Continúa la insostenible situación del COA

La plantilla del COA continúa en huelga. 

Este jueves se volvió a repetir un nuevo episodio de desprotección y riesgo en el Centro de Observación de Acogida (COA) de Zaragoza. Un joven agredió con una silla al personal de seguridad que trabajaba en el turno de noche. En este altercado fue necesaria de nuevo la presencia policial, que se llevó arrestado temporalmente al joven denunciado.

Desde Educadores en Lucha insisten en que esta situación de desprotección que viven los menores del COA y los profesionales que les atienden es responsabilidad del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que desde la complacencia está permitiendo que la entidad gestora del COA, Intress, esté acabando con un proyecto educativo y represaliando a los educadores veteranos que denuncian esta desprotección. 

“Queremos dejar claro que las principales víctimas de esta situación son los menores. La desorganización de Intress se ha convertido en un total caos desde junio, fecha en la que se vienen repitiendo este tipo de situaciones constantemente. No existe un proyecto educativo, han echado a compañeros veteranos, la mayoría de profesionales nuevos no son formados adecuadamente por Intress ni tienen experiencia con menores en protección. El COA se ha convertido actualmente en un centro de desprotección a merced de los menores con perfiles más complicados“, denuncian desde este colectivo, que en noviembre cumplirá dos años en huelga.

Insisten en que esta es un realidad que conocen todos los profesionales (Protección, Psiquiatría, Psicólogos, Policía…) que trabajan con los menores del COA. Advierten que el único que niega esta grave situación es Joaquín Santos, director del IASS, quien en sus contadas declaraciones públicas miente ocultando lo que, a nuestro juicio, es un flagrante maltrato institucional. Sobre sus últimas palabras, indicamos: “Es de una desvergüenza total salir a decir que estas situaciones de desprotección son normales en los centros durante verano. Que exponga la cifra comparativa de agresiones, intervenciones policiales, de 061 y de bomberos de otros años, a ver si es normal. En lugar de preocuparse de los niños está más pendiente de limpiar el nombre de Intress, entidad catalana de la que Inspección de Trabajo ya reconoció irregularidades laborales en la primera de nuestras cinco denuncias”.

Sorprendente criterio de Fiscalía de Menores

 

Desde este colectivo además de denunciar el conflicto social y político del COA también hemos incidido en todas las graves carencias que tiene actualmente el Sistema de Protección de Menores en Aragón. En este sentido también queremos expresar nuestra petición de una mayor implicación de Fiscalía de Menores, principal institución cuya principal labor es ser garante legal de todos los menores. Sin embargo en las últimas fechas nos hemos sorprendido con la disparidad de criterios con que está abordando las situaciones de desprotección denunciadas por nuestro colectivo.

“Creemos que Fiscalía de Menores debería estar vigilante del caos organizativo que sufren los menores en el COA. Sin embargo, parece invisible y sorda a nuestras denuncias públicas. Tampoco entendemos la diferencia de criterio que tiene con algunos menores respecto a algunas denuncias durante este verano. Resulta que a principios de agosto un menor de 14 años tras prestar declaración por un robo de un móvil con violencia, fue encerrado en calabozo y se le impuso una medida cautelar de seis meses de internamiento en el centro de Juslibol a la espera de juicio. Sin embargo, actualmente tenemos en el COA chicos más mayores que acumulan numerosas denuncias similares o más graves y no se les pone freno. Nos gustaría que alguien diera la cara y aclarara esta desproporción de criterio. Y si lo creen conveniente denunciar la falta de centros especializados para estos menores”, lamentan.

Aclaración de incidente en Juan de Lanuza

Por otra parte, desde el colectivo de Educadore en Lucha desean aclarar la noticia que ha aparecido en varios medios de comunicación que decía que dos menores del COA habían sido detenidos por amenazar con arma blanca a un educador. “Queremos insistir y aclarar que ambos menores, pese haber estado anteriormente en el COA, actualmente residían en la Residencia Juan Lanuza. Ésta es un centro de protección pero no un Centro de Observación y Acogida, que es el primer centro de emergencia al que acuden los menores en desprotección”.

Respecto a este incidente de Juan de Lanuza se demuestra una vez más que tanto el problema del COA como el del Sistema de Protección de Menores es estructural, no algo puntual como trata de excusar el director del IASS. “Cada vez que habla de menores en protección miente. Un día sale diciendo que hay centros especializados para todos los menores, otro día culpa a los educadores, otro afirma que todo es normal pero que hay alarma social por un problema laboral, otra vez hace chanzas sobre nuestras denuncias de las medicaciones diciendo que ningún padre mete en la boca la medicación a la fuerza a un joven de 17 años. Como director es un profesional pésimo, pero como persona le falta bastante sensibilidad con los menores en protección”, expresan.

AraInfo

La Otra Memoria Histórica: Carabanchel, La Otra Orilla

La cárcel de Carabanchel ya no existe. La que fuera símbolo de la represión nacionalcatólica, pasó a ser el paradigma de una fallida transición política. A pesar de las mejoras conseguidas por los presos gracias a la heroica lucha de la COPEL, la situación de la población reclusa seguía siendo infernal.

El documental "Carabanchel, La Otra Orilla"  quiere recordar la cárcel y sus presos. Ese fue el objetivo de su director y guionista, Adolfo Garijo: que se viera cómo era la vida de las gentes que habitaron en esos muros que delimitaban un pequeño mundo, un pequeño país dentro de Madrid.

El rodaje (del año 1987) se financia por Tele Madrid, pero se produce gracias a los miembros de Tele Prisión. Una televisión, quizás la única en el mundo. que ha emitido programas desde la cárcel y para la cárcel. Programas hechos por los presos con el consentimiento de algunos de los educadores y funcionarios de prisiones.

Tras la emisión del documental, Tele Prisión fue clausurada, por escarmiento, Mientras el documental "La Otra Orilla" se convertía en material de estudio de la escuela de funcionarios de prisiones.

El documental "La Otra Orilla" se emitió por el programa Documentos TV en diciembre de 1987. El final del programa fue censurado como en los mejores tiempos del franquismo. Aqui se reproduce completo y verán como las palabras del preso que cierra el programa y fueron censuradas en su día por un gobierno socialista mantienen una inquietante actualidad.

En aquellos duros años del "socialismo" felipista del terrorismo de estado, de la reconversión y el paro, de la corrupción y la criminalización de la pobreza, una persona destacó por encima de todas dentro del aparato estatal en la defensa de los derechos de las personas presas: la jueza Manuela Carmena

El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos

(Fiódor Dostoyevski)

Ver documental La Otra Orilla: PARTE 1  /  PARTE 2

Piden dos años de prisión para el director de un centro de menores por maltrato

«Mano dura» con menores de entre 13 y 17 años, desamparados y que se encontraban acogidos en un centro dependiente de la Conselleria de Bienestar Social. Ese era el método empleado presuntamente por el director del centro «La Foia de Bunyol» con aquellos más conflictivos para poder quitárselos de en medio e imponer su ley en un lugar que debía de ser refugio para estos adolescentes en riesgo de exclusión social. Así, lo considera la Fiscalía, que solicita una pena de dos años de prisión y 300 días de trabajos en beneficio de la comunidad para el acusado por cinco delitos de maltrato y otro de violencia habitual sobre personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a su guarda.

«El acusado, durante el tiempo que fue director del citado centro, mantenía que la educación y la integración social de los menores debía hacerse mediante métodos obsoletos de utilización de fuerza física, para así doblegar a éstos a la disciplina del centro, sin atender a la evolución personal de los acogidos, a las necesidades que éstos presentaban y sobre todo a la racionalización y responsabilidad de los propios actos cometidos», afirma el fiscal en su escrito.

Educadores ratifican la denuncia

Así, hechos tan banales como que un interno castigado sin postre le quitara la pera a un compañero, eran reprendidos presuntamente por el acusado mediante golpes. Este incidente se remonta al mes de abril de 2012. Según la denuncia, ratificada por varios educadores sociales que trabajaban entonces en el citado centro de Buñol, cuando el director tuvo conocimiento de lo ocurrido durante la cena, subió a la habitación donde dormía el menor, y tras ponerse en cuclillas encima de él, comenzó a golpearle, al tiempo que le decía: «¿Ahora quién es el maricón?».

Otra educadora presenció como a ese mismo adolescente el acusado le propinaba un golpe en la cara a la hora del desayuno, o como a otro al que habían reñido por otra cuestión sin importancia era llamado al despacho del director y una vez allí éste comenzaba a darle bofetadas en la cara.

Esta práctica era algo habitual y entre 2011 y 2012 hasta nueve menores fueron golpeados supuestamente como forma de castigo, llegando a causar lesiones a al menos dos de ellos. El fiscal recoge en su escrito una herida en el labio que le causó a uno y una moradura en la ceja a otro, al que abofeteó de forma reiterada tras manifestar en presencia de otro educador: «Nosotros somos como si fuéramos tu padre, pero como él no está esto te lo hago yo». Uno de los incidentes más graves se produjo con un chico de origen marroquí, a quien el acusado le hizo desnudarse hasta quedarse en calzoncillos y golpeó, «con el propósito de causar un menoscabo en la integridad física del menor», hasta hacerle confesar de dónde había sacado un dinero supuestamente sustraído.

Además, el acusado «se reunía con los trabajadores y educadores sociales cada semana y les manifestaba que a los chavales conflictivos se les debía someter a situaciones límite a fin de que éstos cayeran en una incorrección para llevar a cabo informes negativos sobre ellos y que se los llevaran a otros centros». Este hecho sería constitutivo de un delito recogido en el artículo 533 del Código Penal, por el que también se enfrenta a una posible inhabilitación de seis años.

Levante, el mercantil valenciano

NOTA: Desde el Colectivo No a O´Belen nos congratulamos de que, por fin, algún responsable de maltratar a niños y niñas en centros de menores se siente en el banquillo. Pero no podemos dejar de lamentar la laxitud de la petición de condena. Dos años de prisión (lo que supondrá que al no tener antecedentes, no entre en prisión) y seis años de inhabilitación por ejercer la violencia física y un gravísimo maltrato psicológico sistemáticos y continuados en el tiempo sobre los menores que estaban a su cargo por necesitar ser protegidos. Mientras tanto, sindicalistas honrados como Andrés Bódalo están encarcelados por supuestamente dar un empujón a un concejal del PSOE (fue condenado al desestimarse tanto un vídeo donde se aprecia que precisamente él intenta calmar los ánimos como el testimonio de los guardias civiles que allí se encontraban). Ésta es la inJusticia que sufrimos en el reino bananero de Españistán. Como mínimo, este criminal debería ser inhabilitado de por vida no sólo a trabajar con menores, también en cualquier actividad relacionada con los servicios sociales.

Además, consideramos que es necesario completar la información. Se trata de un centro de acogida de menores privatizado, gestionado cuando ocurrieron los hechos (y al menos hasta 2014) por la Fundación Amigó (los religiosos Amigonianos). Fueron miembros del propio equipo educativo del centro quienes denunciaron los hechos. Y como siempre ocurre en estos casos, la reacción de la caritativa ong fue el despido fulminante de los denunciantes. Por tanto, tan responsables son el propio director como aquellos miembros del equipo educativo que miraron para otro lado, como la Fundación Amigó y la propia Generalitat (y aquí se incluyen los técnicos de la administración, que o bien son cómplices o tan incompetentes que tampoco deberían seguir un minuto más en sus puestos).

El burkini o la complejidad

El debate del burkini no debería haberse producido tal como lo ha hecho por varias razones: creo que una forma muy extendida de racismo, de desprecio por culturas diferentes, es confundir todo lo que nos parece raro: todo es taparse, todo es lo mismo. Y así, lo mismo es el hiyab (pañuelo o velo) que el burka, todo es "velo". El hiyab no tiene que ver con el burka, sino que es un pañuelo que cubre la cabeza y con el que se puede hacer una vida completamente normal. Que las mujeres adultas tienen derecho a llevar hiyab, está fuera de dudas.

El derecho a llevar la cabeza cubierta y a ocultar las formas corporales, por más sexista que sea, está protegido por la libertad religiosa y por el derecho a la propia imagen. El burkini es un traje muy parecido a los que viste la gente que hace surf. Exactamente ¿qué derecho o que norma se está vulnerando al vestirse toda entera de neopreno al ir a la playa? La respuesta a esta pregunta creo que es importante.

¿Es sexista taparse el cuerpo o la cabeza por pudor religioso? Pues sí lo es, como muchas de nuestras costumbres y también de nuestras vestimentas diferenciadas. Casi todo lo que nosotras tengamos que hacer para ganar valoración o consideración, y ellos no, es sexista. Somos depositarias del pudor y ellos no, somos depositarias de las tradiciones con nuestras vestimentas y ellos no, somos objetos sexuales y ellos no, pero esa es, ahora, otra cuestión.

Podemos y debemos legislar contra la obligatoriedad y a favor de la libertad de elegir de todas las mujeres, y debemos proteger a aquellas que eligen en contra de la voluntad de sus parientes o su (nuestra) cultura. Proteger la libertad incluye proteger la de quienes hacen cosas que no compartimos, que no nos gustan o que, incluso, hacen cosas en contra de lo que creemos que son sus verdaderos intereses; me temo que la democracia es eso.

No puedo en este artículo explicar cuáles creo que deben ser los límites a la libertad, pero los hay. Si bien la libertad religiosa es importante, proteger activamente la igualdad entre hombres y mujeres debe tener como poco el mismo valor. El Estado, así, tiene que moverse entre la complicada defensa de la libertad religiosa y la defensa de la igualdad de género.

Islamofobia

 

Pero, en todo caso, resulta que en Europa sí hay un problema grave de racismo y xenofobia islamófoba. Lo suficientemente grave como para que nos lo tomemos en serio y como para ser beligerantes ante cualquier avance. No hay otra razón para que en Francia se prohíba el burkini que no sea alentar políticamente la xenofobia. El debate europeo sobre la vestimenta de las mujeres musulmanas se ha dado siempre en nombre de la seguridad y nunca de la igualdad, y esos dirigentes que tratan de prohibir el burkini son los mismos que mantienen trato más que amigable con países que segregan y torturan a las mujeres.

Son los que no mueven un dedo por acabar con otras instituciones y prácticas sexistas que padecemos las mujeres europeas, así que está más que claro que el debate del burkini no es más que una excusa para ganar votos o para alentar la xenofobia y el racismo. Eso debería bastar para que fuéramos muy críticas con ese empeño. Tenemos que ser capaces de matizar y no usar la brocha gorda porque en las circunstancias actuales no condenar el racismo siempre que se produce es alentarlo.

No obstante, dejó de tratar sobre el burkini y se volcó hacia lo de siempre, 

muticulturalismo/universalismo; libertad de elección/estructura opresiva y aleteando siempre debajo el oportunismo racista de los de siempre. La manera de luchar contra el fascismo y el racismo no puede ser un relativismo completamente acrítico.

Parece evidente que igual que existe la xenofobia y el fascismo europeo, existe un fascismo islamista que se está extendiendo y que propone, entre otras cosas y de manera muy importante, un patriarcado extremo y brutal. El velo integral estaba desapareciendo en aquellos países en los que había dejado de ser obligatorio y que estaban transitando hacia una mayor secularización cultural e igualdad de género.

 

La manera en que todos los proyectos democráticos árabes han sido abortados desde hace décadas por las potencias occidentales es tema para otro artículo, pero tiene mucho que ver con lo que aquí tratamos. El resultado es el crecimiento de un fundamentalismo religioso de corte fascista que ha generado un aumento del velo integral incluso en mujeres que viven fuera de sus países de origen o que se convierten no ya al Islam, sino directamente al wahabismo. Y eso está ocurriendo para desesperación de muchas mujeres árabes que se dejaron la vida luchando contra el integrismo religioso.

Muy a menudo frivolizamos y no damos la suficiente importancia a las vidas y a las luchas de las mujeres que sufren en los países en los que se está imponiendo, con ayuda de Occidente, el fundamentalismo wahabista. ¿Dónde nos situamos cada una de nosotras en esa lucha?

Parece que a veces pensemos que las mujeres musulmanas o de cultura islámica están más habituadas que nosotras al burka, "allá ellas y sus costumbres". Eso es también una forma brutal de racismo en la que incurrimos a menudo, como, por cierto, nos acusan en muchas ocasiones feministas árabes que llevan toda la vida luchando contra el fundamentalismo religioso. ¿Dónde nos situamos en esa pelea?

El miedo al etnocentrismo no puede impedirnos defender la universalidad de los derechos humanos, uno de los cuales es el derecho de las mujeres a la igualdad. Y nos importa, no solo por solidaridad con ellas, sino por nosotras mismas. No creo que haya un ellas y un nosotras. Primero, muchas de esas mujeres son europeas, nacidas y educadas aquí, somos nosotras mismas; y segundo porque el patriarcado es universal y el destino de todas las mujeres está entrelazado.

Que exista mucho sexismo en nuestra propia cultura no nos imposibilita a las feministas para debatir o criticar el sexismo en otras culturas, no digamos ya formas de sexismo que crecen entre nosotras; como entrelazados están todos los fascismos, por cierto. Me parece sospechoso que el relativismo se aplique siempre mucho menos cuando hablamos de la defensa de la mayoría de los derechos humanos, y mucho más cuando hablamos de costumbres, leyes, instituciones, que afectan a las mujeres.

No suelo escuchar lo del pensamiento colonialista cuando hablamos de igualdad económica, por ejemplo, o de pobreza, de derechos lgtb, cuando nos posicionamos con determinados pueblos minoritarios, cuando hablamos de injusticia ecológica, que cuando hablamos de mujeres. De todos los derechos humanos parece que los de las mujeres son siempre los más relativos. Creo que el miedo al etnocentrismo no puede paralizar la crítica a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres en otras culturas, y esas mujeres a su vez pueden y deben alertarnos sobre el sexismo que nosotras hemos naturalizado y a veces no vemos.

Finalmente, este tema, como la mayoría de los debates feministas contemporáneos, parece pivotar sobre el binomio libre elección/constricción estructural. Simplificando dolorosamente lo que es un tema de enorme complejidad también, diría que es absurdo no reconocer las estructuras sociales, culturales, económicas, todas ellas patriarcales, y las instituciones que oprimen y dirigen una parte importante de nuestros comportamientos, pensamientos e ideología.

Más absurdo aún es cuando esto se hace desde posiciones de izquierdas que llevan toda la vida tratando de visibilizar, precisamente, esas estructuras y ese sistema en el que el poder anida. Si aplicáramos el concepto de libre elección nuda a otras cuestiones sociales, haríamos desaparecer las estructuras y los constreñimientos sistémicos que obligan a las personas a hacer determinadas elecciones que, finalmente, no son tales. Esto que se ve muy claro cuando hablamos de clase o raza, no se ve tan claro cuando hablamos de mujeres cuya supuesta libre elección hace desaparecer cualquier estructura opresiva o sistémica.

Pero, al mismo tiempo, sabiendo esto, es imposible no reconocer hoy día a las mujeres un gran espacio de agencia y libre elección. E infantilizar a las mujeres musulmanas lo hacemos muy a menudo. Las mujeres que se ponen las prendas que debatimos, nos gusten más o menos, son adultas, argumentan, reivindican derechos fundamentales también; son universitarias, trabajan, estudian, discuten con sus maridos, son creyentes y toman sus propias decisiones, como nosotras. No es posible, literalmente no es posible, no escucharlas.

Mucha o poca, mediatizada más o menos, dirigida más o menos, constreñida por el patriarcado y el capitalismo, como las de todos, ese espacio de agencia individual tiene que ser reconocido y cualquier proyecto emancipador tiene que tenerlo en cuenta. Hablamos con ellas, discutimos con ellas, pero no es posible hablar sobre ellas como si ellas no estuvieran. Todas y cada de una de nosotras y nosotros construimos nuestras vidas en el vértice entre lo que queremos hacer, lo que podemos hacer y lo que creemos que queremos hacer.

Tenemos que contar con eso y trabajar a partir de eso. Terminaré diciendo que entiendo que estos debates son muy virulentos porque las mujeres sentimos que estamos debatiendo sobre nuestras propias vidas; no es algo ajeno ni teórico, son nuestras vidas las que están en juego.  Creo que ante cuestiones de esta trascendencia hay que admitir las dudas, los grises y los matices y luchar por no caer en cierto fundamentalismo del debate, que también se da mucho.

eldiario.es

Desentrañar las fisuras del sistema

 Prólogo del libro Es mi hija

Conocí a Francisco Cárdenas en el otoño de 2010, durante la presentación del libro Molly. Historia sobre los centros de menores en Cataluña, que escribí junto al periodista Jesús Martínez. Resultó sorprendente que, al mismo tiempo y sin conocer su historia, ambos hiciéramos las mismas indagaciones para desentrañar las fisuras del sistema de protección de menores.

Él desde su propia tragedia personal; nosotros desde el oficio periodístico. Ambos motivados por la sospecha, luego confirmada, de que la Administración puede cometer errores. Nos impulsaba la necesidad de contar una historia, que era también la de muchas personas. Pero no pudimos conocernos antes de la presentación del libro, y me sentí desgraciado por esto. Cárdenas pudo haber sido una de las 30 fuentes consultadas para el desarrollo de Molly, quizás la más útil e informada, tanto, que ahora su propia historia toma cuerpo en este libro. Cuando muchas personas tratan de ocultar una información es un indicio de que se trata de un tema relevante para la sociedad.

Es lo que ha ocurrido con Molly y con el libro de Cárdenas. Lo han intentado funcionarios, políticos y hasta responsables de algunos medios de comunicación. Afortunadamente, España ya no es una dictadura, pero todavía sufre de resaca autoritaria. Cuando se niega el acceso a documentos públicos, cuando los responsables políticos dan explicaciones ambiguas, cuando se toman decisiones  irreparables en la vida de una familia sin la intervención de un juez, estamos ante vicios que un país democrático debería enmendar. Cárdenas, que no es periodista pero que lo parece, se ha enfrentado a todo esto con el único recurso del amor a su hija. Y con esto ha conseguido que la sociedad se interese por su lucha, desde su intervención en el parlamento catalán, en las concentraciones con decenas de padres como él, hasta las reuniones a puerta cerrada con altos cargos que han concluido con la indiferencia, la condena o una disculpa.

Sin embargo, Cárdenas no sólo se ha encontrado con gente que desea silenciarlo. También ha conocido mucha gente que reclama que se conozca su caso, que han hecho suya su demanda, como son las 500 personas que pertenecen a la asociación que él ayudó a crear. A estas hay que sumar todos los menores que, en ocasiones, tienen una opinión diferente a la de los funcionarios del sistema de protección de menores; los abogados que les representan porque entienden que enfrentarse a la Administración no es fácil pero a veces vale la pena; la familia extensa de estos niños que ha sido ignorada como alternativa para la tutela; los psicólogos y los trabajadores sociales que han visto de cerca las fisuras del sistema que algunos insisten en tapar con inútiles parches; el Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges, que han señalado en sendos informes las graves deficiencias que aún esperan ser corregidas…

Para Cárdenas publicar este libro no ha sido fácil. Primero tuvo que luchar durante tres años en los tribunales para que esta obra tenga sentido, para que el relato madure, de manera que justifique su existencia. A diferencia de otros libros publicados por personas ajenas al oficio de la escritura, esta no es una obra producto de la vanidad ni la arrogancia. Si a Francisco Cárdenas no le hubieran separado de su hija, a lo mejor nunca habría tenido la necesidad de hacerlo. Por eso hay que leerlo como lo que es: un libro necesario para comprender lo que está funcionando mal en el sistema de protección de menores.

Gustavo Franco Cruz, Periodista

APRODEME

¿Es legal que Cruz Roja venda la sangre que donas?

En España se ha privatizado la sangre. ‘Lo que tú donas, ellos lo venden’, es el grito de lucha. Ojo con la cuestión porque hablamos de no menos de 15 millones de euros en apenas 3 años. Ese es el dinero que la Cruz Roja se ha embolsado por venderle a la Comunidad ed Madrid la sangre que, desinteresadamente, han donado los españoles en la capital. Sí, esas bolsas que se extraen en los puntos móviles y autobuses que Cruz Roja despliega periódicamente en calles, plazas, universidades y centros de trabajo. Pues resulta que desde diciembre de 2013, la organización saca 67 euros por cada bolsa de sangre extraída.

 

Desde Cruz Roja se rechaza tal extremo y niegan que este ‘intercambio’ sea una privatización, sino una “colaboración”. Iñaki Aguirre, director gerente de la Unidad de Extracción de Sangre para la Donación de Cruz Roja, señala la idea original es la de evitar duplicidades entre ellos y la Comunidad de Madrid. De esta manera los unos extraen sangre en las calles (240.000 bolsas desde 2014), los otros en los centros hospitalarios.

De acuerdo, se entiende que entonces Cruz Roja utiliza ese dinero de la “colaboración” para ampliar su red de autobuses y centros de extracción. De hecho en 2014 Carmen Martín, directora de Salud y Emergencias de Cruz Roja Española, ha asegurado que en ningún caso “vamos a ganar dinero”. “Nunca lo hemos hecho ni lo pretendemos, y es que es más, aunque quisiéramos no se puede por ley”.

Error. Estos se los paga la Comunidad de Madrid. Concretamente 24 equipos Hemocue, 240.000 microcubetas, 774.000 etiquetas, 4.400.000 tubos, 774.000 bolsas con filtros para extracción, dos furgonetas y seis unidades móviles. Cerca de ocho millones de euros en material y dotaciones. 

Si esto fuera poco, el convenio sigue vigente a pesar de que Cruz Roja lo incumple sistemáticamente. Según recoge El Confidencial, en estos dos años el incumplimiento es de 31.000 bolsas. Para 2016 el compromiso es de 120.000 bolsas. En los siete primeros meses del año Cruz Roja había obtenido 68.164 bolsas (4,5 millones de euros), 4.500 menos de las previstas. Pero Cruz Roja no ha sido penalizada de ninguna manera. Es más, según figuran varias denuncias en las redes sociales, Cruz Roja instala autobuses en las puertas de los centros hospitalarios para recoger sangre que cobrará cuando, si la donación se hiciera dentro del centro, nadie obtendría dinero por ella.

Así que todo parece ser un subterfugio destinado a financiar a una entidad privada. Y en esas está la Asociación de Empleados del Centro de Transfusión de Madrid (Adecetma), que antes de la firma se encargaba de las campañas externas, quien ha llevado “este convenio de privatización” a los tribunales por ser “un acuerdo arbitrario, innecesario y gravoso para las arcas públicas, y que se incumple todos los meses, ya que las donaciones son siempre inferiores a lo pactado inicialmente”. De prosperar la demanda, que en primera instancia ha sido rechazada, veríamos desfilar ante el Tribunal al máximo responsable del acuerdo y especialista en privatizaciones sanitarias: El exconsejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, quien renunció al cargo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid paralizara el proceso de privatización de algunos hospitales madrileños.

Asier Martiarena

Situación crítica en el Centro de Acogida San Isidro

La sección única del sindicato CGT en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos denuncia que el Centro municipal de Acogida San Isidro (CASI) para personas sin hogar está en una situación crítica de personal. Hay momentos en los que tres trabajadores atienden a 268 usuarios, en situaciones muy conflictivas.

Según explicó un portavoz de la organización, la situación es el resultado de la política de personal llevada a cabo por el anterior Ejecutivo municipal, a la que el nuevo equipo de Gobierno no ha dado soluciones. Así, a pesar de que en 2014 el Área de Servicios Sociales, entidad de la que depende el centro acordó con las centrales sindicales un incremento de plantilla, la situación se ha vuelto crítica. Durante años, no se han cubierto la tasa de reposición de trabajadores, ni los traslados. Es más, desde diciembre, el Consistorio no ha cubierto ni los traslados, ni las bajas por maternidad o enfermedad, ni las vacantes, ni las renuncias.

En estas circunstancias, explican desde CGT, la situación supone que los equipos de trabajadores han tenido que reducirse a cinco profesionales, servicio mínimo pactado en la mesa laboral sobre este servicio, celebrada en enero de 2015. No obstante, como consecuencia de la falta de cobertura de operarios, según el sindicato no solo no se cubren los efectivos mínimos, sino que se dan turnos en los que tan solo hay tres o cuatro personas.

Esa carencia de personal redunda, según narra dicho portavoz, además de en una incapacidad de realizar todas las tareas necesarias, en un problema de inseguridad para trabajadores y usuarios, pues el CASI es un servicio municipal con "situaciones muy conflictivas, en ocasiones muy violentas, y con usuarios que presentan diferentes patologías, en su mayoría asociadas al consumo de sustancias tóxicas". Entre otros problemas, los operarios y habitantes del centro sufren intentos de agresión, insultos, crisis por consumo, riesgo de adquirir enfermedades infectocontagiosas, y las situaciones de riesgo derivadas de actividades en el comedor, el apoyo en duchas y la realización de protocolos socioasistenciales. Además, tienen que atender a usuarios con movilidad reducida y problemas de salud.

Desde CGT aseguran que la dirección del centro solo ha trasladado las quejas de los trabajadores al jefe de departamento, sin que haya habido ninguna respuesta hasta ahora. Y, además, apostillan que el acuerdo firmado, en el que no participó esta organización al considerarlo insuficiente, está cargado de buenas intenciones pero que no se está cumpliendo. "Pensábamos que con la entrada del Gobierno de Ahora Madrid la cosa iba a cambiar, en vista de su política social, pero no recibimos respuesta alguna del Área". Este portavoz concluye: "¿Qué tiene que pasar en el CASI para que alguien actúe: un apuñalamiento, un suicidio, una muerte por sobredosis, un ahogamiento durante la comida, otra agresión a los profesionales?".

Fuentes del Área de Equidad, Familia y Servicios Sociales explicaron a este periódico digital que hasta fecha de hoy, en el turno de tarde hay cuatro trabajadores cubriendo las necesidades del centro y que se intentará seguir así, por ahora. No obstante, inciden en la necesidad de que la Gerencia de la Ciudad -responsable del personal municipal- agilice la cobertura de vacantes y bajas de larga duración en dicho servicio.

madridiario

La Remunicipalización en Madrid, a debate en Cadena Ser

La Plataforma ha estado presente en la cadena SER en "Hoy por hoy Madrid" junto a Daniel Palacino de Línea MADRID/010 y delegado de CC.OO., la periodista Laura Galaup y la directora de programa Elena Jiménez. Han intervenido Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda y el jurista Juan Rubiño de Red Jurídica.
Audio desde el minuto 13´30´´ hasta el 39´20´´

Para escuchar, pinchar aquí

Entrevista a Enrique Martínez Reguera

Dice Enrique Martínez Reguera que la esencia de la pedagogía es la complicidad, "pero hubo un momento en que los educadores se convirtieron en funcionarios y los niños sintieron que se habían quedado sin cómplices". Desde los inicios de su carrera, el pedagogo, filósofo, psicólogo y escritor tomó partido "incondicionalmente" por los menores solos, "los niños a los que no quería nadie". 

De 60 años dedicados a la educación, 45 los pasó con ellos: en el barrio madrileño de La Celsa, el gran arrabal chabolista de Madrid en los 70, convertido después en el mercado de la heroína, también para esos niños que a menudo enterró.

Luego se posicionó contra la criminalización de todos esos menores que él acogía en su casa, cuando la asistencia social, dice, "dejó de ser un servicio para convertirse en un agente de control". Según el experto, muchas ONG pasaron a ser fundaciones, que finalmente mutaron a empresas, y hoy, asegura, estamos en la fase de la "pobreza rentable": "Nuestros niños pobres son una de las fuentes de ingresos más importantes del país". 

eldiario.es entrevista al pedagogo durante su visita a Melilla, con motivo de la presentación del el último informe de la ONG Harraga. Durante su estancia en la ciudad autónoma, Martínez Reguera se declara abrumado por lo que ha visto y oído de los niños de la calle de la ciudad: "Se ha desregulado la vida de estos pequeños ciudadanos hasta convertirlos en alimañas. Para que lleguemos a una situación así con niños de 11 años, ¿qué relación hemos creado?", se pregunta. "La solución tiene que ser coherente con la naturaleza del problema. La pedagogía bajo un sistema de miedo es imposible", concluye.

Usted ha dicho que estaba abrumado, sorprendido. ¿Qué percibió en Melilla?

Pues lo mismo que he percibido en los últimos 40 años, pero a mogollón. Llego aquí y me doy cuenta de que las leyes no existen, ni los tratados internacionales ni las cosas más cotidianas como un empadronamiento. Yo siempre pensé que el Estado está para regularizar la vida, y veo que aquí está para irregularizarla, para que los de Melilla sean racistas y los de fuera alimañas. ¿Cómo consiente el Estado español que Melilla sea un foco de anormalidad tan espectacular?

Me gustaría saber su opinión sobre el trato a los niños de la calle en Melilla, un tema recurrente en la ciudad. ¿Cree que se privilegia su condición de inmigrante sobre la de niño?

La idea de la pedagogía es educar niños, no cabe hablar de educar migrantes. Educas niños, sean de Marruecos, blancos, negros… Yo no imagino a niños de 12 años de clase media de Madrid aquí, y a la Guardia Civil corriendo detrás de ellos a palos. Hemos interiorizado el racismo y todas las categorías se desploman.

Participó recientemente en la presentación de un informe titulado "De niños en peligro a niños peligrosos". ¿Cómo llega la población a tener miedo de los niños?

Se diseña, se construye. Somos víctimas permanentes de un lavado de cerebro. Yo he visto cómo en los años 80 el primer PSOE consiguió mudar la vida de las ciudades a base de eslóganes. En La calle es de todos recogí ejemplos de la prensa. Y empecé a escuchar a los maestros decir que tenían niños peligrosísimos. Los medios de comunicación tienen tal capacidad de penetración que, sin darnos cuenta, estamos sometidos a un lavado de cerebro.

El gobierno de la ciudad también dice estar muy preocupado por esta criminalización. ¿Qué opina?

Yo es que lo que me digan las autoridades no me lo creo, porque nunca en 40 años fue verdad. Le digo más: se las creen ellos pero no son creíbles. Necesitan fabricarse un discurso que les permita mantener su buena imagen ante sí mismos. Lo cual es legítimo, pero si estás en contacto con la realidad es un discurso completamente falso. Creo que viven en una burbuja que ellos se creen y es probable que crean estar haciendo el bien. Nunca fue tan evidente la disociación entre la autoridad y lo que vive la población.

Me gustaría que comentara algunas de las explicaciones que da parte de la sociedad y las autoridades a la presencia habitual de niños en la calle: se repite mucho que están porque quieren.

Cuando la gente dice esto tiene toda la razón, pero la noción del niño es completamente distinta de la del que está en el bar. El que está en el bar no conoce el dato de primera mano, y fantasea según el discurso oficial: "En la calle están muy mal, les persiguen; en el centro están bien, les cuidan y hay una ley de protección. Y sin embargo elige la calle: está porque quiere y es culpable de elegir mal".

El discurso del niño es: "En la calle pasan cosas terriblemente malas: paso hambre, frío, me persiguen y me golpean; y corro, y río, y salto y lloro… En el centro paso menos frío, me golpean de otra manera, pero no vivo yo, sino que están viviendo mi vida. Me tienen asfixiado, me agobian". La gente fantasea que estos centros son una maravilla, pero son monstruos que han inventado un sistema de tortura desapercibida, que te asfixia con las mejores formas y apariencias.

Buena parte del discurso oficial se apoya en el argumento de que que son niños que ya vienen de familias desestructuradas y que se resisten a aceptar las normas.

Es una fantasía que no tiene nada que ver con la realidad. Yo he llegado a la conclusión de que la noción de familias desestructuradas es perversa, racismo puro. Hay familias muy desestructuradas en un aspecto y maravillosas en otros. Ahora tienden a identificar persona y conducta, y eso pasa con la familia desestructurada.

No es que no acepten las normas: no aceptan normas irracionales. La norma tiene que tener en cuenta la realidad. Si quieres ponerle una norma tienes que saber con qué niño estás tratando, qué ha vivido, qué ha experimentado… Adaptas la norma y el niño ve la norma como solución. Pero si le pones una norma ajena a las vivencias del niño, a su memoria y su experiencia, una norma arbitraria y la impones con gestos autoritarios, el niño se defiende porque sabe que no es para su ayuda sino para controlarlo o manejarlo. Ocurre siempre.

¿Cree que la educación se dirige hacia un modelo basado en el miedo?

Estamos profundamente en ese modelo. Hubo tres leyes, la Ley de Protección Jurídica del menor, la Ley Penal de menores y la que ha tenido más trascendencia, el Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos. Este último documento revela que el Estado ha cambiado de noción de la Educación. 

La Educación tiene por su propia naturaleza ciertas características imprescindibles: el adulto trata de sacar lo mejor de sí mismo, su cultura, sus costumbres, su ética, y meterlo en el niño. Luego el niño lo filtrará y lo encarnará a su manera. Es, por esencia, una labor interiorista que requiere que el niño esté abierto, que los intereses del adulto y el niño coincidan y que el adulto intente hacer ver al niño qué le conviene. El derecho es lo contrario, pura formalidad exterior, y un juez con un delincuente no pueden tener complicidad.

¿Cuál ha sido esa evolución a la que hace referencia?

Hace unos años los niños eran niños; de repente dejan de serlo y son menores. Eso es una consideración estrictamente jurídica, una falsificación de la realidad. En los 90 pasan a ser usuarios, y de repente pasan a ser plazas disponibles, que ni sienten ni padecen. Un niño tiene vivencias, recuerdos… pero eso queda fuera. Ha habido un proceso de cosificación de cierta infancia, perfectamente tecnificado.

¿Cree que faltan recursos para la educación de los niños?

En un sentido relativo, jamás faltan recursos. Con poco se puede hacer mucho cuando se cuenta con la población y con la vocación. Si se crease otro clima con estos niños, cuántas familias no habría que les dijeran "vente a comer por aquí". Con pocos recursos materiales se puede hacer mucho si se cuenta con recursos humanos.

Hay una segunda idea: lo peor no es que haya pocos recursos sino en lo que los emplean. Si se utilizan en crear buena imagen o pagarse sus intereses y comodidades, ¿en qué se emplean?

Y, por último, les doy la razón en un tercer aspecto: siempre la educación ha sido uno de los ámbitos peor cultivados. Aparentemente el Estado da dinero para los niños necesitados, pero en realidad no, porque lo da para las estructuras que ha creado para su control. No se destina a los niños, sino para las ONGs, las empresas, los profesionales, de modo que al niño no le llega nada.

¿Se pueden encontrar grietas para humanizar el sistema?

Sí, nadie está fuera del sistema, vivimos en el mismo mundo. La idea de dentro y fuera es un cuento chino. Yo invito a estar de dos maneras: por una parte inventando su vida como ser sociable y, por otra, siendo consciente de que estás dentro del sistema.

Tenemos que estar dentro de la realidad, afirmándonos, creando nuestra vida como nosotros la queremos, pero dentro del sistema, a veces pasando desapercibido. Yo creo más en la infiltración que en la denuncia, porque la denuncia tiene réplica y la infiltración pone difícil la réplica.

¿Qué se puede hacer para empezar a solucionar el problema de los niños de la calle?

Mi respuesta es muy humilde: todos los bosques nacen de semillas mínimas. Es algo que tenemos que reconstruir en nuestro interior. Hay que recuperar nuestras cualidades de persona: el sentido de pertenencia, la autonomía, etc. 

Si cultivamos nuestro sentir en común, el sentido de la realidad, nos brota otra actitud. ¿Por qué vengo a dar una charla? Porque sé que voy a estimular a unas cuantas personas, que luego pueden estimular a otras.

Tenemos que reconstruir el tejido social, porque hemos caído en manos de un mundo financiero y político tan desbordante que no existimos y tenemos que empezar por afirmar que existimos. Yo soy este, y quiero vivir esto y lo quiero vivir contigo, y el resto del mundo que vaya por donde quiera.

eldiario.es

La Otra Memoria Histórica. 40 años del Sindicato de Obreros del Campo. El sueño de la tierra

El SAT representa la segunda juventud del SOC, a sus 40 años de vida
Artículo de Francisco Ruíz, secretario nacional de campañas del SAT

El 1 de agosto de 1976 se celebró la asamblea fundacional del SOC. Se formalizaba así el “sindicato de los jornaleros” que se había fraguado años antes mediante las Comisiones de Jornaleros en distintos pueblos de la geografía andaluza. Fue el primer sindicato en legalizarse en Andalucía, y su actividad desde la transición ha sido siempre determinante en los movimientos políticos y sociales de la izquierda andaluza.

Su nacimiento fue impulsado por el Partido de los Trabajadores de Andalucía (PTA) aunque en su seno encontramos cuatro patas ideológicas: El comunismo, especialmente el maoísmo entendido desde una visión andaluza; El socialismo cristiano, fundamentado en la teología de la liberación (con fuerte vinculación a América Latina); el anarquismo vinculado al medio rural; y el soberanismo andaluz, que engloba numerosas vertientes: nacionalismo cultural de izquierda, movimiento de liberación nacional frente al colonialismo, independentismo andaluz, federalismo…

Estas cuatro patas ideológicas muchas veces se encuentran vinculadas entre sí, es decir: El nacionalismo andaluz se entiende, desde el SOC, que solamente puede ser de izquierdas: Ya que va vinculado a la tierra y el enemigo en común, el terrateniente, actúa en clave españolista. Por tanto, el socialismo andaluz, concretamente el maoísmo andaluz que representaba el PTA y que sigue presente en las luchas de la CUT, del SAT y de otros movimientos del medio rural andaluz, siempre tienen una vinculación con el soberanismo andaluz. De igual manera, la forma de entender la religiosidad en los campos de Andalucía, al igual que pasa en América Latina, tienen una vinculación fuerte con las dos anteriores visiones, y no en vano “curas obreros” (o mejor, “curas jornaleros”) fueron impulsores y dirigentes del Sindicato. Por último, la tradición anarquista de los movimientos sociales del medio rural andaluz sigue muy vigente en la forma de vida de la población jornalera, que entiende el poder como la forma de opresión que cada día le explota en el campo por un salario de miseria o le deja parado en la miseria sin trabajo.

 

Cada persona dentro del SAT experimenta estas cuatro patas ideológicas en mayor o menor medida; Con mayor o menor grado de conciencia sobre ello. Hoy en día, la mayoría de la militancia del SAT tiene vinculaciones políticas. La CUT sigue siendo determinante, aunque la pluralidad del sindicato es tal que va desde Asamblea de Andalucía, a IU o Podemos, pasando por el independentismo andaluz minoritario y una notable presencia del anarquismo. Además, entre la juventud destaca un nutrido grupo de activistas de la organización Jaleo!!! que, desde 2010, van cogiendo fuerza internamente, al estar siempre en primera línea de acción. Lo que es indudable es que la influencia política del SAT en Andalucía sobrepasa a la influencia que tuvo el SOC en su día, que no fue poca. Si bien en los años 90 el SOC y sobre todo la CUT tuvieron alguna influencia y cargos políticos dirigentes en la Izquierda Unida de Luis Carlos Rejón, y llegó a tener de parlamentario a Sánchez Gordillo en varias legislaturas y posteriormente a Álvaro García, hoy en día hay más cargos públicos del SAT, no sólo en ayuntamientos y diputaciones, sino dos parlamentarias andaluzas (Mari García y Libertad Benítez) y un diputado en cortes, Diego Cañamero. Resaltamos a estas tres personas, si bien hay más personas afiliadas al SAT con cargo público pero no son o han sido represntantes públicos del mismo. Aunque, como hemos dicho antes, el SAT es un sindicato plural y estas personas no representan sino a los partidos políticos a los que pertenecen.

Las luchas del SOC han forjado algo que cuarenta años de franquismo casi borran de la memoria: El orgullo de los y las jornaleras; La clase obrera del medio rural. Cada lucha, cada reivindicación, cada ocupación de fincas, cada corte de carreteras, cada huelga en el tajo, cada expropiación… cada acción directa, siempre entendida como no-violencia activa (es decir, sin causar daños personales) y acompañada de sus reivindicaciones históricas, ha sido clave para la resistencia heróica que el medio rural andaluz ha tenido para no desaparecer del mapa, como ha pasado en otros territorios y naciones en el estado español. Si entendemos que el PER no es la solución a un mundo rural cada vez más injusto, sí debemos comprender que si no hubiera existido esa subvención el medio rural andaluz no sería hoy el que es, y la emigración habría desertificado nuestros pequeños pueblos y agro-ciudades. De la misma forma no se entendería de igual forma la lucha por la tierra: ¿Qué sería del medio rural andaluz sin una reivindicación como la de “Andalucía entera como Marinaleda”?

Históricamente, el SOC ha buscado la unión del conjunto del pueblo trabajador andaluz. Aunque en sus inicios el SOC estuvo vinculado al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT – 1979) y a la CSUT, con la desaparición del Partido de los Traajadores (PTA) quedó aislado en el medio rural. Fue ya a finales del siglo XX, cuando se dan pasos hacia lo que posteriormente daría lugar al SAT. A mediados de los ’90 se constituye la Mesa por la Intersindical Andaluza, que comprendía entre otros al SOC, a USTEA, al Sindicato Unitario (con presencia en Huelva) y al SUAT (con presencia sobre todo en la provincia de Málaga).

Ya en 1995 Gabi Lima exponía algunas dudas sobre la consolidación del “Proyecto de Sindicato Andaluz”. Este dirigente del SUAT y miembro de Nación Andaluza fue asesinado en extrañas circunstancias que nunca fueron investigadas, en su Marbella natal y siendo uno de los más aférrimos luchadores contra la mafia y la corrupción en la Costa del Sol, llegando a tener fuerte presencia en el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Marbella en la época de GIL. En un artículo de ese año, Gabi Lima ya dejaba entrever que CGT y SU no acabarían cuajando en un proyecto sindicalista de unidad, y mostraba sus dudas sobre USTEA. No se equivocó mucho: CGT ni siquiera llegó a entrar en la Mesa por la Intersindical Andaluza, y el SU y USTEA no llegaron a integrarse en el SAT en 2007, si bien USTEA tuvo un fuerte debate al respecto y hoy en día tiene nexos de unión con el SAT. El SUAT se disolvió tras la muerte de Gabi Lima en 2002, aunque la mayoría de sus integrantes acabaron entrando en el SAT.

Ya en la época de la Mesa por la Intersindical Andaluza, el SOC pasó a denominarse Sindicato de Obreros del Campo y del Medio Rural de Andalucía (SOC-MRA). Y aunque la Intersindical no cuajó, en el SOC ya se tenía en cuenta que el futuro del sindicalismo andaluz pasaría por la unificación de luchas de los trabajadores, más allá del campo. Así, en su congreso de 2005 en Mollina se aprobaron las bases para caminar hacia un Sindicato Andaluz de Trabajadores que culminaría en la Asamblea Constituyente de 2007, donde el SOC y otros sindicatos unieron voluntades para conformar el S.A.T.

Desde 2007 la acción directa y el paulatino aumento de la presencia del Sindicato en las ciudades han ido evolucionando de manera singular, y sin dejar de crecer en ningún momento. El SAT tenía una ventaja añadida, y es que desde la crisis que comenzó en este mismo 2007 el proceso de “jornalerización” de la clase obrera urbana fue creciendo hasta la precariedad que vivimos hoy en día, donde el 90% de los contratos son temporales y un gran porcentaje de contratos son a tiempo parcial o de una duración inferior a un mes (incluso inferior a una semana). Pasamos así, sobre todo la juventud, a ir “de tajo en tajo” con la indefensión que aquello conlleva; Más aún si tenemos en cuenta las dos reformas laborales que aprobaron PSOE primero y PP después. Así, mientras el sindicalismo tradicional, relacionado con CCOO y UGT, iba perdiendo influencia por sus formas de trabajo, sus nulas reivindicaciones y por la corrupción interna, el SAT iba consolidándose como un sindicato de jornaleros, del campo y de la ciudad. Pero además de eso, y sobre todo a partir del I Congreso del SAT en diciembre de 2011, el crecimiento de representación sindical en las empresas por parte del SAT fue en aumento constante. Sevilla y Granada fueron las pioneras, hasta el punto de tener más de 100 delegados sindicales en la ciudad de Sevilla y área metropolitana en poco tiempo. El SAT repunta en sectores como la hostelería (¿Qué mejor ejemplo de jornalerismo urbano?), en el sector público y otros, cada vez con más fuerza. Y esto sin dejar de tener actividad en el medio rural, que con la ocupación de fincas y las reivindicaciones de jornales dignos, del fin del requisito de peonadas, del acceso a la tierra, etc. sigue siendo el sector más activo del Sindicato.

Hoy, cuarenta años después de la constitución del SOC, el SAT ha sabido trasladar a las ciudades su forma de funcionamiento en el campo. Pero además ha sabido evolucionar para adaptarse a los nuevos tiempos y sigue moldeándose con la práctica para seguir creciendo tanto en el medio rural como en el medio urbano. El SOC, con su experiencia y su lucha diaria, sigue más vivo que nunca dentro del SAT. Ha tenido varias crisis de crecimiento y ha salido reforzado de ellas. Hoy en día la dirección del sindicato mezcla juventud y veteranía: Ímpetu y experiencia. El ejemplo más claro está en el nuevo portavoz nacional, Óscar Reina, y el portavoz saliente, Diego Cañamero. Pero no sólo estas dos personas, sino que un nutrido número de personas menores de treinta años nutren los cuadros medios del Sindicato, y algunos han llegado al Comité Nacional y buena parte de ellos han sido designados para la Comisión Permanente Nacional. Además, el área de Juventud coge fuerza, y aprende de la veteranía que también sigue en la dirección. Este Sindicato ha demostrado que la experiencia de cuarenta años y el empuje de la juventud no sólo son compatibles, sino que son una necesaria conjugación para llegar a ser lo que aún aspira: El Sindicato de los y las Trabajadoras de toda Andalucía.

Cuarenta años después, el SOC sigue más vivo que nunca dentro del SAT. Y eso al poder le duele.

El Síndic pice explicaciones a la Generalitat por los abusos a menores

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha abierto de oficio una investigación para aclarar si ha existido o no “negligencia” por parte del Departament de Treball, Afers Socials i Família en el escándalo de abusos sexuales sufridos por más de 80 menores que fueron captados por una productora afincada en Catalunya para grabar películas pornográficas.

La investigación de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Civil ha descubierto que 26 de estos niños que participaron en los rodajes -cuando tenían entre 12 y 17 años- vivían en Barcelona y en Tortosa. Todos eran menores desamparados y la mayoría de ellos se encontraban bajo la tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolesència (DGAIA).

Jaume Saura, adjunto al Síndic de Greuges, ha recordado que la ley 14/2010 señala que los poderes públicos tienen el deber de “tomar todas las medidas necesarias” para proteger a los niños ante cualquier forma de violencia y también el de promover la “recuperación física y psicológica” de aquellos que hayan sido víctimas.

En la evaluación que realizará el Síndic se valorará si ha existido o no descoordinación por parte de todas las instituciones públicas afectadas dado que los abusos comenzaron hace años y la voz de alarma no se dio hasta el 2015. Es decir, la productora engatusó a menores durante largo tiempo sin levantar sospechas. "Queremos saber también qué medidas se tomarán en el futuro para evitar que se repita y de qué modo se reparará a las víctimas que han sufrido estos delitos", ha detallado Saura. 

“Cumplir con la obligación de proteger a los menores debería ser incluso más exigible en el caso de estos chicos que estaban bajo la responsabilidad de la Administración”, ha remarcado Saura. El Síndic valora, no obstante, que fueron profesionales de la propia DGAIA quienes pusieron fin a los abusos avisando a la policía catalana al detectar actitudes sospechosas en algunos de los menores que tenían a su cargo en dos centros de Tortosa.

El Síndic ya tiene abierta una investigación de la actuación de la DGAIA en el reciente caso de los menores tutelados que se fugaban de los centros en los que vivían y esnifaban cola en el centro de Barcelona.

BENESTAR, ACUSACIÓN PARTICULAR

Afers Socials, por su parte, ha anunciado este miércoles que se presentará como acusación particular en la causa abierta contra los siete miembros de esta red de pederastia que no solo grababa el material pedófilo sino que también lo vendía.

Según han podido comprobar los investigadores, más de 300 clientes de todo el mundo, sobre todo de España y Francia, han comprado imágenes de la empresa Productos Aschcom SL, la tapadera legal de esta organización sospechosa de explotar a 26 niños catalanes, 24 valencianos y a 30 de otros países -especialmente Marruecos- a los que viajaban con el propósito de tener sexo con estos.

El Periódico

Inspección detecta irregularidades en el COA

La Inspección Provincial de Trabajo de Zaragoza ha extendido un acta de infracción a Intress, la empresa que gestiona el Centro de Acogida y Observación (COA) de Menores de Zaragoza, después de detectar cinco empleos irregulares. Se trata de trabajadoras que desarrollaron sus labores en días sueltos sin contrato y sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. En el texto, con fecha del 24 de junio, Inspección subraya la "responsabilidad solidaria del Instituto Aragonés de Servicios Sociales".

Los inspectores se presentaron en el COA el 3 de febrero tras recibir una denuncia.  Mantuvieron una reunión con el director, el coordinador técnico de los educadores y un miembro del comité de empresa. Durante la visita solicitaron los cuadrantes horarios del período comprendido entre octubre de 2015 y enero de 2016. Seis días más tarde compareció en las oficinas de Inspección la directora de recursos humanos, quien aportó la documentación solicitada.

Al cotejar los cuadrantes con los datos de la Tesorería General del Estado, los inspectores detectaron una primera irregularidad en la figura de una educadora que había trabajado los días 1 y 2 de octubre y el 4, 5 y 6 de noviembre sin que la empresa comunicara el alta en el Régimen General de la Seguridad Social. En este caso, a diferencia de los demás, sí había contrato. En los otro cuatro casos se suman ocho días de trabajo de educadores que no habían plasmado su firma en un acuerdo laboral ni habían sido dados de alta en la Seguridad Social. Tanto el coordinador técnico como el director del centro habían confirmado que los cuadrantes eran correctos.

El informe revela que Inspección comunicó de oficio a la Seguridad Social el alta de las trabajadoras en el régimen general por cuenta de la empresa en las fechas señaladas y que reclamó las cuotas correspondientes, apreciando responsabilidad solidaria del IASS. Por último, los inspectores extendieron un acta de infracción a la empresa por incumplimiento de la normativa laboral. Los educadores llevan casi dos años en huelga por sus condiciones  y "la falta de proyecto educativo".

Períodos "regularizados"

Fuentes de la consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales apuntan que "el IAAS es conocedor de las actuaciones seguidas por Inspección en relación con Intress" y que "cada mes se supervisa la actuación de la entidad en todos los aspectos relativos al contrato de gestión educativa del COA".

"La resolución de Inspección -añaden desde el departamento- viene a fijar los períodos no cotizados durante un período breve. Dichos períodos ya han sido regularizados y abonados a la Seguridad Social y el total del importe abonado es de 363,49 euros. La responsabilidad solidaria en materia de cuotas del contratista principal es un efecto previsto en la normativa laboral general, para la protección de los trabajadores en el sentido de no generar vacíos en sus cotizaciones, si bien el abono corresponde a la entidad que contrata a los educadores".

La consejería añade que «el IASS no comparte este comportamiento de la empresa, y en caso de que se repita tomará las medidas oportunas». Por su parte, Intress rehusó hacer declaraciones a este periódico.

Heraldo

La Otra Memoria Histórica. Olimpiada Popular de Barcelona

En agosto de 1936 Berlín albergó los XI Juego Olímpicos de verano, (Olimpiada Parda) así es como la denominó Mundo Obrero. Hitler contó con una de las mejores plataformas para proyectar una imagen del nazismo más suave y respetuosa con los ciudadanos de todas las razas. Él quería demostrar con estas olimpiadas la supremacía de la raza aria, pero no le salió muy bien ya que, varios atletas de raza negra, principalmente Jesse Owens consiguió un gran número de medallas entre ellas oro en 100 mts. 200 mts. Y 4x100 mts. 

 

En una ocasión Hitler saltándose el protocolo bajó a saludar al segundo y tercer clasificado (raza blanca), y negó la mano al primer clasificado, que era Jesse Owens. A pesar de que Alemania quedó primera en el medallero la teoría de la supremacía de la raza aria quedaba en muy mal lugar, los atletas negros fueron los muy laureados.

Pero estos no fueron los únicos juegos que iban a tener lugar en ese verano de 1936, como protesta a los juegos de Berlín, la ciudad de Barcelona proyectó la denominada  Olimpiada Popular, también conocidos como Juegos Obreros. La organización de dichos juegos corría a cargo de la Internacional Deportiva Obrero Socialista que, manteniendo el espíritu olímpico del Barón de Coubertin, consiguió que cerca de 6000 atletas obreros de 23 países se inscribieron en estos juegos. Las delegaciones más numerosas fueron las de: Francia, EE.U, Suiza, Inglaterra, Países Bajos, Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, Noruega, Suecia y Argelia. En especial la delegación francesa con 1500 , país dirigido por el Frente Popular que presidía el judío André Léon Blum, prestó gran apoyo tanto económico como humano para que se llevaran a cabo estos juegos en Barcelona. 

16 eran las modalidades deportivas que iban a tener lugar entre ellas destacamos: fútbol, tenis, baloncesto, boxeo, atletismo, lucha, pelota vasca y ajedrez.

Estos juegos eran subvencionados con fondos públicos y en él contribuyó: Gobierno francés (600.000 francos), Gobierno español (400.000 pesetas) y Generalitat (100.000 pesetas), era una cantidad mínima, pero con ella se hizo el esfuerzo necesario para preparar las infraestructuras necesarias y poder albergar a unos 25.000 visitantes que, era el número estimado según las previsiones.

Desfile de deportistas por las calles.

El Comité Organizador de la Olimpiada Popular (C.O.O.P), había planificado el inicio de la competición para el día 22 de julio y su clausura el día 26. El estadio de Montjuic era el elegido para su celebración. A pesar de tener la fecha de inicio para el 22, ya desde el 18 de julio habría actos en toda la ciudad como parte de festejos previos a la competición. Las delegaciones hicieron un desfile por las calles de Barcelona. En el Estadio Olímpico tenía lugar el último ensayo, antes de la inauguración prevista para la tarde del día siguiente o sea el 19-07-1936  una inauguración con bailes, danzas y música típica catalana. Entre otros sonaría "Juny" y “Els Segadors". Pero estas Olimpiadas Populares no llegarían nunca a celebrarse.

El día 19 de julio al amanecer se sublevó parte de la guarnición militar en Catalunya, así como lo había hecho un día antes en gran parte del territorio peninsular. El funesto general Mola era el encargado de dirigir el golpe de estado en tierras catalanas, con el fin de acabar con el Gobierno de la Generalitat. Por lo que a escasas 8 horas de su inauguración y con todos los deportistas preparados en los alrededores de Monjutic se tuvo que detener el evento.

 La mayoría de los deportistas eran afiliados a sindicatos y partidos políticos, principalmente el Partido Comunista. Por ello no les fue muy difícil cambiar las botas de deporte por los rifles y cañones.Gran parte de los deportistas acabaron afiliándose a las denominadas Brigadas Internacionales. En un principio estuvieron defendiendo Barcelona hasta que, acabada y rendida la sublevación militar en tierras catalanas, destinaron su voluntad hacía Albacete, sede de reclutamiento de las B.I. con André Martí al frente de ellos y desde allí fueron enviados al frente de Madrid (Guadarrama, Ciudad Universitaria y posteriormente Jarama y Guadalajara).

Todos estos deportistas se merecen un reconocimiento por parte, primero del mundo del deporte y luego de toda la sociedad, esa misma sociedad a la que defendieron del fascismo en España.

Unidad Cívica por la República

La Purísima, el lugar del que huyen los niños en Melilla

Tres niños entran al módulo de acogida de La Purísima | N.C.

Segundo artículo de la serie 'Menores que migran solos', sobre los niños y adolescentes que vagan por la ciudad de Melilla a la espera de poder cruzar a la Península: puedes leer aquí el primero.

"El centro, no bueno. Yo me busco la vida", dice un chaval marroquí agarrado a una valla, apenas a un par de metros de la garita de la Guardia Civil y a diez centímetros de una caída que puede dar con sus huesos en las rocas de la escollera del puerto.

¿Por qué decenas de niños prefieren vivir al raso de Melilla a hacerlo bajo techo? El gobierno de la ciudad y el centro dicen que esos niños prefieren la libertad callejera antes que normas que les imponen la hora de levantarse. Sin embargo, algunas ONG llevan años denunciando que en ese lugar hay quien pega a los niños, les chantajea, les humilla y pone piedras en su camino para obtener un permiso de residencia temporal. En esas circunstancias, piensan, la calle es mejor sitio que donde no te quieren.

El módulo de acogida del principal centro de menores de Melilla es un fuerte militar que en 2001 se convirtió en hogar para niños. Un "Todo por la Patria" se lee sobre el pórtico de acceso a La Purísima, y en el patio principal hay algunas piezas dispersas de imaginería católica. Es mediodía en pleno Ramadán y el lugar ofrece una quietud extraña. Ni rastro de la supuesta conflictividad: en una de las salas los niños ven la televisión sentados en fila regular y "sin chistar"; las 30 camas que atestan un aula reconvertida en habitación están hechas y las mantas dobladas con parecida perfección, como si la disciplina militar fuese contagiosa.

Nada, más allá de esa calma contra natura, indica al visitante que La Purísima tiene un pasado oscuro y violento y un presente cuestionado por algunas ONG y los niños que huyen de allí. La lista de supuestos agravios es tan larga como se esté dispuesto a escuchar. Empezando por la extendida creencia de que un educador cobra entre 150 y 200 euros por facilitar la declaración de minoría de edad, pese a que en el proceso interviene un médico; y continuando por que "es habitual que se coloquen pruebas incriminatorias para justificar castigos", según aseguran cuatro chicos diferentes a eldiario.es. 

A los niños de la calle les cambia la cara cuando escuchan el nombre de uno de los educadores de este centro: "Tiene el corazón negro", dicen. "A un chaval le hizo bailar, y le 'decía baila, hijo de puta, baila", relata alguien que permanece en el centro. Tres niños de 10, 15 y 16 años dicen que les levantaban a voces y pateando la cama. "Centro, no bueno. Porra", contestan a la pregunta de por qué no duermen allí.

"Los educadores te hablan mal. Yo prefiero la calle. Estuve siete meses en Baluarte (el centro de infractores, de régimen cerrado) y es mejor", explica Mohamed, que tiene 18 años y ha pasado tres de ellos en los centros de acogida de la ciudad. Ahora está en situación irregular.

En la presentación de un informe elaborado por Harraga, una ONG que trabaja con los niños de la calle, un menor que reside en el centro contó cómo al volver después de unos días de baja le golpearon e insultaron mientras le preguntaban por qué se había marchado.

Son algunos ejemplos de las historias que relatan los niños que vagan por Melilla. La figura de ese educador simboliza para ellos los fallos de un sistema desbordado contra el que se acumulan denuncias de arbitrariedad y violencia. Los niños llegan a cantar canciones sobre él. José Palazón, de la ONG Prodein, lleva años denunciando este y otros casos. "Se sabe, lo sabemos todos. Es indignante", protesta.

"Lo que digan los de la calle no nos preocupa"

 

Tanto se repiten las quejas y tan conocida en la historia que hay quien desde la Consejería de Asuntos Sociales cree que "algo tiene que haber". El consejero, Daniel Ventura, concede que él también ha escuchado muchas veces los nombres de dos educadores: "Cuando llegué lo primero que le dije al director es que no quiero que se toque a un niño para nada, ni por supuesto que se le esté insultando".

Insiste, sin embargo, en que nunca se ha demostrado nada: "Si hay alguien que esté cometiendo faltas de consideración, me gustaría que acabaran en la fiscalía o el juzgado. Por parte de la consejería, no protegemos a nadie", asegura Ventura. 

El director del centro, Suliman Abdeslam, atribuye la triste fama de su trabajador a la rumorología: "Puedes hablar con un niño al otro lado de la frontera que ni siquiera ha estado aquí y te dirá que Salah le pegó". Para él, esos chicos tienen "la mentalidad de vivir en la calle", de modo que traza una línea. "Nos preocupan los que están aquí, que son más de 300. Lo que digan los de la calle no nos preocupa. Son niños con problemas de drogadicción y no se dejan ayudar. ¿Qué van a decir del centro?", añade. 

Casi todos esos niños provienen de Fez y otras ciudades del interior. Entre los residentes de La Purísima, en cambio, abundan los rifeños, chavales a quienes a veces las familias les planifican un futuro que pasa por Melilla y que incluso reciben visitas de sus padres. Los primeros se quejan del trato preferente hacia los rifeños, así que pasan unos días por La Purísima, escapan, regresan de la mano de la Guardia Civil o por sí solos, y vuelven a escapar. Hay algunos que acumulan hasta ochenta partes de baja. En la calle se exponen a las enfermedades, las peleas y la muerte: tres de ellos han perdido la vida intentando alcanzar el barco que une la ciudad con la Península.

"Yo no tengo recursos para trabajar con esos niños", se queja el director: "¿Dónde van? ¿Los traemos a un centro ya saturado? Sólo me falta ir a buscarlos". Es un discurso similar al del consejero, que hace meses opinó que sería "contraproducente" devolverlos a La Purísima en vista de la saturación, pese a que la ciudad sigue siendo la tutora hasta transcurridos seis meses desde su baja en el centro.

Un contrato prorrogado en abril por 3,1 millones

 

Arquisocial S.L. (antes Arquitempo, S.L.) gestiona el centro en régimen de concesión desde 2006, aunque el último contrato se firmó en 2013 por dos años a cambio de 6.364.124,96 euros, más 15,09 euros por día y menor que exceda de las 172 plazas del centro.

El contrato fue prorrogado por un año el pasado mes de abril, por 3.182.062,48 euros. Ventura ya ha avanzado que habrá un incremento presupuestario "considerable". La empresa emplea a cinco coordinadores (uno por módulo), una enfermera, una psicóloga, una trabajadora social, once educadores y 55 auxiliares. Estos últimos no tienen titulación específica y algunos de ellos son trabajadores de anteriores concesionarias subrogados en el nuevo contrato, personas con un conocimiento profundo del sistema y sus interioridades.

El director se queja de que se hace responsable al centro de la falta de recursos. Además del módulo de acogida, La Purísima tiene otros cuatro, de 32 plazas teóricas, en cada uno de los cuales conviven 53 niños. En las habitaciones hay también colchones en el suelo, y los propios niños están soldando nuevos somieres que añadir a las literas de dos camas. A las denuncias de la escasez de ropa, los responsables responden que "sobra" y que se les entrega (bajo firma de un recibí) cuatro mudas completas al año más dos por fiestas. "Si todo fuera tan malo, ¿cómo tenemos 360 niños en un centro de protección?", se pregunta el consejero.

El informe de Harraga, sin embargo, hace hincapié en la "violencia documental". Es frecuente que los niños no estén empadronados. José Palazón, que lleva trabajando dos décadas con los niños de la calle, cree que la falta de oportunidades de formación y las dificultades para conseguir un permiso de residencia temporal cuando cumplen la mayoría de edad motivan que los chicos prefieran la calle.

Para Palazón, esas dificultades son piedras estratégicamente dispuestas en su camino: "Desde todos los centros de recepción de migrantes se lanza el mensaje de 'esto no es un hotel, hijo de puta', para evitar el efecto llamada".

Save the Children denunció en un informe reciente que las autorizaciones de residencia no siempre se tramitan a tiempo, y que los plazos legales se interpretan "en perjuicio del niño". "No se trabaja para su integración y se les expulsa inmediatamente cuando cumplen los 18 años", se lee en el documento. En este contexto, muchos menores se aferran a la idea de '¿para qué esperar?', porque saben que acabarán en la calle igualmente nada más cumplir la mayoría de edad.  

Pese a que el centro es de régimen abierto, bajo el pórtico de acceso al fuerte hay ahora un vigilante de una empresa de seguridad privada para "disuadir" a los chicos de escapar. Ni eso, ni los regalos en metálico que supuestamente reciben (50 euros en Reyes, 25 en las pascuas, 25 en feria) son vallas lo suficientemente altas para niños que, como ellos, huyen. 

eldiario.es

Menores en protección del COA vuelven a sufrir situaciones de grave riesgo

En la noche del martes y en la mañana de este miércoles varios menores han sufrido situaciones de riesgo, llegando en algún momento a peligrar su integridad física. Así lo denuncia en un comunicado Educadores en Lucha explicando que en la jornada de ayer fue necesaria la presencia de numerosas patrullas policiales, bomberos y ambulancias del 061. Esta mañana se ha repetido una situación similar de nuevo con un menor solicitando la presencia de policía, que finalmente no ha intervenido.

Desde el colectivo, que lleva cerca de dos años en huelga, vienen denunciando públicamente la desprotección que vive el Centro de Observación y Acogida (COA) de Zaragoza. “A nuestro juicio, esta situación es responsabilidad del caos organizativo del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la entidad catalana, Intress, que gestiona el centro desde octubre de 2015. El objetivo ha sido acabar con un colectivo de educadores sin tener en cuenta la repercusión en los menores. Compañeros veteranos de dilatada experiencia se han quedado en la calle, otros han abandonado sus puestos y otros tantos han estado temporalmente de baja por ansiedad y estrés. Pero las principales víctimas son los menores en protección cuya atención es precaria hasta el punto de peligrar su integridad física. Por otra parte, existen también numerosos menores que no protagonizan estas situaciones de riesgo pero tienen que convivir con ellas día a día en un centro a donde llegan para que la Administración en teoría les proteja”, recalcan.

Las y los educadores del COA permanecen en huelga desde octubre de 2014 al comprobar que el nuevo concurso conllevaba un peligroso recorte económico que provocaba un grave perjuicio a la atención a los menores y una precarización en las condiciones laborales de las y los educadores. 

Durante todo este período sus reivindicaciones han sido muy simples, mantener las mismas condiciones de atención a las y los menores del anterior concurso (idéntico número de educadores por turno, no traspasar gastos básicos de los menores como salud, vestimenta o material escolar a la empresa privada…) e idénticas condiciones laborales para todo el equipo educativo (mismo sueldo y horas de trabajo). La única novedad era solicitar un maestro para todos aquellos niños y niñas escolarizadas que están en el centro y que por distintos motivos no pueden acudir a sus colegios. “Asimismo, tras las represalias de Intress, también hemos solicitado la reincorporación de los educadores veteranos que se han quedado en la calle”, subrayan.

A este respecto, expresan: “Nuestras reivindicaciones son mínimas porque pedimos mantener la ya precarias condiciones que tenían menores y educadores. Pero es que estos menores lo que deberían tener en el centro es un aula de informática, un gimnasio, una sala de psicomotricidad, un psicólogo, una enfermera y otros profesionales necesarios. Resulta que los menores del Centro de Reforma de Juslibol sí disponen de este tipo de instalaciones y profesionales, ciertamente porque también los merecen. Lo que no sabemos es por qué no los tienen los menores en protección. ¿No interesan? ¿No dan votos? ¿Es normal que en nuestro centro tengamos dos ordenadores muy viejos sin conexión a internet para todos los menores y en las Cortes se pueda pagar el internet particular a los diputados”.

Para Educadores en Lucha, “la principal responsabilidad de esta situación es de la consejera Broto y del director del IASS, Joaquín Santos, quienes han permitido que Intress gestione el centro con una desorganización, que se ha acentuado en los últimos meses cuando se ha desautorizado a los coordinadores veteranos del centro”. En este sentido indican: “Es un descontrol, la entidad no presenta ningún proyecto educativo, pero sí que desea implantar turnos fijos para represaliar a educadores díscolos, suponemos que con el visto bueno del IASS. Al centro acuden numerosos profesionales nuevos sin ninguna experiencia en este tipo de recurso, ni ninguna formación por parte de Intress. Es un caos general que están pagando los menores y que llevamos denunciando desde hace mucho tiempo sin que se le ponga freno de inmediato”.

Tras sus últimas denuncias públicas, “el Gobierno de Aragón ha tratado de desacreditarlas culpando a los profesionales del COA, amparándose en la privacidad de los menores, tratando de normalizar las situaciones agresivas, incluso mintiendo, como el director del IASS quien llegó a manifestar públicamente a los medios que en Aragón todos los menores en protección disponían de plazas en centros adaptados a sus necesidades especiales”, critican. De este modo aseguran que la pasada semana “fuentes del Gobierno de Lambán manifestaron que se había normalizado la situación en el COA al haber reforzado el personal de seguridad”.

“Es vergonzoso que digan que todo está controlado porque hay dos compañeros de seguridad, a las pruebas nos remitimos de que esto no ha sido así. Esto es un problema estructural, ha sido la demolición de un proyecto y equipo educativo a conciencia por parte del IASS e Intress. No se cubren las necesidades de los menores con más personal de seguridad, sino con más educadores, profesionales especializados o herramientas educativas como las salas de informática y psicomotricidad. Esto los saben todos los profesionales que trabajan en el servicio de menores. Sin embargo, la excusa del IASS es que están muy preocupados porque tiene una comisión evaluativa de expertos desde mayo. Es vergonzoso que la consejera esté informada por nuestros escritos por registro desde que comenzó el año y digan que en mayo están evaluando unos expertos, que no se han puesto en contacto con ningún miembro del colectivo conformado por educadores de base que trabajan día a día en el centro”, concluyen.

Cabe recordar que el pasado viernes, 29 de julio, los representantes laborales del equipo educativo del Centro de Observación y Acogida (COA) presentaron una nueva denuncia ante Inspección de Trabajo por “las irregularidades de Intress”, que gestiona el centro desde octubre de 2015.

AraInfo