martes, 20 de agosto de 2019

Centros de menores ¿muertes accidentales u homicidios?

El pasado 1 de julio volvió a saltar el escándalo. Otro joven había muerto en un centro de menores. En el reformatorio almeriense “Tierras de Oria”, el mismo cuyos métodos inhumanos fueron denunciados en 2015. De hecho, en 2016 el Consejo de Europa denunció lo mismo, así como el Defensor del Pueblo en 2018. El gobierno de Susana Díaz no hizo nada. ¿Por qué?


Hay varias razones. Pero lo primero a señalar es que el problema es a nivel estatal, ya que existe un amplio consenso político en materia de justicia juvenil y protección de menores. De hecho, todo emana de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM), en vigor desde 2001.
Una ley que, a pesar de la neolengua que emplea para darse apariencia pedagógica, se basa en la represión y el castigo y no en una supuesta rehabilitación. Su reglamento es un calco del reglamento de Instituciones Penitenciarias, incluso más restrictivo en algunos aspectos. Una ley orgánica perversa, especialmente diseñada para castigar la pobreza. Los jueces, a la hora de tomar medidas cautelares como la prisión preventiva o dictar sentencia, tienen muy en cuenta los informes elaborados por el equipo técnico (profesionales del ámbito social). Informes que analizan el entorno familiar y social del menor. Es decir, que finalmente no se juzgan los hechos sino a las familias, lo que posibilita que dos menores que han cometido juntos un delito puedan tener condenas tan dispares como un año y medio de internamiento o tres meses de libertad vigilada, dependiendo básicamente de la solvencia económica de los progenitores.
Además, la LORPM dio vía libre a las comunidades autónomas para privatizar los centros de cumplimiento de medidas judiciales, convirtiéndose la justicia juvenil en un fabuloso negocio de trágicas consecuencias. Como ejemplo basta citar lo ocurrido en la Comunidad de Madrid. En 2001 había tres reformatorios públicos y un total de 45 menores presos. Se aprobó la ley, y en 2006 ya había 18 reformatorios (todos los nuevos privados) y un total de 422 menores encerrados. Queda claro de qué va la cosa, ¿verdad?
La privatización en materia de gestión de derechos fundamentales (y la libertad lo es) tiene consecuencias muy preocupantes. Una de ellas es la opacidad, aún mayor en los reformatorios que en las cárceles.
Del “tratamiento” que reciben los chavales en los centros tampoco podemos esperar nada bueno. En palabras de Jorge Del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, se producen malos tratos de tres tipos: la “humillación permanente” –desde insultarles, que es constante, a las de tipo sexual, obligándoles a desnudarse–, “sanciones arbitrarias” –en demasiadas ocasiones por conductas normales a estas edades como distraerse en clase, tirarse bolitas de pan o hablar cuando no se debe–, incluyendo el aislamiento, y “agresiones físicas puras y duras, lo cual incluye golpes, patadas, puñetazos, porrazos”. El Estado español incumple los tratados internacionales (como las “Reglas de Beijing” de Naciones Unidas) que prohíben las penas de aislamiento para menores de edad. La Coordinadora ha documentado en sus informes una media de dos muertes bajo custodia en centros de menores al año.
Las autoridades supuestamente responsables del bienestar de los menores no hacen nada porque lo dicho no implica un mal funcionamiento de los centros. Es que se han diseñado para ser un negocio y eso hace que funcionen así. Por eso generalmente los “excesos en el cumplimiento del protocolo” no sólo quedan impunes, sino que se termina persiguiendo a los denunciantes. Como les ha pasado a los que hace cuatro años denunciaron a este centro de Almería. Centro gestionado por GINSO, al igual que el centro “Teresa de Calcuta” en Brea de Tajo (Madrid). Allí murió otro joven en 2011. Esta entidad es ejemplo paradigmático del sector. La Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), es una fundación propiedad de Alfredo Santos García que gestiona varios centros en Madrid y Andalucía. 

Pero GINSO supone, además, un paso más allá en el modelo de negocio: tanto en Madrid como en Andalucía se ha encargado, a través de empresas de Santos o de sus socios, de construir los centros que después ha gestionado. La diputada de Podemos Isabel Serra ha denunciado a esta empresa como parte de la trama Púnica. Santos colabora, además, con gente como Javier Urra, antiguo defensor del Menor de la CAM y conocido tertuliano de Antena 3, que desarrolla en las mismas instalaciones de Brea del Tajo la actividad de su sociedad limitada, Urrainfancia, con un programa llamado Recurra de asistencia a familias con conflictos, destinado a los chavales que han acabado de cumplir las medidas.
Es urgente acabar con este modelo de justicia juvenil, basado en el castigo y el maltrato, que termina de empujar cada año a cientos de jóvenes hacia la exclusión social, formalizándoles como presidiarios. Acabar con la privatización no será suficiente (hay que cambiar también el modelo, y acabar con las condiciones de pobreza y desigualdad que están en la raíz de estos problemas), pero sí el primer paso necesario para acabar con las barbaridades que se cometen en nombre del interés superior del menor. Centros públicos, con personal formado y con condiciones de trabajo dignas, y sujeto al control de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores del sector, así como de las familias, son imprescindibles para que pueda plantearse un tratamiento humano y que de verdad cumpla funciones rehabilitadoras.

sábado, 10 de agosto de 2019

Otra vez la misma basura

Otra vez ha vuelto a suceder. Cada vez que las barbaridades que se cometen en los centros de menores salen a la luz, aparecen los representantes sindicales a negar la mayor y criminalizar a los chavales. Esta vez ha tocado en Tierras de Oria. 

Representantes de CCOO, UGT y USO (el comité intercentros de GINSO) han emitido un comunicado en el que se quejan de la indefensión que sufre la plantilla. Una plantilla esforzada que realiza una labor impecable frente a la extrema violencia de los niños que "atienden". Lo sentimos por vosotros, pero nuestra empatía está con la familia, no con los profesionales "abatidos y destrozados" por la tragedia. A ver si ahora las víctimas vais a ser vosotros.

Hay que hablar claro, decir la verdad. No hay labor impecable que valga cuando el resultado es un crío muerto. Lo que igual sí aplicáis de forma impecable es el reglamento del centro y los protocolos psicopáticos diseñados por otros. ¿Para esto habéis estudiado, para actuar como autómatas?

No, una cárcel no es el lugar donde tener una oportunidad para una vida digna. Menos con vosotros, que la única manera de defenderos que habéis encontrado es insultar al chaval muerto (y de paso a todos los demás). Nos da igual si atáis o encerráis en aislamiento a un niño con mucho cariño, dedicación, profesionalidad e ilusión. El hecho es que los atáis y los metéis en aislamiento. Vuestro trabajo no es transparente porque trabajáis en una institución opaca. Si queréis ser honestos, defender vuestro trabajo explicando en qué consiste en realidad.

El Consejo de Europa, Naciones Unidas, Amnistía Internacional o el Defensor del Pueblo ya os han dicho que así no se puede tratar a los menores, por muy "yonkis impresionantemente locos" que sean, según los definís en vuestra basura de comunicado. También os lo gritaron a la cara el otro día los compañeros de CNT y Nación Andaluza, que acompañaron a la familia del chaval a las puertas del centro.

Vuestro comunicado se suma a las mentiras de la Junta de Andalucía y demás versiones oficiales. Y al vergonzoso comunicado del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía, que intenta "matar" al mensajero.

Pero esta vez algo ha cambiado. Os quejáis porque CCOO os ha dejado tirados. Esta vez se ha roto el silencio, el corporativismo. Esta vez el sindicato ha actuado como el sindicato de clase que es, y ha exigido una investigación exhaustiva y el fin de la privatización de los centros. Silencio roto también por la Plataforma en Defensa del Trabajo Social en España, con un valiente comunicado. Esta vez no somos los cuatro locos de siempre. Esperemos que sirva de algo y no tengamos que volver a lamentar la muerte de otro chaval mientras era reinsertado por vosotros.


martes, 23 de julio de 2019

Concentración de apoyo a la chavalería de los centros

La Asociación ExMenas Madrid ha convocado una concentración frente al Centro de Primera Acogida de Hortaleza (metro Pinar del Rey) el sábado 27 de julio, a las 19:30 en apoyo al colectivo de "menores extranjeros no acompañados" ante el hostigamiento, abandono, criminalización y acoso que están sufriendo.

Hostigamiento y abandono por parte de las administraciones que tienen la obligación de protegerles. Criminalización por parte de ciertos sectores "periodísticos" incluyendo difusión de bulos, y acosados por los fascistas de siempre, ahora capitaneados por Vox. Han pasado de estar en el ojo del huracán mediático a ser puestos en la diana, llegando a asaltar centros de menores. Ante estos embriones de progromos, ¿dónde está la fiscalía? ¿Y los expertos opinólogos televisivos?

Los propios chavales se han organizado y han convocado esta concentración. ¿Estaremos allí los profesionales de la intervención social? Porque por la AcampadaxDerechos no se nos ha visto.


viernes, 14 de junio de 2019

"O´Belen" llega a la Asamblea de Madrid

A veces parece que tuviéramos una bola de cristal, pero os aseguramos que no. Finalmente José Ignacio Arias Moreno sí mandó su curriculum a Vox. Y ahora ostenta la vicepresidencia tercera de la Comunidad de Madrid.

Este señor pasó de dirigir los recursos humanos en la Fundación O´Belen a dirigir el Área de Menores de la Fundación Salud y Comunidad. Y ahora a la Asamblea de Madrid. Sí, es el protagonista del esperpento del cuadro


Carmen Balfagón, actual vicesecretaria de Derechos Sociales y Dignidad de Vox, ha sido directora del Imserso en el gobierno de Rajoy. En la Comunidad de Madrid ha sido directora gerente de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, directora general de Dependencia y secretaria general técnica de la Consejería de Asuntos Sociales. En Castilla La Mancha fue viceconsejera de Asuntos Sociales. 

¿Entendemos ahora por qué los Servicios Sociales funcionan como funcionan? Sin duda, la Transición fue todo un éxito, pero para los de siempre. En cualquier caso, habrá que estar vigilantes, no vaya a ser que la Fundación Salud y Comunidad empiece a ganar licitaciones a lo loco. Nunca se sabe.

Ya llevas dos dedicatorias majo. Vas ganando...


domingo, 2 de junio de 2019

Tres noticias para entender a España

No, esto no va de la España real, la de los pueblos. Sino de las instituciones del Reino. A través de tres noticias judiciales. Estos son los casos (de poca relevancia mediática, cosas cotidianas) y que cada cual saque sus conclusiones.

Caso Andreas. Una joven se encuentra mal y acude reiteradamente a su médico y al hospital, porque cada vez se encuentra peor. Termina varios días atada a una cama porque "está loca", hasta que muere de meningitis. Se archiva el caso porque no se aprecia negligencia (¿cómo van a poder distinguir los médicos entre meningitis y esquizofrenia?), y queda claro que lo de atar a los enfermos mentales es el protocolo.

Caso Juan Sebastián Elcano. Sí, el buque insignia de nuestras fuerzas armadas. Pues atracó en Colombia y en una inspección se encuentran a bordo más de 200 kilos de cocaína. El caso ha sido sobreseído porque es imposible saber quién la puso ahí. Al parecer no hay ningún control sobre quien sube y baja de los buques militares, ni siquiera en el extranjero.

Caso Sangiovesa. Un restaurante explota a sus trabajadores, no aplicando el convenio colectivo y pagando las horas extra (obligatorias) con las pizzas que sobraban. La plantilla se organiza y convoca elecciones sindicales, ante lo que la empresa responde con despidos. Se movilizan con el apoyo del sindicato y finalmente ganan el conflicto, readmitiéndose  a los despedidos y empezando a cumplirse la legislación laboral vigente. Sin embargo la Fiscalía no queda satisfecha, y decide actuar contra el sindicalista que presentó las denuncias en Inspección de Trabajo. Se le acusa de coacciones y las pruebas gráficas que demuestran que las acciones fueron pacíficas limitándose a corear consignas y poner pegatinas se "han extraviado" en el juzgado. Es condenado a 21 meses de cárcel. 

No es de extrañar el celo de la Fiscalía, especialmente preocupada en perseguir los delitos de odio contra los nazis. Es lo que hay.