martes, 17 de enero de 2017

La Otra Memoria Histórica. Navidades Negras

Estas pasadas fiestas se cumplieron 25 años de las Navidades Negras en Asturias. El duro conflicto de la minería, centrado en Hunosa, que se desarrolló entre diciembre del 91 y enero del 92 (paradojas de la historia, mientras se desmoronaba la Unión Soviética). Conflicto que finalmente se saldó con la trágica fórmula de las prejubilaciones y cierre de instalaciones, con la consecuente pérdida de empleo y de músculo industrial.

El 23 de diciembre de 1991 los 20000 mineros de Hunosa se declararon en huelga, sin previo aviso, llamando a extender el paro a toda la minería asturiana para los días 26 y 27. La convocatoria se produce en respuesta a los planes de reestructuración de Hunosa (destrucción de 6000 puestos de trabajo y cierre de instalaciones, entre ellas varios pozos) y por la reindustrialización de Asturias. 36 dirigentes mineros de CCOO y SOMA-UGT iniciaron un encierro en el pozo Barredo. Los enfrentamientos contra las fuerzas del estado se producen desde el primer momento. Enfrentamientos especialmente duros en Mieres, donde los antidisturbios disparan pelotazos contra las casas. Los mineros se defienden valientemente. Como respuesta a la brutal represión, un grupo de encapuchados asalta las oficinas de Hunosa.

El lunes 30 de diciembre, los encerrados en pozo Barredo anuncian el recrudecimineto de las movilizaciones, manteniendo la huelga una semana más en Hunosa, extendiendo el paro al resto de la minería el jueves y el viernes. Además, para ese viernes 3 de enero, los sindicatos convocan huelga general en las cuencas del Nalón y del Caudal. El paro es total y una masiva manifestación termina en el pozo Barredo, para recibir a los sindicalistas que dan por finalizado el encierro. El 4 de enero los sindicatos dan por finalizada la "primera fase de movilización" y hacen un llamamiento a volver a la normalidad laboral en Hunosa. Sin embargo, las asambleas celebradas en los pozos deciden continuar con la huelga, desoyendo a sus propios dirigentes. Siguen adelante los paros, aunque van perdiendo fuerza.

El 9 de enero fracasa el intento de los alcaldes de las comarcas mineras de buscar una salida negociada al conflicto, ante la negativa del gobierno de modificar sus planes para Hunosa. Como respuesta el paro vuelve a ser total en los pozos y se recrudecen los enfrentamientos en las calles. El 10 de enero los estudiantes de Langreo y Mieres salen a la huelga y sustituyen a los mineros en las barricadas, cortando el acceso al valle del Nalón. Continúa el paro y los enfrentamientos con las fuerzas de represión, llegando el día 13 los disturbios hasta Oviedo.

El 15 de enero, por primera vez Felipe González se refiere públicamente al conflicto, defendiendo el plan de reestructuración. La consumación de esta nueva traición supone un enorme jarro de agua fría, lo que junto a la tibieza y los titubeos de los dirigentes sindicales, hace que poco a poco la normalidad laboral se vaya imponiendo en los pozos. Ese mismo día, se reanuda la producción de carbón por primera vez desde el inicio del conflicto. Pero el conflicto no estaba finalizado. Los estudiantes de las cuencas vuelven a la huelga los días 16 y 17, produciéndose de nuevo enfrentamientos con los antidisturbios durante las masivas manifestaciones.

Finalmente los sindicatos claudican, aceptando un plan que incluye miles de prejubilaciones, acelerándose el cierre de pozos y el desmantelamiento del sector minero. Un largo conflicto en defensa de la minería que nunca se cierra y que demuestra la debacle del sindicalismo de pactos y paz social.



Los planes de la burguesía europea (con el beneplácito de la parasitaria burguesía nobiliaria patria) pasaban por someter las economías del sur a los intereses del norte. Incluso hay quien denunciaba que se pretendía convertir a España en el burdel de Europa. Estos planes precisaban del desmantelamiento industrial de nuestro país (pese a sus fuertes debilidades estructurales, en 1974 el estado español era la décima potencia mundial a nivel industrial). Para lograrlo contaban con la traición del PSOE, encabezado por Felipe González. La conocida como reconversión industrial fue un crimen contra la clase trabajadora de nuestro país. De aquellos polvos vienen los lodos en los que nos ahogamos hoy. Mientras el paro hacía estragos y se preparaba el camino para un nuevo mercado laboral basado en la precariedad absoluta, los de siempre se zambullían en la cultura del pelotazo y se hinchaban a robar de los fondos europeos entregados como caramelo envenenado a cambio de destrozar el sistema productivo del país.

La clase obrera defendió a pecho descubierto los puestos de trabajo, frente a la encarnizada represión de los esbirros de Barrionuevo y Corcuera y la difamación de los medios de comunicación que acompañaban a cada cierre industrial. Pero las direcciones sindicales de CCOO y UGT no estuvieron a la altura. En esos momentos ya se había impuesto el modelo sindical basado en la concertación y la colaboración de clases. Una y otra vez, se aplicaba la teoría del mal menor. Pérdida de derechos para mantener el empleo, EREs a cambio de promesas de futuras recolocaciones que nunca llegaban, prejubilaciones (que no eran más que garantizar el pan de hoy a cambio de condenar al paro y la explotación a las siguientes generaciones)...

Si el sector minero no ha desaparecido por completo en nuestro país, (y con él comarcas enteras) es gracias a la lucha de las familias mineras y de las cuencas. Aunque desde entonces vive una lenta y dolorosa agonía, propiciada en gran parte por el chivato y traidor José Ángel Fernández Villa (eterno dirigente del SOMA-UGT), que a la postre ha resultado no ser más que un vulgar ladrón. SOMA-UGT, quien te ha visto y quien te ve.

Y así, de derrota en derrota hasta la situación actual. Nos vendieron la moto de la construcción y ya vemos los resultados. Y nos engatusaron con los cantos de sirena del turismo. No parece casualidad la expansión del turismo low cost. Y ya estamos entre los 10 principales destinos de turismo sexual (junto a República Dominicana, Holanda, Brasil, Indonesia, Kenya, Colombia, Camboya, Filipinas y Tailandia). Parece que lo están consiguiendo, al final tenían razón los del burdel. Pero que tengan cuidado, que la paz social ya deja ver sus grietas.

Concentraciones contra Trump

 

¡19, 20 y 21 de enero: jornadas de protesta internacional!

El próximo 20 de enero, Donald Trump jurará su cargo como nuevo presidente de EEUU. Su discurso racista, machista, homófobo y reaccionario ha provocado una oleada de movilizaciones tremenda nada más ser elegido. Decenas de miles de jóvenes y trabajadores han salido masivamente a la calle al grito de ¡Abajo Trump! y ¡No es mi presidente!

Desde el Sindicato de Estudiantes en colaboración con el CEDEP (Comité Estudiantil en Defensa de la Educación Pública en México) estamos llevando a cabo una campaña de solidaridad internacional con Socialist Students, la organización que está llevando a cabo las movilizaciones contra Trump en EEUU.

Coincidiendo con los paros convocados por nuestros compañeros de Socialist Students en todos los institutos de EEUU el día 20, ¡llamamos a todo el mundo a participar en las concentraciones!

¡Levantar la resistencia contra Trump con la movilización masiva de los jóvenes y la clase trabajadora!

SÁBADO 21 DE ENERO
Madrid: 12:00h frente a la embajada de EEUU (Serrano, 75)
Barcelona: 12:00h frente al consulado de EEUU (Passeig de la Reina Elisenda de Moncada, 23, Sarriá)
Sevilla: 12:00h en Plaza Nueva
Valencia: 12:00h frente al consulado de EEUU (Carrer del Doctor Romagosa, 1)
VIERNES 19 DE ENERO
Asturias (Oviedo): 18:00h en Plaza la Escandalera

lunes, 16 de enero de 2017

Acto por la absolución de los 5 del Buero



En 2011, después del estallido del 15-M, y en el marco de las protestas por los recortes en educación que la Comunidad de Castilla la Mancha había anunciado, se produjeron protestas en muchos lugares, entre ellos en Guadalajara. Una de esas protestas acabó en el teatro Buero Vallejo donde se celebraba el pregón de las fiestas. Una protesta contundente, pero pacífica.

Meses después, 5 personas seleccionadas minuciosamente de entre los participantes en la protesta, fueron encausadas y, después de un largo y esperpéntico proceso, se enfrentan ahora a un juicio que se celebrará el próximo mes de febrero en el que la acusación particular pide cuatro años de cárcel y 3000 € de indemnización conjunta. Para denunciar esta situación han estado con nosotros dos de sus protagonistas, Miguel Angel y Domingo.

Escucha la entrevista a los represaliados en El Candelero

domingo, 15 de enero de 2017

Apoya la campaña #1EUROPORMEMORIA

Tras nuestro paso por el programa de Recuperando Memoria, iniciamos un proyecto de colaboración con este grupo de jóvenes con el que no sólo nos une la inquietud por "la otra memoria histórica", también la lucha por la justicia social.

Han lanzado la campaña #1EUROPORMEMORIA para poder seguir adelante con su labor de divulgación y denuncia, para que al menos su esfuerzo no siga costándoles dinero. Apoya la lucha contra la amnesia de nuestro país...donando un euro al mes podrán seguir pagando el estudio, el dominio y afrontando los gastos del día a día derivados de la labor periodística.

Pincha el enlace y participa a través de TEAMING

Pinchando aquí puedes escuchar todos sus programas (ya van por la segunda temporada). Y sobre todo, no olvides difundir. ¡Verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo!




sábado, 14 de enero de 2017

Hortaleza Boxing Crew: Nuestros sueños no se derriban

Hortaleza Boxing Crew es un proyecto creado por la gente del madrileño barrio de Hortaleza con la intención de ofrecer un punto de encuentro a la chavalada del barrio, y de paso detectar posibles necesidades y actuar, utilizando como excusa el boxeo.

Nunca han querido saber nada de las administraciones públicas, sólo que les dejen en paz. Y es que la Comunidad de Madrid pretende derribar el local en el que desarrollan su actividad, sin ofrecer ninguna alternativa viable. En 1974 fue cedido a los vecinos del barrio de La Uva, en el distrito de Hortaleza un espacio en la calle Alfácar 45. El movimiento asociativo, con su dinero y trabajo, construyó las paredes, el suelo y acondicionó lo que sería su local oficial hasta 1996. En 1989 se fija una renta simbólica de 1000 pesetas anuales. En 1996, tras la primera remodelación de La Uva, se derriba el local de la calle Alfácar y se les da a las asociaciones un local en la calle Abarzuza Bloque 31. Este local es la sede oficial actual de las asociaciones vecinales del barrio. 


Han organizado para hoy, una jornada reivindicativa, con la chavalada como protagonista. ¡Apoya la lucha, crea tejido social en los barrios! Porque nuestros sueños no se derriban

 

miércoles, 11 de enero de 2017

Penosa situación de la solidaridad en España

Con motivo de la crisis económica, mucho dinero público se está yendo a la caridad, y ello pese a que la solidaridad social para los más pobres –es decir, el gasto público que se emplea directamente en las personas con gran precariedad de ingresos o sin ingresos– es insuficiente. Las cifras de gasto público en lo social son muy engañosas, ya que se incluye ahí mucho gasto político y burocrático que no tiene sentido contabilizar en el cálculo.

Lo más importante consiste en saber lo que reciben las personas directamente. Por ejemplo, cuál es la renta mínima garantizada, o cuánta gente la recibe anualmente. Pero el gasto social en relación al PIB esconde y oculta un gasto poco justificable para contabilizar como gasto social. Sin embargo, más allá de ese debate técnico sobre cómo se cuentan las cosas, lo importante es saber cuál es la situación de verdad.

Protección social

Realmente esa es la aspiración mínima que se debería tener como sociedad. Sin embargo, en nuestro país, el sistema de protección social es muy débil y frágil y no está garantizado como derecho. Por muy pomposamente que las comunidades autónomas hablen de rentas mínimas garantizadas, la verdad es que no se garantizan esas rentas mínimas. Lo mismo pasa con la ayuda –muy modesta– a la dependencia. Tampoco se está garantizando. Es importante tener la aspiración de la seguridad. Las personas deben saber que, si se quedan sin trabajo o si ya no están en condiciones de trabajar, pueden al menos subsistir .Eso no está garantizado en España. Por supuesto, algunos podrían decir que pocos países en el mundo lo garantizan. Se equivocan: la mayoría de los países con rentas per capita por encima de 30.000 dólares lo garantizan de una u otra manera.

Se suele poner el ejemplo de EE.UU. como estado desastroso en la protección social, pero esa idea de considerarlo un país sin sistema de protección social es totalmente injusto. Quizás no sea un ejemplo perfecto, pero se puede afirmar que un pobre vive mejor en EEUU que en España. Además, en EEUU hay muchísimos menos pobres. Y qué decir de los países nórdicos o de Centroeuropa, donde la protección social es muy sólida. Si exceptuamos el caso francés, donde el laicismo ha dado una impronta fuerte de estado social al país, en el resto de países católicos la protección social es media-baja: Italia, Grecia, Portugal, Polonia. Es decir, en la fortaleza de la protección social influyen más factores que la renta de un país.

Paradojas y falsedades

El informe realizado por Comisiones Obreras sobre la protección social en España refleja asépticamente, cual es la situación en España: “Los instrumentos tradicionales con los que cuenta nuestro sistema de protección social se muestran claramente superados ante la realidad creciente que deben proteger. Son ya 771.000 los hogares, y no dejan de crecer, en los que todos sus miembros carecen de cualquier tipo de ingresos salariales (salario, pensión, desempleo, subsidios…); cerca de 2 millones de hogares tienen ingresos per cápita inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional (y en ellos viven un total de 6 millones de personas, de los que casi 2 millones son niños); casi 3 millones de familias reconocen que sufren “privación material severa”; es decir, que no pueden acceder a bienes básicos (como calefacción, alimentos, vivienda…). La desigualdad social crece”.

En nuestro país, entre cinco y siete millones de personas deberían estar protegidos socialmente de otra manera a como están. Pongamos el caso de las rentas mínimas garantizadas. Aparte de que no están garantizadas, estas rentas mínimas de inserción cubren a poquitísima gente. En el año 2013, las personas beneficiadas fueron 258.000 y la cuantía media fue de 418 euros. Pero lo más curioso es que el programa que suponía, en ese año, 1.041.000.000 euros, la mitad era gasto del País Vasco, donde la cuantía de la renta mínima era mucho mayor que en el resto de España. En efecto, en el País Vasco, la nación como menos desempleo de España, en el año 2013 los perceptores de la renta mínima fueron 75.000 personas, y la renta mínima se situó en 663 euros. Paradójicamente, en Extremadura, la región con más desempleo de España, los perceptores fueron 1.266 personas y la renta mínima 400 euros. Desde luego estas cifras hablan muy bien del Gobierno vasco.

España es un país paradójico: tenemos una guardia civil que es militar y unas organizaciones no gubernamentales que son del gobierno.

Iglesia y ONG
  
La crisis económica ha debilitado nuestro estado de bienestar y el futuro del mismo es incierto. En cuanto al sistema de protección social para las personas que no tienen nada, era apenas inexistente. Ahora se está convirtiendo en una necesidad para la tan anhelada –por los ricos– estabilidad política y social, pero es difícil que se pueda reforzar.

Y en medio de este turbulento presente, fondos públicos de todas las administraciones se dirigen hacia las iglesias, las fundaciones y las organizaciones no gubernamentales, ávidas de caudales para apuntalar el negocio de la caridad. El tener una Iglesia católica muy activa en la asistencia social –generalmente utilizando fondos públicos– empobrece el sistema público de protección social. Cuanto más caridad hay, menos protección social existe.



 

martes, 10 de enero de 2017

La Otra Memoria Histórica. A 80 años de los bombardeos en la Noche de Reyes

Almería fue una de las ciudades más castigadas por la aviación y navíos fascistas. La ciudad quedó devastada y las personas atemorizada.

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Quien visite Almería a día de hoy podrá ver que una de sus ofertas turísticas son los refugios de la Guerra Civil. Los refugios de Almería son unos de los más grandes de Europa, pues fueron pensados para poder albergar a toda la población (unas 50.000 personas).
La construcción de estos refugios fue indispensable, pues sin ellos lo más seguro es que las 752 bombas que calleron sobre la ciudad hubiera dejado miles de muertos.

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La Noches de Reyes
Almería sufrió tres bombardeos, dos de ellos de gran relevancia debido a la devastación que provocaron, pero el de la noche de reyes quizás fue el más doloroso para las mentes de la población almeriense, sobretodo de los más pequeños.
En la noche de reyes de 1937, cuando todos los niños vivían el único día desde que comenzó la guerra con ilusión, comenzaron a sonar las sirenas de la ciudad y todas las personas corrieron hacia los refugios.
Una vez dentro durante esa noche, los niños y niñas de Almería vieron como los reyes solo les trajeron bombas y dolor.
Ayer se cumplieron 80 años de este terrible bombardeo, y al parecer nadie ha sido capaz de recordarlo. Como siempre para este país que se sustenta sobre el olvido, aquello que no interesa sigue ocultándose.

lunes, 9 de enero de 2017

Barbarie en los centros de menores catalanes

El diario El Periódico se ha hecho eco de la situación en que se encuentra el sistema de protección de menores de Catalunya, en el artículo Polvorín en los centros de menores tutelados por la Generalitat. La realidad de los centros de menores dependientes de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) es inadmisible en lo laboral: plantillas sometidas a precariedad, explotación y relaciones laborales basadas en el sometimiento profesional. Pero lo realmente grave es la dickensiana situación que sufren las niñas y los niños "protegidos" en los centros. Un panorama desolador: deficientes instalaciones, plagas de piojos y chinches, hacinamiento, separación de hermanos, adoctrinamiento religioso, castigos medievales... Lo que lleva a fugas constantes. Incluso se han detectado menores tutelados inmersos en redes de prostitución.

Además, El Periódico también ha dado voz a las víctimas directas del sistema de protección de menores, publicando "Aprendí lo peor: a maltratar". Es sorprendente cómo una y otra vez coinciden los testimonios de gente que no se conoce y de diversos lugares, y cómo también coinciden las explicaciones de las autoridades y las osigés que manejan el tinglado. Y cómo al final, tras cada escándalo, nunca pasa nada, salvo alguna represalia contra menores y familias y algún que otro despido entre quienes denuncian (aunque a veces algunos imperios "solidarios" se desmoronan por la presión social, como O´Belen).

Los responsables de la DGAIA tienen que dimitir y depurarse las responsabilidades penales que sin duda se dirimirían en cualquier país serio y decente. Aunque esta vez puede que no todo quede impune. Las familias se están organizando y APRODEME ha decidido presentar una denuncia colectiva frente a la Fiscalía General del Estado y el Parlamento Europeo "contra el sistema de protección de menores de los servicios de bienestar social" que funciona en el estado español, ya que "se rompe sistemáticamente a familias, separando a los menores de las mismas, en la mayoría de los casos de forma abusiva y brutal". Otras tres organizaciones se han sumado a la iniciativa. El Periódico también se ha hecho eco de esta realidad, en Familias rotas por la retirada de niños denuncias abusos del sistema. 

La situación catalana es extrapolable al resto del estado. Numerosos colectivos sociales llevan años denunciando los abusos del sistema de protección de menores y los malos tratos en centros de menores. Incluso instituciones nada sospechosas de radicalismo filoterrorista como el Defensor del Pueblo de España o Amnistía Internacional llevan años denunciando todo tipo de irregularidades y malos tratos. Y otro hito muy importante: en Catalunya el movimiento sindical ha abandonado el tradicional corporativismo y amarillismo en el sector y CCOO, UGT y CGT han impulsado la creación de la Plataforma en Defensa del Menor Tutelado. Éste es el camino, que movimiento obrero y moviminetos sociales en defensa de menores y familias que están surgiendo planten cara coordinadamente al sistema. Además, por fin la izquierda transformadora está empezando a encarar el problema en Catalunya, Comunidad de Madrid, Aragón...

La solución pasa por, en primer lugar, acabar con la privatización (de los centros de menores y de los servicios sociales en general). E introducir la tutela judicial en los procesos de retirada de tutelas. En definitiva hay que repensar el sistema en su totalidad, y el camino sólo se hace caminando...



viernes, 6 de enero de 2017

Carbón para Ahora Madrid

Ayer la Cabalgata volvió a ser un acto alegre y participativo, con la infancia como protagonista. Y con gestos importantes de sensibilización y sensibles con la diversidad. Aunque los Magos de Oriente volvieron a convertirse en Reyes como dios manda. Metáfora de las sensaciones que cada vez más sentimos tras año y medio de gobierno de Ahora Madrid.

Cierto que se han conseguido importantes avances. Cierto que se ha logrado reducir la deuda mientras se aumentan las partidas sociales. Cierto que hay un obvio cambio de talante. Pero eso también ocurrió con Zapatero. Y como entonces, ya van siendo muchas las decepciones. Y duele especialmente que te engañe tu propia gente. Nos prometieron devolver las instituciones al pueblo y eso no está pasando. Un ayuntamiento es fundamentalmente los servicios públicos que presta, pero siguen privatizados, por lo que la ciudad sigue en manos de las grandes empresas. Votamos por el cambio, pero sin remunicipalización el cambio es imposible. Desde varios ayuntamientos (con Madrid a la cabeza) se alega que no se puede, que existen trabas legales, que hay muchos intereses, que supondría un enfrentamiento con los poderes económicos...¡pero es que de eso se trata, para eso os hemos votado! Además, varios procesos remunicipalizadores en marcha demuestran que claro que se puede (Xixón, Iruña, Arganda, Castelldefels...). Es cuestión de voluntad política.

Doble ración de carbón para Marta Higueras

El Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo es fundamental para el  bienestar de la ciudadanía madrileña. Y es verdad que se han producido mejoras y aumentado significativamente presupuestos. Pero mientras nuestros servicios sociales sigan privatizados la población más vulnerable no recibirá la atención de calidad a que tiene derecho. Y quienes nos dedicamos profesionalmente al sector seguiremos explotados por empresas como CLECE, GRUPO 5, TRAMA o ASISPA, muchas de las cuales ni siquiera aplican el convenio, ¡en vigor desde 2015!

Pero lo que más nos ha dolido ha sido la actuación municipal en relación a los niños de la calle de Hortaleza. El Ayuntamiento de Madrid no puede esconderse detrás de un conflicto de competencias para justificar que ha permitido que durante meses un grupo de niños viviera en un parque. Esta lamentable actuación pone de manifiesto un gran problema: nuestra gente en las instituciones corre un grave peligro de terminar siendo un eslabón más en la cadena de dominación institucional. Lo que era de esperar de representantes de los movimientos sociales y la izquierda transformadora en las instituciones es que se pusieran al frente de la defensa de estos niños (como sí ha hecho la diputada Isabel Serra), denunciando las negligencias de la Comunidad de Madrid con relación a la protección de menores, pero al mismo tiempo actuando y protegiendo de facto a los niños, incumpliendo la ley si hacía falta. Porque el deber de socorro y la defensa de los derechos humanos está por encima de todo. Nada de esto ha pasado.

No hay excusas ante la gravedad de los hechos. La realidad es que tras ser maltratados durante meses en las calles de Madrid, los niños han desaparecido. Y nadie los está buscando. Niños que con 11, 12 o 14 años han dejado su tierra y a su gente, han cruzado el Estrecho, han llegado hasta Madrid, y que tras recibir un brutal rechazo, han emprendido un nuevo viaje, demuestran un coraje, unas ganas de vivir y una acometividad digna de admiración. Sólo un seguidor de Maruhenda puede creer que un niño hace todo esto sólo para drogarse en un parque. Pues es lo que dicen todos los implicados. Para la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y hasta para los dirigentes del sector de menores de CCOO y UGT, estos niños son unos antisociales que prefieren estar drogándose en el parque que viviendo en los maravillosos centros de menores. Indigna actuación corporativa y amarillista que demuestra lo lejos que puede llegar la degeneración de la burocracia sindical.

Desgraciadamente, Marta Higueras también se ha sumado al coro negacionista y criminalizador . Imperdonable. Como imperdonable es lo que le ha pasado a Salvi. Él sí era de tu competencia, Marta. Un abrazo allá donde estés, compañero. Y que no falten las fotos navideñas con el Padre Ángel, que esto cada vez recuerda más a Plácido.

jueves, 5 de enero de 2017

Dianova "acoge" a los refugiados en un centro destinado a drogodependencias

La asociación Dianova es una organización dedicada a gestionar servicios sociales: toxicomanía, infancia o inmigración son sus áreas de trabajo. Acumula numerosos contratos con administraciones para encargarse de sus obligaciones públicas. En su diversificación de actividades, ha terminado por juntar sus proyectos de drogodependientes y refugiados en unas mismas instalaciones en la Comunidad de Madrid, según contaba la Cadena SER.

Los refugiados se han quejado de vivir peleas por el consumo de drogas y tener a sus hijos en las dependencias empleadas para atender a personas con drogodependencia, además del mal estado de las instalaciones, según relataban en la información. El Gobierno había enviado allí a 99 asilados.

Dianova es heredera directa de la asociación J.L. Engelmajer: El Patriarca. Fundada por Lionel Engelmajer, la organización construyó desde 1974 un imperio internacional de centros privados de atención a toxicómanos. En España alcanzaron más de 60. Pero, a finales de los años 80 del siglo XX, la red saltó por los aires.

Los centros carecían de homologación sanitaria. Además, se les acusó de retener a los internos contra su voluntad (se llegaba a obligar a que firmaran todos los días que estaban allí por su propio deseo, según relataba la prensa de la época). En 1990, Engelmajer anunció que abandonaba la actividad en España tras la detención de dos de sus colaboradores.

En 1995, Francia consideró oficialmente su movimiento una secta. Tres años después, un grupo de colaboradores echó al fundador, que terminó condenado por blanqueo de capitales, y se convirtieron en Dianova. Desde entonces su actividad en España solo ha crecido.

La asociación explica que realiza "una labor solidaria trabajando por y para las personas que lo necesitan". Aseguran que no se privilegia "ningún enfoque específico en su intervención, salvo aquellos demostrados eficaces por la evidencia y el rigor científicos y que tienen como objetivo promover la salud y la calidad de vida".

Ministerios, gobiernos regionales, diputaciones...
Dianova está legalmente registrada en el Ministerio del Interior desde 1982, según la base de datos oficial. En 2012, el Ayuntamiento de Madrid la declaró de utilidad pública. A base de gestionar servicios sociales externalizados ha ampliado su cartera de servicios: trabaja (o ha trabajado) para los ministerios de Sanidad, Empleo, Asuntos Exteriores o Educación además de los Gobiernos regionales de Madrid, Navarra o el Ayuntamiento de la capital. También para las diputaciones de Álava y Bizkaia.

Se encargan de la asistencia a familias, puntos de encuentro para intercambio de menores en casos de separación, programas de atención humanitaria internacional, integración de inmigrantes e intervención en drogas y adicciones, según detalla su presentación. En buena parte, de la mano de fondos públicos. En 2014 el Ministerio de Empleo le concedió la Cruz del Mérito al Trabajo. 

En sus cuentas de 2014, Dianova muestra unos ingresos por subvenciones y ayudas oficiales de 861.452 euros. En convenios y contratos sumaba otros 1,9 millones. En septiembre de 2016, formalizó un contrato con el organismo Madrid Salud del Ayuntamiento por medio millón de euros.
Así que, en esta acumulación de tareas, mezcló en sus instalaciones de Ambite (Madrid) –heredadas de la época de El Patriarca– a refugiados con usuarios del contrato con la Agencia Antidroga de Madrid. A pesar de las quejas, Dianova ha contestado que "son incidentes aislados".

La Comunidad de Madrid se ha mostrado tranquila tras conocerse esta manera de funcionar de la organización: "No se trata de un centro de tratamiento, sino que es un servicio residencial, no sanitario", indica un portavoz de la Consejería de Sanidad. "Los informes, mes a mes, de la Consejería indican que todo está correcto", añade.

Problema del sistema

Dianova ha crecido al calor de la privatización de los servicios sociales. "Es un problema de modelo", insistió la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, en un Pleno el pasado 17 de marzo a cuenta de la gestión privatizada de la acogida de menores, una de las facetas de Dianova.

Serra aseguraba que las plazas a cargo de organizaciones recibían "una media de 2.000 euros al mes" por los "97 de una familia de acogida". "Lo que hay detrás de estas cantidades es un negocio para empresas con Ginso, O'Belén y Dianova", analizaba. "Y encima aparece en la partida presupuestaria dedicado a organizaciones sin ánimo de lucro".

eldiario.es

El programa La Ventana de Cadena Ser entrevista a una refugiada venezolana que explica su experiencia en este centro 

martes, 27 de diciembre de 2016

Los menores tutelados por la Comunidad de Madrid vuelven al parque


Los menores tutelados por la Comunidad de Madrid vuelven a dormir en un parque de Hortaleza desde el pasado 16 de diciembre. La Fundación Raíces, que ya había advertido anteriormente la situación de estos niños marroquíes, ha denunciado este lunes que el Ejecutivo regional ha obligado a la Asociación Mundo Justo, de Rivas Vaciamadrid, a expulsarles del piso donde les había acogido el pasado 23 de noviembre.

La presidenta de Raíces, Lourdes Reyzábal, ha mostrado en la SER su preocupación por la situación de los menores. Reyzábal ha asegurado que no entiende por qué se han puesto trabas a una solución que funcionaba. "Los niños han estado mejor que nunca", ha asegurado la presidenta en Hoy por Hoy Madrid, "han dejado de consumir desde el primer día, porque se sienten bien tratados".

Reyzábal ha asegurado que no entiende "el empeño" de la Comunidad en que esos niños "vuelvan a un centro del que han huido".  Tres niños denunciaron ante el juez en noviembre, que habían sido agredidos en el centro. Además, ha asegurado que la Asociación Mundo Justo, que se hizo cargo de los menores, se ofreció "a darles una alternativa "de acuerdo con la Comunidad de Madrid". Reyzábal además, ha enfatizado la solidaridad mostrada por el barrio de Hortaleza con los menores y ha lamentado que pasaran la Nochebuena "encerrados con candado" en el parque.

Desde el Gobierno regional han reconocido que el acogimiento en el piso de Mundo Justo era "humanamente" la mejor solución, pero han asegurado que no encontraron un encaje legal para la medida. Desde la Consejería de políticas sociales han asegurado que se tomó esta decisión "muy a pesar suyo", pero que tuvo que hacerse porque Mundo Justo no tiene proyecto educativo. Además, han recalcado que, en todo momento, el Gobierno ha trabajado junto con la Fiscalía.


No podemos más que mostrar  nuestra indignación ante un nuevo ejemplo de la inhumanidad del sistema de protección de menores. Un grupo de niños se fugan de un centro porque aseguran que allí les han maltratado (han denunciado judicialmente las agresiones) y malviven en un parque, donde consumen sustancias tóxicas. Se les intenta criminalizar, pero la ciudadanía de Hortaleza se vuelca con los chavales. Llega una solución: son acogidos en Rivas, en un piso. Del que los chavales no se fugan porque están bien atendidos. Dejan de consumir y esperan el fin de las vacaciones para iniciar su escolarización. Y entonces la Comunidad de Madrid descubre que ese piso en el que los menores se encuentran   perfectamente atendidos no tiene proyecto educativo, por lo que no puede atenderles. Así que ordena su devolución al centro donde no quieren estar porque son maltratados. Así que para solucionar la falta de proyecto educativo en Rivas los chavales terminan de nuevo en la puta calle. Y para colmo, en Nochebuena se cierra con candados la entrada del parque, dejando allí encerrados a los niños e impidiendo así que los vecinos arroparan con su solidaridad a los chavales. Suponemos que todo, como siempre, pensando únicamente en el interés superior de los niños. Vergonzoso.

viernes, 23 de diciembre de 2016

Estas Fiestas, ¡no bebas CocaCola!

El conflicto de CocaCola continúa en la fábrica de Fuenlabrada. La empresa sigue sin cumplir la sentencia, demostrando una vez más que la Justicia en este país sigue mordiendo sólo a los que vamos descalzos. Desde el Colectivo No a O´Belen nos solidarizamos con esta extraordinaria lucha, por lo que llamamos a reforzar el boicot contra los productos de esta multinacional.

Os dejamos con las Espartanas, que nos desean felices fiestas (pincha aquí para ver el video) y con el trailer del documental Cuando David se enfrenta a Goliat

 


viernes, 16 de diciembre de 2016

18-D: Las personas y sus derechos lo primero


Concentración contra la expulsión del activista Lagarder

El próximo sábado 17 de Diciembre a las 12h tendrá lugar una concentración frente al ayuntamiento de Málaga en contra de la injusta orden de expulsión de Lagarder Danciu, orden de expulsión basada en acusaciones falsas. Es falso que Lagarder sea una amenaza para el orden público, en tal caso lo es para el orden establecido, un orden en el que los desfavorecidos son olvidados y tachados de fracasados. Lagarder solo pretende dar visibilidad a estas situaciones, y por eso se lo quieren quitar de encima. Por lo tanto este sábado a las 12h mostremos nuestro rechazo a tal injusta decisión.


viernes, 9 de diciembre de 2016

La caridad enemiga de la solidaridad

La privatización de los Servicios Sociales y el papel preponderante que la Iglesia (y otras iglesias no católicas) tienen en el llamado Tercer Sector, supone que la caridad subvencionada esté ganando la batalla a la intervención social científica basada en derechos de la ciudadanía.

Desde el Colectivo No a O´Belen agradecemos la valentía de Diario16 al llamar a las cosas por su nombre. Debido a la gran maraña de intereses económicos y políticos que rodea a los Servicios Sociales, rara vez los medios de comunicación van a la raíz de la cuestión, limitándose a ser los voceros de las distintas ONGs (y propagandistas del Padre Ángel, al que terminaremos viendo canonizado). ¡Gracias!

LA CARIDAD ENEMIGA DE LA SOLIDARIDAD

España vive una galopante mercantilización de los servicios sociales

La Iglesia católica suele justificar sus privilegios acudiendo a su obra social. Suele esgrimir que su obra social ahorra miles de millones al Estado. En realidad, la Iglesia católica y sus órdenes religiosas y ONGs o fundaciones religiosas han fortalecido de forma impresionante el negocio de la pobreza y servicios sociales con un entramado de instituciones que ninguna otra empresa del tercer sector se pueda comparar. Incluso rivaliza con el Estado.

Veamos, por ejemplo, la asistencia social a ancianos. En España hay 359.000 plazas residenciales para ancianos de las cuales 97.000 están en residencias públicas y el resto en residencias privadas. Pues de estas 264.000 plazas privadas, más de 150.000 están en instituciones religiosas y, muchas de estas plazas están subvencionadas con fondos públicos. Otras veces las órdenes religiosas mantienen residencias como meros negocios privados.

Veamos el caso de los niños tutelados. En España, hay 21.000 niños tutelados que viven en residencias; pues bien, cerca de 13.000 lo hacen en residencias gestionadas por órdenes o fundaciones religiosas. Y el 90% se financian con fondos públicos. La ONU ya ha advertido de esta extraña situación.

Pongamos otro ejemplo que afecta a los ayuntamientos y que ha aumentado mucho con la crisis económica: albergues para los sin techo y comedores sociales para pobres. La mayoría son católicos y muchos reciben subvenciones municipales. Todo ello se hace no solo a través de Caritas, sino a través de un sinfín de ONGS y fundaciones, y muchos ayuntamientos dan dinero para ello. Un ejemplo reciente en España ha sido el Banco de alimentos: un montaje del Opus Dei vinculado a las grandes superficies que además recibe subvenciones municipales y compras estatales de alimentos.

En el ámbito de la drogodependencia, la Iglesia católica y sus hospitales también son una fortaleza. Es el caso del famoso Proyecto Hombre, que se ha enmascarado bajo la apariencia de asociación civil. Existen también ONGs vinculadas a obras religiosas con gran oscuridad y nada de transparencia en su financiación. Es el caso de la muy subvencionada obra del Padre Ángel: Mensajeros por la paz y satélites. Estas ONGS, muchas veces enmascaradas en una gran variedad de personalidades jurídicas, son especialistas en recibir ingentes donaciones y subvenciones públicas. Una de las características de todo esto es la opacidad y oscuridad financiera de las ONGs, fundaciones y otras instituciones vinculadas a las iglesias e igualmente la gran capacidad que tiene para recibir subvenciones. Adviértase aquí que en uno de los principales escándalos de fraudes de chiringuitos financieros en España, el famosísimo caso de GESCARTERA, las principales entidades involucradas eran fundaciones y órdenes religiosas.

Es cierto que esto solo es posible por una dejación de funciones por parte de las administraciones públicas. Ya que, en los últimos tiempos, muchísimos servicios sociales se están externalizando en manos de empresas o en manos de ONGs e iglesias. Que en el siglo XXI ayuntamientos, como el de Madrid, paguen los comedores para los pobres de los conventos es un insulto a los ciudadanos.¡La iglesia católica u otras iglesias si quieren hacer caridad que lo hagan por su cuenta pero no con los ingresos públicos!

Algunos ayuntamientos así lo han entendido, como el Ayuntamiento de Valencia, que ha suprimido las subvenciones al Banco de Alimentos. Pero esa no es la tónica general. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, se subvencionan este tipo de proyectos e incluso se quiere dar una visión positiva de los mismos. La ciudadanía del siglo XXI no puede aceptar que las iglesias, con fondos públicos, hagan caridad. ¿Cómo es posible que en un país con una renta per cápita de 30.000 dólares podamos tener más de la mitad de los niños tutelados en manos de instituciones religiosas? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI los ancianos sin recursos tengan que acabar sus días en los asilos de las hermanas de la caridad y/o de las hermanas hospitalarias?

Desde finales de los noventa, los servicios sociales de los ayuntamientos y diputaciones están siendo jibarizados por el denominado tercer sector –la mayoría en manos de la iglesia católica y las empresas privadas–. Servicios como asistencia domiciliaria, albergues para sin techo, drogodependencia, menores, inmigrantes, refugiados, etc. están siendo externalizados a través de contratos públicos o bien se están dando al tercer sector. De los servicios sociales propios y derechos sociales estamos regresando a sistemas de caridad y en todo caso a una mercantilización de los servicios sociales; una tendencia que pareciese sin alternativa.

Pongamos un ejemplo: recientemente el ayuntamiento de Barcelona –el de Ada Colau–sacó a concurso el servicio de asistencia domiciliaria por valor de 114 millones de euros. Las empresas ganadoras han sido SACYR con su filiar VALORIZA y CLECE, empresa de limpieza del grupo ACS presidido por el todopoderoso Florentino Pérez. Algunas empresas del Tercer sector han sido eliminadas del concurso por no poder competir con los precios ofertados por estas mega empresas. ASISPA, CLECE, VALORIZA etc. son empresas que se están quedando con una gran parte de los servicios sociales de los ayuntamientos bajo la mirada sospechosa de las medianas empresas y organizaciones del tercer sector.

En realidad, tanto las empresas privadas mercantiles o las empresas del tercer sector, teóricamente no lucrativo, cumplen la misma función: Justifican el repliegue de las administraciones públicas hacia el mercado en todo el ámbito de los servicios sociales y la pobreza. Ni lo viejos ni los nuevos ayuntamientos parecen tener fórmulas para detener esta mercantilización de los servicios sociales. Lo que es evidente es que se está cayendo en una nueva caridad mal organizada financiada con fondos públicos y prestada por CARITAS por CLECE o por el Padre Ángel.

La caridad es un concepto contra la Res-publica. El concepto guía para un Estado laico en la lucha contra la pobreza es el de la solidaridad social que se ejerce a través de la ley y de los derechos   y se realizan a través de los servicios públicos y ello acompañado por propuestas universales de garantía social como la Renta Básica o el trabajo garantizado.


La ciudadanía se está organizando frente a esta realidad. APRODEME, Marea Turquesa o la Red de Solidaridad Popular son ejemplos de ello. Y en Madrid se han producido ya las primeras movilizaciones conjuntas de personas sin hogar y profesionales que les atienden. 

La pelota está en manos de los sindicatos de clase, que tienen que abandonar el corporativismo y el seguidismo a la patronal del sector (como ya está haciendo el sector de Intervención Social de CCOO de Madrid) y de las organizaciones de la izquierda transformadora. De momento, los ayuntamientos del cambio están aumentando los presupuestos destinados al gasto social, pero es insuficiente. Tienen que ir a la raíz del problema, municipalizando los Servicios Sociales y democratizar su funcionamiento.