sábado, 31 de diciembre de 2011

El gobierno del PP comienza su ataque a nuestras condiciones de vida

Todo lo que llevaba años diciendo Mariano Rajoy voló por los aires en un instante. "Es el inicio del inicio". Fue lo que proclamó, de forma fátidica, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, nada más comparecer en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Apareció escoltada por el ministro de Economía, Luis de Guindos; el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro; y la responsable de Empleo, Fátima Báñez. Como los cuatro jinetes del Apocalipsis, venían cargados de malas noticias. El presidente del Gobierno prefirió mandarlos a ellos a "dar la cara" y "decir la verdad" a los españoles en vez de hacerlo él en persona.
El Ejecutivo anunció que el déficit para el cierre de 2011 iba a ser finalmente de un 8%, dos puntos más de lo previsto, y que para cumplirlo se veía "obligado" a recortar derechos y subir impuestos. "Nos encontramos con una cifra más elevada que la comunicada por el Gobierno anterior y tenemos que adoptar medidas excepcionales para tapar el agujero", indicó Sáenz Santamaría quejándose de que en el traspaso de poderes no se les informara de ello.
El presidente del Gobierno aseguró en su discurso de investidura que no se iba a escudar en la herencia socialista. Pero el propósito estaba olvidado. Había que explicar un tijeretazo de dimensiones históricas. Y eso que aún queda el grueso más importante, que llegará con el proyecto de Presupuestos el 31 de marzo.
En el Congreso, Rajoy comentó que el recorte mínimo para el próximo ejercicio iba a ser de 16.500 millones. La cifra saltó de golpe a los 36.500. Para paliarla se comenzará con un ajuste de 8.900 millones de euros en gasto público y una subida de tributos con la que se pretende recaudar al menos 6.200.
De ese modo, el líder conservador renuncia a uno de sus principales compromisos de los últimos años. Él siempre había defendido la bajada de impuestos. En campaña electoral, y viendo que no iba a poder cumplirlo por la crisis, empezó a matizar su discurso y reconocer que no iba a ser posible. Pero hace tan sólo 11 días afirmó frente al presidente del Grupo Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que no tenía intención de elevarlos.
El presidente cerró con su equipo todos los ajustes el jueves por la tarde
Papel mojado. Este viernes, Montoro explicó que se había eliminado la bonificación del gasóleo profesional, que se había establecido un "recargo temporal de solidaridad" en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) y se había aumentado el de Bienes Inmuebles (IBI). "Será sólo para 2012 y 2013", era el argumento al que se aferraba el ministro para hacer que doliera menos.
Señaló que el IBI sólo iba a afectar al 50% de las viviendas, a aquellas que se sitúen "por encima del valor medio". Y la cuota del IRPF iba a subir de forma progresiva en una escala que va del 0,75% al 7. Nada que ver con lo que se decía en el programa.
Este viernes, el equipo de Rajoy actuaba de una forma y mantenía lo contrario. Todos ellos insistían en que en el PP seguían pensando exactamente lo mismo y que no eran partidarios del incremento. Sáenz de Santamaría trataba de venderlo diciendo que se había querido hacer según principios de "justicia y equidad" y por eso se pedía un "esfuerzo" a los ciudadanos "que más ganan o más tienen".
La justificación era la de cumplir el déficit. Pero lo cierto es que los ingresos del Estado sólo se han desviado en cuatro décimas. Lo fundamental corresponde a las comunidades autónomas, que lo han disparado, y no hay que olvidar que desde el pasado 22 de mayo el PP tiene barones repartidos por 11 de las 17.
Montoro destacó que se había optado por lo que consideraban "lo menos dañino" para el crecimiento económico y el consumo. Se le llenaba la boca con la palabra "equidad". Y precisamente recordó que casi la mitad de la recaudación del IRPF va para las comunidades y que la del IBI irá para las corporaciones locales, lo que contribuirá a la financiación de las administraciones territoriales.
Santamaría sostuvo que habían tratado de no perjudicar "a los más débiles". Se carga a las rentas de trabajo y a las de capital. Pero las clases medias salen perdiendo. Además se ha extendido a 2012 el IVA superreducido del 4% por la compra de vivienda nueva y se ha recuperado la deducción para la que sea en propiedad con efecto retroactivo desde 2010. Reducir el stock de viviendas invendidas puede fomentar otra burbuja inmobiliaria.
Las promesas de Rajoy se fueron a pique. La única que salvó fue la actualización de las pensiones en un 1%, el porcentaje previsto del IPC. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bánez, precisó que el coste iba a ser de 1.382 millones de euros y que afectaba a cerca de 9 millones y medio de personas.
Se resaltó mucho. Al igual que la idea de que se prorrogará seis meses más la ayuda mensual de 400 euros a los parados que hayan agotado su prestación. De esta manera, cerca de 125.000 personas se beneficiarán de ella hasta el 15 de agosto de 2012.
El PP prometió en la oposición recuperar el poder adquisitivo de los funcionarios 
El Gobierno intentó centrar el mensaje en esa medida para que no se destacaran otros asuntos como, por ejemplo, la paralización del calendario de aplicación de la Ley de Dependencia, dejando fuera a los moderados. O la ampliación a un mes de los permisos por paternidad, posponiendo así por segundo año consecutivo la implantación de este tipo de licencias, contemplada en la Ley de Igualdad.

Congelación

Tampoco convenía hablar de la situación de los funcionarios. En la oposición el PP decía que pensaba devolverles el poder adquisitivo. Hoy se aprobó la congelación de los sueldos públicos para todo el año. También su plantilla, al congelar la reposición de plazas excepto una de cada diez en el sector educativo, sanitario, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la lucha contra el fraude fiscal. Además, se les amplió la jornada laboral a 37 horas y media semanales.
También queda bloqueada la incorporación de nuevos beneficiarios a la renta básica de emancipación que reciben los menores de 30 años. El salario mínimo interprofesional se congela por primera vez en 45 años.
Los ministerios que más ajustes tendrán que realizar son Exteriores, Fomento, Industria y Economía, con recortes superiores a los 1.000 millones. Se procede a la supresión de 30 direcciones generales y se reduce en un 20% la subvención a partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos.
"Ha sido una reunión jodida. Todos tenían cara de funeral", reconocía un ministro al final de la rueda. Contaba que Rajoy lo había asumido bien porque ya estaba preparado. El jueves por la tarde se reunió con buena parte de su equipo para ultimar los recortes.
Algunas preguntas quedaron sin respuesta. ¿En el segundo paquete de medidas se tocarán Educación, Sanidad o Servicios Sociales? ¿Se subirá el IVA?. Se sabrá después de las andaluzas.

jueves, 29 de diciembre de 2011

Concentración frente a la cárcel de Navalcarnero

Como es tradicional en todos los 31 de diciembre, este año volveremos a ir a las puertas de la cárcel de Navalcarnero a recordar a nuestros compañeros que no están solos, y que la lucha por la abolición de tan dantescos centros de exterminio sigue adelante. Porque las cárceles son para los pobres, para recordarnos las líneas rojas de la obediencia y la sumisión que no podemos pasar. Y porque solo somos pobres en términos económicos, allí estaremos. Este año, además, le mandaremos un mensaje a nuestro querido compañero Esmirri, encarcelado sine die simplemente por el hecho de ser antifascista.
Abajo los muros de las prisiones!
Concentración ante la cárcel de Navalcarnero
31 diciembre 2011
11 de la mañana en renfe móstoles central
12 de la mañana en el talego de Navalcarnero

miércoles, 28 de diciembre de 2011

Muere una interna en el CIE de Aluche

La muerte de una interna en el Centro de Extranjeros de Aluche, dependiente del Ministerio del Interior, ha provocado que el titular del juzgado de Instrucción número 6 de Madrid haya denunciado en un auto el “palmario hacinamiento” y la ausencia de instalaciones médicas necesarias para tratar a quienes allí se encuentran retenidos.
CIEs no
La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha confirmado la muerte el pasado lunes 19 de noviembre de una mujer de 41 años que ingresó en el centro por no tener su documentación y permiso de residencia en regla. La mujer, que podría ser originaria de la República Democrática del Congo, falleció de meningitis después de ser trasladada horas antes al hospital 12 de Octubre.
La Policía puso el deceso en conocimiento del juzgado, uno de los tres que se ocupan del control jurisdiccional del CIE. A continuación, y según aseguraron fuentes policiales a 20minutos.es, se puso en marcha el protocolo recomendado contra enfermedades infecciosas y se verificó que no se hubiesen producido contagios al resto de las ingresadas en el módulo femenino.
El auto judicial, conocido este lunes y avanzado por la Cadena Ser, tiene su origen en la muerte de esta ciudadana. El texto, al que tuvo acceso 20minutos.es, no entra a valorar si la fallecida perdió la vida por falta de atención médica. Sin embargo, sí pone de manifiesto las condiciones en las que viven los extranjeros trasladados al CIE, unas situaciones que han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por el Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional, Cruz Roja o la ONG Pueblos Unidos.
El CIE de Aluche, como el resto de los existentes en España, sirve como centro de detención temporal de personas indocumentadas que han agotado sus permisos de residencia o trabajo y han permanecido en territorio nacional o que no cumplen con la Ley de Extranjería.
Se carece de cuartos de aseoEn sus instalaciones de la Avenida de los Poblados suele acoger hasta a 280 personas en celdas para entre seis y ocho detenidos. Allí permanecen un máximo de dos meses (60 días) hasta que son deportados a su país.
Según el juez, las habitaciones del CIE son “absolutamente inapropiadas” para el internamiento de personas, ya que en la mayoría “se carece de cuartos de aseo”, por lo que no resulta “extraño” que puedan propagarse “con extrema y alta facilidad” enfermedades infecciosas como la que causó la muerte de la mujer congoleña.
El magistrado, incluso, sitúa en un plano de “especial gravedad” el caso de Aluche, en el cual, según narra, ni siquiera existe una habitación de enfermería donde tratar a los aislados.
Por todo ello, ordena al director del centro la separación de las internas que hubiesen tenido contacto con la fallecida si así lo establecen los servicios médicos, así como el traslado al hospital de cualquier ciudadano que presente síntomas de alguna enfermedad infecciosa para su correcta atención.
Maltrato “generalizado”
Para la ONG Pueblos Unidos, el auto judicial no es más que la constatación de los hechos denunciados por los propios inmigrantes y quienes les atienden y que quedaron reflejados en el reciente informe ‘Miradas tras las rejas’. En el mismo, la ONG asegura que los internos son sometidos a un “maltrato generalizado” que deriva en situaciones como castigos colectivos, maltrato físico, la privación de salir al patio o la imposibilidad de ir al baño durante la noche.
La restricción para ir al abaño solo se ha levantado tras otra orden judicialCristina Manzanedo, abogada de Pueblos Unidos, explicó a 20minutos.es que no fue hasta la semana pasada, y a raíz de una comunicación enviada por los tres juzgados que ejercen la vigilancia sobre el CIE, cuando el director del centro autorizó a los policías a sacar de las celdas a los internos durante la noche para que pudiesen hacer sus necesidades.
“No podemos funcionar a golpe de orden judicial. Se tienen que respetar los derechos y libertades de estas personas”, añadió Manzanedo, que recordó que aún hoy los CIE funcionan sin un mínimo reglamento y con opacidad de cara al resto de la sociedad. “La Ley de Extranjería contempla desde 2009 el desarrollo de un reglamento, pero no se ha hecho nada. Todo es arbitrario. Esta es una tarea que reclamamos al nuevo Gobierno”, concluyó.

miércoles, 21 de diciembre de 2011

Cárceles de menores:el Estado se inhibe

El 70% de las cárceles de menores están en manos de fundaciones privadas “sin ánimo de lucro” que reciben cada día entre 300 y 500 euros por menor.

PATRICIA MANRIQUE FERNÁNDEZ / REDACCIÓN CANTABRIA
MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2011.  NÚMERO 163

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BREA DE TAJO. Imagen de la inauguración del centro de reforma de Brea de Tajo (Madrid). Foto: Comunidad de Madrid
“El cumplimiento de la condena y la rehabilitación de una persona condenada, siendo mayor y naturalmente siendo menor, no puede dejarse en manos privadas, porque detrás de la privatización hay un negocio. Y no se trata de ONG sin ánimo de lucro, sino, como decía un amigo, ‘sinónimo de lucro’”, afirma Félix Pantoja, fiscal del Tribunal Supremo que participó en la redacción de la Ley de Responsabilidad del Menor en referencia al progresivo proceso de privatización de las cárceles de menores. Pantoja recuerda haber leído en 2001, año de entrada en vigor de la ley, un anuncio en prensa que rezaba “Empresa en expansión necesita educadores”. Diez años después, esas empresas en expansión controlan en torno al 70% de las cárceles de menores.
El negocio de las cárceles de menores –al igual que ocurre con los centros de protección– no ha dejado de crecer desde entonces. Ningún estudio ha comprobado la eficacia de este modelo pivotado sobre fundaciones “sin ánimo de lucro” que reciben entre 300 y 500 euros por niño/ a y día. Transferida la competencia para el cumplimiento de las penas a las Comunidades Autónomas, la inmensa mayoría de ellas subrogan esta función a entidades privadas. Sólo Cataluña y el País Vasco mantienen cárceles exclusivamente públicas.
“La atención a los chicos se ve comprometida”, señala Patuca Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios de Madrid con una extensa experiencia en el tema, “porque se establecen criterios económicos en el tratamiento de menores”. En primer lugar, la diversidad de tratamientos es abrumadora. En segundo lugar, la calidad de vida de los menores, en un contexto de negocio, puede verse afectada. Pero ante todo, para Fernández, la privatización aleja la posibilidad de control que en el caso de las cárceles es esencial, “pues la ejecución de una medida de prisión implica un ejercicio de contención. Toda nuestra configuración legal está prevista para que las personas que están privadas de libertad dispongan de mecanismos de protección como es la posibilidad de denunciar torturas o rigor innecesario”. Esto, a su juicio, “no se puede garantizar cuando los centros son privados”.
Son muchas las voces que, como Jorge del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT), advierten de que “la privatización de la privación de libertad es aberrante” pues “cuando se trata de gestión privada la opacidad aumenta de forma exponencial y en un contexto de negocio”. La CPT recoge en su informe anual algunos de los casos de tortura sufridos por menores en cárceles. Se trata de casos muy difíciles de documentar, pues el secretismo de los centros, el miedo a la represión, la imposibilidad de acceso de la sociedad civil a las cárceles –es más difícil que acceder a cárceles de adultos – y la vaguedad con la que los chavales refieren los casos lo dificulta. “Nos encontramos a menudo con cartas que escriben losmenores en las que se narran atrocidades, pero es siempre muy vago, porque son chavales de 14 a 16 años”.
En las cárceles de menores se producen torturas que Del Cura clasifica en tres tipos: la “humillación permanente” –desde insultarles, que es constante, a las de tipo sexual, obligándoles a desnudarse–, “sanciones arbitrarias” –en demasiadas ocasiones por conductas normales a estas edades como distraerse en clase, tirarse bolitas de pan o hablar cuando no se debe–, incluyendo el aislamiento, y “agresiones físicas puras y duras, lo cual incluye golpes, patadas, puñetazos, porrazos”.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía recogió en un informe elaborado en 2008 unas 70 quejas relativas a los centros de menores de Andalucía, gestionados por la Fundación Diagrama, Ginso y Adis Meridianos. Las denuncias referían una cotidianidad plagada de prohibiciones y sanciones, traducidas éstas últimas en encierros en una habitación hasta siete días (40 en algún caso) o la obligación de permanecer sentado en una silla mirando a la pared sin poder moverse lo más mínimo. En el lado de las torturas explícitas, los menores denunciaron la utilización de grilletes para atarles a los hierros de una cama sin colchón, a veces sin que pudieran ir al servicio durante varias horas. El “engrilletado” es una práctica denunciada en diferentes centros y comprobada cuando ya era demasiado tarde en casos como el de Philip García, muerto en el centro tinerfeño Nivaria, y que valió una acusación criminal a cinco miembros de la empresa Seguridad Integral Canaria y de una educadora de la empresa Ideo.
Para Daniel Jiménez, de la Asociación para el Seguimiento y Apoyo a presas y presos de Aragón (ASAPA), “las muertes por tortura no son excepciones sino ejemplos máximos de la manera de funcionar”.Desde 2001, nueve chavales han muerto en cárceles. Casos como el de Philip, que apareció con una bolsa en la cabeza, el de Miguel, que se ahorcó en el centro Ilundain (Navarra) gestionado por Herritz Berri, o el de Ramón Barrios, que murió en extrañas circunstancias en el centro Teresa de Calcuta (Madrid) gestionado por Ginso.
ASAPA elaboró en 2008 un informe que denunciaba el empleo del aislamiento, la psiquiatrización de los casos y el empleo de psicofármacos en la cárcel de menores de Zaragoza, Juslibol –“una réplica a escala de la cárcel de Zuera”–. Desde que hicieron el informe, no han constatado cambios.A su juicio, “da igual si funciona en la línea dura como cuando se aprobó la ley del menor, o si se cambia un poco la estrategia con la medicación y la psiquiatrización y la anestesia” porque “el maltrato institucional tiene un proceso muy largo en el que las cárceles de niños son la culminación, un círculo vicioso con el que mucha gente está haciendo negocio”.
SINÓNIMO DE LUCRO: Fundaciones que gestionan cárceles
GINSO, negocios redondos
“Asociación para la gestión de la integración social” (GINSO), es una fundación propiedad de Alfredo Santos García que gestiona varios centros en Madrid y Andalucía. Pero GINSO supone, además, un “paso más allá” en el modelo de negocio: tanto en Madrid como en Andalucía se ha encargado, a través de empresas de Santos o de sus socios, de construir los centros que después ha gestionado. Santos colabora, además, con gente como Javier Urra, antiguo defensor del Menor de la CAM y conocido tertuliano de Antena 3, que desarrolla en las mismas instalaciones de Brea del Tajo la actividad de su sociedad limitada, Urrainfancia, con un programa llamado Recurra de asistencia a familias con conflictos, destinado a los chavales que han acabado de cumplir las medidas.
GRUPO NORTE
Fundación Grupo Norte, ligada al grupo empresarial del mismo nombre, gestiona varios centros de menores en régimen abierto y semiabierto. Representa el modelo de negocio clásico en este ámbito, que mezcla la gestión de protección y la reforma de menores con una red de empresas de limpieza, seguridad, trabajo social, telemarketing y ETT. La fundación es una entidad “sin ánimo de lucro” creada en 2001, justo el año de entrada en vigor de la Ley del Menor, por distintas compañías mercantiles pertenecientes a Grupo Norte. Ha sido denunciada por malos tratos en Valladolid y en Madrid, en este último caso la denuncia fue efectuada por la Coordinadora de Barrios, al observar en un menor hematomas producidos por porras.
DIAGRAMA
Pese a las denuncias sobre su modelo de intervención y sus prácticas, Diagrama continúa gestionando centros en comunidades como Andalucía, Valencia, Murcia, Castilla La Mancha y la ciudad de Melilla. Las denuncias le han hecho perder algunos centros, com “Los Robles” en Madrid, pero el negocio sigue viento en popa. Además de cárceles, gestiona numerosos centros de protección.
Mas información:

lunes, 19 de diciembre de 2011

21 diciembre, movilizaciones en Castilla La Mancha


¡Compañeros, compañeras! Este miércoles 21 de diciembre a las 17,30 horas ocurrirá algo sin precedentes. Los sindicatos representativos de Castilla-La Mancha han elaborado un Manifiesto Sindical Conjunto en el que llaman a las trabajadoras y trabajadores de la sanidad, educación, SERVICIOS SOCIALES, administración pública  y al conjunto de la ciudadanía a manifestar su malestar y su rechazo a la segunda parte del Plan de Recortes Cospedal el miércoles 21 a las 17:30 horasmanifestándose en las capitales de provincia y Talavera de la Reina. TODOS/AS UNIDOS
Albacete: Salida: Fábrica de Harinas y Llegada en la Plaza del Altozano.
Ciudad Real: Salida del Parque de Gasset y Llegada en la Delegación de la JCCM, en la calle Paloma.
Cuenca: Salida de la Estación de Renfe y Llegada en la Delegación de la JCCM, en la Glorieta González Palencia).
Guadalajara: Salida de la Plaza del Infantado y Llegada en la Plaza del Jardinillo.
Toledo: Salida de la Plaza de Toros y Llegada en la Plaza de Zocodover.
Talavera: Salida de la Biblioteca José Hierro y Llegada en la Plaza del Pan
Las 5 Asociaciones provinciales en Defensa de Sistema de Servicios Sociales en Castilla la Mancha, nos unimos a dicha manifestación.
No podemos faltar nadie. Gentes del PRAS, de los PLANES CONCERTADOS, CENTROS DE LA MUJER, DEPENDIENTES, AUXILIARES SAD, TRABAJADORES Y USUARIOS DE CENTROS ASISTENCIALES, COMPAÑEROS DE LOS SERVICIOS PERIFÉRICOS Y LA CONSEJERÍA,…. AMIGOS, FAMILIARES, VECINOS, USUARIOS….
El miércoles, vístete de naranja y acude tras la pancarta de los servicios sociales. Elabora tu pancarta. Vamos a tener una presencia masiva, diciendo alto y claro los recursos cerrados, los usuarios que se quedan en la estacada y los compañeros que van a la calle.
¿Va a ser alguien capaz de quedarse en su casa con todo lo que está pasando?
Ponte en contacto con tu Asociación Provincial de Defensa de Servicios Sociales, vía Facebook, vía Mail, vía telefónica. Corre la voz.
La marea naranja ha de estar presente.
PD.- Al terminar la manifestación de Albacete los compañeros/as de la Asociación provincial de defensa de ss. ss. han convocado a los medios de comunicación en el Ateneo. Es necesario, que desde la manifestación TODOS, vestidos de naranja  vayamos a la rueda de prensa y los arropemos. Compañeros/as hemos de estar unidos, arrimando el hombro. Muchas voces, trascienden más que una sola.

domingo, 18 de diciembre de 2011

Convocatoria pública de clientes y "accionistas" de Triodos Bank ante el caso de O´Belen

Un grupo de clientes y poseedores/as de certificados de depósito de Triodos Bank nos hemos organizado tras descubrir que el banco está invirtiendo nuestros ahorros en la Fundación Internacional O´Belén.  El día que decidimos pasarnos a la banca ética queríamos que nuestro dinero no fuese utilizado en negocios que violasen los derechos humanos o contaminasen la naturaleza, y vamos a intentar que siga siendo así.

Para quien no conozca lo que está ocurriendo en los centros de menores de la Fundación O´Belén, no tiene más que hacer una breve búsqueda en Google o leer directamente la información que ha aparecido sobre la campaña de denuncia y que ya han suscrito más de 900 personas:  http://actuable.es/peticiones/exige-triodos-bank-deje-financiar-entidades-vinculadas
Nos negamos a que se invierta nuestro dinero en centros donde se violan resoluciones de la ONU, donde han muerto al menos tres niños y que convierten en un negocio privado (y turbio) la protección a la infancia. Sabemos que desgraciadamente en España hay impunidad para este tipo de casos, pero nos parece suficientemente contrastada la falta de etica de esta inversión con los informes de Amnistía Internacional y el Defensor del Pueblo, a parte de lo evidente del caso. No nos valen las excusas que se han puesto en el comunicado al respecto de Triodos, que trata de lavarse las manos respecto a esta inversión simplemente porque sus responsables no han sido condenados en España.

Por todo ello, convocamos a cuantos clientes y poseedores/as de certificados de Triodos Bank estén preocupados/as por este asunto a una reunión pública en la sede de Ecologistas en Acción de Madrid, organización que amablemente nos ha cedido sus instalaciones. 
Lugar: C/ Marqués de Leganés, 12 (Metro: Santo Domingo, Callao o Noviciado)
Fecha: jueves 22 de diciembre de 2011, 18:30 horas
Para cualquier consulta: noconmisahorros@yahoo.es

Ver También:

sábado, 17 de diciembre de 2011

Los recortes acaban con los servicios a drogodependientes en Madrid

En los últimos meses, los servicios de atención, tratamiento o prevención de drogodependencias adjuntos a la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid se han ido quedando medio vacíos. La Agencia argumenta que no se ajusta el perfil del servicio con el de los usuarios, justificando de esta manera el cierre y desmantelamiento de los mismos. Sin embargo, este argumento choca de frente con la ocupación de servicios de igual perfil que dependen de la red del Ayuntamiento de Madrid, estando éstos saturados. En definitiva, estamos asistiendo al desmantelamiento de la red: recortes en prevención, reducción de los tiempos de tratamiento, aumento de la penalización por abandonos y, ahora, el cierre de once de los dieciocho pisos existentes, que supondrá que más de dos tercios de los actuales usuarios de la red de drogas de la Comunidad de Madrid se encontrarán hacinados en albergues, serán derivados a ambulatorios que se verán desbordados o se quedarán en la calle.
Estos recortes y la deficiente gestión de recursos llevada a cabo revela una línea de acción orientada exclusivamente a la medicalización de los tratamientos, eliminando la parte psicosocial, esencial para una adecuada atención y reinserción de las personas drogodependientes, y que necesariamente requiere más recursos materiales y humanos.
Los recortes se concretan en el cierre de pisos de tratamiento y otros dispositivos como la Comunidad Terapéutica de Batán, que atiende cada año a unas 180 personas, o la narcosala de las Barranquillas, entre otros. En este caso se trata del primer Dispositivo Asistencial de Venopunción de España (DAVE), que cerrará sus puertas después de 11 años de funcionamiento, consecuencia del tijeretazo del gobierno regional de Esperanza Aguirre, que ha reducido en un 35% las ayudas públicas destinadas a financiar programas, centros y actividades para drogodependientes. De hecho, otros pisos de tratamiento y recursos que de momento no van a ser cerrados, ven amenazados seriamente su continuidad, pudiendo no ser renovados el próximo año. También es el caso de recursos de la red municipal, que en el año 2012 no percibirán las subvenciones del Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid, temiendo por ello su continuidad.
Esta situación supondrá, a su vez, el despido de 250 trabajadores, que ven amenazada la posibilidad de volver a trabajar debido a los continuos recortes en este y otros servicios  sociales. Trabajadores que vivimos en la más absoluta precariedad laboral hasta el despido, ya que no disponemos de convenio propio (el último fue declarado nulo en 2008 tras la denuncia de la Asociación Empresarial Estatal de Servicios de Emergencias Sociales e Intervención Social) y hemos visto congelados nuestros salarios; muchas veces hemos continuado dedicados a nuestra labor a pesar de estar sin cobrar durante meses. 
Pero no sólo hay recortes en la CAM. Los servicios sociales han sido la diana de numerosos ataques por parte de las administraciones. Numerosas ONG, que cubren la mayoría del servicio,  denuncian retrasos en los pagos en autonomías como Madrid, Castilla-La Mancha, País Valencià o Catalunya.
Tenemos que organizarnos
En Madrid, el pasado 16 de noviembre, trabajadores, usuarios y familiares nos manifestamos frente a la Consejería de Sanidad en protesta por el creciente cierre de servicios de atención psicosocial y sanitaria para personas drogodependientes, convocados por el “Colectivo de afectados/as por el cierre de la red de drogas de la Comunidad de Madrid”. 
Todos estos cierres y recortes están suponiendo una regresión de los servicios sociales en labor de drogodependencias a la década de los 80. En esta época muchos jóvenes cayeron en la autodestrucción por las drogas. Sin embargo, gracias a la lucha, como la que encabezaron las madres contra la droga en Galicia, denunciando entre otros a los propios traficantes y la pasividad de las autoridades, así como la de miles de vecinos en muchos barrios obreros duramente afectados por esta lacra, se terminaron conquistando unos derechos que hoy están amenazados, además de hacer frente a la estigmatización y marginación que conllevaba ser drogodependiente.
Los trabajadores del sector estamos organizándonos para denunciar esta situación y luchar contra el desmantelamiento de los servicios de drogodependencia. Desde la Secretaría de Política Social e Igualdad de Comisiones Obreras se ha manifestado el apoyo del sindicato a esta lucha. Sin embargo es necesario empezar por organizar a los trabajadores, usuarios y familiares en defensa de unos servicios de drogodependencia públicos, y con los medios humanos y materiales necesarios para un adecuado tratamiento y reinserción.
Por otro lado, esta batalla no la podemos dar solos, siendo responsabilidad de los sindicatos unificar las luchas en defensa de los servicios públicos (sanidad, educación, Canal de Isabel II, etc.), planteando una batalla seria y continuada en el tiempo contra los recortes en todo el Estado, y con la perspectiva de que los inmensos recursos que generamos los trabajadores queden en nuestras manos para atender a las necesidades sociales, y no sean regalados a los banqueros para salvar su cuenta de resultados.

viernes, 16 de diciembre de 2011

Por los derechos de los migrantes, contra el racismo

Miguel Montes Neiro ha sido indultado

Miguel Montes Neiro, el preso más antiguo del estado, ha recibido este viernes el indulto del último Consejo de ministros del gobierno en funciones de José Luis Rodríguez Zapatero.
Finalmente, Miguel Montes Neiro abandonara la prisión de Albolote, en Granada, en los próximos días. Así lo ha indicado hoy el portavoz del Gobierno en funciones, José Blanco en la rueda de prensa posterior al Consejo.
El clamor popular, más de 50.000 firmas recogidas, ha ejercido presión sobre el gobierno que finalmente ha puesto en libertad a el que hasta ahora el preso más antiguo del estado. Su familia ha recibido con alegría la gran noticia.
No entendemos como Miguel Montes Neiro ha estado 36 años en prisión sin delito de sangre y otras personas como banqueros, políticos… con delitos mayores como malversación de fondos públicos, ….no entran en la cárcel.

miércoles, 14 de diciembre de 2011

¡Libertad para el periodista Edu León!

15 de diciembre, concentración a las 12 en Plaza de Castilla
Desde los colectivos abajo firmantes queremos expresar nuestra repulsa ante los hechos acontecidos hoy, día 14 de Diciembre de 2011, en la ciudad de Leganés.
Hoy, la prensa y el derecho a la información han sido desahuciados, al igual que los cientos de familias que se están quedando en la calle por la avaricia de los bancos, que cuentan con el incuestionable apoyo de las diferentes administraciones públicas, y la actuación desaforada y en ocasiones “hooliganesca” de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Hoy, Edu León, fotógrafo de El Diagonal ha sido detenido mientras se llevaba a cabo uno de estos desahucios. Edu resultaba ser de nuevo testigo incómodo de los diferentes abusos cometidos en esta nuestra ciudad contra aquellas personas que menor capacidad tienen para defenderse de los desmanes de la autoridad.
Hoy, más que nunca, todos y todas somos Edu León, todos y todas tenemos el derecho a ser informados, y los/las fotoperiodistas, redactores, cámaras, y ciudadanos/as son nuestro ojos, manos, oidos…No nos van a callar.
Exigimos a Delegación de Gobierno la inmediata puesta en libertad sin cargos de nuestro compañero EDUARDO LEÓN.
Exigimos el fin de la persecución y represión hacía las personas que libremente ejercen el derecho a la información y hacia aquellas personas perseguidas por oponerse a actuaciones improcedentes, que tienen por fin el enriquecimiento de una pequeña élite política y financiera a costa del sufrimiento de la mayoría.

17 de diciembre: Manifestación en defensa de la educación pública


Desde que comenzó el curso escolar se han desarrollado 9 huelgas de profesores y estudiantes, una marcha estatal, 2 huelgas estudiantiles y un buen número de manifestaciones y concentraciones con la participación de decenas de miles de personas.
La última gran manifestación educativa del pasado 17 de Noviembre, con 100.000 personas frente a la Consejería de Educación, fue una nueva demostración del profesorado, padres y estudiantes contra los recortes a la escuela pública aprobados por el gobierno de derechas de Esperanza Aguirre. La enorme simpatía que la movilización ha despertado entre los trabajadores, de dentro y fuera de Madrid, pone de relieve las grandes posibilidades de victoria que tiene este movimiento.

Unificar la lucha de la Comunidad educativa

La fuerza con la que comenzaron las huelgas del profesorado en Madrid, con un paro de 72 horas, son un fiel reflejo de la determinación que existe entre la mayoría de los trabajadores de la enseñanza. Una actitud que se ha reproducido en las movilizaciones que también han protagonizado los docentes y estudiantes de Castilla-La Mancha, Navarra, Catalunya, Galicía y de otras Comunidades Autónomas.

Desde el Sindicato de Estudiantes hemos insistido una y otra vez en la necesidad de extender y unificar la movilización en el conjunto de las Comunidades Autónomas; nunca hemos estado de acuerdo con el argumento de que existen 17 realidades distintas en el sistema educativo público, y en la dispersión de las movilizaciones. ¡No es cierto que existan realidades distintas!  Aunque el despido de profesores en Madrid es el más escandaloso, los recortes en docentes y de recursos para los centros públicos ha sido algo generalizado en todo el Estado.

En Catalunya comenzaba el curso con 2.000 profesores menos de los que había en septiembre de 2010, a la vez que se anunciaba un recorte de más del 7% del presupuesto para primaria y secundaria. En Castilla La Mancha, Galicia o Navarra se producían recortes salvajes de plantilla; en Andalucía los ataques se centraban contra la Universidad Pública y en el resto de Comunidades Autónomas los presupuestos se veían seriamente afectados, a la vez que las tasas universitarias sufrían una subida general de más del 7% en todas la universidades públicas. En Madrid, como ya es sabido, eran 3.200 los profesores que la consejería pretendía despedir, a la vez que en estos días se está conociendo que el recorte presupuestario, que afecta fundamentalmente a los gastos corrientes, ha sido de 1.200.000 euros durante este curso.

Ante este escenario es evidente que los motivos para convocar una huelga estatal son más que suficientes: el ánimo y la disposición de la comunidad educativa para defender la esuela pública están más que probados. Algo que se pudo ver el pasado 22 de Octubre en Madrid con la exitosa marcha estatal en la que más de 200.000 profesores, padres y estudiantes venidos de todo el Estado desbordaron el recorrido de la manifestación convocada contra los recortes educativos.

No se puede entender cómo en un momento clave de la lucha, que además coincide con el anuncio hecho por Mariano Rajoy —de que el modelo para la educación pública que va a tratar de imponer en todo el Estado es el de los recortes de Dolores de Cospedal en Castilla La Mancha o el de Esperanza Aguirre en Madrid—, se continúe evitando, por parte de los dirigentes de CCOO y UGT, la convocatoria de una huelga general de toda la comunidad educativa de manera unitaria en todo el Estado.

La responsabilidad de las direcciones de UGT y CCOO

¡Girar a la izquierda ya!
¡Ni pactos no consensos con la derecha!


La lucha por defender las conquistas sociales también han tenido otros escenarios: en Catalunya, las movilizaciones en defensa de la sanidad pública, contra los recortes y las medidas de privatización han sido masivas; o las manifestaciones del pasado 15 de octubre, que fueron respaldadas por dos millones de personas en decenas de ciudades de todo el Estado. Estos ejemplos, y otros muchos, son la mejor prueba de que existen todas las condiciones para dar una respuesta unificada del conjunto de los trabajadores, los desempleados y la juventud contra estos ataques.

La ofensiva que comenzó en mayo de 2010, cuando el gobierno de Zapatero aprobó una batería de recortes del gasto social y que continuó con la imposición de la reforma laboral y la ampliación de la edad de jubilación, se va a endurecer en las próximas semanas y meses con el gobierno del PP. Rajoy no tiene una agenda oculta. Sus intenciones son cristalinas: aprobar una brutal reforma laboral que precarize aún más el empleo; abaratar el coste del despido; reducir el salario de los empleados públicos; recortar las pensiones y alentar un ataque aún mayor contra la educación y la sanidad pública. Frente a esta estrategia es la hora de responder de forma contundente siguiendo el ejemplo de nuestros compañeros en Grecia, en Italia, en Portugal, en Bélgica o Gran Bretaña, dónde se han sucedido grandes huelgas generales y del sector público en las últimas semanas.

Lamentablemente, la actuación de los máximos responsables tanto de CCOO como de UGT, no hace más que desconcertar y echar jarros de agua fría sobre todos aquellos que llevan meses en lucha en defensa de los servicios públicos y contra los recortes que no paran de sucederse en todos los ámbitos. Es un completo error hablar de entrar a negociar una nueva reforma laboral, cuando todos sabemos que de concluirse un acuerdo será en beneficio de la patronal y la banca. Esta estrategia de los dirigentes sindicales, de enfundarse el traje de “hombres de estado” y pretender consensuar con la derecha las medidas de ajuste, sólo servirá para poner la rúbrica de nuevos retrocesos en nuestros derechos y envalentonar a la patronal, a los banqueros, a  la derecha y a sus mentores europeos y del FMI.
IMG_4037Desde el Sindicato de Estudiantes exigimos a los dirigentes de CCOO y UGT que escuchen la voz de su base social, de sus militantes, de sus afiliados, del conjunto de los trabajadores y la juventud y rompan con esta política. Hace falta un giro a la izquierda, urgente y profundo, para frenar la embestida de los capitalistas y su gobierno. Ante los ataques que Rajoy está preparando para los próximos meses y semanas sólo hay una alternativa: organizar las fuerzas de jóvenes y trabajadores para dar una respuesta contundente a la derecha y demostrar con fuerza que no vamos a aceptar ni un solo recorte más. Es por eso que desde el Sindicato de Estudiantes insistimos en la necesidad de que CCOO y UGT rectifiquen y comiencen a preparar el terreno para la convocatoria de una Huelga General de 24 horas en todo el Estado, que paralice la actividad económica y sea el comienzo de una fase de movilizaciones sostenidas en el tiempo.

Llevar adelante estos planteamientos dará una confianza redoblada a los profesores que están en lucha desde hace tres meses, a la vez que se enviará un mensaje claro a Esperanza Aguirre y aumentará la presión para que se pueda revertir esta situación.

¡Basta ya de pactos sociales contra los trabajadores, los parados, los pensionistas y la juventud!

¡Hay que basarse en la fuerza y la capacidad de lucha del movimiento obrero y la juventud para frenar al PP!

Todos a la manifestación en defensa de la enseñanza pública el sábado 17 de diciembre: 12h en Neptuno

lunes, 12 de diciembre de 2011

Solidaridad con los detenidos de Tolouse

Por desgracia, la justicia juvenil no sólo es un disparate en el estado español. En Francia también la represión juega un papel fundamental en todo lo relacionado con menores en situación de marginación y exclusión social. En este caso, la represión se extiende a quienes protestaban por la brutalidad con la que fueron tratados los chavales encerrados. Queremos mostrar nuestro apoyo incondicional tanto a los chavales presos como a los solidarios ahora detenidos, y hacemos un llamamiento a extender la solidaridad en el estado español. Porque encerrando no se educa, y porque con represión no nos van a callar. Ni aquí ni en ninguna parte.
Publicamos la convocatoria que nos ha llegado desde el colectivo de apoyo a los detenidos, y pedimos el envío de comunicados de apoyo a nonalepm@riseup.net

SOLIDARIDAD CON LOS DETENIDOS DE TOLOUSE
Sábado 17 de diciembre
Concentración en Jean Jaures (Tolouse), 14 horas

El pasado 5 de julio una decena de personas entraron en los locales de la P.J.J. (Protección Judicial de la Juventud) en Labège, para protestar contra el encierro de menores. Pese a que la acción “no causó grandes daños” (palabras del fiscal) hoy la represión se ejerce de forma brutal y arbitraria.

Un centenar de gendarmes llevaron a cabo una operación el 15 de noviembre en Toulouse: registraron siete casas, en su mayoría ocupadas y detuvieron una decena de personas y a una familia sin papeles además de confiscar varios ordenadores y escritos. Seis de los detenidos fueron puestos en detención preventiva. Como de costumbre, los medios siguiendo la estrategia policial de
criminalizar se apresuraron a clasificarlos dentro del “movimiento anarquista”. Cuatro de ellos se encuentran desde entonces encerrados en la prisión de Toulouse-Seysses.

Pese a haber presentado las garantías pertinentes el juez ha rechazado la libertad provisional con el pretexto de riesgo de fuga. Diez días después de haber sido detenidos se encuentran todavía privados de todo contacto con el exterior; dinero, correo y efectos personales tardan en llegar. En resumen, todo está bien atado para presionar a los inculpados.
Están acusados de “pertenencia a un grupo formado con pretensión de preparar actos violentos contra las personas, destrucción o degradación de bienes: violencia llevada a cabo en reunión sin incapacidad”. Frente a hechos mínimos, una acción de solidaridad, topamos con cargos graves.

Que los detenidos estén implicados o no en esta acción no tiene importancia. La esencia es expresar la solidaridad con aquellos que sufren la represión de manera brutal, en este caso en concreto con los chavales presos en Lavaur que se amotinaron en mayo de 2011. Cuando el Estado encierra por algunos graffitis, intenta aterrorizar a sus detractores y a todos aquellos sometidos por el látigo de la debacle económica, se arriesga a acciones directas expropiadoras y/o reivindicativas.

No es a un entorno al que apuntan, sino a la capacidad de acción de cualquier lucha. Es por esto que llamamos a denunciar al mismo tiempo la política seguritaria (cuya reciente reforma en materia de juventud y el anuncio de un próximo decreto permitirán un fichaje centralizado donde justicia, escuela y sanidad forman parte de un todo) y la represión ejercida contra las personas actualmente encarceladas y perseguidas.
Son tiempos de represión, omnipresencia policial y militar en la vía publica, multiplicación de fichas policiales, delación institucional, prohibiciones y multas de todo tipo. La presión policial se acentúa sin cesar: controles, vigilancia y coacción son el pan de cada día, particularmente de los pobres.
SABADO 17 DE DICIEMBRE
Contacto con el colectivo de apoyo a los detenidos: nonalepm@riseup.net
Apoyo económico para gastos judiciales y economato: « Maria », CAJ c/o Canal Sud, 40 rue Alfred
Duméril, 31400 Toulouse.

domingo, 11 de diciembre de 2011

Manifestación en defensa de la Ley de Dependencia

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla La Mancha ha convocado una manifestación ante la "negativa" de la presidenta María Dolores de Cospedal, a recibirles y darles las explicaciones "oportunas" sobre todos los aspectos que "pretende" modificar de la Ley de Promoción y Atención a las personas en situación de Dependencia.
¡No a los recortes! ¡Servicios sociales públicos y de calidad!
Manifestación en Toledo: 18 de diciembre, a las 12 horas, desde la Plaza de Toros


La ley de la dependencia, una de las normas bandera del Ejecutivo socialista, sufrirá uno de los primeros tajos del “severo plan de ajuste” anunciado por el PP. La reforma endurecerá las condiciones de acceso a la prestación y dejará sin esta a 165.512 personas a las que se les ha reconocido un grado de dependencia moderado y están a la espera de que se les conceda la ayuda. Y se hará por vía de urgencia antes de febrero para impedir la entrada en vigor del calendario de aplicación de los nuevos baremos para dependientes y acabar con el “coste inasumible”, según el entorno del futuro presidente, Mariano Rajoy, de 6.000 millones de euros anuales que supondría a los presupuestos de los gobiernos central y autonómicos.
“La modificación se centrará en redefinir quién tiene derecho a prestación y a qué cuantía específica”, según fuentes populares, que confirman que se tratará de una decisión rápida para demostrar que Rajoy va en serio en la lucha contra el déficit.
En la sede popular de la calle de Génova se espera que la reforma sea anunciada en el discurso de investidura, el día 19,. Los dirigentes del PP ya han tratado el cambio con las autonomías. Solo cuentan con la moderada oposición del País Vasco y el rechazo frontal de Andalucía, aunque este último confían en que deje de existir tras las elecciones autonómicas, antes de marzo.
FALTA DE RESPALDO // El coordinador de política autonómica del PP, Juan Manuel Moreno, opina que la norma «es sensata, pero no tiene viabilidad». Su principal argumento es que la ley carece del respaldo económico suficiente y su coste repercute en los presupuestos autonómicos. Las autonomías aportaron el año pasado 3.551 millones de euros y la Administración General del Estado 2.625 millones, el 52% y el 39%, respectivamente. Las aportaciones particulares o copago cubrieron el 9% restante.
En una especie de hasta aquí puedo leer, la presidenta de Castilla-La Mancha y vicepresidenta del PP, Dolores de Cospedal, ha reiterado que solo van a percibir ayudas sociales aquellas personas o familias con las rentas más bajas y que se revisará el baremo aprobado por el Gobierno en relación con los grados de dependencia. La reforma, según el proyecto del PP, afectará a los actuales baremos y endurecerá las condiciones médicas para acceder a los grados de dependencia severa o gran dependencia. Además, de entrada, dejará fuera a las más de 165.000 personas a las que se ha reconocido un grado moderado y que están en lista de espera.
Pero la paleta de recortes que los populares pondrán en marcha revisará también la red de atención familiar y las ayudas a los cuidadores no profesionales a las que se acogen el 57% de los dependientes. Al mismo tiempo, se generará un sistema dual dando entrada a los seguros privados. La Administración se limitaría a aportar una parte y el afectado deberá abonar, si puede, el resto.
PAPEL MOJADO // Otra razón para revisar la ley es hacer frente a las más de 5.000 denuncias ante los tribunales por parte de dependientes a los que se les han reconocido ayudas pero se les ha parado el proceso y no se les han hecho efectivas, a pesar de que un acuerdo del Consejo Territorial de Dependencia fijó en mayo un retraso máximo de seis meses.
La reforma podría dejar sin efecto el decreto del Gobierno que fija que, en el plazo de un año, las denuncias serán resueltas por los juzgados de lo social en lugar de por la vía contencioso-administrativa.