La privacidad familiar ocasiona el que a su sombra se puedan
producir abusos. Constantemente nos llegan noticias de niños golpeados,
abandonados, desatendidos por sus familias. Lo ideal sería que parientes,
amigos o vecinos ayudaran a resolver el problema, pero eso no suele ocurrir por
desconocimiento o indiferencia, porque hace tiempo que la política acabó con lo
que había de tejido social. Será inevitable pues, que en tales casos intervenga
el Estado.
Pero una intervención buena en su intención se puede volver
perversa por el procedimiento empleado. La Ley de Protección Jurídica del Menor
es el procedimiento empleado. Regula que la Administración pueda invadir la
privacidad familiar so pretexto del “interés superior del menor”, propiciando
unos procedimientos infinitamente peores que los males que trata de corregir.
En realidad es una Ley de Des-protección Jurídica de la familia, un torpedo en
la línea de flotación de la dignidad y privacidad familiar.
Como resultado se oye decir con frecuencia que “las
Comunidades Autónomas roban niños”. Eso no es cierto sino peor, porque lo hacen
a cobijo de la mencionada Ley. Los “arrebatan”, los “expropian” como quien
embarga un cachivache. Os imagináis el cataclismo interior de un niño de tres o
cinco años, a quien sus papás dejaron muy de mañana en la guardería, y de
repente aparecen dos sujetos desconocidos que se llevan a la criatura, sin
explicación o contándole que los papás enfermaron o que son peligrosos o
cualquier otra milonga. Tratad de imaginar las vivencias del pequeño y tratad
de imaginar que le ocurriese a vuestro hijo. Si el chaval oyó alguna vez la
palabra “secuestro” ¿podrá dudar de lo que le está ocurriendo?
“Pero” eso ocurre bajo la supervisión de jueces y fiscales:
apariencia garantista mendaz por inconsistente y fácil de burlar, porque la
ejercen sobre una labor que la mencionada Ley encomienda a las Comunidades
Autónomas y éstas a su vez la encomiendan a supuestos técnicos, ONGs,
Fundaciones y a Empresas con notorio afán de lucro. Intereses mil
subvencionados en los que se extravía el Interés Superior del Menor.
Ya de entrada, cómo podríamos confiar en la gestión de
Comunidades Autónomas que están siendo incapaces de evitar que, bajo su
jurisdicción y responsabilidad, año tras año centenares de niños estén pasando
hambruna, durmiendo a la intemperie o esnifando pegamento. Según datos
oficiales recientes 2´4 millones de niños en nuestro país viven en la pobreza.
De éstos, 630.000 se encuentran en situación de pobreza extrema. Cáritas e
infinidad de otras entidades todos los años se lo vienen advirtiendo. Por eso
las Comunidades Autónomas necesitan protagonizar el rol acusador para no
protagonizar el rol culpable.
Por otra parte, se trataría de ofrecer a esos niños algo
mejor que lo que le ofrecen los padres que lo estén haciendo mal. Lo cual es
imposible, porque no se trata de lo que una institución quiera ofrecer sino de
lo que el niño necesita; y lo que el niño necesita es una buena crianza, que no
es labor profesional ni institucional sino parental e íntima. Implicación de la
que la Administración se escuda proclamando la “distancia óptima” profesional.
A los niños nunca les sobra tener padres; les sobran sus
carencias o deterioros. Cuando un niño necesita ayuda es evidente que su
familia necesita ayuda; lo que el niño no necesita es que le arrebaten lo único
que le va a durar, porque la Institución al cumplir la mayoría de edad los deja
en la calle, pero en peor situación: desarraigados y resentidos.
Y para mayor inri vivimos bajo unos gobiernos servilmente
sometidos a los dictados financieros, con lo cual, la supuesta bienintencionada
expropiación de hijos se ha convertido en un descomunal negocio: cuando un niño
es expropiado, su tiempo, sus expectativas de futuro, el tiempo y el futuro de
sus padres son colonizados por un ejército de interventores profesionales
subvencionados: hemos transitado de la sociedad de consumo a una sociedad de
consumidores y consumidos en la que muchos viven de administrar los
padecimientos ajenos. Inevitable secuela de una legislación aberrante que
deshumaniza y embrutece a los que la aplican. A parte de lo que cada cual en su
fuero interno se proponga ser o hacer ¿qué son los supuestos “técnicos” de los
que habla la Ley? sino comisarios políticos en el más puro estilo bolchevique.
Si el Estado aplica al cuidado de estos niños un sustancioso
presupuesto, un mínimo de 3.000 euros/mes
por niño expropiado ¿qué otro provecho de semejante gasto podría sacar?:
El que toda la aparente labor social se convierta en un sistema policiaco de
control omnímodo e impune. Los supuestos técnicos, los trabajadores sociales y
otros profesionales, adquieren así un poder que da grima. Se podrán filtrar
donde ni la policía puede hacerlo sin una orden judicial. Cúidate de pedirles
ayuda porque sus informes podrán servir para arrebatarte los hijos.
Si ni el niño ni su familia reciben esos dineros que el Estado
dice asignarles ¿a dónde van tales subsidios?: a la multitud de gestores de
expropiaciones y acogimientos. ¡Qué negocio tan sofisticado, de aspecto tan
discreto y altruista! Probablemente ni los que lo realizan lo vivencien como
tráfico de niños, pero no por ello deja de ser una atrocidad. Recientemente
conocí una madre a quien le habían arrebatado tres hijos. La ONG que los acoge
recibe 9.000 euros al mes por cuidar a esas tres criaturas. ¿Os imagináis lo
que cualquier familia y su vecindario podrían hacer recibiendo 9.000 euros cada
mes? Recientemente di una conferencia en Palma de Mallorca. Entre los que
asistieron había 14 madres/padres a quienes habían arrebatado sus hijos. Como
almas heridas hablaban de “mafias”, sin tapujos. No me parece honesto ignorar
sus relatos y reclamaciones escudándose en la frase “esos papás algo habrán
hecho”.
Por algo se están inventando las “familias profesionales” de
acogida; porque al voluntariado no se le paga y goza de tener opinión; pero a
los “profesionales” sí, se les paga, y a cambio se les puede exigir docilidad.
En una sociedad normal, sana, los chiquillos viven a costa de
sus papás mientras son menores; pero los que legislan se están inventando la
cuadratura del círculo, un voluntariado-asalariado, el mundo al revés: papás
asalariados “por acoger niños”. Y como los niños no son tontos y saben que el
que paga manda, pues ¡a mandar!
Llegados a este punto me parece urgente una advertencia
política: Cuándo estaremos dispuestos a enterarnos de que la dicotomía
derecha/izquierda falleció de ancianidad hace más de medio siglo. China por
ejemplo exhibe un comunismo y un capitalismo, de lo más unánimes.
Quienes están legislando sobre Menores tal vez se imaginen
ser de derechas o izquierdas, pero en realidad son de lo más unánimes. En
Mallorca por ejemplo incluso los de Podemos ya han opinado que en asuntos de
Menores “los técnicos están más preparados que los jueces”, lo cual aunque
pudiera ser cierto no debiera ahorrarnos garantías jurídicas.
De la anécdota que sigue, hablando de unanimidad, doy fe en
primera persona:
De 1976 a 1979, Landelino Lavilla fue Ministro de Justicia
del Gobierno de Adolfo Suárez. Decidió que algunos entendidos elaborasen un
“Estatuto del Menor”, una legislación especial para proteger a la infancia. Y
se desvivió en hacer propaganda de lo democrático que iba a ser. Pero cuando lo
llevó al parlamento al Estatuto del Menor le habían cambiado hasta los
entresijos y le llamaron Ley de Protección Jurídica del Menor. “Derechas” e
“Izquierdas” de entonces, Alianza Popular, el Partido Comunista, el Partido
Socialista Obrero Español y demás grupos parlamentarios, la aprobaron con
entusiasmo unánime, sin formular una sola pregunta ni poner una sola objeción.
No podía ser de otro modo porque la Ley de Protección
Jurídica del Menor la había redactado la Interpol en Schengen para toda Europa
y ya estaba aprobada antes de ir al Parlamento.
Sospecho que por el tono de algunos de estos párrafos no
faltará quien les atribuya excesivo apasionamiento; será si consideran más
importante guardar la compostura y las buenas maneras que el que te arrebaten
los hijos.
