Las diferencias sociales que genera el sistema económico imperante conllevan situaciones en las que sectores importantes de la población necesitan de la solidaridad del resto. Estas situaciones no han pasado desapercibidas para el conjunto de la sociedad. De esta forma, a lo largo del siglo XX fue surgiendo el concepto de “servicios sociales” tal y como hoy día es entendido por la mayoría de la población. Sin duda, una conquista histórica del movimiento obrero que con su lucha fue arrancando importantes concesiones, obligando al Estado y las distintas administraciones a destinar una parte importante del dinero público a las llamadas políticas de bienestar social, como forma de redistribuir la riqueza y garantizar así un mínimo nivel de vida al conjunto de la ciudadanía. Los sistemas sanitarios y educativos públicos, junto a los servicios sociales, son los pilares fundamentales del llamado “Estado del Bienestar”, imperantes en Europa Occidental tras la II Guerra Mundial.
Pero las tesis liberales defendidas por los neocon desde finales de los 70 fueron ganando cada vez más fuerza, planteando la disminución de la intervención estatal a todos los niveles, dejando a la sociedad en manos de esa entelequia denominada “leyes del mercado”. Una orgía de privatizaciones recorrió Europa (y el mundo), incluyendo al estado español. Y los servicios sociales también se plegaron a estas tesis liberales, por lo que toda una pléyade de oenegés surgieron en los años 90 al calor de la privatización ((el 78,2% de los trabajadores del sector prestan sus servicios en empresas privadas). Es en este contexto general donde se enmarcan las leyes de Servicios Sociales de las distintas comunidades autónomas. La privatización pervierte en origen el objetivo que debieran tener los servicios sociales (la atención de las necesidades personales y sociales de las personas en dificultad), pasando a ser una fuente de negocio más para la patronal, de forma que el enorme caudal de dinero público destinado a cubrir necesidades sociales va desviándose en parte hacia otros menesteres, vía conciertos y subvenciones.
Además, la privatización conlleva que el sector de la Intervención Social sufra uno de los niveles de precariedad laboral más altos del conjunto de los sectores productivos (el empleo en los servicios sociales muestra una precariedad superior a la media del total nacional con una tasa de temporalidad 3 puntos superior a la media del conjunto de sectores y una tasa de parcialidad en los contratos 9,3 puntos superior a la media). Este hecho inevitablemente afecta a la calidad del servicio y favorece la represión interna ante cualquier actividad sindical de clase o cualquier disidencia metodológica. Lo que no sólo repercute en las condiciones laborales y salariales (el salario medio en servicios sociales es un 28% inferior al salario medio en España), sino que incluso limita a los trabajadores en uno de los aspectos fundamentales de su labor profesional: la defensa de los intereses de los usuarios, facilitando la arbitrariedad en la toma de decisiones que les afectan tanto por parte de las distintas empresas como de la administraciones. Además, la privatización también juega un importante papel político, ya que permite a las administraciones enajenarse de sus responsabilidades al delegar sus funciones en otras entidades.
Por otra parte, en un contexto como el actual de crisis estructural del sistema capitalista, la privatización está permitiendo que el sistema de servicios sociales pueda ser desmantelado con gran facilidad por su funcionamiento a base de convenios de carácter temporal para la prestación de servicios (basta con no renovarlos para hacer desaparecer el servicio. Entre 2010 y 2013 se perdieron 56700 empleos en servicios sociales). Además, la enorme precariedad y atomización de los trabajadores del sector dificulta la respuesta organizada contra los recortes y el cierre de recursos. También hay que apuntar que la respuesta sindical ha sido insuficiente, cuando no inexistente. Nada justifica que ante la situación descrita, CCOO y UGT no hayan movilizado de forma contundente al conjunto del sector en todo el estado.
Funcionamiento burocrático de los servicios sociales
Dicho esto, es necesario reconocer la existencia de organizaciones que actúan realmente sin ánimo de lucro, y que además realizan una gran labor. Son fácilmente distinguibles de las entidades sinónimo de lucro, ya que no buscan su expansión, sino profundizar en la labor que realizan, generalmente en un ámbito geográfico concreto, naciendo del tejido social de los distintos barrios donde están presentes. Estas asociaciones deben jugar un importante papel en el sistema de servicios sociales.
Los servicios sociales deben ser de titularidad y gestión pública, eliminado el lucro empresarial de la ecuación. Pero este hecho, por sí mismo, no garantiza la eficacia de los mismos. A pesar de la privatización, los servicios sociales tienen un funcionamiento excesivamente rígido y burocrático, profundamente antidemocrático. En la práctica, la capacidad de control ciudadano sobre los servicios sociales es nula, por lo que sus intervenciones suelen ser bastante ineficaces. O no, porque en muchos aspectos el sistema de servicios sociales está llamado más que a satisfacer necesidades a ejercer como un mecanismo de control social. Los programas de intervención por lo general se diseñan en despachos física y socialmente muy alejados de las zonas geográficas y sectores de población sobre los que se va a intervenir. Y esto es precisamente así porque se trata de intervenir sobre, y no junto a o en colaboración con los sectores afectados, que es como debiera ser.
Por tanto, los servicios sociales, además de públicos, tienen que ser democráticos. Y es aquí donde esas asociaciones realmente sin ánimo de lucro deben jugar un papel fundamental. Tanto el análisis de las necesidades como la elaboración de los programas de intervención deben surgir del tejido social de los propios barrios, del movimiento asociativo en colaboración con los profesionales de los servicios sociales. Y la ejecución de dichos programas debe ser supervisada por ese mismo tejido asociativo, junto a la Administración y los representantes de los trabajadores del sector. Además, las mencionadas asociaciones también deben mantener su capacidad de acción social directa, elaborando proyectos transversales, complementarios a la actuación de los servicios sociales públicos (actividades subvencionadas con dinero público pero circunscritas a espacios geográficos limitados y de no elevada necesidad presupuestaria, de tal manera que el afán de lucro no tenga cabida).
En resumen, los servicios sociales deben estar sometidos al control ciudadano, y el papel de los responsables políticos de la Administración debe limitarse a garantizar los medios necesarios para su desarrollo, así como al control sobre su correcto funcionamiento junto al tejido social. Por último, junto a lo mencionado hasta el momento, para garantizar la calidad de la intervención, es fundamental la formación continua y permanente de los profesionales del sector (algo que en la actualidad no sucede, salvo la realización de ciertos cursos y jornadas de nulo valor práctico y formativo, cuyo único objetivo es justificar las subvenciones que reciben las empresas). A la insuficiencia de la formación académica formal para el trabajo práctico, se suman los constantes cambios que se producen en el seno de la sociedad, por lo que una formación continuada y de calidad no sólo es deseable sino absolutamente imprescindible.
Por la dignificación del sector. Luchar por la aplicación inmediata del convenio.
El pasado 3 de julio se publicó en el BOE el primer Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social. Sin embargo, la patronal se está mostrando reacia a su aplicación. Y es que aunque no es un buen convenio, las lamentables condiciones laborales del sector hacen que su aplicación suponga una mejora salarial media del 10%. Además articula por primera vez al sector, ya que hasta ahora ni siquiera teníamos convenio propio.
El malestar entre los trabajadores del sector es evidente y va en aumento, por lo que posiblemente este otoño veamos cómo saltan conflictos laborales en distintas empresas de "lo social". Porque ya estamos hartos de precariedad y tomaduras de pelo por parte de la patronal y sus representantes políticos en las administraciones, así como de las carencias en los servicios prestados. Es urgente visibilizar la situación de nuestros servicios sociales, plantando cara conjuntamente a la patronal. Los sindicatos de clase, junto a a distintos colectivos representativos del sector (como Intervención Social en Lucha o la Plataforma en Defensa de la Atención a la Discapacidad), tienen que organizar una movilización unitaria y contundente con dos objetivos principales: revertir los recortes y la inmediata aplicación del convenio.
Pero no olvidemos que la única manera de lograr unas condiciones laborales dignas en el sector y una atención de calidad, es eliminando el lucro empresarial en los servicios sociales. Si somos los profesionales quienes realizamos la intervención (porque nadie más que los trabajadores saca el trabajo adelante), y las administraciones son quienes aportan los medios materiales, ¿qué papel juegan aquí las empresas? Ninguno, salvo trincar a costa de trabajadores y usuarios. Por eso, hay que acabar con la privatización de los servicios sociales y, entre todos, definir de nuevo qué es eso de los servicios sociales y cómo deben funcionar.
