lunes, 17 de diciembre de 2012

Dos menores expulsados ilegalmente

El 20 de noviembre, varios colectivos melillenses pro derechos humanos y de la infancia denunciaron ante los medios de comunicación la expulsión ilegal de dos menores subsaharianos tutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla. Los hechos, que ahora están bajo la investigación de la Fiscalía General del Estado, tuvieron lugar el 14 de noviembre,cuando los dos menores, de 14 y 17 años, fueron conducidos supuestamente por dos agentes vestidos de paisano hasta la valla de Melilla. Una vez allí, y bajo la vigilancia de dos patrullas y dos motos de la Guardia Civil, fueron expulsados a Marruecos, donde fueron encontrados, cerca de la frontera, por miembros del colectivo Caminando Fronteras. Momentos después de lo ocurrido eran los miembros de este colectivo quienes elevaban una queja a la Defensora del Pueblo y daban cuenta a las autoridades españolas.

Los menores, naturales de Burkina Faso y Guinea Ecuatorial, se encontraban bajo la tutela de la Administración melillense por ser menores extranjeros que traspasaron fronteras españolas no acompañados (MENA). En estos casos, las autoridades autónomas están obligadas por la Ley Orgánica de Extranjería a dar tutela automática a los menores una vez se haya certificado su edad. Sin embargo, este protocolo, al igual que el correspondiente a la autenticación de edad de los menores, no funciona igual y bajo el mismo patrón en todas las comunidades y ciudades autónomas.

En Melilla, por ejemplo, tal y como ha denunciado la ONG Pro Derechos de la Infancia (Prodein) a través de su portavoz José Palazón, “sobre todo durante el verano, hay entrada de grupos más o menos numerosos de migrantes entre los que hay menores, pero son expulsados en la valla todos por igual”, sin que las autoridades se cercioren de la edad o situación de tutela en la que se encuentran. Sin embargo, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en comunidades como Andalucía o País Vasco este tipo de expulsiones no tienen lugar desde hace años. En Andalucía, el protocolo de actuación que siguen las autoridades, por recomendación de un Auto de la Fiscalía, la necesaria identificación de los menores a través de sus pasaportes y sólo en defecto de pasaporte o evidentes sospechas de manipulación de datos, la Fiscalía pasa a realizar pruebas médicas que determinen la edad del menor. Una vez verificada la edad del menor, la tutela es inmediata.

Baja el número de expulsados
Este protocolo ha permitido que haya bajado notablemente el número de menores expatriados en Andalucía, al igual que en provincias como Vizcaya, donde el protocolo es el mismo y las consecuencias también han sido más favorables para los menores. Sin embargo,
y como han denunciado desde SOS Racismo/Mugak a través de su responsable de menores, Loira Manzini, “según el informe de la Fiscalía”, en Álava y Guipúzcoa “prevalecen las pruebas médicas (oseométrica, de las muelas, del vello genital) en general, por encima de los pasaportes”, siendo aplicado siempre este protocolo para los chicos subsaharianos “con los que automáticamente pasa esto”.

Ante la falta de coordinación entre las administraciones autonómicas, cabe destacar que la UE publicó en 2010 un plan de acción dedicado exclusivamente a los MENA en el que reforzaba el margen de apreciación de los países miembros a este respecto, por lo que ahora le toca al Estado español mover ficha aunando esfuerzos para proteger a los menores de situaciones como la ocurrida durante estos días en Melilla.