Mujeres encarceladas. Análisis crítico y feminista

25N: ¡Basta de machismo y opresión!

La prostitución no es sindicable

Aparte de la cuestión catalana, pocos temas suscitan debates tan encendidos como el de la prostitución. La decisión ministerial de rechazar la inscripción de OTRAS como “sindicato de trabajadoras sexuales” ha desatado una oleada de airadas reacciones en las filas de una parte significativa de la izquierda y del feminismo. Así, hemos escuchado enérgicas protestas, acusando al gobierno del PSOE de coartar el derecho de asociación, cerrando el paso a la auto-organización de las mujeres y violando sus derechos de sindicación.

Sintiéndolo mucho por esas voces que se han alzado en nombre de los derechos de las“trabajadoras sexuales” – voces entre las que se cuentan las de no pocas amigas y compañeras políticas – debo decir que, en esta controversia, es a mi entender el gobiernoquien se sitúa más a la izquierda, en una posición más acorde con la defensa de los intereses de las mujeres – empezando por aquellas que se hallan inmersas en el mundo de la prostitución – y más respetuosa hacia el sindicalismo de clase.

Hay una gran confusión en el enfoque de la cuestión. El “gol por la escuadra” no se lo han colado tanto al gobierno como a la opinión pública. Y no lo ha hecho ningún colectivo de mujeres, sino la poderosa industria del sexo, interesada en promover un nuevo marco jurídico, más ventajoso para la expansión de sus negocios, que comporte la legalización de la prostitución. Eso es lo que realmente está en juego… y es precisamente lo que queda hábilmente embrollado por la polémica.

Veamos. No toda actividad humana es sindicable. Nunca ha podido haber un sindicato de esclavos – lo que no quiere decir que, a lo largo de la historia, los esclavos no se hayan rebelado y auto-organizado. Pero, cuando lo han hecho, ha sido para abolir su esclavitud, no para negociar el número de latigazos que se les podían administrar. La acción sindical requiere una existencia jurídica formal de igualdad. Y la necesidad de esa acción sindical radica en el hecho de que, a pesar de dicha igualdad jurídica, se da una desigualdad social entre los poseedores de los medios de producción y aquellos que sólo disponen de su fuerza de trabajo. En ese sentido, la tradición socialista habla de la condición de la clase obrera como de una “esclavitud asalariada”. Pero Marx distinguía muy bien entre la situación del proletariado industrial y la de los esclavos de las plantaciones. Tanto es así que la Iª Internacional apoyó firmemente a Lincoln, que distaba mucho de ser socialista, en la guerra civil americana. En el largo camino hacia la emancipación, el movimiento obrero requería la abolición de la esclavitud para progresar en su organización.

Hoy asistimos a una intensa batalla ideológica para que aceptemos la prostitución como un trabajo, como una mera prestación de servicios. La constitución y el reconocimiento de sindicatos de prostitutas certificaría, pues, la legitimación de la prostitución como una actividad profesional más. Pero ése es, al mismo tiempo, el talón de Aquiles de laargumentación. Porque no puede darse una acción sindical por debajo de un umbral de reconocimiento de derechos humanos, cuya ausencia constituye la característica fundamental de la prostitución. La prostitución se basa en una desigualdad estructural entre hombres y mujeres; desigualdad que una sociedad democrática no debería admitir. La prostitución es un privilegio masculino y funciona como un comercio entre hombres: unos hombres – por medios diversos, combinando violencia, engaño, opresión racial y explotación de situaciones de pobreza – condicionan a unas mujeres, las deshumanizan y las ofrecen como mercancía a otros hombres. Esa es la realidad. Por supuesto, no sólo hay mujeres en situación de prostitución. También hay hombres, personas transexuales… Pero los “clientes” son siempre hombres. El consumo femenino de sexo de pago es irrelevante. La prostitución quizás sea la más genuina de las instituciones patriarcales.

Los colectivos que defienden la legalización de la prostitución siempre andan exigiendoque distingamos entre prostitución forzada, resultado de la trata, y “voluntaria”. Una exigencia exclusivamente dirigida, por cierto, al feminismo abolicionista, nunca a los“clientes”. Pero la cuestión de la libertad no es pertinente cuando hablamos de prostitución. Sobre todo si la disociamos del verdadero problema, que es de la igualdad. Vale la pena recordar que la abolición de la esclavitud americana no consistió en decir que los negros que quisieran podían abandonar los campos de algodón de los terratenientes sureños.Lincoln no ahondó en la subjetividad de Kunta Kinte, ni del Tío Tom. Planteó que ningún ciudadano tenía derecho a poseer, comprar o vender a otro ser humano. En eso consiste la abolición de la esclavitud – y, cabe esperar, de esa forma persistente de esclavitud que constituye la prostitución: la supresión de un privilegio. Una supresión jurídica que, aunque no suponga ni mucho menos la desaparición de aquella relación de opresión, sí obliga a los poderes públicos a trabajar para su erradicación y representa, en ese sentido, un progreso inestimable para la humanidad.

Pero, volvamos al sindicalismo. Lo que está en cuestión no es que las mujeres inmersas en el mundo de la prostitución se organicen – cosa que no topa con ningún impedimento jurídico, sino con las condiciones de violencia, el férreo control de las mafias proxenetas y los estragos físicos y psicológicos que padecen esas mujeres. En el mejor de los casos, podríamos imaginar asociaciones de ayuda mutua. Pero en ninguna circunstancia podría hablarse de sindicatos.

En distintos países existen organizaciones que se presentan como “sindicatos de trabajadoras sexuales”. En general, esas entidades se caracterizan – dicho de modo suave –por la escasa presencia de mujeres en sus filas y por el hecho de concentrar su actividad en una propaganda de los parabienes de la prostitución, recusando de manera calumniosa del pensamiento abolicionista. No tengo noticia de que, en parte alguna, dichos “sindicatos”hayan negociado ningún convenio, contrato laboral o mejora de las condiciones de trabajo de las mujeres cuyos intereses dicen defender. Y es que, sencillamente, eso no es posible. ¿Cuáles serían los términos de un convenio del ramo de la prostitución? ¿En qué consistiría un Estatuto de la Trabajadora Sexual? Por ejemplo… ¿cuál sería la edad legal para empezar a ejercer la prostitución? ¿Habría una formación profesional y contratos de aprendizaje? ¿Cómo se establecerían las tablas salariales? ¿Por el número y la naturaleza de los“servicios”? ¿Tendrían derecho las mujeres a rehusar clientes o a rechazar determinadas prácticas? ¿Tendrían, por ejemplo, la obligación de seguir ejerciendo durante la menstruación o durante el embarazo? ¿Se reconocerían las enfermedades sexualmente transmisibles como enfermedades profesionales? Pero, sobre todo, si algo semejante llegase a plasmarse en un papel, ¿alguien cree posible el control, por parte de la Inspección del Trabajo, de un convenio incluyendo algún límite a la explotación de las mujeres? Si consideramos la experiencia de Alemania, con una amplia red de millares de burdeles, la patronal proxeneta puede dormir tranquila. La legalización no ha supuesto una mejora en la protección de las mujeres. Al contrario, al fomentar la demanda, se ha incrementado la trata – procedente sobre todo de Europa del Este – para satisfacerla. Y, con todo ello, los circuitos ilegales de prostitución.

Bajar de la nube de los discursos de auto-consumo y aterrizar sobre el arduo terreno de laarticulación práctica de las mejoras materiales – no hay nada más práctico y concreto que el sindicalismo –, nos lleva a darnos de bruces con la realidad: un mundo donde la integridad y la dignidad humanas son pisoteadas, negadas por la propia naturaleza de la relación que se establece en la prostitución. Lo que hace que no sea sindicable. Situándonos en un elemental enfoque sindical, una supuesta actividad profesional que, como es el caso de la prostitución, conlleva los niveles de mortalidad, drogodependencias y enfermedades que certifican la OMS y multitud de estudios – incluidos los de países donde, legalizado, el comercio sexual se expande – debería ser tan proscrita como antaño lo fue el trabajo infantil en las minas de carbón. Sin contar con las consecuencias de normalizar la prostitución desde el punto de vista de los derechos de las mujeres en el mundo del trabajo.

Por otra parte, ¿de qué derechos hablan quienes arguyen que habría que reconocer la prostitución como un trabajo? ¿Hablan acaso de la regularización administrativa de tantísimas extranjeras pobres que nutren los contingentes de mujeres prostituidas en los clubs de carretera y las calles de los polígonos? ¡Nadie lo desea tanto como las abolicionistas! Porque nada facilitaría tanto la salida de la sordidez de la prostitución por parte de esas mujeres como disponer de papeles. ¿Hablamos de cobertura social? Nada impide a una mujer que ejerza la prostitución inscribirse en la seguridad social en régimen de autónoma, cotizar y acceder a las prestaciones correspondientes. Si eso no ocurre, no es porque alguna ley lo prohiba, sino porque las mujeres que se encuentran en situación de prostitución no gozan de la libertad y el desparpajo de quienes hablan en su nombre como supuestas sindicalistas – y que empiezan por minimizar el fenómeno de la trata y el control mafioso como si fuesen algo residual. Las leyes de extranjería, las violencias de losproxenetas, la ignorancia, las adicciones, la pérdida de autoestima y de autonomía personal… En una palabra: la propia realidad destructiva del mundo de la prostitución es lo que aleja a las mujeres incluso de derechos que, formalmente, ya tienen.

Pero, aparte de lo dicho, aún nadie ha formulado, ni concebido, un derecho sindical propiamente dicho susceptible de implementarse en las relaciones laborales del pretendido“trabajo sexual”. Sólo escuchamos discursos sobre el “empoderamiento” que hacen las delicias de una izquierda de matriz postmoderna que se ha socializado muy poco en el mundo del trabajo y de un feminismo sin arraigo de clase. Sería muy recomendable recuperar la memoria histórica y la continuidad de movimientos feministas tan ejemplares como el que representaron en su día las “Mujeres Libres” de la CNT. En los años treinta y en plena guerra contra el fascismo, no disponían todavía de las herramientas conceptuales y los descubrimientos que ha ido forjando el feminismo en décadas ulteriores. Sin embargo, sí entendieron como nadie la solidaridad con las mujeres prostituidas, a quienes veían como las hijas más humilladas y oprimidas de la clase obrera y a quienes había que devolver a un lugar digno de la sociedad. Y eso, levantándose contra los privilegios y el dominio de los hombres… empezando por los de la propia CNT. (Ver el magnífico trabajo deNekane Jurado, “Lucharon contra la hidra del patriarcado: Mujeres Libres”, editado por Eusko Lurra fundazioa).

En resumen: no es el derecho de asociación lo que está amenazado por el gobierno, sino el derecho de las mujeres a no ser prostituidas lo que está en peligro ante el poderío de las industrias del sexo. Unas industrias que generan enormes beneficios y que quieren seguir expandiéndose. Y unas industrias que despliegan campañas publicitarias muy eficaces, con mensajes específicos para seducir a cada colectivo de las bondades de una prostitución adaptada a sus respectivas ideas. Ante las feministas, se evoca el derecho al propio cuerpo. A los anticapitalistas, se les habla de auto-organización. A los sindicalistas, de derechoslaborales. En Alemania hubo hace algún tiempo una campaña promocional, ofreciendo descuentos a los clientes que acudiesen al burdel en bicicleta. ¿Quién dijo que la prostitución está reñida con la ecología? Si hemos de atenernos al revuelo que se ha formado estos días – e incluso a las dudas aparecidas en las filas de algún sindicato de clase – hay que reconocer que esas maniobras de confusión funcionan.

En la prostitución, los únicos derechos que prevalecen son los de proxenetas y puteros. Para que triunfen los de las mujeres son necesarios cambios legislativos que nos saquen del actual limbo jurídico. Pero no en el sentido que querrían los proxenetas, deseosos de instalarse en el panorama social como respetables empresarios. Necesitamos con urgencia una legislación inspirada en el modelo abolicionista feminista nórdico, que despenalice y proteja a las mujeres y, por el contrario, castigue la compra de servicios sexuales. Sin demanda, no habría prostitución, ni trata. A no ser que creamos que la prostitución constituya un derecho del hombre.

lluisrabell.com

El "cambio" mallorquín

Echar a la derecha de las instituciones generó enormes ilusiones, que poco a poco se van frustrando. Porque echar a los ladrones no es suficiente. En cuanto a Servicios Sociales, salvo los intentos de Mónica Oltra, tampoco estamos viendo mejoras sustanciales. En Mallorca tenemos sangrantes ejemplos. 

La Plataforma Stop Maltrato Centro de Acogida está denunciando el maltrato institucional que sufren las víctimas de violencia de género (con la amenza constante de quitarles a los hijos) en el centro de acogida municipal, gestionado por la empresa Intress. El problema no es sólo la intolerable presión que sufren las víctimas, sino también que ante sus denuncias, la actitud cómplice del ayuntamiento del cambio sea exactamente la misma que podemos esperar del PP.

En el gobierno autonómico las cosas no van mejor. ¿Pero no hacíamos bandera de la transparencia? Pues hubo consenso para tumbar en el Parlament la propuesta que solicitaba auditar los procedimientos de adopción, tutela e intervención familiar del IMAS (Institut Mallorquí d'Afers Socials), presentada por la diputada Xelo Huertas (expulsada de Podemos) ante las denuncias de familias afectadas por retirada de tutelas. Amplio consenso en un bonito marco democrático: aceptar la propuesta cuestionaría la profesionalidad de los trabajadores de la institución. A comerse el cambio...¿o queréis que vuelva la derecha?

Escarnio judicial

El mismo día del juicio, la sentencia de Juana Rivas ya estaba redactada. La asociación Mujeres Juezas rompía el silencio con un comunicado en el que alertaba de la erosión de la legitimidad del sistema judicial cuando se aferra a un sistema erróneo y obsoleto de aplicación de la justicia con resultados injustos. La incorporación de la perspectiva de género no es una postura ideológica y no pretende ni privilegiar a las mujeres ni prescindir de los principios rectores del derecho. Supone admitir que ni el derecho ni el contexto son neutros y da cumplimiento al imperativo legal de promover los derechos de las mujeres.

La sentencia es una ‘vendetta’ en toda regla por el desafío de Rivas al poder judicial y la institución del hombre-padre. Un instante de gloria autocomplaciente de un juez que se opuso públicamente a la Ley integral de violencia de género. Una imposición de su autoridad y su "verdad judicial", a pesar de saber que el día de mañana, probablemente, la sentencia será revocada o al menos modulada.

La sentencia está redactada para ser leída a los cuatro vientos, pregonando un mensaje ejemplarizante a las mujeres que se planteen desafiar las resoluciones judiciales y por extensión la autoridad del Estado. Un dardo envenenado dirigido al instinto primario, vital, de proteger a los hijos e hijas. La otra parte del aleccionamiento es el de la invalidación de la voz de las mujeres - "Hermana, yo no te creo"- al invalidar sus percepciones del riesgo y los criterios con los que gestionan las situaciones de violencia. A pesar de la irresponsabilidad de la sentencia, al igual que en el caso de la Manada, no se espera ninguna reacción por parte del Consejo General del Poder Judicial.

El juez se desmarca a conciencia de los últimos precedentes jurídicos del 2017 que han validado la restricción de la potestad parental del padre en casos en que los hijos hubieran sufrido indirectamente los actos de violencia hacia la madre, aunque no los hubiesen presenciado. O de las recientes sentencias de mayo y junio del 2018 que han legitimidado la incorporación de la perspectiva de género en la aplicación del derecho. Las consecuencias prácticas de este cambio de mirada son tan tangibles como el hecho de admitir que el retraso en las denuncias por violencias machistas no debe ser interpretado como indicio de su falta de veracidad.

La sentencia de Rivas es una ‘vendetta’ por su desafío al poder judicial y la institución del hombre-padre

La sentencia es un compendio de estereotipos de género, como el de perfil de maltratador o el uso instrumental de los procesos de violencia por parte de las mujeres para obtener ventajas procesales. La contaminación de la justicia por estos estereotipos es tan extendida y perjudicial que la ONU tiene una observación general específica que los sitúa como principal obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia.

Rivas tomó una decisión drástica y arriesgada al no atender los requerimientos judiciales de entrega de sus hijos, que obedecía a una motivación poderosa, que debería haber sido investigada a fondo. Existía el indicio poderoso de la condena por malos tratos de 2009. El juez era sabedor de que aquella condena debería haber condicionado los derechos parentales, que ahora facultaban la condena de Rivas. El argumento circular del juez lleva al absurdo. Niega que exista una situación de violencia, porque ninguna resolución judicial la declara probada, y al mismo tiempo admite que la denuncia formulada por Rivas en 2016 no fue cursada. El juez le reprocha su "renuente cinismo" al afirmar sostenidamente un maltrato que no probó, pero desestima todos los informes de profesionales privados y de organismos públicos que lo insinuaban.

Otra crítica fundamental a la sentencia es su enfoque erróneo, dado que no coloca en el centro del argumentario los derechos y el bienestar de ambos hijos. Desde el 2013, el Comité de la Convención de los Derechos del Niño obliga a que toda decisión judicial refleje cuál es el interés superior del menor en cada caso, priorizándolo por encima de otros derechos legítimos, incluidos los de los progenitores. El procedimiento que articuló el padre, basado en la Convención de La Haya sobre la sustracción internacional de menores, dejaba un exiguo margen de maniobra al Estado para denegar la entrega de los niños. La normativa internacional y estatal veta la decisión unilateral de un solo progenitor respecto del lugar de residencia de los hijos comunes.

Otra cosa son las consecuencias penales del incumplimiento de entrega. El delito de sustracción de menores se incorporó al Código Penal en 2002 para disuadir las actuaciones perjudiciales para el bienestar de los menores en caso de crisis familiar. Por ello la infracción se ubica en el capítulo de los delitos contra los derechos y deberes familiares. La sentencia ni siquiera menciona si el cambio de entorno de los hijos les habría supuesto ningún perjuicio. De hecho, incluso admite que, en la evaluación forense del hijo mayor, este habría manifestado querer vivir con la madre y ver a su padre en verano.

La interpretación de la existencia del delito de sustracción de menores también es discutible. Dadas las graves consecuencias que se asocian a él -prisión y privación de la potestad parental-, es necesario que se dé un componente de gravedad y una aspiración de permanencia en la privación de los derechos parentales. En este caso, cuando Rivas vio desestimada su última impugnación a los requerimientos de entrega, los cumplió. El juez tenía alternativas menos severas. Como en otras sentencias en casos similares, el juez podía condenarla por desobediencia grave, penada más levemente y sin la privación de la potestad parental.

Otro aspecto clave es la desestimación de la atenuación de la pena basándose en la alegación de que Rivas actuaba para proteger a los hijos y que seguía los consejos legales que le daban, confiando en que la gravedad de su transgresión era menor. Estos argumentos también permitían al juez rebajar la pena de prisión para evitar su cumplimiento efectivo, como han hecho otros precedentes.

Finalmente, la sentencia justifica su ensañamiento alegando un discutible "grado supremo" en la intensidad de la conducta de Rivas, y consolida su propósito central de reparar el "vilipendio" a la "imagen pública" del padre, premiándolo con 30.000 euros de indemnización. Y lo más hiriente, en nombre de la protección de los menores y de su derecho a relacionarse con ambos progenitores, los condena a seis años de separación de la madre.

Ara.cat

Ante la violación a una joven en las fiestas del Carmín en Pola de Siero

Si nos tocan a una nos tocan a todas. Hermana, no estás sola

El pasado lunes, 23 de julio, una joven sufría una brutal violación durante las fiestas del Carmín, en Pola de Siero. Desde Libres y Combativas queremos, en primer lugar, trasladarle a ella y sus familiares nuestro total apoyo y solidaridad.

Los medios de comunicación han difundido la noticia, haciendo especial insistencia en que se trata del primer caso en estas fiestas. Nosotras sabemos que de lo que se trata es de la primera denuncia, y de ahí el valor y el arrojo que cualquier mujer, como es el caso de esta joven, demuestra al hacerlo. Ese es el camino que muchas compañeras están marcando con su ejemplo: se acabó el silencio, se acabó el aceptar que nadie tiene derecho a abusar de nosotras y de nuestro cuerpo. Denunciando las agresiones, haciéndolas públicas, señalando a los violadores, nos protegemos a nosotras mismas y a nuestras compañeras frente a estos elementos indeseables que en demasiadas ocasiones salen completamente impunes tras cometer agresiones y abusos machistas.

En ese sentido, queremos mostrar nuestra absoluta repulsa al agresor y a quienes tengan la tentación de defenderle. Este individuo ya ha sido identificado sin ningún género de duda por parte de varios testigos, incluida la propia víctima. Exigimos su inmediata detención y entrada en prisión, una condena ejemplar así como la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar la integridad, protección y recuperación de la víctima.

Las últimas sentencias judiciales han vuelto a poner de manifiesto el carácter machista y patriarcal de la justicia, pero el gran movimiento de masas de millones de mujeres, jóvenes y trabajadoras y trabajadores a lo largo y ancho del mundo también ha dejado claro que ha llegado el fin de una situación en la que se han tolerado y acallado muchos casos de abusos, agresiones y comportamientos machistas. La huelga feminista del 8 de marzo, las recientes protestas contra la Manada, la huelga general del 10 de mayo convocada por Libres y Combativas contra la sentencia de este caso, son sólo ejemplos de que las tornas han cambiado. Más allá de lo que digan los y las juezas, esta ola de movilizaciones ha dado la cara por las víctimas y ha dejado socialmente aislados a los violadores y la justicia machista y patriarcal. La lucha en las calles nos ha hecho fuertes, fuertes para condenar, para señalarles, para exigir condenas ejemplares, y sobre todo fuertes para apoyarnos unas a otras en este maravilloso movimiento que nos ampara y nos protege. Desde Libres y Combativas, ante cada nuevo caso reiteramos nuestro compromiso a continuar la lucha por nuestra emancipación, contra cualquier tipo de opresión machista y contra cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Si nos tocan a una, nos tocan a todas
Hermana, estamos contigo

Libres y Combativas

Vuelven a juzgar a Susana Guerrero

Tras ser absuelta de denuncia falsa por acusar al padre de su hija de abusos sexuales (anteriormente condenado por violencia de género), el calvario judicial prosigue. Será juzgada por desobediencia, por incumplir el régimen de visitas al no entregar a la niña a su maltratador y "presunto" violador, Francisco Javier Muñoz Toribio. Hay que acabar con la justicia patriarcal ¡todas somos Susana y Nayara!

"El jueves día 26 a las 10:30 en los juzgados de Talavera, la fiscalía vuelve a sentarme en el banquillo, pidiendo que me condenen a prisión y dejar a mi hija desamparada, amparando a un depredador sexual de menores y acusándome a mí de desobediencia grave a la autoridad por haber cumplido con mi obligación de madre: proteger a mi hija de ese ser que abusó de mí desde los 13 años en Talavera de la Reina con la complicidad de su mujer y las instituciones talaveranas, hasta casi mis 20 años.

Fruto de esas violaciones nació mi hija Nayara siendo yo aún menor, y lejos de protegerme el sistema me desprotegió. Ese engendro ha tenido visitas con mi hija y abusó de ella!!!!!! Mi único delito ha sido protegerla, sin embargo es a mí a quien sientan en el banquillo ¿Y saben quién es el testigo principal de la fiscalía? ÉL, EL ABUSADOR SEXUAL, increíble sí, pero cierto. 

Una vez más, pido apoyo y que se viralice, no sólo para mí una vez más sino para Nayara, que es la que merece ser protegida. Enfrentarme al sistema judicial para protegerla me ha costado mi salud, mi libertad (lo pretenden) y mi caso no es aislado.

FDO: SUSANA GUERRERO.''

Caso Bar España

En los últimos meses vemos como cíclicamente el nombre del caso “Bar España” vuelve a salir a la palestra en las redes sociales. Muchos usuarios hablan de una supuesta trama de pederastia en la que estarían implicados jueces y políticos de la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, hay que destacar que estos comentarios van acompañados de graves acusaciones sin adjuntar pruebas contra políticos o contra la juez Sofía Díaz, identificada por las supuestas víctimas como una de las participantes en las orgías, y que interpuso varias demandas contra algunos de los denunciantes y ordenó el cierre de aquellas webs que la relacionan con la trama, ya que considera que han vulnerado su honor.

La única referencia periodística a este caso la encontramos en el diario catalán ARA que en 2017 detalló el proyecto del cineasta Valentí Figueres que aborda en el documental ‘La manada’ una de las leyendas más oscuras de la España contemporánea, el caso “Bar España”.

Según el citado medio en los últimos años Figueres se ha adentrado en una investigación en torno al caso, recogiendo los documentos y testigos que Reinaldo Colás, padre de dos de las supuestas víctimas, recopiló en los años 90.

Según la hipótesis sostenida en el documental, a finales de los 90 unos ochenta niños de la residencia de menores Baix Maestrat de Vinaròs fueron torturados, violados y grabados en vídeo en orgías que tenían lugar en este bar y en la masía Mas del Coll de Rossell, y en las que habrían participado poderosas y conocidas personalidades del País Valenciano.

Se calcula que cinco menores perdieron la vida víctimas de los excesos de sus verdugos. “Si los hechos son terribles, los nombres que citan las supuestas víctimas son realmente preocupantes, ya que, si su vinculación es cierta, pondrían en seria duda los fundamentos de nuestro sistema democrático”, afirmó Figueres en palabras al citado medio.

De las ochenta víctimas que habrían sufrido abusos durante aquella época, diecisiete, de nueve familias diferentes, presentaron denuncia. Además, tres personas se han inculpado por haber presenciado estas orgías. Según denuncia Figueres, “ninguna denuncia ha ido acompañada de una investigación rigurosa”. Y es que los residentes del Baix Maestrat eran niños de familias desestructuradas, vulnerables y con un nivel sociocultural muy bajo. Todos excepto dos niñas, hijas del citado peluquero y empresario Reinaldo Colás.

Discípulo de Llongueras, Colás tuvo una gran popularidad en Castellón de finales de los 90. Pero todo se torció cuando sus dos niñas, que entonces tenían 3 y 5 años, confesaron que la nueva pareja de su madre, un empresario italiano , había abusado de ellas. La denuncia que interpuso contra este hombre supuso la primera de las muchas veces en las que Colás recurrió a la justicia. Y es que destapar estos supuestos abusos sirvió para abrir la caja de Pandora: varios niños del Baix Maestrat reconocían al italiano como uno de los hombres que abusaban de ellos cuando, noche tras noche, eran llevados por sus monitores a los pisos superiores del Bar España.

La vida de los que aseguran que han sido víctimas de abusos y vejaciones se ha convertido, en la mayoría de casos, en un auténtico calvario. Muchos han acabado cayendo en la delincuencia o la drogadicción, Mari Carmen Moreno, que es entrevistada en La manada, sobrevive mendigando en las calles de Oropesa, y los hermanos Miguel Ángel y Domingo Maura llevan una década encerrados en la prisión de Albocàsser condenados por delitos menores.

En diciembre de 2016 la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, se comprometió con un grupo de víctimas y familiares a estudiar su caso. Las cosas no han ido mucho mejor para Colás, que, totalmente arruinado y enfermo, cumplió en 2008 quince meses de cárcel por denuncia falsa.

“Yo no sé si estos hechos son reales. Quizás estoy ante la historia de un gran manipulador, Reinaldo Colás, que ha logrado convencer a toda esta gente para que siga diciendo estas cosas veinte años más tarde. O quizás estoy filmando un documental sobre una de las atrocidades más grandes de la historia de este país”, explicó Figueres.

Digital Sevilla