"Pasabas horas atada y amordazada a una silla o en un banco al sol, te hacías todo encima"

Extraído de RTVE

"Si te resistes puedes acabar atado en una silla o en el banco al sol todo el día, si aún te resistes te amordazan, con papel de embalar adhesivo, y te pueden llegar a inyectar algo que te deja KO".

Éste es el estremecedor testimonio de Aránzazu y Esteban, ahora mayores de edad, y de una tercera menor, recogido por Amnistía Internacional en su informe Si vuelvo, ¡me mato! sobre los menores internados en centros de protección terapeúticos en España, en el que denuncia abusos, medicación forzada y malos tratos después de analizar la situación en Madrid, Cataluña y Andalucía.

La primera vez que Aránzazu Celdrán Osorio pisó un centro de menores tenía 18 meses. La llevó su abuela porque sus padres, que eran toxicómanos, no podían atenderla. Ahora tiene 19 años.

Esta joven ha relatado a Amnistía Internacional como la castigaban atándola y amordazándola en una silla. Si se resistía era peor: "entonces, te pinchaban algo que te dejaba boba. Pasabas allí horas, te hacías todo encima. No sabes quién eres, pierdes la cabeza...A veces es mejor no resistirse porque te pueden atar entre ocho personas y te hacen más daño".

Atada a una cama

Sara Casas Hernández tiene ahora 25 años. Cuando ingresó por desamparo junto a sus dos hermanos pequeños en un centro catalán tan sólo tenía seis años. Como otros jóvenes ha relatado a AI que fue sometida a medicación forzosa.

"En el centro pasé días atada a una silla, con una mordaza. Sin ella se me caía la baba. Tenía el cuello doblado y la cabeza caída. También estuve en la celda de aislamiento atada a una cama, donde, además, me pinchaban y me pasaba al menos tres días con los ojos vueltos".

Sara ha explicado a AI que pasó todos estos años en los centros de menores "con tranquilizantes a punta pala".

Psicofármacos en comida y bebida

El informe de Amnistía, calificado de "exagerado" en algunos aspectos por el Defensor del Pueblo andaluz, recoge también testimonios de los internos y de los propios educadores denunciando el suministro de medicamentos sin ningún tipo de control y conocimiento de los menores.

AI recoge el relato de uno de los jóvenes que asegura que "se le obligaba a ingerir medicamentos cuyos efectos le desagradaban, sin recibir explicaciones suficientes acerca del diagnóstico que justifica dicha medicación". Si se negaba, era castigado.

Según menores y educadores, en ocasiones los psicofármacos se mezclan con las comidas y bebidas. Un joven de 15 años ingresado en un centro de Cádiz cuanta, según recoge el informe, "que después de beber un vaso de leche con chocolate a veces no podía ni levantarse de la silla".

Amnistía muestra su preocupación por la existencia de máquinas en estos centros que trituran los medicamentos para echarlos en la comida.

"Si preguntas qué medicamentos son, no te informan 'tú no tienes por qué saberlo'. Y si te niegas a tomarlos te amenazan o fuerzan mediante contención", coinciden varios testimonios.

Maltrato físico y verbal

"Yo no sabía ni qué eran los derechos humanos, no sabía que lo que allí pasaba no se podía hacer, atarte a un banco y pincharte, hacerte cargar piedras con las manos atadas a una carretilla, triturarte la medicación, prohibirte las visitas, leer tus cartas, humillarte, tratarte a golpes, castigarte. Nunca supe qué medicación tomaba hasta que con 16 años me llevaron a urgencias al hospital (...) Cuando nos pegaban, nos prohibían las visitas para que no vieran los 'moraos". Es el testimonio de Esteban, que ahora cuenta con 18 años.

El informe recoge varios relatos de contenciones físicas: "Una vez un vigilante me agarro del cuello y me tiró al suelo (...) donde había restos de cristales y me corté en la frente".

"A un compañero le fracturaron el cráneo (...) le dieron con la cabeza en el radiador, dejándole lleno de chichones. No le llevaron al médico, aunque él se quejaba mucho del golpe en la cabeza".

Registro con desnudos integrales

El informe Si vuelvo, ¡me mato! recoge el testimonio de María Herguedas, educadora en el año 2008 en el centro Picón del Jarama, en una denuncia ante el Instituto Madrileño del Menor y la Familia:

"Los registros consistían en llevarlas a un cuarto, hacerlas quedarse en bragas y sujetador, hacerlas bajarse las bragas y obligarlas a hacer sentadillas, mínimo tres".

Un menor de 15 años relata como al "ingresar en el centro de protección de Cádiz" fue sometido a "un registro que incluía la introducción del dedo del educador en el ano".

Amnistía denuncia que, según los menores, tanto los vigilantes como los educadores del sexo opuesto pueden exigirles desnudos integrales. "Cuando me ducho hay un educador mirando. Dos educadoras han entrado también en la ducha estando yo completamente desnudo".

8J: Marcha contra la impunidad financiera

La marcha tendrá como punto de salida la calle Velázquez, 66 (sede de la Asociación Española de Banca). Como motivo de protesta se realizará una parada en el Ayuntamiento de Madrid y otra en el Banco de España. La marcha terminará su recorrido en la Audiencia Nacional.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid junto con otros colectivos, convocamos una gran marcha ciudadana a través del siguiente manifiesto:

Los principales responsables de la crisis se encuentran en los consejos de administración de las entidades financieras.

Desde el estallido de la crisis centenares miles de millones de euros públicos han sido destinados al rescate de las entidades financieras, mientras sus propietarios han tomado constantes decisiones con el objetivo de incrementar su capital y enriquecerse aún más a costa de los derechos fundamentales de las grandes mayorías sociales. Los poderes públicos han cargado la factura de las entidades financieras al conjunto de la población en forma de salvajes recortes sociales y en privatización de bienes colectivos. Se están recortando servicios públicos tan básicos que limitan nuestro derecho a la salud, a la educación y a la vivienda, y se han ensañado con los sectores más vulnerables: personas pensionistas, paradas, precarias, dependientes, jóvenes, mujeres, migrantes.

Además, centenares de miles de viviendas están siendo acumuladas por las entidades financieras en clamorosa comisión del delito consistente en acaparar un bien de primera necesidad con la finalidad de alterar artificialmente el precio de las cosas.

Cuatrocientas mil ejecuciones hipotecarias han sido realizadas desde que estalló la crisis. Las hipotecas basura fueron creadas por las entidades financieras durante la burbuja inmobiliaria. La comercialización de hipotecas se ha mostrado altamente perjudicial y ha seguido una práctica generalizada que no podemos denominar nada más que como una estafa sistemática. Las entidades financieras engañaron acerca de los verdaderos riesgos que corrían las personas al firmar una hipoteca. Comercializaron productos financieros altamente tóxicos con el dramático resultado de centenares de miles de ejecuciones hipotecarias, desahucios y deudas perpetuas, basados en una norma declarada ilegal por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013. La estafa hipotecaria y las ejecuciones hipotecarias masivas tienen gravísimas consecuencias para las personas que se han concretado en una violación sistemática de los derechos humanos.

La sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha evidenciado que existen responsables políticos y administrativos de la no trasposición a la normativa española de la Directiva Europea 93-13 en grave perjuicio para los deudores habitacionales con el resultado de centenares de miles de ejecuciones y desahucios ilegales realizadas por los Tribunales a instancia de las entidades financieras. Cientos de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos exigen se depuren responsabilidades. La actividad del capital financiero ha sido criminalmente responsable de la situación actual mientras resulta clamorosa la inacción de los poderes públicos – Ministerio del interior, Fiscalía y Judicatura – o más allá, sus actuaciones en defensa directa de sus intereses. Criminalizando, por contra, la práctica política de resistencia de los colectivos que se oponen a esta actividad especulativa.

Después de la recogida de más de un 1.400.000 firmas, las Cortes han consumado el rechazo a la Iniciativa Legislativa Popular que planteaba la moratoria de desahucios, la dación en pago retroactiva y el alquiler social. A pesar de todo, la mayoría de la sociedad sigue apoyando las propuestas contenidas en la ILP. Hicimos una propuesta de mínimos, una propuesta de emergencia social, y la rechazaron.

Ante este recorte de derechos y de libertades hacemos una llamada al conjunto de la sociedad civil a ponerse en marcha contra la estafa hipotecaria y la impunidad financiera. La lucha continua. No vamos a permanecer parad@s.

Seguimos adelante, Subimos las apuestas, por el derecho a la vivienda para tod@s, contra la impunidad financiera y contra la estafa hipotecaria.

¡¡Sí se puede!!

DSM-V, o cómo empezó nuestra "enfermedad mental"

 Este año 2013, se espera la aparición del nuevo Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, DSM-V, que por lo que se conoce de su borrador, amenaza con una redacción más pobre e inconsistente que los anteriores, lo que supone una mayor patologización y medicalización de la población.

Asamblea de Majaras | Periódico CNT

¿Pero qué es el Manual Diagnóstico y Estadístico?

Se trata de una convención acordada por un grupo de psiquiatras de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA), que recopila síntomas constitutivos de alguna "enfermedad mental" o "trastorno". En un marco de apariencia científica, psiquiatras de la corriente dominante cognitivo-conductual, formando 13 grupos de trabajo, se ponen de acuerdo en hacer una relación de hipotéticas enfermedades y revisión de las ya existentes y otras, como si fueran videntes, que están por venir. 

¿Quiénes están detrás de este manual?

Si nos atenemos a quien paga los congresos psiquiátricos en lugares paradisíacos, a todo lujo y carísimos regalos, tendríamos que afirmar sin lugar a dudas que quienes financian e inspiran la creación de nuevas "enfermedades mentales" y el mantenimiento de las antiguas, son las multinacionales farmacéuticas que ya disponen de tratamientos para los "trastornos" que van a llegar.

Con el DSM-V las casi 300 patologías del manual anterior (DSM-IV), que suponía que la mitad de la población americana estuviera enferma, se multiplican de tal manera que lo difícil será encontrar una persona "sana". La utilización de estos manuales diagnósticos, supone el abandono total del estudio de patologías en psiquiatría, de manera que los diagnósticos se realizarán a través de la elección en un extenso catálogo de síntomas del padecimiento, en el que nadie estará libre de "enfermedad" y se dispondrá de una extensa gama química farmacéutica para su tratamiento. Puede parecer exageración, pero si tenemos en cuenta que el entorno de la psiquiatría es uno de los más conservadores, debería de iluminarse alguna alarma cuando el jefe de psiquiatría infantil de Ginebra, François Ansermet, comenta irónicamente que "en el futuro, ¿habrá que curar a los normales"?

Sería hasta cómico de no ser por el drama cotidiano para muchas personas y sus familiares a quienes se les niegan otras alternativas. La psiquiatría no pretende incidir en el contexto social y/o familiar, sino modificar y anular químicamente voluntades y síntomas aunque el dolor psicológico germine por dentro.

Con el DSM-V se ha reconocido que, no sólo se incrementan las tasas de trastornos mentales con nuevos diagnósticos y con umbrales más bajos, sino que debido a las graves imprecisiones, se podrán crear "decenas de millones" de "falsos positivos" con "la rúbrica de enfermedad mental" y con el peligro de ser medicados, con fármacos devastadores, de por vida.El DSM-V está planteado con tal insensibilidad, que no contempla posibilidad de mal uso o la interpretación como sucede entre jueces y la ley.

Por otra parte, incluye en su redactado una serie de diagnósticos tan absurdos como problemáticos. Aquí enumeramos sólo algunos:

 - Síndrome de riesgo de psicosis. Supone que, debido a la alta tasa de "falsos positivos", "cientos de miles de adolescentes y jóvenes adultos recibirían una prescripción de antipsicóticos atípicos". La identificación temprana y su tratamiento, es un riesgo peligrosamente prematuro, pues los antipsicóticos reducen las expectativas de vida.

 - Trastorno disfuncional del carácter con disforia. Hace referencia a la psiquiatrización de lo que conocemos popularmente como "mala leche".

 - Trastorno cognitivo menor. Se refiere a alteraciones cognitivas que habitualmente aparecen a partir de los 50 años, convirtiendo esta etapa de la vida, en un inicio patológico.

 - Trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. El DSM-V, no sólo aumenta la tasa de este hipotético trastorno, sino que pretende utilizar un generalizado abuso de medicaciones estimulantes en una población especialmente vulnerable.

 - Trastorno de atracones. Los millones de personas que se dan atracones una vez a la semana, pueden tener, de repente, un trastorno mental estigmatizante y cuyo tratamiento es de dudosa eficacia.

 - Trastorno mixto ansioso depresivo. Convierte comportamientos habituales de la población en síntomas poco específicos, psiquiatrizando reacciones normales de la vida por las que todas hemos pasado.

 - Pedohebefilia. Distorsiona la pedofilia con la pederastia, convirtiendo el abuso de menores en enfermedad y propiciando el  abuso de la psiquiatría por el sistema penal.  

 - Trastorno de espectro de autismo. Se unifican los llamados autismos sin atender a las causas, incorporando clasificaciones diagnósticas ajenas a ellos, como el denominado síndrome de Asperger, y toda la estigmatización que conlleva.

 - El trastorno de la identidad sexual pasa a ser disforia de género. No se reconoce como enfermedad, pero sí necesitada de tratamiento ya que lleva asociada un alto riesgo de sufrimiento, sin reconocer que la angustia o incapacidad es causada por el binarismo sexual cerrado que no permite otras experiencias a las asignadas en el nacimiento como sexo.

 - Desaparece la categoría de trastornos sexuales, pero mantienen como desórdenes la pedofilia, el masoquismo sexual, el sadismo sexual, la eyaculación precoz o el exhibicionismo y los recolocan entre los capítulos disfunciones sexuales y desórdenes parafílicos.

-         En los desórdenes parafílicos encontramos el desorden travestista que se caracteriza por excitación sexual intensa y recurrente al tener fantasías travestis. Se patologizan las fantasías y no la inexistencia de cauces que permitan expresarlas. En la parte de los trastornos coercitivos parafílicos, se corre el grave riesgo que penalidad y sanidad se confundan y trastoquen.

Entre las cuestiones que se han expresado que aparecen en este nuevo DSM, también se encuentra la eliminación de la distinción entre "abuso" y "dependencia" de sustancias, ampliando la nueva categoría de "adicción" que reemplazaría a ambas.

También se psiquiatriza la llamada hipersexualidad, así como las "adicciones conductuales" permitiendo medicalizar comportamientos y elecciones de vida como por ejemplo, las "adicciones" a los videojuegos, al sexo, a comprar, etc…

Otro de los diagnósticos que se comenta que aparecía en el borrador y del que no se habla demasiado en medios sanitarios, es el del "trastorno de oposición desafiante" que se enmarcaría dentro de los trastornos de conducta y que además de servir como otra forma más de control social de aquella población que "cuestiona la autoridad", se sumaría al trastorno disocial y al negativista desafiante, cubriendo así todo el espectro de "edades de la rebeldía". Si la represión policial y judicial no es suficiente como elemento disuasorio y coercitivo para la rebeldía, quizá un tratamiento psiquiátrico sea más efectivo.

Entre las cuestiones más preocupantes de este DSM-V, encontramos la medicalización del duelo normal, de manera que tras un suceso de pérdida importante para una persona, el estado de ánimo depresivo, la falta de apetito o de concentración, el insomnio, o la pérdida de interés por las actividades, pueden ser calificadas como "enfermedad mental". En los tiempos de precariedad que corren, con esta medicalización, los únicos beneficiarios exclusivos serán las multinacionales farmacéuticas.

Las orientaciones más influyentes de la psiquiatría siempre han sido instrumento para el control social y el sostenimiento del sistema, y en estos momentos se le exije una mayor efectividad. La industria farmacéutica que se orienta al ámbito psiquiátrico, lleva tiempo investigando, con la excusa de la curación de enfermedades, la anulación de voluntades y los cambios conductuales. Por eso no sorprende que el electroshock, haya recuperado la actividad de antaño a través de diferentes formas de estimulación magnética y la lobotomía se realice por medio de sustancias químicas. Si a todo esto le sumamos olimpíadas, fútbol o tele basura, ya tenemos democracia para 40 años más.

4 de junio: Asamblea General de trabajadores de intervención social de la CAM

Interior encierra en Zapadores a mujeres embarazadas, lactantes y personas con menores a su cargo

El Ministerio de Interior está encerrando en el CIE de Zapadores a embarazadas, mujeres lactantes y personas que tienen menores a su cargo, afectando a su salud e incrementando la vulnerabilidad de los niños y niñas que dependen de ellas. Estas personas, que han sido detenidas y encerradas por carecer de permiso de residencia, no cuentan con ningún tipo de atención especial acorde con su situación sino que tienen que someterse a las deficientes condiciones de vida del CIE que denuncian quienes tienen que sufrir esta reclusión. En los últimos meses hemos conocido los casos de dos embarazadas, una mujer que estaba dando el pecho a su bebé y dos personas con hijas de corta edad que dependen de ellas.

Hace aproximadamente un mes, una pareja fue detenida y en Zapadores fueron separados en las celdas destinadas a hombres y en las de mujeres. Ella estaba embarazada y de su cuidado se encargaron principalmente las internas ya que la única atención sanitaria que recibió fueron las visitas periódicas, en su horario laboral, al médico de la empresa privada contratada por el ministerio para atender en el CIE, según han explicado varias personas a integrantes de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros. Su compañero, desesperado por la situación, se autolesionó cortándose en varias partes del cuerpo. Cuando lo trajeron de vuelta del hospital, donde le dieron varios puntos, lo metieron en una celda de aislamiento. Al día siguiente fueron expulsados los dos: él, con las heridas aún recientes y ella, en pleno periodo gestacional. Ni siquiera se molestaron en cumplir con la orden de noviembre de 2012 del juzgado de instrucción nº 3 de Valencia -que ejerce el control jurisdiccional sobre el CIE de Zapadores- que obliga a la dirección del CIE a avisar previamente a las personas que van a ser deportadas. A principios de abril, una mujer paraguaya embarazada de seis meses también fue recluida en el CIE y deportada

En las mismas fechas, una mujer boliviana que lleva varios años residiendo en España fue detenida en plena calle y se le separó de su hija de mes y medio, a quien estaba amamantando, argumentando que no estaba en condiciones de cuidar de ella. La policía dio parte del caso a la fiscalía de menores. Al ser encerrada en Zapadores, el bebé quedó a cargo de su padre, pero tuvieron que contratar a una mujer para que la cuidara y la llevara algunos días al CIE desde Gandia, donde vive la familia. En el horario de visitas de familiares, dependiendo del criterio del policía de turno, se permitía que el bebé pasara al lado de la mampara donde estaba la madre para que ésta la pudiera tener entre sus brazos los 10 minutos que duraba cada encuentro. El director del CIE se negó a que el bebé pudiera estar con la madre durante las dos horas establecidas para visitas de familiares. Hay que recordar que el juzgado de instrucción nº 3 ordenó en abril de 2011 que las mamparas existentes en la sala de visitas “no supongan un obstáculo para el contacto directo entre internos y visitantes”, pero la dirección del CIE se ha limitado a eliminar una pequeña rejilla por donde las personas únicamente pueden darse la mano. Finalmente, esta mujer, tras pasar 26 días encerrada y preocupada por el estado de salud de su hija a la que no había podido amamantar desde que ingresó en el CIE, fue puesta en libertad. Por su parte, la fiscalía de menores la consideró capaz de hacerse cargo de la niña y ha vuelto a su hogar con su familia, pero ya no puede dar pecho a su hija porque se le cortó la leche mientras permanecía encerrada.

Además de estos casos, también hemos conocido la situación de varias personas que han sido recluidas e incluso expulsadas a pesar de tener hijos, nacidos en España, que estaban bajo su custodia. Hace varias semanas, una mujer fue expulsada a su país de origen mientras su niña, de 6 años, se quedaba en España; durante el tiempo que estuvo en Zapadores sólo pudo hablar por teléfono con su hija gracias a que otras personas internas le prestaban dinero para poder llamar. Desde el pasado 17 de abril permanece encerrado un hombre marroquí, que tiene una niña de 14 meses y cuya compañera está embarazada de cinco meses. Esta persona lleva casi cuatro años viviendo en España sin poder obtener el permiso de residencia porque nunca le hacen contrato en los trabajos que ha ejercido. Su compañera y su hija están malviviendo del subsidio de desempleo que se acaba en dos meses. Si finalmente le expulsan, ellas y el bebé que nacerá quedarán absolutamente desamparadas pues no tienen familia en España. La mujer acude diariamente a Zapadores con su bebé para visitar a su marido y tiene que presentar una instancia para que le dejen pasar la pequeña al otro lado de la mampara para que pueda abrazarla; ella sólo pude hablar con él a a través del cristal.

Estas situaciones son una clara vulneración de los convenios internacionales de protección de la infancia y la familia, y, además, suponen el incumplimiento de las propias disposiciones del Ministerio del Interior que anunció que no se internarían en los CIE a inmigrantes que pudieran demostrar su arraigo social en España: no hay mayor arraigo que el hecho de que todas estas personas son o iban a ser madres o padres de niños y niñas españoles.

Extraído de Cie,sNo

30M y 1J: Ante las próximas movilizaciones

Los sindicatos ELA, LAB, CGT, CNT, ESK, STEE-EILAS e Hiru, con el apoyo de numerosos colectivos y organizaciones sociales, han convocado Huelga General en Euskal Herria para el 30 de mayo. Desde el Colectivo No a O´Belen apoyamos totalmente esta convocatoria al considerar que la lucha y la movilización son la única manera de frenar la brutal ofensiva emprendida por los capitalistas contra las condiciones de vida y los derechos de la clase trabajadora, tanto en Euskal Herria como en el resto del Estado, en Europa e internacionalmente. A su vez, consideramos que los dirigentes de CCOO y UGT deberían rectificar su posición de oponerse a esta huelga, apoyándola y extendiéndola al conjunto del estado con un calendario de lucha. En esta línea, saludamos como un hecho muy positivo la jornada de lucha convocada en todo el estado en apoyo a esta huelga por los sindicatos CNT, SAT, CGT junto a otros colectivos sociales, políticos y sindicales.

Y para el próximo 1 de junio, diversos movimientos sociales llaman a participar en la manifestación internacional convocada en el estado español bajo el lema “Pueblos Unidos contra la Troika”. Esta movilización supone un paso adelante en la internacionalización de las luchas, unificándolas y dotándolas de un contenido cada vez más claramente anticapitalista.

La crisis estructural del sistema capitalista y las políticas antiobreras del PP, PNV y CIU, ordenadas por la Troika, están llevando a las familias trabajadoras a situaciones de verdadera tragedia social. Más de seis millones de parados (de los que más del 40% ya no perciben ningún tipo de prestación), el 30% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza (uno de cada cuatro niños vive en la pobreza en el estado español), cientos de familias pierden su vivienda cada día por los desahucios promovidos por los bancos que luego son “rescatados” con dinero público (Bankia ejecuta el 80% de los desahucios que se producen en Madrid), dictadura patronal en las empresas gracias a la reforma laboral y continuos ataques contra los empleados públicos.

A todo esto hay que sumar los brutales recortes en educación, sanidad, servicios sociales y en todos los servicios públicos en general, atacando así derechos sociales básicos. Recortes, copagos y subida de IVA e IRPF para el pueblo, frente a amnistías fiscales y todo tipo de prebendas para los capitalistas (entre los que se encuentra la Iglesia). Y además pretenden devolvernos al sistema educativo de los años 60 con la reforma educativa franquista planteada por Wert. No hay dinero para la enseñanza pública pero sí para financiar los centros de adoctrinamiento de sectas parafascistas como Legionarios de Cristo y el Opus Dei.

Y además quieren acabar con los servicios sociales. El gobierno del PP ha presentado su anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Se trata de un proceso de recentralización, donde los ayuntamientos perderán competencias, de tal manera que pasarán a ser poco más que la correa de transmisión de gobierno central y comunidades autónomas. Por ejemplo, los municipios de menos de 20.000 habitantes perderán todas las competencias en sanidad, educación y servicios sociales, que pasarán a la comunidad autónoma o a las diputaciones. Con su nueva Ley Local lo que realmente pretenden es eliminar los servicios sociales (teleasistencia, ayuda a domicilio para dependientes, autobuses escolares, ayuda a mujeres maltratadas, acogimiento a personas en situación de exclusión social, talleres ocupacionales y tantos otros) en los municipios con menos de 20.000 habitantes, despedir al personal cualificado que los presta, pasar la competencia de los servicios sociales que no desaparezcan a las diputaciones provinciales y privatizar la prestación de esos servicios cediéndolos a empresas concesionarias. Y en los grandes municipios, las competencias en servicios sociales se limitarán a “la evaluación e información de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. Además, en el caso de estos municipios el gobierno central se reservará el derecho de fijar el coste máximo de los servicios a prestar. El proyecto de ley deja en manos de las comunidades autónomas prácticamente todas las competencias en servicios sociales, pudiendo delegar en algunos casos su prestación en los ayuntamientos más grandes, aunque sin decir cómo ni de dónde se van a financiar.  

Y por si todo esto fuera poco, intentan responder a las protestas sociales con un descarado aumento de la represión en todas sus formas (brutalidad policial en las manifestaciones, persecución judicial a los activistas y organizaciones más combativas, anuncio de modificaciones legales para restringir nuestros derechos democráticos…).

En definitiva, ahora más que nunca sobran los motivos para movilizarse. También en el sector de la intervención social. En la actualidad, cuando las clases dominantes han decidido desmantelar el estado del bienestar amparándose en una crisis económica que ellos mismos han generado, los servicios sociales están en peligro de muerte. Recortes, cierres de recursos, pérdida de derechos y depauperación de unas condiciones de trabajo ya históricamente precarias debido a la avanzada privatización de los servicios sociales, entregados a empresas de servicios disfrazadas de ongs. En resumen, despido de miles de compañeros, pérdida de derechos y empeoramiento de los servicios prestados (con las trágicas consecuencias que esto tiene en las condiciones de vida de los usuarios). Sin duda pretenden asestar un golpe definitivo a los derechos sociales conquistados tras décadas de lucha, sustituyéndolos por la vuelta a la caridad. Tampoco podemos dejarnos engañar por las lágrimas de cocodrilo vertidas por las empresas del sector (responsables de la situación del sector en las últimas décadas) que únicamente pretenden salvar sus chiringuitos y mantener sus beneficios económicos. En este momento, como profesionales comprometidos con los usuarios y con el propio futuro de nuestra profesión, no tenemos más remedio que luchar. La Reforma de la Administración Local puede suponer el tiro de gracia para los servicios sociales. Es fundamental que nos organicemos para garantizar el éxito de la huelga en nuestro sector y prepararnos para frenar los ataques, enfocando esa lucha hacia la consecución de unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad.

El 30M y el 1J tenemos que tomar las calles, porque nuestro presente y nuestro futuro está en juego.

30M: Huelga General en Euskal Herria

1J: Pueblos unidos contra la Troika

Cuidadoras de personas mayores de Gipuzkoa tumban la reforma laboral

Extraído de Público

No todo son despidos y empeoramiento de las condiciones del trabajador. 4.800 trabajadores de residencias de la tercera edad y centros de día de Gipuzkoa, en su inmensa mayoría mujeres, han conseguido un imposible hasta ahora: tumbar la reforma laboral. La presión de los sindicatos ELA y LAB junto a la unión de las trabajadoras, en huelga indefinida desde el 13 de mayo, ha conseguido que 34 de las 58 residencias de mayores de la provincia de Gipuzkoa (Euskadi) firmen convenios de empresa que mejoran sustancialmente las condiciones establecidas en la reforma, entre ellas la indemnización de 45 días por despido.

"Es un éxito sin precedentes. Es un ejemplo de que se puede dar la vuelta a la reforma laboral con sindicalismo de confrontación y organizado. Somos el primer sector a nivel estatal que tiene una ingeniería laboral que elimina totalmente la reforma", dice Iñigo Zubeldia, representante del sindicato vasco ELA.

El camino hasta este punto, cercano al éxito total, no ha sido fácil. El conflicto se inició el 19 de octubre de 2012 cuando se constituyó la mesa de negociación sectorial de centros de personas mayores de Gipuzkoa. Las posiciones no podían estar más enfrentadas. Los sindicatos, ELA y LAB, proponían un acuerdo que mejorase la reforma laboral. La patronal, por su parte, se negaba a negociar cualquier punto de mejora a sabiendas de que el tiempo corría en su favor. Si para el 7 de julio de 2013, fecha en la que caduca el actual convenio, no se había llegado a un acuerdo, pasaría a aplicarse el convenio estatal. En la práctica, esto supone 400 euros menos mensuales de salario para los trabajadores por 200 horas de trabajo anual más.

La reacción sindical fue rápida y el camino de lucha elegido, el de la confrontación directa, no les ha traído hasta el momento malos resultados. Entre las mejoras reconocidas en este convenio de empresa único se encuentra el mantenimiento de los 45 días de indemnización en caso de despido improcedente (no 33 como dicta la reforma), la prohibición de despedir trabajadores acogiéndose a días de baja por enfermedad común, el mantenimiento del 100% del salario en la primera baja por enfermedad común y la eliminación del 10% de flexibilidad laboral que permitía a las empresas comunicar variaciones en los horarios del mes con 48 horas de antelación.

"Este último punto era crucial para nosotros. Estamos hablando de un sector en el que el 98% de los trabajadores son mujeres que, en su mayoría, tienen hijos", destaca Zubeldia. Pero la mejora va más allá y recoge otras clausulas contra el trabajo precario. Por ejemplo, ninguna empresa podrá contratar a nuevo personal hasta que todas los empleados tengan una jornada completa. "De esta manera, se elimina la posibilidad de múltiples contratos por horas o jornada parcial que no dan ni para comer ni para cotizar a la seguridad social lo suficiente", añade Zubeldia.

La estrategia seguida por ELA y LAB pasa por presionar a las empresas individualmente para que firmen una a una ante la imposibilidad de firmar un nuevo convenio provincial favorable a los intereses del trabajador. "Si no podíamos alcanzar un acuerdo provincial debíamos buscar que la patronal firmara convenios de empresa individuales que recogieran nuestras demandas", dice Zubeldia.

La herramienta elegida para llevar a cabo su estrategia fue la más clásica de todas: la huelga. La primera, de tres días, a finales de febrero. El segundo aviso, de cinco días, durante la primera semana de mayo. El tercero y definitivo, una huelga indefinida que comenzó el 13 de mayo y que, advierten los sindicatos, continuará hasta que las 14 empresas que hasta ahora se han negado a firmar acepten las condiciones de las trabajadoras. Cuando una empresa firma el convenio, las trabajadoras vuelven automáticamente a trabajar.

Además, la presión también ha sido trasladada a la calle. Desde hace semanas, las trabajadoras mantienen una acampada en el bulevar de Donosti y en las plazas de otros municipios de la provincia de Euskadi como Zubaya o Rentería. Asimismo, cada viernes las trabajadoras de toda la provincia se desplazan hasta Donosti para participar en una manifestación que semanalmente reúne a alrededor de 1.000 trabajadoras.

Elena Arbina, de Donosti, es una de las miles de trabajadoras en lucha del sector. El centro en el que ella trabaja firmó el nuevo convenio de empresa el 26 abril, tras un primer paro de las trabajadoras de tres días, por lo que Elena regresó un día más tarde al trabajo. Sin embargo, esta mujer continúa acudiendo cada día a la acampada junto al resto de sus compañeras de oficio y manifestándose todos los viernes. Su lucha particular ya finalizó pero no la de todas las compañeras.

"Ahora más que nunca tenemos que luchar. Se trata de nuestro futuro y el de los nuestros. Mi empresa firmó. Yo ya estoy 100% reincorporada a mi trabajo pero sigo manifestándome por los derechos de mis compañeras. Por solidaridad", afirma esta mujer de 37 años.

La asociación de empresarios vascos Gipuzkoa (Adegi), dentro de la cual se encuadran algunas de las empresas que gestionan los centros de personas mayores y que se niegan a firmar el convenio de empresa propuesto por los sindicatos, ha argumentado, por su parte, que es imposible asumir las demandas laborales de los trabajadores porque de hacerlo supondría "la quiebra" para sus empresas. "Es una propuesta excesivamente abusiva", han señalado fuentes de la patronal a Público.

En este sentido, las empresas han solicitado al Gobierno vasco la mediación de un árbitro "neutral" que evalúe la situación y concluya si son justas o no las condiciones que exigen los trabajadores. "Nosotros somos un sector sin ánimo de lucro pero no nos podemos permitir perder dinero. Si firmamos la propuesta que quieren los sindicatos entraremos directamente en pérdidas y eso compromete nuestra viabilidad", aseguran estas fuentes.

La Diputación de Gipuzkoa, gobernada por Bildu y de la que dependen los centros de atención a la tercera edad, ha ampliado los fondos destinados a las empresas que gestionan estos centros de 8,2 millones de euros a 9,2 millones estableciendo como condición que las empresas receptoras de estos fondos satisfagan las demandas de los trabajadores.

"No es cierto que el nuevo convenio comprometa la viabilidad de las empresas. La realidad es que la patronal lo que quiere es blindar su margen de beneficios en la explotación de servicios públicos y se está mostrando dispuesta a secuestrar el conflicto y a las trabajadoras para alcanzar sus fines. Nosotros, por nuestra parte, nos hemos propuesto reducir el margen de beneficios de las empresas que explotan servicios públicos y no precarizar, aún más, el trabajo de las cuidadoras", explica a Público Ander Rodríguez, diputado de política social por Gipuzkoa (Bildu) y responsable directo de la gestión política de los centros.

La patronal, por su parte, ha presentado una demanda ante la Justicia contra la Diputación por inmiscuirse en el conflicto. "Cuando nos dicen que no somos imparciales, tienen razón. La Diputación Foral de Gipuzkoa no puede ser indiferente a la precarización del empleo de un sector que depende directamente de nosotros. No podemos ser imparciales cuando lo que está en juego es la precarización del empleo de los trabajadores", sentencia Rodríguez.

Nuevo número de Punto de Fuga

Extraído de Punto de Fuga, de la cárcel a la calle

Después de un año y con mucho esfuerzo ya esta aqui el nuevo numero de Punto de Fuga. Ya puedes descargarlo en el apartado de Hemeroteca. Estos son los contenidos:

 

-Triodos Bank: Una banca nada ética con la infancia

 

-Dossier sobre la Tortura

 

-Entrevista a Rodrigo Lanza, compañero preso del 4F

 

-Cómic

 

-Justicia para Ramón Barrios. Acabemos con los centros de exterminio.

 

 Dadas las dificultades de financiación con las que contamos,hemos tenido que darle un un precio a si que podreis adquirirlo en los por 1,50 (PPV 0.80 para distris). Proximamente te daremos un listado de puntos de distribución, si deseas hacer un pedido de varios números puedes escribirnos a info@puntodefuga.org o visita nuestro facebook https://www.facebook.com/PuntoDeFugaPublicacion.

 

Si quieres colaborar económicamente con nosotros puedes realizar un ingreso en el siguiente numero de cuenta:

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 GRACIAS Y SALUDOS DEL COLECTIVO

Recopilación de programas de radio sobre centros de menores

Os queremos dejar el siguiente enlace http://centrosdemenores.podomatic.com/que es una recopilación de todos los programas de radio de Los sonidos de mi barrio, cuyo tema central son los centros de menores.

El Sindicato de Estudiantes llama a la rebelión contra la LOMCE

Desde el primer día de curso el Sindicato de Estudiantes ha denunciado lo que significa el mayor ataque a la educación pública desde el final de la dictadura franquista: la LOMCE, o lo que es lo mismo, la vuelta a las cavernas educativas y a la educación de los años 50 cuando sólo los más privilegiados podían tener acceso a una educación de calidad.

El Sindicato de Estudiantes ha movilizado a cientos de miles de jóvenes en ocho jornadas de huelga y manifestaciones que comenzaron en el mes de octubre, continuaron en febrero y culminaron el pasado 9 de mayo en una huelga histórica: por primera vez padres, madres, profesores y estudiantes salimos a la lucha de forma unitaria y manifestamos contundentemente al gobierno del PP nuestro rotundo rechazo esta contrarreforma franquista de la educación. Las multitudinarias manifestaciones que recorrieron las calles de las principales ciudades demostraron que la comunidad educativa al completo está en contra de los planes del gobierno del PP para destruir la educación pública que tanto ha costado conquistar.

Este gobierno, nostálgico de la dictadura, que sólo legisla a favor de los grandes poderes económicos, de los banqueros y especuladores, quiere expulsar a miles de jóvenes de familias humildes del sistema educativo de forma prematura, a través de sus reválidas franquistas, de los itinerarios segregadores y clasistas, de tasas económicas escandalosas, para que nos veamos en el mercado laboral sin cualificación y sólo podamos aspirar a ser carne de cañón para la explotación. El paro juvenil actual, superior al 57% muestra ya muy bien el futuro que nos prepara el PP a los jóvenes hijos de trabajadores. Quieren que la educación de calidad vuelva a ser el coto exclusivo de una minoría, quieren una enseñanza privada para los ricos y los más privilegiados ¡No lo vamos a permitir!

Pero esto no es todo, también quieren devolver a la Iglesia Católica los privilegios que tuvieron bajo el franquismo, imponiendo la obligatoriedad de la asignatura de religión como vía para que la jerarquía católica pueda seguir obteniendo millones de euros de las finanzas públicas, seguir imponiendo sus opciones ideológicas a millones de alumnos, y continuar con la segregación por sexos ¡Un auténtico escándalo! Esta vuelta al oscuro pasado de la enseñanza confesional, al igual que pretenden hacer con la reforma de la Ley del aborto, dice mucho del talante de este gobierno: son los portavoces de los sectores más reaccionarios de la sociedad.

La aprobación en el día de hoy de la LOMCE en el Consejo de Ministros no hace más que mostrar el carácter autoritario y antidemocrático de este gobierno y del Ministro Wert, que hace oídos sordos del auténtico clamor social que se vive en las calles contra la LOMCE.

Desde el Sindicato de Estudiantes nos declaramos en rebeldía contra la LOMCE y afirmamos que lo único que ha corroborado hoy el Consejo de Ministros es la necesidad de seguir luchando en las calles. Si este Ministro piensa que con este gesto va desanimar al movimiento masivo de padres, profesores y estudiantes que vimos hace apenas unos días, está completamente equivocado. La aprobación de la LOMCE es una auténtica provocación, un insulto a los millones de jóvenes y trabajadores que hemos participado en las movilizaciones y huelgas contra la LOMCE, y que por supuesto, saldremos a las calles de nuevo con toda la indignación que provocan las acciones de este gobierno. Desde el Sindicato de Estudiantes vamos tomar todas las medidas necesarias para tumbar esta ley que pretende hacernos pagar con nuestra educación el precio de una crisis que no hemos provocado nosotros.

El Sindicato de Estudiantes propone ya a la Plataforma Estatal por la Escuela Pública la celebración de una Gran Marcha sobre Madrid para dejar claro a este gobierno que nuestros planes son continuar la movilización de manera extensa y contundente. Si aún así el PP decide continuar adelante con la LOMCE, plantearemos para el mes de octubre una nueva semana de lucha con 72 horas de huelga, en la que estamos seguros convergeremos con los sindicatos del profesorado y las organizaciones de padres para seguir de forma ascendente la movilización y continuar el camino del pasado 9 de mayo hasta frenar por completo la contrarreforma franquista de la educación.

Sindicato de Estudiantes

Marea Blanca

Empeora la situación de los menores en frontera sur

Extraído de Diagonal

A las denuncias por torturas y expulsiones, que esbozan un dramático panorama en la frontera sur, se suma la segregación de los menores en el centro de La Purísima.

PATRICIA MANRIQUE. Redacción Cantabria

El goteo constante de informes y denuncias pone de manifiesto que la situación en la frontera sur ha empeorado de forma visible para los menores en los últimos meses. Prodein, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), Médicos Sin Fronteras o la propia oficina de la Defensora del Pueblo aportan abundantes datos acerca de la vulnerabilidad de los migrantes en general, y de los menores en particular. En Melilla, que parece estar convirtiéndose en zona preferente de paso a la península –más transitada que Ceuta o Cádiz según el informe Frontera Sur 2013 de la APDH-A–, los menores denuncian torturas y expulsiones, y la segregación educativa a la que se los somete hacen que crezca el número de ellos que opta por buscar una salida a la península en los bajos de un camión.

Aunque continúa sin formalizarse un registro de menores extranjeros no acompañados (MENA), se calcula que constituyen el 5% de las personas que llegan a España por la frontera sur. En su informe de 2011, la Defensora señalaba que una de cada diez quejas recibidas por su oficina de 2009 a 2011 relacionadas con las migraciones y la extranjería tuvieron que ver con los MENA.

Palizas a los menores

G. estuvo a sus 14 años hospitalizado más de una semana con graves daños en el diafragma y el hígado a causa de una paliza propinada por la Guardia Civil en el puerto cuando intentaba pasar a la península colgado en los bajos de un camión, según él mismo denuncia. Llevaba un año en Melilla y seis meses en el centro para MENA La Purísima donde, a falta de actividades, veía correr las horas muertas en el patio. La noche en que fue apaleado iba con otros cuatro amigos que lograron escapar y después lo recogieron en la Ciudad Vieja, donde le dejaron casi inconsciente los guardias civiles, de nuevo según el estremecedor relato del chaval. La asociación Prodein se entrevistó con él a dos semanas del suceso, cuando G. aún no podía andar, y ha presentado una denuncia a la Defensora del Pueblo. “Es espeluznante”, señala José Palazón, activista de esta asociación, quien reconoce que vive “enterrado en denuncias”. “Están sucediendo cosas que antes no pasaban. Esto son torturas y ya no malos tratos”, subraya.

Prodein ha denunciado también, entre otros casos, el de un grupo de cuatro niños, el menor de ellos de 11 años, que pasaron toda la noche en el calabozo y a quienes “les pegaron una paliza con porras eléctricas”. El de 11 años, describe Palazón, “tenía un ojo cerrado totalmente”.

Expulsiones irregulares

El informe presentado por Médicos Sin Fronteras con el título Atrapados a las puertas de Europa hace pensar en una escalada violenta en las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto españolas como marroquíes. Señala que “a finales de 2012, los equipos de MSF trataron a pacientes que afirmaron que la Guardia Civil utilizaba balas de goma para apresarles y golpearles”, así como otras denuncias sobre el uso de porras eléctricas, y que “muchos de los migrantes que logran cruzar las vallas, incluidos algunos con heridas bien visibles, son atrapados por la Guardia Civil española y entregados a las Fuerzas de Seguridad marroquíes”, cuya violencia y falta de respeto a los Derechos Humanos se pone de manifiesto en el documento. Esta entrega supone una violación de la Ley de Extranjería, pues tendrían que ser las autoridades españolas quienes se encargaran de los migrantes llegados a territorio español. De esta población maltratada, un 5% son MENA, un 3% menores de 13 años.

APDH-A denuncia en su informe de 2013 redadas racistas en Melilla que incluyen a menores. Para José Alonso, abogado de la APDH-A, “de las expulsiones nunca se sabe, porque desaparecen un día y los dan de baja como ‘baja voluntaria’ y no se preocupan por dónde están ni qué ha podido pasar”, una práctica denunciada recientemente por la Defensora en su informe 2012. El efecto perverso de estas bajas es que, a efectos de documentación, el arraigo de los menores se pierde y comenzará a contar desde cero si vuelven.

El caso de I. y M., de 14 y 17 años respectivamente, que estudiaban en Melilla, saltó a los medios en noviembre pasado. Una mañana, cuando se acercaban al CETI para encontrarse con otros subsaharianos, dos hombres de paisano que se identificaron como policías les ordenaron que se subieran al coche, les trasladaron a la valla fronteriza y les obligaron a pasar al lado marroquí. Según los chavales, en el lado rifeño miembros de la gendarmería les recibieron con una paliza y les robaron. M. consiguió volver, y ahora se enfrenta al drama de alcanzar la mayoría de edad sin ningún tipo de apoyo. De I. se sospecha que lo intentó sin éxito recientemente en una endeble patera que fue devuelta, estando ya en aguas españolas, a las fuerzas marroquíes, en otra maniobra contraria a la legislación. Palazón denuncia la impunidad: “No les pasa nada, pueden hacer lo que quieren y así se instala la barbarie total”.

Escolarización segregada

En otros casos, las bajas se producen por la falta de expectativas. La Defensora del Pueblo ha denunciado “un importante retroceso” en la escolarización en La Purísima, “siendo menor el número de menores escolarizados fuera del centro”, así como “la falta de actividades formativas para los residentes mayores de 16 años sin escolarizar”. Palazón corrobora esto, “algo que no ocurría desde el año 2000, gracias a la presión de las asociaciones”. En el curso actual, y por una orden del Ministerio de Educación –que en Melilla tiene las competencias educativas, acatada por la Consejería de Bienestar Social melillense–, han sacado a casi todos los MENA de los colegios que, en el torreón del castillo que es La Purísima, estudian segregados del resto. La consecuencia es que “muchos dejan el centro porque, aparte de que allí no se está bien, ahora no pueden ni salir”, explica Palazón.

En la zona del Puerto de Melilla, donde los niños sueñan con el salto a la península, “cada vez se ven más chavales pequeños, niños de diez u once años, vendiendo chicles y cosas así, algo que había desaparecido”, describe con tristeza José Alonso.

Mayoría de edad: condena a la marginalidad

M., expulsado irregularmente, ilustra otro de los retrocesos en la atención a los jóvenes tutelados. Tras conseguir volver de Marruecos, corriendo nuevos riesgos, y al cumplir los 18 años, se cesó su permiso de residencia, aunque éste tenía vigencia para un año más. “Hace unos cuatro años hubo una guerra tremenda para que los mayores de 18 años tuvieran la documentación, pero llevamos cinco o seis meses que, automáticamente, cuando cumplen la mayoría de edad les extinguen el permiso de residencia porque dicen que cesan las causas por las cuales se lo dieron”, explica Palazón. La Defensora del Pueblo ha insistido en que esta práctica viola la Ley de Extranjería. No sólo se les retira el permiso de residencia, sino que se dificulta que los chavales consigan papeles imponiendo trámites y condiciones kafkianas, como solicitar un certificado de soltería que

les obliga a volver a Marruecos. Alonso añade: “Una vez que salen, se tiene que buscar la vida por su cuenta”, pues no hay plan de apoyo alguno para ellos

por parte de Bienestar Social

Presentación del libro: Así en la tierra. Enrique de Castro y la iglesia de los que no se callan, de Marçal Sarrats

16 de mayo, a las 19:30 horas en el auditorio Marcelino Camacho (Lope de Vega, 38. Madrid). Intervendrán en el acto la escritora Almudena Grandes, la periodista Cristina Pardo, el cura Enrique de Castro, Marçal Sarrats y distintos colectivos próximos a la parroquia de San Carlos Borromeo. 

La parroquia de San Carlos Borromeo en Entrevías ha librado innumerables batallas a favor de los marginados: drogadictos, insumisos, okupas, gitanos, presos y sus familiares, desahuciados, inmigrantes... Al frente de esta iglesia de Vallecas, el cura Enrique de Castro lleva cuatro décadas combatiendo las injusticias y enfrentándose a quien haga falta, incluso a la jerarquía eclesiástica. De hecho, en 2007 su desencuentro con el Arzobispado de Madrid, que dio la vuelta al mundo, situó la parroquia de San Carlos al borde del cierre. A partir de Enrique de Castro y de su gente más cercana, Marçal Sarrats nos muestra otra iglesia, la iglesia de los que no se callan, comprometida y solidaria, de fe profunda, que de manera evangélica antepone el ser humano a la ley e incluso a la religión. La demostración palpable de que la fe verdadera exige compromiso y lucha.

El Sindicato de Estudiantes, por la Huelga General

Tras la histórica movilización del pasado día 9, es necesario seguir la lucha. El secretario general del Sindicato de Estudiantes llama a las direcciones de CCOO y UGT a convocar una huelga general para exigir la dimisión del gobierno del PP. Escucha su intervención tras la gran manifestación de Madrid

Marcha nocturna contra la LOMCE

Tras el éxito de las movilizaciones en defensa de la educación pública, el gobierno ha anunciado la paralización de la LOMCE. La lucha continúa este sábado con marchas nocturnas. En Madrid, comenzará a las 22 horas, desde el Ministerio de Educación hasta el Tribunal Constitucional.

Piden que se aclare la muerte de un menor

Extraído de Diagonal

El 19 de marzo, el Grupo de Menores de la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos de Aragón (Asapa) denunciaba públicamente la muerte en agosto de 2012 del menor Libardo, custodiado por el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial (CEIMJ) Juslibol, en Zaragoza. Según Asapa, el informe forense apunta a un “posible” suicidio, pero esta asociación pide que se investigue si se administró al joven psicofármacos que habían sido contraindicados por su neurólogo, y que pueden haber causado un efecto fatal para el menor. “Un problema muy grave que requería información clara y coordinación exhaustiva entre los servicios de salud y el centro de reforma”, insiste Asapa.

A Libardo se le pudo administrar un medicamento contraindicado por su neurólogo

El caso ha sido denunciado por Asapa a la Fiscalía de Menores y ya se encuentra en manos de la Justicia. Además, la asociación ha llevado a cabo la denuncia pública porque, a su juicio, la familia no ha recibido asistencia ni atención, ni la administración ha asumido responsabilidad alguna durante los meses posteriores a la muerte de Libardo. Consideran, asimismo, que hay “una práctica dudosa y sistemática por parte del servicio médico del CEIMJ Juslibol, gestionado por una entidad privada, pero cuya responsabilidad última corresponde al Instituto de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón”. A su juicio, por otro lado, “la intención inicial mostrada por el juzgado de instrucción número 8 de Zaragoza fue decretar el archivo del expediente y el cierre de la vía penal”.

Hasta la fecha, varias asociaciones de protección de derechos humanos, como la propia Asapa, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía o la Coordinadora contra la Tortura, han puesto de relevancia la situación en este tipo de centros, gestionados en un 70% de los casos por entidades privadas, lo cual supone la cesión a manos privadas de la represión.

Represión en manos privadas

Solo los centros de cumplimiento del País Vasco y Cataluña se encuentran bajo tutela pública, mientras que los centros del resto de Comunidades Autónomas, pertenecen a personas jurídicas del sector privado como son por ejemplo Ginso, Grupo Norte o Diagrama.

Como ya apuntaba a este periódico Jorge del Cura, de la Coordi­nadora para la Prevención de la Tortura, el hecho de que estos centros pasen a formar parte del sector privado les hace susceptibles de ser, ante todo, objetos potenciales de negocio y de lucro: “la privatización de la privación de libertad es aberrante” pues “cuando se trata de gestión privada la opacidad aumenta de forma exponencial y en un contexto de negocio”.

Asapa elaboró en 2008 un informe que denunciaba el empleo del aislamiento, la psiquiatrización de los casos y el empleo de psicofármacos en la cárcel de menores de Zaragoza en la que ha muerto Libardo. Este centro es una réplica a escala de la cárcel de Zuera situada a unos pocos metros de este centro penitenciario.

Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía recogió en un informe elaborado en 2008 unas 70 quejas relativas a los centros de Andalucía, gestionados por la Fundación Diagrama, Ginso y Adis Meridianos. Las denuncias referían una cotidianidad plagada de prohibiciones y sanciones, traducidas éstas últimas en encierros en una habitación hasta siete días (40 en algún caso) o la obligación de permanecer sentado en una silla mirando a la pared sin poder moverse lo más mínimo. En el lado de las torturas explícitas, los menores denunciaron la utilización de grilletes para atarles a los hierros de una cama sin colchón, a veces sin que pudieran ir al servicio durante varias horas.

La muerte de Libardo suma la número diez en la tétrica nómina de muertos en cárceles de menores desde 2001, junto a casos como el de Philip, que apareció con una bolsa en la cabeza, el de Miguel, que se ahorcó en el centro Ilundain (Navarra) gestionado por Herritz Berri, o el de Ramón Barrios, que murió en extrañas circunstancias en el centro Teresa de Calcuta (Madrid) gestionado por Ginso.

ASAPA efectúa la denuncia “con la esperanza de que este caso no represente un capítulo más en la lista interminable de muertes silenciosas bajo custodia”.

inforelacionada

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