Un nuevo ataque a los servicios sociales en la Comunidad de Madrid
Los
servicios sociales continúan siendo la diana del ataque indiscriminado
de las políticas de recorte del PP en la Comunidad de Madrid. A fecha de
15 de junio de 2016 la Dirección General de Salud Pública de la
consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha considerado
extinguido el convenio suscrito con la Asociación Punto Omega para el
desarrollo del programa de atención a drogodependientes en Instituciones
Penitenciarias. La contradicción es evidente cuando a fecha de 15 de
junio, lo considera extinguido “retroactivamente”, desde el 31 de
diciembre de 2015, habiendo seis meses de funcionamiento en 2016 que
para la Administración no han existido, ni existen.
Actualmente
a través de este programa se está desarrollando el tratamiento con 140
presos y sus familias, siendo de media 277. Hasta ahora el programa
venía siendo renovado tácitamente de forma anual desde 1994, salvo
denuncia expresa por escrito con dos meses de antelación, una denuncia
que nunca se ha producido hasta el momento, y así lo reconoce la
Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Sin
embargo, considera que la prórroga queda supeditada a la existencia de
crédito presupuestario. Es decir, después de 22 años el programa de
atención a drogodependientes en Instituciones Penitenciarias en el C.P.
Madrid IV-Navalcarnero no dispone de asignación presupuestaria y por
tanto debe cerrar. El criterio, para la Comunidad de Madrid, para que
exista o deje de hacerlo, son razones económicas y no de necesidades
sociales.
Sin duda
ese no fue el criterio por el que se creó. Fue una conquista de los
movimientos sociales que lucharon por garantizar la existencia de una
red de atención que cubriera las necesidades sociales detectadas,
obligando al Estado y a las distintas administraciones a destinar una
parte del dinero público a desarrollar políticas de bienestar social.
La
necesidad sigue existiendo. De hecho, el problema de la drogodependencia
está ampliamente extendido en los centros penitenciarios españoles.
Aproximadamente un 76,2% de las personas que ingresan en estos centros
reúnen en ese momento criterios para el diagnóstico de dependencia/abuso
a alguna sustancia. Por tanto sus delitos están relacionados directa o
indirectamente con el consumo de drogas, tratándose bien de
delincuencia inducida, bien funcional. Diversos estudios demuestran la
eficacia del tratamiento en la disminución de la reincidencia de las
personas tratadas (15,64%), frente a aquellas que no han realizado
tratamientos específicos (42,76), de lo que se deduce una reducción de
un 85% de la reincidencia. Los resultados han demostrado que las
derivaciones externas realizadas desde el Programa permiten que aumente
la adherencia a programas de la red cuando el interno sale a la calle en
tercer grado, artº 182 o libertad condicional, estando condicionado a
seguir tratamiento. Por tanto, de manera indirecta, la sociedad en
general es otra beneficiaria. La dimensión de los daños por el cierre es
una cuestión político social.
Ni cierres ni recortes
El modelo
de funcionamiento de los servicios sociales pervierte en origen el
objetivo que deberían tener los mismos, la atención de necesidades
individuales y sociales de las personas en dificultad, pasando a ser
una fuente de negocio más para multitud de empresas privadas. La
privatización de los servicios sociales está permitiendo que pueda ser
desmantelada toda la red de atención con gran facilidad, por su
funcionamiento a base de convenios que basta con no renovar para
hacerlos desaparecer.
Este no
es el primer caso, desde el 2007 la tendencia está siendo el
desmantelamiento del sistema de protección social, con picos notables
como el periodo entre 2010 y 2013 donde se perdieron 56.700 empleos
(11,7%) en servicios sociales superando en 6,5 puntos porcentuales a la
media total del Estado español, siendo el 85% del empleo destruido
ocupado por mujeres y , entre las que quedan en activo hay una tasa de
precariedad, temporalidad y parcialidad superior a la media estatal. Son
ámbitos laborales donde las mujeres ocupamos la mayoría de los puestos
de trabajo y no vamos a dejar de denunciar el continuo desprecio que la
administración hace de nuestro trabajo. Nuestro sitio está aquí y no
reducido al espacio privado de nuestros hogares como ya hemos tenido
ocasión de escuchar en boca de algunos defensores de la discriminación
laboral.
No parece
casual que este sea uno de los sectores. junto con sanidad y educación,
que más está sufriendo amparándose en la necesidad de recortar. La
enorme precariedad y atomización de las trabajadoras y trabajadores del
sector dificulta la respuesta organizada contra los recortes y los
cierres de recursos y nos limita en uno de los aspectos fundamentales de
nuestra labor profesional que es la defensa de los intereses de las
personas usuarias.
Por otra
parte existen organizaciones sin ánimo de lucro que realizan una
importante labor en este terreno están siendo ahogadas económicamente.
Son fácilmente reconocibles y deben jugar un papel fundamental en el
sistema de servicios sociales y la ejecución de dichos programas debe
ser supervisada por ese mismo tejido asociativo, junto a la
Administración y las figuras representantes de trabajadoras y
trabajadores del sector. Estas entidades desarrollan la actividad que el
sector público debería asumir directamente, subrogando a las plantillas
y mejorando las condiciones laborales y del propio servicio con mayores
dotaciones. También existen muchas entidades que, enfundadas en el
nombre de “sin ánimo de lucro”, en la práctica son empresas donde sí hay
lucro y donde lejos queda la defensa de la calidad del servicio, su
carácter universal y la atención de necesidades. Dadas todas estas
circunstancias los servicios sociales tienen un funcionamiento
excesivamente rígido y burocrático, profundamente antidemocrático. En la
práctica, la capacidad de control de la ciudadanía es nula.
Por la dignificación del sector
Fruto de
esta extinción del convenio para el desarrollo de este proyecto los
trabajadores y trabajadoras de la Asociación nos veremos ahora con
seguridad envueltos en el procedimiento ordinario para un ERE de
extinción de empleos habiendo hecho correctamente nuestro trabajo
durante tantos años. Esto se debe precisamente a la precariedad
instalada y al sistema de servicios sociales fundamentados en cuestiones
económicas. Es urgente visibilizar la situación de nuestros servicios
sociales. Mediante la unión y la organización podemos hacer que sea
posible un cambio y conquistar la defensa de unos servicios sociales
públicos y de calidad. La posición de la Administración es manifiesta, y
es hora de que las trabajadoras y los trabajadores nos posicionemos y
decidamos de qué lado estamos, si en el de las necesidades sociales o en
la tarea de resolver la cuenta de resultados de gobiernos resultantes
de políticas antisociales.
Las
organizaciones vecinales, asociaciones y organizaciones políticas, así
como sindicatos y distintos colectivos representativos del sector, deben
denunciar esta situación y luchar por decidir en qué se gasta el dinero
público, revertir los recortes y la inmediata aplicación de políticas
en defensa de los intereses de la clase trabajadora. No hay ninguna
razón que justifique que ante la situación descrita CCOO y UGT no hayan
movilizado de forma contundente al conjunto del sector en todo el
estado.
¡Basta de recortes! Ni cierres ni despidos. Contra el maltrato institucional
Por la defensa de unos servicios sociales democráticos y de calidad
