lunes, 30 de mayo de 2011

Aportaciones al 15-M

Desde el pasado 15 de mayo estamos asistiendo a acontecimientos históricos. Miles y miles de personas hemos tomado las calles, y ni las prohibiciones ni la brutalidad policial han podido silenciar nuestra voz, ampliada ahora con las asambleas populares en los barrios, que están teniendo una extensión y una participación sin precedentes.

Creemos que es el momento de presentar propuestas en las asambleas y concretar reivindicaciones. Además de abordar la problemática local de cada zona, pensamos que es el momento de defender reivindicaciones que afectan a la mayoría de la población, como por ejemplo:

  1. LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

    • Ni un solo despido más, hay que defender todos los puestos de trabajo
    • Ni recortes sociales ni privatización. Por una red de servicios públicos, educativos, sanitarios y sociales pública, integrando en ella todos los recursos concertados (hospitales, colegios, residencias geriátricas, centros de menores, asistencia a domicilio, etc.), dotándola de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar un servicio adecuado (lo que crearía miles empleos).
    • Subsidio de desempleo indefinido hasta encontrar trabajo. Aumento de los planes de formación para desempleados.
    • Paralización de los desahucios. La crisis que la paguen los banqueros.

  1. EN DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES Y SOCIALES

    • Derogación de la reforma laboral y de la reforma del sistema de pensiones.
    • No a la reforma de la negociación colectiva. Por el empleo estable y con derechos.

  1. NO A LA REPRESIÓN

    • Plena libertad de expresión, asociación, reunión, manifestación y huelga
    • Castigo a los responsables de la brutalidad policial. Basta de impunidad.


A su vez, consideramos necesario que se intensifique la movilización social, organizando manifestaciones y demás acciones de protesta que confluyan en una gran Huelga General.

Democracia significa poder del pueblo. Utilicémoslo para poner la riqueza que creamos los trabajadores al servicio del conjunto de la sociedad, y no para enriquecer a banqueros y empresarios.


COLECTIVO NO A O´BELEN

domingo, 29 de mayo de 2011

Entregan 42000 firmas para que Piedad vuelva con Soledad

G.J., S/C de Tenerife
El colectivo Comisión de Personas de Buena Voluntad presentó ayer en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias 42.000 firmas para solicitar que la niña Piedad salga del centro de menores en el que se encuentra desde hace años y regrese con Soledad Perera.
Con estas firmas, que fueron recopiladas durante los dos últimos años en las zonas comprendidas entre Tacoronte y Los Realejos, el colectivo espera que se ponga fin a la situación de esta niña, "pues no entendemos por qué tiene que estar en un centro teniendo una familia que la quiere", explicó Antonio Rodríguez, representante de la asociación.
Estas personas también pretenden con esta acción que Piedad sepa que "no la hemos abandonado y que lucharemos por ella hasta que tenga 18 años si es necesario".
El colectivo pretende así que el Ejecutivo canario tome cartas en este asunto, pues durante "dos años hemos solicitado hablar con el presidente del Gobierno y no nos ha recibido", denunció el representante, quien recordó la situación que ha vivido Soledad Perera y la necesidad de que la niña Piedad se críe en un ambiente familiar.

La "cárcel dentro de la cárcel" vuelve a tener cobertura legal


El Reglamento Penitenciario, las normas que regulan la vida de las más de 73.500 personas que están presas en el Estado español, acaba de ser reformado por el Gobierno. Además de cambios en el régimen de primer grado –aislamiento penitenciario– la reforma permite que “la administración penitenciaria pueda establecer ficheros de internos que tengan como finalidad garantizar la seguridad del establecimiento”. Es, en la práctica, la legalización del contestado régimen FIES, dos años después de que el Supremo lo anulara.
- “Es incompatible con la dignidad”. Entrevista a Julián Mrtín, abogado, profesor de derecho penal y experto en temas penitenciarios.
- Consagrar un trato degradante. Análisis: crítica del aislamiento penitenciario.

R.M.C. / MADRID
JUEVES 19 DE MAYO DE 2011.  NÚMERO 150
Entre consignas como el “régimen FIES ahora legal, nunca justo, siempre inhumano”, integrantes de varias asociaciones se manifestaron el 15 de abril, en Madrid, ante la sede de Instituciones Penitenciarias (II PP). Protestaban contra el Real Decreto 419/2011 que entraba en vigor ese mismo día y que modificaba el Reglamento Penitenciario. Esta reforma “reitera el aislamiento como tratamiento preferencial de los presos y sigue manteniendo la puerta abierta al maltrato y a la tortura psicológica”, según denuncia en un comunicado la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas.
Aunque la gran mayoría de quienes cumplen condena en las cárceles españolas lo hacen en segundo grado penitenciario, existen también otras categorías establecidas en el interior de las cárceles, reguladas por el Reglamento Penitenciario. Esta clasificación por grados –que realiza la Junta de Tratamiento, el director del centro penitenciario y técnicos– una vez que la sentencia es firme, permite a la cárcel el orden, el control y la vigilancia de los internos. Dentro de esta clasificación y, dentro de cada grado, la subdivisión es otra práctica añadida.
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Foto: Javier Baeza.
El aislamiento penitenciario
En primer grado o régimen cerrado son clasificados directamente los presos cuyos delitos, según el reglamento, denoten una personalidad agresiva, violenta y antisocial (delitos contra la vida, libertad sexual, integridad física de las personas o propiedad cometidas de forma especialmente violenta o por pertenencia a organizaciones delictivas o bandas armadas). Igualmente, una vez dentro de la prisión pueden ser clasificados en primer grado aquellos presos que participen activamente en motines, plantes, agresiones, amenazas o coacciones, o aquellos que cometan faltas graves o muy graves.

LA VIDA PARA LAS MÁS DE 1.200 PERSONAS PRESAS CLASIFICADAS EN PRIMER GRADO CONSISTE EN 20/21 HORAS AISLADO EN LA CELDA

La vida para las más de 1.200 personas presas clasificadas en primer grado consiste en estar entre 20 o 21 horas aisladas en la celda; sufrir cacheos con una frecuencia que oscila entre varias veces al día y una vez a la semana; registros en las celdas con igual frecuencia; varios recuentos al día y uno de madrugada; traslado con grilletes dentro de la prisión; ausencia de actividades de tratamiento; unas dos o tres horas fuera de la celda en un patio pequeño de 25 metros de largo por ocho de ancho, y en ocasiones, cerrado por la parte de arriba como una jaula; sin contacto con otras personas salvo con algún preso con quien se comparte patio –en una segunda fase pueden estar con más presos–; sometidos a cambios de celda y de prisión frecuentes. La consecuencia es que este régimen de aislamiento, en el cual los presos pueden permanecer durante años, “destruye, destroza, aniquila como persona, en la medida en que se sienten tratados como animales” explica Julián Ríos en la investigación sobre la realidad carcelaria: Andar un kilómetro en línea recta. “Es incompatible tanto con una solución positiva del conflicto desde un punto de vista humano y convivencial, como con el contenido constitucional del derecho a la dignidad personal, debido a las graves consecuencias físicas y psíquicas que genera”. Pero este régimen de represión y control, pese a su extrema dureza, lejos de modificarse, ha seguido sofisticándose.
A principios de los años ‘90, Instituciones Penitenciarias implantó el régimen de Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (FIES) como un instrumento de control que empezó a aplicar básicamente a varios centenares de fuguistas y participantes en motines y protestas y a presos de motivación política para frenar las durísimas huelgas de hambre, protestas y motines que protagonizaban para reclamar mejoras en las prisiones. El desarrollo posterior de este régimen estableció hasta cinco categorías, aunque la más cruenta es la denominada ‘FIES-1 Control Directo’ denunciada sistemáticamente por abogados, organizaciones de derechos humanos, colectivos de apoyo a presos y por familiares, que la definieron como “la cárcel dentro de la cárcel”. Aunque a lo largo de los años la dureza del FIES-1 ha variado, estar bajo una “vigilancia especial” significa –incluso para presos que pueden estar en prisión provisional a la espera de juicio–, además del régimen de vida propio, cacheos todos los días a la entrada y a la salida de la celda (en la práctica supone cuatro cacheos diarios), restricciones de lo que se puede tener en la celda (libros, publicaciones, objetos que revisten la celda de calor humano como fotos, etc.), supuestamente para facilitar la labor del registro que se realiza diariamente. No cuentan con actividades programadas de ningún tipo, se les controla la correspondencia, y es habitual que se les confisquen muchas de las cosas que les envían del exterior. Por las noches son controlados al menos cada hora y son regularmente y constantemente sometidos a traslados de celdas y prisiones. En estas condiciones, se puede permanecer indefinidamente. En 2002, el Comité contra la Tortura de la ONU consideró “que el régimen FIES en sí mismo, puede constituir maltrato”.

“SE PUEDE INCLUIR A UN RECLUSO EN EL FICHERO FIES, CON SUS DURAS RESTRICCIONES, SIN QUE TENGAN QUE JUSTIFICARLAS”

La legalización del FIES
La denuncia de este trato inhumano y degradante obtuvo un fuerte empujón cuando en 2009, tras años de denuncias, la asociación Madres Unidas Contra la Droga de Madrid consiguió que el Tribunal Supremo declarara nulo el FIES por un problema de forma. Ahora, dos años después, el Real Decreto que reforma el reglamento penitenciario da cobertura legal y recupera el antiguo FIES, con algún ligero retoque. Y todo apunta a que tendrá larga vida. Como explica Javier Baeza, de la Coordinadora de Barrios de Madrid, “sigue siendo un arma de la Administración contra presos reivindicativos, o simplemente que no se someten a las normas constantes y la disciplina que invade la vida en prisión. Pero no sólo contra ellos. Realmente cualquier pretexto puede justificar la inclusión en este fichero”.
“La ventaja que supone el FIES para la Administración respecto al régimen cerrado” sostiene Baeza “es que la inclusión en este fichero es una decisión administrativa (del centro penitenciario, que ratifica Instituciones Penitenciarias) al margen del proceso de clasificación establecido en la ley y de sus correspondientes garantías. Se puede incluir a un recluso en el fichero FIES, con sus duras restricciones, saltándose estos requisitos y sin dar cuenta al juez de vigilancia”.

Fuente: Diagonal
Las categorías del FIES
El FIES, que no ha desaparecido de las cárceles, pese a que fue declarado nulo por el Supremo es mucho más que una base de datos. Establece, según el delito, su trayectoria penitenciaria o su integración en organizaciones criminales, normas especiales de control y clasifica a los presos en cinco categorías: FIES-1 (control directo), FIES-2 (delincuencia organizada), FIES-3 (bandas armadas), FIES-4 (fuerzas de seguridad y funcionarios de IIPP) y el comodín FIES-5 (características especiales) de quienes no entran en los anteriores epígrafes y cuyos delitos crean alarma


lunes, 23 de mayo de 2011

¡El Movimiento 15-M sigue adelante!

Málaga: La asamblea exige una nueva huelga general y convoca manifestación para el viernes 27

Valencia: se propone nueva huelga general y se convoca concentración el 27 de mayo y manifestación el 15 de junio

Madrid: Asambleas populares en los barrios y pueblos de Madrid

El derecho del menor a ser oído


El derecho de los y las menores a opinar e intervenir en las decisiones que les afectan es la base de las actuales legislaciones. Pero las administraciones no lo respetan.

NACHO DE LA MATA /ABOGADO QUE TRABAJA CON MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
LUNES 9 DE MAYO DE 2011.  NÚMERO 149
La Administración pública que asume, por mandato legal, la tutela de los menores de edad que se encuentren en situación de desamparo, tiene la obligación, en dicho cometido, de servir con plena objetividad los intereses generales. Por este motivo, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor 1/1996 establece que el interés superior del menor primará sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir, razón por la cual este principio rector de la acción administrativa ha sido reconocido como un principio de orden público.
Y aquí es, precisamente, donde reside el primero de los problemas. Esto es, cuando quien tiene que representar, amparar y defender los derechos e intereses del menor por imperativo legal –ya sea la administración o la familia biológica– tienen algún interés contrapuesto con el del menor de edad tutelado. El legislador ha configurado el derecho del menor a ser oído (Artículo 9 de la Ley de Protección del menor antes citada) como un derecho fundamental, fiel reflejo del reconocimiento que dicho derecho tiene en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, derecho que, además, se constituye en uno de los principios generales inspiradores de dicho texto internacional de derechos humanos específico de la infancia.
La exigencia de escuchar al menor tutelado en vía administrativa (máxime cuando hay contraposición de intereses) sirve a diferentes propósitos fundamentales: que el menor pueda conocer la decisión que su representante legal quiere adoptar; que pueda posicionarse con respecto de la misma; que se integre su interés superior en la decisión que finalmente adopte su tutor y, previa notificación de dicha decisión, pueda recurrirla en vía judicial si la estima contraria a sus derechos e intereses. Es decir, el derecho del menor a ser oído está en íntima conexión con el derecho fundamental del menor a tener acceso a los Tribunales de Justicia.
Y aquí tenemos el segundo de los problemas. Esto es, cuando las administraciones públicas tutelares omiten cualquier audiencia y notificación de su decisión administrativa al menor e incumplen la obligación legal que tienen de facilitar al mismo la adecuada asistencia para que ejerza sus derechos, quebrando, por ello, el Estado de Derecho al dejar al menor en absoluta indefensión. Por tanto, tendremos que reconocer, como garantía de indemnidad del derecho fundamental del menor a ser oído (en el procedimiento administrativo en que se ventilan sus intereses) y de acceso a los Tribunales, el derecho del menor a servirse de una asistencia letrada independiente de los intereses de las administraciones públicas (mediante un abogado, por ejemplo) pues en otro caso, como suele ser habitual, las necesidades, derechos e intereses del menor se asientan en la indefensión absoluta.

viernes, 20 de mayo de 2011

¡Todos a la movilización! ¡Las calles son nuestras, en Sol y en todas partes!

• Retirada inmediata de todos los planes de ataque contra la juventud y las familias trabajadoras.
• No a los recortes presupuestarios en sanidad, educación y en las prestaciones sociales.
• Basta de regalar dinero público a los banqueros, empresarios y especuladores. ¡Que se nacionalice la banca para emplear los recursos de todos en obras públicas, sanidad y educación, dando empleo a millones de parados!
• No a la contrarreforma laboral y el despido barato. No al recorte de las pensiones y a la ampliación de la edad de jubilación.
• Contra el paro: Subsidio de desempleo indefinido de 1.100 euros al mes hasta encontrar un puesto de trabajo. Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales sin reducción salarial. 
• Inicio de un plan económico para crear empleo (inversiones en infraestructuras, servicios sociales y otras industrias) no basado en los intereses de los capitalistas sino en los intereses de la mayoría. 
• Incremento drástico de los impuestos a las grandes fortunas, a los beneficios empresariales y a la banca. Combatir el fraude fiscal y la fuga de capitales con la confiscación de los patrimonios y de las cuentas de los ricos implicados.
• Basta de represión contra la juventud.

¡Como en Portugal, Francia, Grecia y el mundo árabe!
¡Contra el capitalismo y su crisis!
¡No a la dictadura de los banqueros, no a los recortes sociales!
¡Impulsar el movimiento con nuevas acciones y manifestaciones que confluyan en una nueva huelga general!

jueves, 19 de mayo de 2011

¡Todos a Sol!

Crónica de las movilizaciones del 18 de mayo

Concentración Ayuda a Domicilio en Móstoles

SOLIDARIDAD CON LAS TRABAJADORAS DE AYUDA A DOMICILIO

Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Móstoles están luchando para conservar todos los puestos de trabajo, por unas condiciones laborales dignas y para garantizar un servicio de calidad a los usuarios.

La privatización de los servicios sociales ha convertido nuestro derecho a recibir una atención social adecuada cuando sea necesario en un negocio más para la patronal. Como consecuencia, en muchas ocasiones el servicio prestado es deficitario (por falta de recursos humanos y materiales) y la precariedad marca las relaciones laborales en el sector. Esta es la realidad que se encuentran día a día quien trabaja en ayuda a domicilio, en residencias geriátricas, con discapacitados o con menores en situación de desamparo (además, en los centros de menores la falta de control por parte de las administraciones permite los numerosos casos de malos tratos que sufren los niños en centros gestionados por empresas como O´Belen, Diagrama o Grupo Norte, como han denunciado el Defensor del Pueblo y Amnistía Internacional).

También se encuentran en lucha otros sectores, como las trabajadoras de la empresa Limpiezas América, encargadas del servicio de limpieza de institutos. Las compañeras del IES Ramiro de Maetzu están en huelga indefinida desde el pasado 3 de mayo, ya que no cobran sus nóminas desde enero y la Comunidad de Madrid se ha desentendido de las trabajadoras alegando que el servicio está externalizado y por tanto es un problema entre empresa y trabajadores. Una vez más vemos las consecuencias de las políticas privatizadoras de los servicios públicos.

Creemos que el camino para ganar esta lucha es extender la solidaridad con las trabajadoras al conjunto de la sociedad, para lo que CCOO y UGT deberían unificar todas las luchas y extender la movilización, denunciando las consecuencias de la  privatización de los servicios públicos y exigiendo que las administraciones gestionen directamente, sin empresas intermediarias, los servicios a la ciudadanía.

CONCENTRACIÓN EL JUEVES 19 A LAS 17 Hs FRENTE AL AYUNTAMIENTO 

¡APOYA LA LUCHA DE LAS TRABAJADORAS!

¡MUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO!

¡POR UNOS SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS Y DE CALIDAD!

miércoles, 18 de mayo de 2011

Concentración por la reapertura del Magerit

CONCENTRACIÓN MIÉRCOLES 18 DE MAYO
A LAS 19 HORAS EN LA PUERTA DEL SOL

Aguirre arrincona y hacina a los discapacitados psíquicos y mayores de Carabanchel para hacer negocio con la Universidad privada de Nueva York.

Es mentira, el C.O. Magerit no se cae. Nuestros arquitectos así lo confirman, han manipulado el contenido del informe técnico de Euroconsult SA, elaborando uno propio para justificar la medida de cierre. ¿Para qué toda esta sarta de mentiras? Para hacer hueco en Carabanchel para crear un campus de la Universidad de Nueva York (privada) en la Finca de Vistalegre (pública). Casualmente Fray Bernardino está justo al lado y Magerit a 500 metros del Palacete que les arreglan y ceden en alquiler por 40 años ¡qué casualidad!

¡Somos personas, no mercancías! ¡Por un trato digno! ¡Reapertura de centros!

Recuerda: ¡todos los miércoles a Sol!

Izquierda Social y Ecologista denuncia incumplimientos legales en los centros de menores


La candidata de Izquierda Social y Ecologista al Parlamento de Cantabria, Miriam Gómez, ha denunciado el “sinfín de incumplimientos” en los centros de atención a menores en la comunidad y que incluyen, por ejemplo, la mezcla de menores infractores con no infractores, o el uso de celdas de aislamiento, prácticas ilegales, según ha remarcado.
Las vulneraciones se extienden también a las convenciones de derechos humanos o de derechos del menor, entre otros, con medidas como la “contención física”, que requiere permiso judicial, o el uso de fármacos, entre otros.
Todo forma parte de una “política de parches” y de “represión” en la que se encomienda la gestión de estos servicios públicos a empresas privadas que llegan a cobrar 250 euros al día por la atención (al mes serían 7.500 euros), cifra que, ha señalado, podría servir para que las propias familias prestaran esa asistencia a sus hijos.
Es una situación “indignante” para Izquierda Social y Ecologista, que critica que el sistema de protección al menor cántabro “desprotege” a los menores, dándose “millones de euros” a empresas privadas de las que esta formación “no se fía” porque han recibido “múltiples denuncias”.
Miriam Gómez ha lamentado también la forma en que se han diseñado estas instalaciones, con espacios “torturadores” que promueven el “aislamiento” de los niños
Izquierda Social y Ecologista ha alertado de que la pobreza y la exclusión social en Cantabria es “alarmante”, y ha propuesto medidas como ayudas al alquiler “que no sean una broma” o priorizar en las políticas de empleo a las personas en riesgo de exclusión social.

martes, 17 de mayo de 2011

A las 20 horas, en la Puerta del Sol: ¡Democracia real ya!

Tras el desalojo de los acampados en la Puerta del Sol de Madrid y la brutalidad policial desplegada, se ha anunciado una nueva concentración para hoy a las 20 horas en la misma plaza.

lunes, 16 de mayo de 2011

La futura ley de protección de la infancia no frenará la privatización

El Gobierno está preparando una nueva Ley de Protección del Menor o, en su defecto, una Ley de adopción nacional y acogimiento familiar, para subsanar algunos de los problemas detectados en el sistema de protección del menor. Sin embargo, colectivos sociales que trabajan junto a los menores en situación de desamparo temen que, si la reforma no aborda problemas como la privatización de la atención, ésta suponga uno de tantos cambios para que todo siga igual.

“A ti lo que te queda es venir a ver a tu hijo y llorar. Es lo que tienes”, le dijo una funcionaria de la Comunidad de Madrid (CAM) a María (nombre ficticio) cuando la menor –tiene aún 17 años– le preguntó si conservaba al menos la patria potestad de Miguel, su hijo. María quedó embarazada tras su relación con un vigilante del centro de menores Acacias, de titularidad pública, donde residía. Madre e hijo convivieron juntos los diez primeros meses de vida de Miguel hasta que el centro de menores Almenara –privado y gestionado por Salud Mental Consulting (SMC)– decidió quitarle a su hijo. De esta decisión se enteró por la cocinera.
SMC, entidad que gestiona varios centros de menores, fue denunciada por malos tratos en su centro de Galapagar (Madrid). La Defensora del Pueblo, en su informe, presentado hace unos días, vuelve a señalarla por varias irregularidades. “La técnico de la Comunidad de Madrid en ningún momento me escuchó. Me dijo que eso era lo que iba a hacer y que lo tenía que aceptar”, explica. Su hijo pasó a una familia de acogida a la que María no conoce. María y Miguel han sufrido varias de las irregularidades del opaco sistema de protección de menores. En primer lugar, un centro que no la protegió, pues quedó embarazada del vigilante, casi 20 años mayor que ella. Después, otro centro de menores le arrebató a su hijo sin pedirle su opinión, violando el derecho del menor a ser oído que recoge la Ley Orgánica de Protección del menor.
Como la Comunidad considera que se trata de un acogimiento “provisional”, a día de hoy, a María tampoco se le ha notificado por escrito la entrega de su niño a una familia de acogida, lo que, según el Código Civil, es obligatorio. Los padres tampoco han dado su consentimiento a la entrega de Miguel. A María, en ningún momento se le informó de su derecho a tener representación legal para hacer valer sus derechos. Resultado: aunque María y su actual pareja tienen casa y trabajo, mientras esperan la decisión de un juez, la madre sólo puede ver a su hijo, que ya tiene un año y medio, una hora cada 15 días.
La reforma de la protección
El Gobierno ha anunciado en reiteradas ocasiones, a través de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, que está preparando una nueva Ley de Protección de la Infancia, o al menos una Ley de adopción nacional y acogimiento familiar. Ésta trataría de subsanar algunos de los problemas detectados en el sistema de protección. Las líneas de la nueva ley anunciada por Pajín han sido marcadas por el informe, hecho público en noviembre de 2010, de la Comisión Especial del Senado para la Problemática de la Adopción Nacional y otros Temas Afines. El estudio, fruto de casi dos años de trabajo, y para el que fueron consultados 39 expertos y expertas,señaló que los centros de acogida no son el lugar adecuado para el desarrollo del menor, y que, en cambio, vivir con una familia de acogida supone ventajas psicológicas y emocionales, además de ser menos costoso.
En definitiva, el Senado apostó, ante el sombrío panorama de los centros de menores recogido en su estudio, por impulsar el acogimiento familiar. José Luís Calvo, portavoz de la Asociación Pro Derechos de la Infancia (PRODENI) y uno de los expertos consultados por la Comisión, considera que lo esencial, la privatización de la protección, no se ha tocado ni se tocará. “El problema está en que ahí hay negocio”, señala. Apuntando a la raíz, Enrique Martínez Reguera, pedagogo que lleva más de 30 años conviviendo con niños y jóvenes excluidos, considera que la cuestión esencial, “la dinámica cosificadora”, que hace que los menores en desamparo sean tratados como mercancías sin pasado, ni necesidad de arraigo o identidad, permanece intacta.
El Senado aboga por impulsar el modelo europeo, del que el Reino Unido es pionero, y trasladar el peso de la protección de los centros a las familias de acogida, convirtiendo así a los primeros en “una medida subsidiaria, el último recurso”, en palabras de Pajín. Las Comunidades se han puesto ya en marcha para encontrar familias acogedoras y garantizar al menos que los niños de cero a tres años no vayan a centros. El Acogimiento Familiar permite que los menores sean atendidos, durante un cierto tiempo, por otro núcleo familiar, ya sea de la familia extensa (tías, abuelas...), o en familias ‘ajenas’, que se ofrecen para ello. El acogimiento puede ser simple, si tiene una duración determinada, permanente, si es hasta la mayoría de edad, o preadoptivo, que es cuando la familia acoge al menor, antes de formalizar la adopción, y se encarga de su cuidado aunque el niño siga bajo la tutela de la Administración. En los dos primeros casos, las familias deben tener claro que los menores no se quedarán con ellos.
El psicólogo Santiago Agustín, que trabaja habitualmente con familias y menores, señala que “se contraponen artificialmente los intereses de los acogedores y los padres, y no se permite el contacto y la colaboración entre ellos”. Esto provoca que “volver a su entorno original, después de mucho tiempo integrados en otro lugar y aislados del mismo, sea un trauma y una agresión para los niños”. Desde su punto de vista, con el que coinciden otros muchos profesionales, es necesario promover que se multiplique el trabajo y los contactos con la familia de origen cuando un niño pasa a acogimiento familiar. También señala, “debería exigirse que se favorezca el contacto del niño con los acogedores una vez termina el acogimiento”. María, por ejemplo, quiere saber con quién y dónde está Miguel, pero en la CAM nadie le informa de nada.
Los límites del acogimiento
El Senado ha propuesto también la introducción de las familias profesionales de acogida, es decir, personas que, tras demostrar que están capacitadas y haberse sometido a los cursos de formación necesarios, se dedican exclusivamente a la crianza de niños desamparados. “No puede ser que las fundaciones trasladen su negocio al acogimiento familiar”, advierte José Luis Calvo. Varias “entidades sin ánimo de lucro” que ya gestionan servicios y centros de menores, están metiendo el pie en el proceso de acogimiento familiar. El ejemplo paradigmático es O’Belén, que no sólo tiene servicios de acogimiento familiar en nueve provincias, sino que mediante un convenio de colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y La Fundación Canaria Universitaria de las Palmas, ha puesto en marcha un título de Experto Universitario en Acogimiento familiar. La ‘bestia negra’ de los menores internados en centros indica en su página web que el curso surge “en un momento de gran interés social”, que significan los próximos cambios legislativos.
“La situación en la que se haya Miguel, y que supone una desgarradora separación de su madre, pone de manifiesto que tanto la administración como las empresas privadas que contrata pueden llegar a utilizar el acogimiento familiar, una solución en principio positiva, de forma inhumana”, subraya Agustín.
Familia frente a orfanato
Aunque no hay una cifra oficial de los menores tutelados, se calcula que son cerca de 40.000, de los cuales un 25% no ha cumplido los seis años. El sistema de protección español se caracteriza por un uso intensivo del acogimiento en residencias –75% de los menores– lo que absorbe la mayoría de los recursos. Estas cifras sitúan al Estado español a la cabeza de Europa en el número de menores institucionalizados. Primar el acogimiento familiar no sólo significaría evitar la institucionalización sino que implicaría además una reducción de costes. Subvencionar a una familia le cuesta al Estado de 300 a 1.000 euros, frente a los 3.500 y 6.000 por menor que supone una institución.

El TC reconoce a UGT el derecho a recurrir la privatización de centros de menores


Valencia, 13 may (EFE).- El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por UGT-PV contra resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y el Tribunal Supremo que negaron el derecho del sindicato a recurrir la privatización de un centro de reeducación de menores por la Generalitat.
En una sentencia, el Tribunal Constitucional (TC) declara nulas las resoluciones judiciales previas y ordena el retorno de la causa al TSJCV para que dicte un nuevo auto "respetuoso" con el derecho a la tutela judicial de UGT-PV, que según el TC ha sido vulnerado en los fallos anteriores.
Antes de presentar una demanda de amparo ante el Constitucional, la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-PV recurrió hasta en cuatro ocasiones la licitación del concurso público de un contrato administrativo para desarrollar tareas organizativas y asistenciales en el Centro de Reeducación de Menores "Pi Gros" de Castellón en 2001.
El contrato adjudicado por la Conselleria de Bienestar Social suponía la sustitución de personal funcionario del centro por nuevos empleados contratados a la empresa adjudicataria, una decisión contra la que UGT-PV recurrió ante la Generalitat.
Posteriormente, el sindicato inició la vía contencioso-administrativa ante el TSJCV, que en su primer auto, de enero de 2003, desestimaba el recurso del sindicato al entender que la licitación del contrato no guardaba "un claro vínculo o conexión" entre los fines y la actividad de UGT.
El tribunal entendía que la licitación "afectaba directamente" a los intereses de los funcionarios y no al sindicato, un argumento que el TSJCV reiteró posteriormente en su segundo auto, dictado en respuesta a un nuevo recurso de súplica de UGT.
Después de que el Tribunal Supremo no admitiera a trámite el recurso de casación que UGT-PV interpuso a continuación, en 2008, el Tribunal Constitucional ha decidido amparar la solicitud de la organización sindical, que ha difundido hoy la sentencia, fechada el 9 de mayo.
La Sala Primera del Constitucional advierte de que la "negativa judicial" a reconocerle el derecho a solicitar la impugnación del contrato objeto de la causa "priva al sindicato de un medio que le es propio".
Además, remarca que la razón del recurso de UGT contra la sustitución de los funcionarios "acredita de manera suficiente la existencia de un vínculo especial entre dicho sindicato y el objeto de debate".
"Los funcionarios y los afiliados al sindicato no podrían en el futuro acceder por promoción o por otras vías a desempeñar dicho puesto" si se hace efectiva la sustitución de funcionarios por personal contratado, puntualiza en el fallo.
Por ello, el Tribunal Constitucional considera que las resoluciones judiciales anteriores han "marginado la dimensión del sindicato como institución representativa que constitucionalmente tiene reconocida su función de defensa de determinados intereses".
El Constitucional asume así la postura del Ministerio Fiscal, que solicitaba la estimación del recurso de amparo al considerar que las resoluciones anteriores habían vulnerado la tutela judicial efectiva.
Por su parte, la Abogacía de la Generalitat defendía la postura de la Conselleria de Bienestar Social al asegurar que la anulación de un concurso para gestionar un centro de menores "no supone un beneficio directo o indirecto para el sindicato ni para los trabajadores" y, por tanto, negaba que esta decisión administrativa afectara al derecho a la libertad sindical.
Por todo ello, el Tribunal Constitucional ha declarado nulos los autos anteriores y ha ordenado retrotraer las actuaciones al momento procesal anterior al primero de los autos del TSJCV para que "con plenitud de jurisdicción, se dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido". EFE

viernes, 13 de mayo de 2011

¡Gallardón, bota las ratas del Gallinero!

MOVILIZACIÓN POR LA SITUACIÓN DEL GALLINERO
SEMANA DE DENUNCIA (DEL 16 AL 20 DE MAYO)

LUNES 16: JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN EN EL C.P. SAN CARLOS   
                   BORROMEO (Calle Peironcely, 2 -Entrevías-)
  • 19:30: Presentación de la semana
  • 20:00: Mesa redonda: partidos políticos, vecinos y voluntarios
MARTES 17: COLOCACIÓN DE PANCARTAS

MIÉRCOLES 18: VISIBILIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL GALLINERO (11 horas, Plaza Cibeles)

JUEVES 19: LIMPIEZA SIMBÓLICA DEL GALLINERO Y REALIZACIÓN DE CARTAS AL   
                    ALCALDE (17:30 horas)

VIERNES 20: CONCENTRACIÓN FESTIVA (11 horas, Plaza Cibeles)

Convoca: Voluntarios de la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada de la Cañada Real, Parroquia San Carlos Borromeo, Asociación Juvenil El Gallo de Santo Domingo, Amigos de los Gitanos Rumanos del Gallinero, Asociación Apoyo.

pobladoelgallinero@gmail.com

jueves, 12 de mayo de 2011

O´Belen tendrá a adultos cumpliendo condena trabajando gratis para el entramado

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias lo confirmaba hace sólo unos días: el entramado O´Belén comenzará a beneficiarse del esfuerzo gratuito de aquellos adultos que sean condenados a realizar "trabajos en beneficio a la comunidad". De esta forma, la entidad exponente en la privatización de los centros de reclusión de menores da el salto al más jugoso aún sistema penal de adultos. En este caso, O´Belén se sirve de su condición de "entidad sin ánimo de lucro" para poder solicitar condenados, que son asignados en puestos que van desde auxiliar administrativo hasta personal de mantenimiento.
En este primer convenio cuya copia adjuntamos, la Directora de Instituciones Penitenciarias Mercedes Gallizo entrega a O´Belén 12 plazas, 4 en su sede de Azuqueca de Henares y otras 8 en sus centros de "protección" de menores en Marchamalo y Guadalajara. Naturalmente, el entramado O´Belén seguirá recibiendo las mismas subvenciones por las plazas "laborales" que ahora convierte en personas cumpliendo condena. Si desde hace años los menores denunciaban que se les obligaba a realizar ellos mismos las obras de acondicionamiento y reforma de los centros, O´Belén consigue ahora que se les apoye con personal adulto también gratuito.

www.centrosdemenores.com
Para acceder al convenio completo en PDF pincha aquí:
PDF - 3.1 MB


martes, 10 de mayo de 2011

Radio: Especial sobre centros de menores en "La Bella Durmiente"

Radio Plutón (Granada): "En el programa de esta semana, aprovechando que participó en las jornadas sobre menores que se esta realizando durante este mes, charlamos con Santi, uno de los trabajadores que denunció malos tratos en un centro y esta implicado en las luchas contra la reclusión de menores..." Pincha el título para escuchar el programa desde la web de la radio. para descargarlo: http://www.archive.org/download/lab...

lunes, 9 de mayo de 2011

En defensa de los servicios públicos, contra los recortes sociales

Desde el estallido de la crisis en 2007 hasta ahora, ésta se ha ido haciendo más persistente y profunda. Ahora, en 2011, todos los gobernantes hablan de ajustes presupuestarios, recortes sociales y fondos de rescate para países con problemas de financiación. 

Pese a que los gobiernos y la ciudadanía sabemos que el culpable de la crisis ha sido el sistema financiero, con la complicidad de los poderes públicos y los organismos internacionales neoliberales, todas las medidas impulsadas por la Unión Europea exclusivamente dirigidas a garantizar la remuneración de los intereses de los mercados financieros y bancarios, y desguazar el modelo social europeo. 

Así, hemos visto como, en contra de toda lógica democrática e incluso económica, los líderes europeos se aplanaban ante las exigencias del sistema financiero internacional y se olvidaban de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas en nombre de los que gobiernan, para que los han votado en diferentes contiendas electorales. 

En Cataluña, el nuevo Gobierno anuncia cada día nuevos recortes con la excusa de la mala gestión del Gobierno anterior y de la falta de entendimiento con el Gobierno del Estado. Estos recortes parecen ser más que soluciones para salir de la crisis: estamos ante un cambio de modelo social, ante la transición de una gestión pública y pública concertada a una de privada y mercantilizada. 

Si nuestro modelo social fuera destruido, los ciudadanos y ciudadanas viviríamos consecuencias gravísimas, ya que perderíamos una serie de derechos conquistados y reconocidos, y sufriríamos la falta de respuesta adecuada de los servicios de primera necesidad, como la sanidad, la educación o la asistencia social. 
Por ello, las entidades sociales firmantes, representantes de la sociedad civil organizada catalana, creemos que ha llegado el momento de exteriorizar nuestro rechazo y nuestra denuncia más enérgicos a este tipo de actuaciones. 

No podemos aceptar ni aceptaremos resignadamente la inevitabilidad de las medidas que quieren imponernos y queremos demostrar nuestro rechazo a los recortes fiscales. La eliminación de impuestos ejecutada por el Gobierno sólo beneficia a los ricos y vacía el tesoro público. Nos manifestamos por un modelo redistributivo que, entre otros, prevea un sistema de fiscalidad progresiva, ambiental y solidaria. 

La salida de la crisis no se puede hacer a costa de los servicios públicos, que garantizan la dignidad, la igualdad de oportunidades, la equidad y la justicia al conjunto de la ciudadanía, ni a costa de la desaparición de la cultura, casi totalmente , del ámbito público. 

Para salir de la crisis no toleramos los recortes en la enseñanza pública ni la liquidación de un sistema nacional de salud eficiente, no permitiremos la fractura social ni la exclusión de las personas más débiles de la sociedad. Exigimos que se preserve el sistema de salud público, universal y de calidad. Y por eso rechazamos todo lo que signifique debilitar este sistema público: medidas como el corepagament, el recorte indiscriminada del gasto, la precariedad laboral, el recorte de prestaciones y de servicios necesarios, los conciertos a proveedores privados, etc. 

Estamos en contra de la culpabilización de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos, que sufren injustamente en su propia piel los recortes salariales y la destrucción de empleo público de calidad. Apoyamos sus justas reivindicaciones y movilizaciones, que no han hecho más que empezar, así como la de los sectores privados y la economía social que están directamente relacionados. 

Una vez más, estamos convencidos y convencidas de que una salida social de la crisis es posible. Una sociedad democrática, como la nuestra, es capaz de repartir sus costes en términos de justicia, equidad y solvencia a medio y largo plazo. No creemos en una salida que comporte debilitar el actual modelo social ni apoyamos. 

Por todo ello, hacemos un llamamiento enérgica y decidida al conjunto de la sociedad catalana para que se rebele en contra de los recortes sociales que quieren imponernos y, más concretamente, a participar activamente en la manifestación que hemos convocado el próximo día 14 de mayo en la ciudad de Barcelona. 

¡Basta recortes! 

¡Defendemos nuestros servicios públicos! 

Los principales sindicatos de la Administración pública, encabezados por CCOO, UGT y IAC, ya convocaron una concentración de trabajadores del sector público el jueves 14 de abril, a las 18 horas, en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, que fue seguida por cerca de 20.000 personas que llenaron el centro de la ciudad. También las manifestaciones del Primero de Mayo de 2011, con miles de personas en las calles, han servido para criticar los recortes impulsadas por los gobiernos. 

Ahora, en esta reivindicación para defender los servicios públicos, CCOO invita a participar en una manifestación unitaria, abierta a toda la ciudadanía, para el sábado 14 de mayo a las 11'00h en la Plaza de Cataluña de Barcelona. 


Para más información, leer Ataque salvaje de CIU al gasto social.