo, la derogación de las leyes que facilitan la cooperación de la policía con empresas de seguridad privada. Leyes que permiten el intercambio de nuestros datos obtenidos bajo unas actuaciones policiales abusivas.

Estas leyes atentan contra cualquier principio de respeto a las libertades individuales y colectivas, y es un ejemplo de la deriva autoritaria y pre-fascista del actual “ESTADO DE DERECHO”.

Solamente la presión desde todo tipo de colectivos sociales afectados puede hacer que esta propuesta de Amnistía Social salga adelante, que sea tenida en cuenta en un supuesto nuevo escenario político oficial. Si una ley de Amnistía de este tipo tiene que ser tenida en cuenta por quienes gestionen el poder político en el futuro, será porque quienes hemos padecido la represión en cualquiera de sus variantes, la exigimos como salida colectiva a cada uno de nuestros procesos judiciales derivados por nuestra resistencia y encontronazos con la ley.

Nunca hemos delinquido, al contrario, hemos tenido que responder a los delincuentes. Si algunos métodos han estado al margen de la legalidad o han tropezado con ella, ha sido porque nos han forzado a ello las circunstancias de agresión continua a nuestra dignidad como personas. Es por tanto necesario que hagamos esta reivindicación extensible a todo el mundo que crea en una salida digna a nuestras “cuentas pendientes con la justicia”. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA PROPUESTA?

 La AMNISTÍA SOCIAL es una reivindicación de todas y de nadie. Es el reclamo justo para unas luchas justas que jamás debieron ser castigadas ni sancionadas.Es un elemento unificador de las distintas respuestas antirepresivas frente a la disgregación y segmentación que pretende el Estado. Señala cada uno de sus distintos rostros y sitúa “los problemas” en uno sólo: la represión. 

Principalmente es una propuesta dirigida a quienes de una forma u otra han padecido episodios de represión. Es decir a todas aquellas que han pasado por comisaría o los juzgados, a quienes han sido identificadas y ahora figuran en un fichero policial. También a quienes han padecido la violencia del estado y se resistieron y ahora tienen delitos de desobediencia o agresiones a la policía. Todas hemos sido víctimas de las misma violencia.

Va también dirigida a los colectivos anti-represivos que son la espina dorsal de la resistencia a tanta agresión. A grupos de familiares o amigas (organizadas o no, pequeños o grandes), que saben lo importante de no dejar sola a quien padece la represión.

No se lo planteamos a un organismo oficial ni a una institución del poder político o judicial. Conscientes de que estos sectores sólo moverán ficha si les obligamos, la AMNISTÍA SOCIAL deberá germinar y ser resultado de una voluntad decidida y colectiva de mantener las luchas contra la represión a base de la solidaridad activa, el apoyo popular a las justas luchas que se perfilan en el horizonte. Por lo tanto, no es sólo una reclamación sobre lo que ya ha pasado, si no sobre lo que está pasando y pasará.

Esta idea que planteamos debe desarrollarse en todas sus variantes organizativas; en coordinadoras, plataformas, asambleas, grupos de afinidad, etc. Debe ser escrita en las paredes, cantada en los conciertos, coreada en las manifestaciones, hablada en las radios y escrita en los diarios y revistas. Si no en sus medios en los nuestros, si no ellas, nosotras.

Hacemos un llamamiento para que todas las personas implicadas en su trabajo con la justicia (abogados y juristas), se pongan manos a la obra para dar forma de ley a esta petición.

La elaboración de una ley de AMNISTÍA SOCIAL tiene que ser participativa; los colectivos afectados y personas represaliadas, las asambleas antirepresivas y las asociaciones y juristas solidarias tienen mucho que decir. Eso sí, habría mucha más faena que hacer en caso de que la propuesta fuera asumida por cada vez más grupos y colectivos.

La propuesta de AMNISTIA SOCIAL sirve también para insistir en la injusta situación de miles de personas que han padecido la represión sólo por luchar por su dignidad y por la justicia social. Consiste en establecer una referencia unitaria que aglutine, más que disperse, a las miles de personas que han padecido la represión y cuyos casos se han intentado individualizar. Es necesario dar sentido a eso de “si nos tocan a una es como si nos tocasen a todas”, y también a lo de “hoy por ti, mañana por mi“.

Es por eso que proponemos que hagáis vuestra esta demanda, que la incluyáis en vuestras reivindicaciones y actividades. Que la AMNISTÍA SOCIAL se plasme en cada lucha antirepresiva que llevemos adelante. 

Es una reivindicación que nos pertenece a quienes nos han situado en su diana sólo por el hecho de no resignarnos a claudicar. Nos pertenece a quienes aún creemos en la dignidad del pueblo trabajador. 

POR LA JUSTICIA SOCIAL!!

AMNISTÍA SOCIAL, YA !!

Coordinadora Baladre

28F: Andalucía en lucha

Los andaluces y andaluzas no tenemos NADA que celebrar el 28F

Mientras que el pueblo no tiene trabajo, no tiene casa o la pierde a manos de los bancos, es reprimido y encarcelado derivado de la mordaza, le quitan los servicios públicos, le impiden expresarse libremente… LOS GOBERNANTES LO CELEBRAN. Cuanto peor para el pueblo, mejor para ellos.

Ha llegado el momento de parar los abusos de esos Gobernantes que defienden los intereses del capital y la banca, los que nos dejan sin Sanidad, Educación, Justicia, servicios sociales y transportes públicos, los que nos quitan los derechos laborales con sus reformas, los que nos quitan las pensiones y retrasan la edad de jubilación, los que precarizan el empleo, facilitan el despido y llevan al esclavismo, los que dan un trato diferente por razón de sexo, condición social o nacionalidad, los que eliminan las prestaciones sociales, el derecho a desempleo y nos quieren convertir en los “piojosos” del sistema, los que no garantizan los derechos constitucionales básicos al trabajo, a la vivienda, a la igualdad… a la vida digna, los que cambian el código penal para enviar a la cárcel al pueblo mientras los corruptos campan a sus anchas y se siguen sentados en Parlamentos y Consejos de Administración, BASTA YA, BASTA YA

El 28F salimos a la calle en Sevilla para decir a los representantes políticos del pueblo andaluz, que dejen su particular limbo y conozcan la realidad de los ciudadanos/as, de los barrios, de los pueblos, de las ciudades… una realidad que nada tiene que ver con la que simulan en el Parlamento. Estamos ante una EMERGENCIA SOCIAL y no pueden ni deben mirar a otro lado.

El 28F (11,30h, desde Puerta de la Carne a Teatro Maestranza), nos vemos en las calles de Sevilla diciendo que NO NOS VAN A CALLAR.

 

El sistema judicial no protege a los menores que denuncian a sus padres por abusos sexuales

eldiario.es

La asociación  Infancia Libre trabaja con madres cuyos hijos han denunciado a sus padres por abusos sexuales, como Susana y Julia, cuyo testimonio  publicó eldiario.es este jueves.

La presidenta de la asociación, María, (prefiere no dar su apellido), apunta que tanto en equipos psicosociales como en numerosos juzgados existe un prejuicio de género que considera que las mujeres que denuncian a sus exparejas por abusos sexuales lo hacen porque están resentidas.

“El sistema encargado de proteger a los menores sigue creyendo que hay manipulación de los niños por parte de sus madres a la hora de declarar sobre ese maltrato”, señala.

Pregunta: ¿Qué denuncia su asociación?

María: Nosotras lo que denunciamos es que los menores que protegemos han verbalizado cómo sus padres abusan de ellos sexualmente, cómo los maltratan y cómo el sistema que está para protegerles no les protege. Lo que hace es culpabilizar a las madres de invención por resentimiento o por celos y se olvida que esos menores han verbalizado que les han agredido y que se les está obligando a tener contacto con sus agresores.

Ustedes señalan que hay incluso partes de lesiones en algunos casos que prueban ese maltrato

Tenemos casos en los que hay partes de lesiones, partes psiquiátricos, médicos y pediátricos en los 

que aconsejan que no tengan contacto con sus agresores. Sin embargo judicialmente, y dentro del sistema judicial equipos psicosociales, consideran que la madre es una despechada, que está resentida y es una instrumentalizadora. Esto es sistemático, no es un caso aislado, es un sistema, se produce en todos los casos donde los niños verbalizan que han sufrido abusos o malos tratos. Siempre acaba siendo la madre instrumentalizadora y los niños desprotegidos.

¿Cómo afecta a esto a los niños y a las madres? 

Imagínate meter a una mujer violada y meterla en una habitación con su violador. De la misma manera. Es brutal.

Hay madres que deciden incumplir la sentencia y finalmente tienen que asumir multas o castigos 

No solo multas, es un triple castigo. Es insólito. En nuestro país no se castiga a ningún delincuente tres veces, pero a las madres que deciden incumplir para proteger a sus hijos -porque la ley contempla que tienen que protegerlos- no solo se les obliga a entregar a los niños. Se les amenaza con la retirada de la guarda y custodia, se les imputa un delito y además las multas.

¿Qué tipo de supervisión o medidas son necesarias para evitar este tipo de casos?

Creer a los menores. Ya hay suficientes estudios que avalan lo que estamos diciendo. El Consejo General del Poder Judicial en 2009 organizó un grupo de trabajo que hizo informes sobre el  síndrome de alienación parental (SAP). Aunque ya no se aplica el SAP directamente, lo que sí se hace es usar cualquier otro eufemismo. En este estudio de trabajo que duró un año ya explicaban las consecuencias tan peligrosas para estos menores de obligarles a estar con sus agresores.

En primer lugar, hay que escuchar a los niños y creerles, no pueden inventar cosas que no han vivido. Un menor no tiene por qué saber determinadas actuaciones sexuales que los adultos sí conocemos. No se les cree, no se les escucha y no se les protege. Eso es lo primero que hay que hacer: escuchar, entender lo que está explicando, creerle y protegerle.

¿Qué llamamiento hacen?

Que se conozca algo que parece que ha sido tabú durante muchos años, parece que a la sociedad no le gusta que existan abusos sexuales, intentamos girar la cara y no verlos, pero esto es real, que existe y hay muchos niños afectados. Sin embargo se prefiere creer que hay madres despechadas antes de abordar un problema grave: la existencia de muchos menores víctimas de abusos sexuales por sus padres.

Las secuelas son muy graves y es necesario que se sepa y que se les pueda proteger desde el minuto cero. Que la sociedad entienda que cuando esos niños hacen tipo de verbalizaciones, las secuelas que se les quedan son mucho mayores. Este es el llamamiento al sector judicial, social, a médicos y pediatras, a todas las personas que intervienen en su protección.

Contacto de la Asociación Infancia Libre

Teléfono: 953 59 73 50 / 630 67 57 27 

email: asociacioninfancialibre@gmail.com

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20F: Sin Servicios Sociales no hay Justicia Social

Desde el Colectivo No a O´Belen nos sumamos a esta convocatoria, aunque damos un apoyo crítico. En estos momentos, no se trata de movilizaciones simbólicas, sino de reivincar la aplicación del Convenio Estatal de Acción e Intervención Social, en vigor desde el pasado 3 de julio pero que las empresas se resisten a aplicar.

Las organizaciones que integran la Marea Naranja de Madrid y la Alianza en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, entre ellas CCOO de Madrid, han presentado un Análisis sobre el impacto de la crisis en la sociedad madrileña, el aumento de las desigualdades y el creciente riesgo de pobreza y exclusión social.

Coincidiendo con la Semana la Justicia Social, se quiere llamar la atención sobre el hecho de que en la Comunidad de Madrid hay personas que no pueden cubrir sus necesidades. Por poner solo un par de datos, en la región hay más de 925.000 personas en situación de pobreza y 200.000 familias que tienen a todos sus miembros en paro. Frente a ello, en un contexto de crisis, la respuesta de la Administración es la reducción del presupuesto para servicios sociales en un 30% o mantener la misma partida para la Renta Mínima de Inserción, cuya cuantía media son unos insuficientes 400 euros al mes por beneficiario.

En representación de CCOO de Madrid, su secretaria de Política Social e Igualdad, Ana González, ha señalado que las organizaciones convocantes constituyen “un espacio de confluencia social de entidades diversas” que comparten el principio básico de que no podrá haber justicia social sin derechos sociales, servicios públicos ni servicios sociales.

La Alianza Social reclama un pacto social (integral y global) contra la pobreza y las desigualdades, que según Ana González debe tener una financiación suficiente, debe garantizar la universalidad de los servicios y debe apoyarse en unos servicios públicos de calidad que generen también empleo de calidad.

Sábado 20, concentración en Callao a las 12:30 horas

Por su parte, Isabel López, del Colegio de Trabajo Social de Madrid, Gema Gallardo, de la Red Madrileña de lucha contra la pobreza y la exclusión social, y Leticia Sánchez, del Colegio de Educadores Sociales, han llamado a participar en la concentración del sábado, una movilización para reivindicar derechos sociales convocada por grupos de ciudadanos.
Las organizaciones de la Marea Naranja y la Alianza en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales han anunciado que trasladarán todas estas reivindicaciones a los grupos políticos de la Comunidad de Madrid.

CCOO

21F: Marea Blanca

Las verdaderas preguntas sobre Rita Maestre y la capilla de la Complutense

La pregunta no es si la concejal y portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, tiene que dimitir. Ni tampoco si debe pedir disculpas, o si fue un error ponerla en las listas estando imputada. Las grandes preguntas de este caso son otras.

¿Qué pinta una capilla católica en una universidad pública de un Estado que en su Constitución se dice aconfesional? ¿Acaso hay también una mezquita? ¿Una sinagoga? ¿Un rincón de rezos al espagueti volador?

¿Qué clase de Código Penal tenemos en España para que una protesta pacífica –sí, pacífica: corear consignas o enseñar las tetas dista mucho de ser violencia, aunque se digan palabrotas o se elogie el sexo oral entre mujeres– pueda ser condenada con un año de cárcel cuando “ofende a los sentimientos religiosos”? ¿Por qué razón el “sentimiento religioso” debe estar presente en la ley? ¿Cabe el delito de blasfemia en un país democrático y aconfesional?

¿Por qué es ahora, justo ahora, cuando transciende que el fiscal pide un año de cárcel contra Rita Maestre en un escrito de hace un año por un proceso judicial que se inició hace cuatro años?

¿Qué entendían por "Je suis Charlie" los que hace nada repetían que eran Charlie? ¿Nunca leyeron la revista o es que no hablan francés?

¿Por qué la justicia rusa es tiránica y totalitaria cuando encarcela a las Pussy Riot pero no lo es la española cuando pide un año de cárcel por una protesta similar? ¿Cuál es exactamente la diferencia entre una "asaltacapillas" –como califica la derecha a Rita Maestre– y unas "luchadoras por la libertad"?

¿Alguien sabe explicar por qué razón toda la prensa de papel es unánime en destacar los tuits de Guillermo Zapata en sus portadas, pero ni uno solo de los periódicos tiene un hueco en ellas para contar que el caso Gürtel será juzgado por dos jueces nombrados por el PP?

¿Por qué la misma prensa que es tan comprensiva con el dinero negro y las cuentas en Suiza es tan contundente con el humor negro y las cuentas en Twitter?

¿Por qué razón el PP considera motivo de dimisión hacer mofa de las víctimas del nazismo, mientras mantiene como portavoces a dos diputados –Rafael Hernando, Pablo Casado y tantos otros más– que se han burlado de las víctimas del franquismo y no han pedido disculpas jamás? ¿Es que Alemania nos pilla más cerca que las cunetas de este país?

¿Cómo es posible que un ministro de Interior que  no ve problemas en homenajear a la División Azul y se recoge a “meditar” en la tumba de Franco, el Valle de los Caídos, se atreva a dar lecciones a los demás?

¿Cómo tolerar que el mismo PP que ha hecho propaganda electoral xenófoba pretenda denunciar los tuits de Zapata en el Parlamento Europeo por “racistas”?

Las respuestas a estas preguntas son bastante obvias. Tan obvias como la campaña organizada de la derecha política y mediática contra las candidaturas que legítimamente gobiernan en Barcelona, en Zaragoza, en Santiago, en Cádiz, en A Coruña, en Valencia y en Madrid.

No les han dado ni 24 horas de plazo. No van a parar.

Ignacio Escolar (eldiario.es)

Las familias de acogida exigen al Consell una politica eficaz para los menores tutelados

Las familias de acogida de la Comunidad Valenciana continúan reclamando un mayor apoyo por parte de la Generalitat para mejorar la situación de los menores que tienen a su cargo.
En enero del año pasado se constituyó la Plataforma en Defensa del Acogimiento Familiar en la Comunidad Valencia (PDAFCV) para reclamar una «profunda reforma» del sistema de protección que se adecúe y adapte a las necesidades de este colectivo.

Entre sus exigencias al Consell se encuentra la de impulsar una «política eficaz» para los menores tutelados y denuncian que «las necesidades del colectivo superan el apoyo concedido por la Generalitat, teniendo en cuenta que éstos han experimentado un gran sufrimiento para su corta edad y, por ello, su dependencia no permite que sus tutores prolonguen el debate en exceso sobre la reorganización del sistema de protección valenciano».

La aplicación de «medidas erróneas» por parte de los anteriores gobiernos autonómicos, indican, acabó derivando en la «privatización de gran parte de los recursos relacionados con el sistema de protección, justificada en base a un ahorro de costes».

Sin embargo, en su opinión, la realidad ha sido bien distinta, ya que «lo que de verdad ha primado para el Consell es cómo algunas empresas gestionan los recursos relacionados con el sistema de protección de menores, sin aplicar ningún control administrativo y obteniendo sustanciales beneficios, perjudicando mucho a un modelo que tiene drandes necesidades para continuar con su labor social».

En este sentido, piden que se dote a las direcciones territoriales de más recursos humanos y materiales, además de que los recursos gestionados por las empresas privadas, centros de protección, puntos de encuentro o entidades de seguimiento vuelvan bajo control de la Administración valenciana «o en su defecto, que se realice un control exhaustivo del funcionamiento, contratación y gestión de esos recursos a empresas o personal especializado ante la poca eficacia del modelo privado».

Los menores tutelados, destacan, requieren programas de emancipación una vez alcanzan la mayoría de edad, ya que en su reinserción social se ven abocados a la marginalidad, delincuencia y pobreza extrema tras un plan de inversión pública, cuyo objetivo es canalizar su formación y manutención en su primer ciclo de vida. Por ello, consideran que «es necesario dotar de fondos a las familias de acogida para garantizar la continuidad de su desarrollo personal».

En la Comunidad Valenciana existen casi 4.000 menores tutelados por la Administración autonómica. Son niños que han sido apartados de sus familias biológicas por sufrir malos tratos, abusos sexuales o falta de cuidado y otros que han sido abandonados por sus padres algunos de ellos nada más nacer.

Unos 1.105 de ellos residen en centros de protección y el resto en familia extensa y/o educadora. Las familias extensas son miembros de la familia biológica del menor que se ocupan de su cuidado. Las familias educadoras son familias que voluntariamente se ofrecen a la administrador para cuidar y educar a los menores ofreciendo a estos la posibilidad de crecer en familia. En la Comunidad hay casi 550 menores tutelados que viven con familias educadoras y el resto, unos 2.300, con familia extensa.

                                                                                                                                                         ABC

¡Por fin alguien piensa en los niños!

No, no hablamos de esas piadosas almas escandalizadas por una obra de títeres e indignadas por el vestuario de los reyes magos. Estamos hablando en serio. Desde hace años numerosos colectivos sociales están denunciando que los sistemas de protección y reforma de menores son obsoletos, crueles y más centrado en el negocio privado que en la atención de los menores. Pero desde nuestras instituciones democráticas la respuesta ha sido nula, por parte de los gobiernos y por parte de las oposiciones (salvo honrosas excepciones, y casi siempre vinculadas a algún escándalo concreto). Sin embargo el pueblo ha empezado a empoderarse, y las voces de la calle están empezando a estar presentes en las instituciones.

Saludamos con entusiasmo la propuesta de IU Aragón, que ha exigido la revisión integral del Sistema de Protección y Reforma de Menores. La situación denunciada es perfectamente extrapolable al conjunto del estado. Es necesario y urgente repensar la atención a menores (y los servicios sociales en general), tanto su praxis como sus ciminetos filosóficos. Porque la nueva Ley de protección a la infancia y la adolescencia no resuelve los graves problemas existentes. Un aspecto esencial en esta revisión debe ser la exclusión del lucro empresarial de la ecuación. Si no echamos a las empresas, nunca el interés superior del menor será la prioridad.

Exigimos la revisión integral del Sistema de Protección y Reforma de Menores

La portavoz parlamentaria de IU Aragón, Patricia Luquin, y la responsable de Políticas Sociales e Igualdad, Paloma Lafuente, han comparecido esta mañana en la sala de prensa de las Cortes de Aragón para presentar una iniciativa en relación con el sistema de protección y reforma de menores, sobre el que piden una revisión integral.
Las razones que impulsan a IU a reclamar al Gobierno de Aragón esta reforma es que “el sistema vigente está caduco” y a esto se une que en 2016 finaliza el acuerdo marco firmado por el anterior Ejecutivo, PP-PAR y que, según ha denunciado Lafuente, “abrió la puerta a la privatización y al negocio, adjudicando contratos de gestión a las empresas que presentan la oferta más económica, sin valorar ni puntuar el proyecto educativo”.
“Este acuerdo tenía contenidos catastróficos”, ha continuado para denunciar “el colapso de los centros y la situación de las y los profesionales que no pueden abordar todos los expedientes ni dar una salida adecuada a las necesidades de cada uno porque no hay recursos suficientes”.
Paloma Lafuente ha criticado “el negocio” de los servicios de atención a menores, afirmando que no se debe adjudicar el contrato de gestión a la empresa que presente la oferta más económica y que el proyecto educativo no sea puntuado.
“Además, el cambio en el perfil de las y los menores con riesgo de desprotección y exclusión social en la actualidad provoca un cambio en las necesidades de atención requeridas”, ha señalado Lafuente para advertir que “el plan de infancia y adolescencia 2010-2014 no ha sido evaluado ni hay constancia de que se esté confeccionando uno nuevo.
Cabe recordar que el Gobierno de Aragón es el máximo responsable del bienestar de las y los menores que tutela y debe atender todas sus necesidades. “Pongámonos manos a la obra, veamos lo que falla y qué necesidades hay que cubrir”, ha enfatizado Lafuente criticando el “parcheo” que a su juicio se está realizando.
Por su parte, la portavoz de IU, Patricia Luquin, ha desgranado en su comparecencia las propuestas incluidas en la iniciativa. Así, a través de una PNL, Izquierda Unida exige al Gobierno de Aragón que convoque en un plazo no superior a 6 meses una mesa de trabajo en la que, además de la Administración y el Departamento competente, participen profesionales del ámbito, colectivos y asociaciones implicadas y en la que se aborde un Plan de Intervención que revise y adapte el sistema actual de Protección de Menores teniendo en cuenta, al menos, elementos como el análisis de la realidad y necesidades actuales, revisión y adaptación de los protocolos existentes y dotación de recursos necesarios para la ejecución óptima de dicho Plan.
En su segundo punto, IU reclama la convocatoria de otra mesa, con los requisitos anteriores y en el mismo plazo de 6 meses, pero con el cometido de abordar una Estrategia de intervención que revise y adapte el sistema actual de Actuación Educativa con Menores sujetos a medidas Judiciales.
“No estamos hablando de seguros de coches, sino de menores” ha señalado Luquin en relación con las empresas que, “sin ningún tipo de trayectoria a la hora de trabajar con menores, están entrando a gestionar los servicios esenciales”. “Y esto pasa- ha continuado- porque solo se tiene en cuenta el precio más bajo y no el proyecto educativo, tal y como ha pasado, por ejemplo, en el conflicto del Centro de Orientación y Acogida (COA) de Zaragoza”.

Manifestación: Nos queremos vivas. El amor romántico mata

 

13F: Manifestación contra la represión

España pierde el rastro sistemáticamente de menores migrantes

"Cuando llegué quería estudiar, pero las cosas no me fueron como tenía pensado. Después solo podía pensar dónde conseguir comida". Mikel, natural de Nigeria, alcanzó España con 16 años como polizón en un barco en 2009. Había dejado a su madre, "que no tenía nada", en Níger, donde trabajó largas horas en el campo para poder pagar su viaje a Europa. "Quería estudiar y jugar al fútbol en Barcelona porque soy fan del Barça desde pequeño", cuenta. Pero al llegar a España se dio de bruces con un sistema de protección excluyente con los menores extranjeros que los deja en la calle: "Presenté mi partida de nacimiento y me dijeron que no valía, me hicieron unas radiografías que dijeron que era mayor de edad y me echaron del centro de menores".

 El chico de 21 años, cuya identidad protege el nombre de Mikel (que él ha elegido porque le recuerda a un amigo), cuenta su historia, que es también "la de muchos chicos negros como yo". Cuando un menor llega solo al país –lo que se conoce como un "menor extranjero no acompañado"–, la Administración tiene que proceder a su atención inmediata y a su inclusión en el sistema de protección de menores. Así lo marca la legislación nacional e internacional, como la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. En el caso de España, la competencia la tienen asignada las comunidades autónomas.

 Pero cuando el que está en desamparo es un adolescente migrante, no siempre obtiene la protección a la que tiene derecho. En muchos casos, aunque los jóvenes aporten documentos de identidad que indiquen que son menores, la Fiscalía de Menores no da fiabilidad a estos papeles y los somete a unas pruebas médicas de determinación de la edad. Unos exámenes, que se están sugiriendo ahora en Suecia para identificar a posibles "falsos menores" entre los refugiados que llegan al país y a los que, por el momento, se opone la comunidad médica del país.

 En España, estas pruebas son ejecutadas desde hace años pese a las críticas del Defensor del Pueblo y de instituciones similares ( como el Defensor del Pueblo catalán). Las radiografías tienen un elevado margen de error ("de 1,7 años", recoge el Síndic de Greuges), excesivo a su juicio para una decisión tan trascendente para la vida de los jóvenes. Si dan como resultado la mayoría de edad, se quedan en la calle, sin ningún adulto que vele por ellos, y sin acceso a la educación ni a otros derechos de los niños. "Y expuestos a los peligros de la calle, además en lugares desconocidos para ellos", indica Susana Ferran, mediadora cultural que trabaja con menores vulnerables en la asociación catalana Noves Vies.

"Son niños antes que migrantes"

 En su experiencia, ha constatado "el miedo que les da a los chicos cuando van a los albergues, porque en general están con personas con una situación de calle bastante cronificada". De su vida al raso, Susana Ferran tiene constancia de "robos, de personas que acosaban a los chicos y que les intercambian drogas por sexo, muchos casos de enfermedad mental por esta situación extrema a la que se enfrentan, que les lleva mucho al límite".

Los menores con los que ha trabajado en Noves Vies son, sobre todo, chicos. "Lo más visible son los chicos, las chicas tienen una situación a menudo más compleja, más relacionada con el tema de la trata", lo que les dificulta pedir ayuda. 

Ferran entiende la conmoción social surgida tras la cifra de Europol de 10.000 menores refugiados a los que la UE ha perdido el rastro, pero no debería ser menor la que tenemos aquí con los menores migrantes, considera. "Ahora se está haciendo mucho caso al tema de Siria, por la emergencia que hay. Pero se está haciendo mucha división entre los migrantes por motivos económicos y los refugiados. Y, cuando hablamos de menores, es que hay una Convención de los Derechos del Niño que protege a este colectivo y donde no habría que poner diferencias".

"El tema de los menores aquí está bastante oculto, tal vez es más doloroso que tu propio país sea el que vulnera los derechos de los niños", continúa Ferran, que cree que el discurso migratorio contra los inmigrantes ha calado muy hondo y logra eclipsar ante la opinión pública estas vulneraciones sistemáticas de derechos.

La orden de los fiscales de someter a estas pruebas médicas de edad de manera sistemática a los menores migrantes con documentación provocó que, tras varias denuncias en los juzgados, el Tribunal Supremo dictase jurisprudencia en 2014 y prohibiera estos exámenes cuando los menores tienen documentación válida de sus países (como pasaportes y partidas de nacimiento) que avalan su minoría de edad.

Mikel tenía una partida de nacimiento de su país, que decía que había nacido en octubre de 1994, y consiguió en la embajada de su país un pasaporte que así lo recogía. Tenía 16 años en 2010 pero la Fiscalía hizo que lo sometieran a las pruebas, que le dieron un resultado de mayoría de edad y acabó en la calle. Gracias a la ayuda de Susana Ferran, pasó los meses de un albergue para personas sin hogar a otro.

Denuncias de continuas vulneraciones de derechos

La asociación Noves Vies –galardonada con el premio Solidaridad 2015, del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña–, con la defensa de su presidente, el abogado Albert Parés, luchó en los tribunales el caso de Mikel. Y ganó. La sentencia, de marzo de 2015 y a la que ha tenido acceso eldiario.es, de la Audiencia Provincial de Barcelona falló que "debemos revocar y revocamos la expresada resolución, y declaramos que cuando se dictó la resolución administrativa ahora impugnada de fecha 28 de febrero 2011 el recurrente era menor de edad, lo que le otorgaba derecho a quedar bajo la protección que la ley dispensa a los menores no acompañados". Era 2015 y Mikel ya era mayor de edad.

Mikel debería haber estado dos años protegido por la Administración. "En estos años lo he pasado muy mal. Recuerdo a un hombre que a veces me llevaba pan y que me decía que no debería estar en la calle. Un día me robaron toda la ropa que tenía, menos mal que Susana tenía mis papeles. Yo solo pensaba en dónde comer. Solía conseguir una comida al día", explica Mikel. Hoy tiene trabajo en una empresa cárnica, donde hizo las prácticas de unos cursos de formación. "Ahora tengo un piso que comparto y un trabajo", dice con alegría en su voz.

La historia de Mikel se repite a diario, según denuncian varias organizaciones sociales dedicadas a la infancia. Albert Parés afirma que la sentencia del Supremo "no ha cambiado nada, se sigue sometiendo sistemáticamente a las pruebas de edad aunque los menores tengan documentación legal. La Fiscalía y la Generalitat violan los derechos de los niños de manera sistemática", continúa el abogado. El Defensor del Pueblo catalán también llegó a esa conclusión en esa reciente resolución, en la que indicaba que los protocolos de la Dirección de Infancia de la Generalitat vulneraban el interés superior de los menores.

Del mismo modo se pronuncian Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces en Madrid, y José Palazón, director de la ONG Prodein en Melilla. "Lo de los menores no acompañados es un desastre, están en centros sobresaturados, como ellos mismos reconocen ahora en la Consejería de Bienestar Social. Dicen que hay demasiados niños que llegan desde Marruecos, pero esto es una realidad que lleva así 20 años. ¿No será que falta capacidad en los centros, en lugar de que sobran niños?", critica Palazón. 

La falta de oportunidades en Melilla dentro del propio sistema de protección, reconocida en un escrito de este enero por la Defensora del Pueblo, "provoca que muchos chavales se arriesguen a saltar al puerto y colarse en algún barco. Hace poco se han muerto dos chicos así", añade Palazón.

"España los obliga a irse"

Detrás de sus denuncias están los menores, recuerda Reyzábal, "que España, la Fiscalía, los está dejando en la calle. Abandonando y obligando a que muchos cojan un billete y se marchen a otros países de Europa. Parece que es lo que buscan". eldiario.es ha recogido los casos de varios menores en la misma situación: como el de Toumani, que tenía 15 años el pasado octubre; y el de Adika, que tenía 17 en marzo del pasado año, cuyos casos sigue luchando Albert Parés ante la justicia.

La Fundación Raíces ha denunciando el Protocolo Marco de Menores Extranjeros no Acompañados, que aprobó el Gobierno del PP poco después de la sentencia del Supremo y que "es contrario a la jurisprudencia del Supremo sobre las pruebas de edad", indica Reyzábal. Poco después de su aprobación eldiario.es consultó al Tribunal Supremo y fuentes del organismo apuntaron que el Ejecutivo debía modificar el protocolo. "Ahora está en la Audiencia Nacional y estamos a la espera de sentencia, pero podría significar la anulación del protocolo, que es en el que se están basando los Fiscales para dictar las pruebas de edad y no en la sentencia del Supremo", añade Reyzábal.

Una de las exigencias que marcó el alto tribunal en sus sentencias fue la necesidad de que la Fiscalía justifique de manera razonada por qué no se consideran válida la documentación de los menores. "Es algo que no se está haciendo. Nunca. Los chavales se quedan con su documentación, con esos pasaportes, no son impugnados porque son válidos", explica la presidenta de la Fundación Raíces.

Una de las situaciones más extremas con la que se están encontrando es con la reclusión de menores en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, para proceder a su expulsión como si fueran mayores de edad. "Hemos sacado a varios chavales en los últimos meses. El 8 de octubre, por ejemplo, sacamos a siete: seis eran de Argelia y uno de Marruecos. El juez de vigilancia del CIE los sacó cuando vio sus pasaportes porque son menores de edad. El 13 de noviembre, fuimos a por otro chaval, que tenía 16 años y se le veía muy chiquitín. Y el 19 de noviembre, sacamos a otros siete menores, en este caso eran argelinos todos", cuenta Reyzábal, que acude al CIE ante la denuncia de otras organizaciones, porque no tienen autorizado el paso.

Mikel espera que las denuncias en los medios sirvan para que otros chavales no pasen por lo mismo que él. "Yo siempre pensaba en mi madre. Ella estaba preocupada por mí, me decía que no podía estar solo. Yo nunca le dije que estaba en una situación tan mala. Siempre le decía que estaba bien, con gente buena. La engañaba para no hacerle sufrir".

eldiario.es

 

 

Titiriteros Libertad. ¡Recuperemos la cultura!

Como no podía ser de otra manera, nos sumamos a la exigencia que ya es un clamor popular: libertad inmediata y sin cargos para los componentes de Títeres Desde Abajo encarcelados por su actuación durante los Carnavales en Madrid. A más de 40 años de la muerte del genocida, el Reino de España sigue ocupando los informativos internacionales por la represión. Aunque ya no fusilan a los titiriteros (¿en esto consistirá eso de la democracia?).

Podría parecer que no se trata más que de un nuevo delirio del nacionalcatolicismo latente en el aparato del estado. Sin embargo creemos que de delirios nada ,saben muy bien lo que hacen. Aquel Viva la Muerte de Millán Astray en el paraninfo de Salamanca no fue fruto de un delirio, sino el anticipo de lo que vino después. Y es que la lucha de clases también se juega en el campo cultural.

De hecho, los Carnavales son una expresion de la lucha de clases. Por eso los prohibió el franquismo, y por eso las clases dominantes intentan controlar las expresiones culturales. De muchas maneras, pero lo hacen. Sin ir más lejos, en las últimas décadas han conseguido que los Carnavales sean más un desfile de modelos que una burla al poder.

La eclosión cultural que acompañó la mal llamada Transición no se produjo gracias a la concesión de libertades formales por los prohombres de la democracia (Suárez y cia), sino que fue una expresión más del fermento revolucionario que recorría las calles del estado español. Ya a finales de los 70 y principios de los 80, cuando los Pactos de La Moncloa certificaron la traición (bloqueándose la lucha política y sindical revolucionaria), el fervor cultural en los barrios obreros supuso una vía de escape a una juventud traicionada y sin muchas expectivas de futuro ante la extensión del paro. Un ejemplo de todo esto fue la enorme explosión musical, que la historiografía oficial pretende circunscribir a la llamada Movida Madrileña, un movimiento cultural eminentemente pequeñoburgués y despolitizado. Aunque se ciñen al ámbito musical, los documentales El rock de nuestra transición y Aquellas Movidas-Rock Radical Vasco reflejan el auge cultural de la época.

Esta situación de comunicación horizontal entre iguales seguía siendo peligrosa. Así que se importó desde Estados Unidos un novedoso, cruel, eficaz y sibilino método de control social: la droga. Y de repente el caballo inundó nuestros barrios (aunque muchos vástagos de la pequeña burguesía también fueron víctima de esta fumigación química de la juventud rebelde). Imprescindible para entender este genocidio democrático el libro Para que no me olvides, de Madres Contra la Droga. Esta introducción de la heroína no sólo aniquiló a toda una generación y volvió a llenar las cárceles con los hijos de la clase obrera, sino que provocó importantes modificaciones culturales. El mito de la inseguridad ciudadana consiguió ir cambiando la mentalidad de barrio por la de urbanización. Y la vida se volvió de puertas para dentro.

La "joven democracia española" (es decir, el bipartidismo clásico burgués) sólo pudo consolidarse gracias a la traición política, la claudicación sindical, el desmantelamiento del movimiento vecinal, el envenenamiento de la juventud y la instauración de la cultura del miedo. Y como remate (o consecuencia) de todo esto, la institucionalización y mercantilización de la producción cultural. De esta forma, han conseguido alejar del mundo de la cultura gran parte de la población, convirtiéndola en meros consumidores pasivos de productos culturales manufacturados. Sólo de esta manera consiguieron imponer el individualismo y la sociedad de consumo, aislándonos en medio de grandes ciudades y castrando nuestro desarrollo cultural. Sin embargo, siempre existieron y existirán focos de resistencia, incluso en los tiempos más difíciles. Los centros sociales se convirtieron en autéticas aldeas galas, no solamente pero sí especialmente en el ámbito cultural. Sin lugares como Minuesa, L'Aldea o La Casika nuestra vida no hubiera sido igual. Es necesario recuperar y extender  aquello de Hazlo tú mismo.

Por lo expuesto es tan importante volver a apropiarnos de la cultura. Incluso para definirla de nuevo. Por eso es tan importante que desde los ayuntamientos del cambio se impulsen cambios culturales como las nuevas cabalgatas, la novedosa celebración de San Anton o la organización de estos últimos Carnavales. Y de ahí la rabiosa reacción del facherío azuzado por quienes de verdad mandan. Y precisamente por todo esto es fundamental que los ayuntamientos del cambio no actúen en base a titulares de prensa, que no reculen ni pidan perdón por cuestionar los principios morales y culturales oficiales. Porque la debilidad invita a la agresión. Y porque nos jugamos mucho. Tenemos que recuperar la cultura. Pedir perdón por una obra de títeres mal programada sería lógico en otro contexto de normalización cultural, pero dar alas a los dicen defender a los niños es dar munición al enemigo de clase. Ninguna obra de títeres puede resultar traumática ni perniciosa para las niñas y los niños que la vean, por inapropiada que resulte. No podemos decir lo mismo de otra clase de espectáculos, como en los que se tortura y ejecuta a un animal o en aquellos en los que legionarios armados cantan El novio de la Muerte a un señor torturado y crucificado. Por tanto pedimos firmeza a las compañeras de Ahora Madrid y exijimos que se pongan a la cabeza de la lucha por la liberación de los dos titiriteros encarcelados por un juez que antes fue un policía de la dictadura. Cosas de la democracia.