¡Depurar
de franquistas el aparato del Estado! ¡Justicia para las víctimas de la
dictadura!
El
gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha el mecanismo para exhumar los
restos de Franco del Valle de los Caídos, una medida que ha provocado la
inmediata oposición del PP y de Ciudadanos, como no podía ser de otra manera.
Pero lo más significativo es la actitud de desafío de un amplio sector del
aparato del Estado, incluyendo a cientos de militares en activo que han firmado
un manifiesto público defendiendo la figura del general fascista y su “legado”.
Cuarenta
años después de aprobarse la Constitución, la judicatura, el ejército, la
policía, y las altas esferas de la administración pública, siguen llenas de
elementos abiertamente franquistas y reaccionarios. La legislación en materia
de derechos democráticos ha retrocedido décadas gracias al PP, y a la
complicidad del PSOE, mientras la represión pura y dura se ha recrudecido en
los últimos años.
La
medida anunciada por Pedro Sánchez no dejará de cosechar el apoyo de las
víctimas de la dictadura y de millones de trabajadores. Pero esta decisión va acompañada
de concesiones inaceptables y de la negativa a abrir el camino para juzgar a
los responsables de los crímenes de la dictadura.
Militares
golpistas ayer, militares fascistas hoy
En
rueda de prensa, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, afirmó que la
exhumación se limitaría a la momia de Franco, mientras que los restos de José
Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, no se trasladarían por su calidad
de “víctima de la guerra civil”. El hecho de equiparar a los golpistas y los
fascistas con sus víctimas es repugnante. Sólo este aspecto demuestra el
problema de fondo que aquí se ventila, y la cobardía y renuncia de la dirección
del PSOE de acometer un proceso político que restaure la justicia para los
cientos de miles de asesinados y fusilados, y para las decenas de miles de
ellos y ellas que todavía yacen en las cunetas y en las más de 2.000 fosas
comunes que se han documentado.
La
mejor prueba de lo que decimos es la total pasividad, y permisividad, de que ha
hecho gala el gobierno con el manifiesto en defensa del dictador. El 21 de
julio apareció en varios medios de comunicación un manifiesto “de respeto al
General Franco Bahamonde” firmado por cientos de militares. En dicho documento
hablan de Franco como un “general leal” que “sofocó la sublevación de Asturias
de 1934, preludio del Frente Popular y la Guerra Civil”. Y justifican el golpe
fascista del 18 de julio de 1936 como una acción necesaria “ante una España
agredida y asediada por el comunismo internacional”. Llegan incluso a afirmar
que lo que se está diciendo de Franco “es una campaña de la izquierda política
para borrar medio siglo de la Historia de España” con la que se pretende
ocultar “el actual desmoronamiento territorial de la Nación.”
Este
manifiesto ha sido firmado por mandos como Alberto Asarta, ex jefe de la misión
de Naciones Unidas en Líbano; Emilio Pérez Alamán, ex jefe del Mando Militar de
Canarias; Juan Aparicio Hernández Lastras, ex jefe del Mando de Personal del
Ejército, Eduardo González-Gallarza, ex jefe del Ejército del Aire; y Antonio
González-Aller, ex jefe del Cuarto Militar del Rey. Todos estos militares se
han manifestado no sólo a favor de Franco, sino también se han mostrado
contrarios al derecho a la autodeterminación de Catalunya. Tal es el caso de Juan
Chicharro, uno de los impulsores del manifiesto, actual presidente de la
Fundación Francisco Franco y que fue ayudante de campo del rey y jefe de la
Guardia Real, quién declaró en 2013 que “la patria vale más que la democracia”
y justificó una intervención militar en territorio catalán.
¿Cómo
es posible que en un país que se dice democrático, militares retirados y en
activo hagan este tipo de apología de un régimen como el de Hitler y Mussolini,
y el gobierno no haya hecho absolutamente nada? ¡Así no se combate al
franquismo, Sr. Sánchez!
Una
dictadura atroz que ha quedado en la impunidad. Los lodos de la Transición
En
el manifiesto, los militares mienten no sólo sobre la figura de Franco, sino
que ocultan conscientemente lo que fue la dictadura franquista, y lo que
representa el Valle de los Caídos. Entre 1936 y 1952, más de 200.000 personas
fueron fusiladas por el Estado franquista, la mayoría sin juicio o después de
farsas en tribunales militares; de ellas, más de 50.000 después de terminada la
guerra. Y hasta el final de la dictadura (concretamente, hasta los últimos
fusilamientos del 27 de septiembre de 1975) no se dejó de detener, de torturar,
de meter en la cárcel y de condenar a muerte a militantes antifranquistas.
Hay
que dejar claro también que el Valle de los Caídos no se concibió como un
“monumento a la reconciliación”, sino como una construcción mesiánica para la
exaltación al fascismo y a la figura de Franco. Fue construido por 20.000
presos políticos que trabajaron como esclavos. Y de las más de 33.000 personas
enterradas allí, 12.410 están sin identificar: son los restos de los
republicanos que fueron trasladados sin permiso de su familia, y sacados de 491
fosas comunes y cementerios.
Evidentemente
la impunidad de la que gozan estos militares, y la cobardía que exhibe el
gobierno para sancionarlos, no es más que la consecuencia de todas las
concesiones políticas que los dirigentes de la izquierda, del PSOE y del PCE,
realizaron en los años setenta. La llamada Transición, defendida de manera
entusiasta hoy por Pablo Casado, Albert Rivera y Pedro Sánchez, consagró la
impunidad de los criminales y la humillación para las víctimas. Con la Ley de
Amnistía de 1977 y con la Constitución, se blindó a los militares, policías,
jueces que participaron en la represión franquista, y ninguno de ellos fue
juzgado ni encarcelado, ni con UCD ni con el PSOE después.
Se
han intentado borrar la huella de los crímenes de la dictadura, las torturas,
los presos políticos. Se ha impedido que se juzguen a los represores
franquistas tanto en nuestro país como fuera, en Argentina. Se ha permitido que
sigan existiendo asociaciones como la Fundación Francisco Franco, que hacen
apología de la dictadura, y que reciben abundantes subvenciones públicas.
Por
supuesto, la clase dominante, las grandes familias del IBEX 35 que se hicieron
de oro con la dictadura y la sostuvieron hasta el final, dieron su bendición a
ese proceso. El hecho de que nada semejante haya pasado en ningún país sometido
a una dictadura similar a la franquista, lo dice todo.
Los
grandes problemas sociales, las injusticias históricas, no se resuelven con
gestos. El paso que ha dado el Gobierno Sánchez de exhumar a Franco es
completamente insuficiente. Es necesario que los responsables de la represión
sean juzgados y castigados derogando la Ley de Amnistía de 1977. Que se abran
de par en par los archivos policiales, judiciales y militares de la dictadura,
para poder investigar con profundidad sus crímenes. Se debe perseguir
legalmente y con dureza a todos aquellos que hacen apología del régimen
franquista, empezando por ilegalizar a la Fundación Francisco Franco. Hay que
restablecer la verdad, la reparación y la justicia con las víctimas y sus
familias, movilizando todos los recursos materiales y humanos necesarios para
exhumar las fosas, dar entierro a las víctimas e indemnizar a las familias
Acabar con todos los vestigios franquistas en calles y monumentos. Expropiar el
patrimonio robado por la familia Franco, y con el que han logrado amasar una
fortuna superior a los 500 millones de euros. Y, sobre todo, depurar el aparato
del Estado de fascistas y reaccionarios.
Sabemos
que todo esto no lo hará ningún gobierno del régimen del 78. Será el fruto de
la movilización de la población, de la clase trabajadora y de la juventud que
no quiere vivir con esta losa.
