viernes, 28 de febrero de 2014

¡Libertad sin cargos para los activistas de la PAH!

A lo largo del jueves 27 de Febrero, tres activistas por la Vivienda de Madrid que hace unas semanas participaron en el intento de paralización de un desahucio en Lavapiés, han sido detenidos.

La gravedad de este hecho no radica solamente en que se esté deteniendo a activistas que luchan por la defensa de un derecho, en este caso, el de la vivienda. Lo más grave es que la policía ha acudido a los domicilios de estas personas, sin un juicio abierto, para proceder a su detención. En el caso de que hubiera alguna causa abierta contra ellas, se les debería haber citado en el juzgado. Sin embargo, la policía en un acto ilegal y demostrando una total impunidad ha acudido a las casas de estos activistas para detenerlos. Consideramos que esto no hace más que corresponderse con una estrategia que pretende implantar el miedo entre la población que lucha por el derecho a la vivienda.

Desde PAH Madrid queremos denunciar enérgicamente todos estos hechos así cómo mostrar nuestra solidaridad con los activistas por la vivienda que han sido detenidos.
La defensa de los derechos, como lo es la paralización de desahucios para el derecho a la vivienda, no es un delito. Intentos de criminalizar al movimiento por la vivienda, cómo el que se ha llevado a cabo el jueves 27 no va a poder con este movimiento.

Animamos a la población a que se siga organizando desde los espacios que considere más útiles para seguir parando desahucios, así como para defender todos los derechos que nos están arrebatando.
No tenemos miedo porque sabemos que sí se puede.

miércoles, 26 de febrero de 2014

Entrevista a Jose

A sus 10 años Jose fue internado con sus hermanos en un centro de protección de menores. Ante un problema económico familiar la respuesta institucional es el internamiento, la separación de padres e hijos...y posteriormente la separación entre hermanos. A los 12 entra en el centro terapéutico Picón del Jarama, donde paradójicamente aumenta su ansiedad, su angustia...se le medica, se le hacen aislamientos de hasta 72 horas, se le incomunica de su familia...La odisea de este muchacho, como la de muchos otros, sólo acaba al cumplir 18. Momento en que el sistema de protección le deja de proteger.

Escucha la entrevista a Jose en Los Sonidos de mi Barrio

lunes, 24 de febrero de 2014

CCOO denuncia la situación de los centros de menores en Valencia

CCOO ha denunciado la insostenible situación que se vive en los centros de menores del País Valenciá, debido a los recortes y al incumplimiento sistemático de la propia normativa autonómica que regula el funcionamiento de estos centros (leer el comunicado aquí). De hecho, la situación es tan grave que compromete la integridad física de los menores atendidos y de los trabajadores que prestan sus servicios en los centros (ya se han producido varias agresiones contra educadores y contra menores). 

El sindicato denuncia a su vez que la única respuesta planteada por la Consellería de Bienestar Social sea habilitar más personal de seguridad, convirtiendo de facto los centros de protección de menores en cárceles.

CCOO plantea que la solución pasa por el cumplimiento de la propia normativa en materia de protección de menores y aumentar la inversión en lugar de seguir aplicando recortes. Sin duda esto sería un paso muy importante. Obviamente hay que luchar contra los recortes, y resulta intolerable que la administración incumpla su propia normativa. Pero no sería más que un paliativo. En todo el estado los problemas que arrastra el sistema de protección de menores son muy similares, debido a que el sistema de protección está organizado no para buscar el interés superior del menor sino para invisibilizar socialmente a los chavales y garantizar el negocio de las empresas y osigés que gestionan los fondos públicos destinados a la atención de los menores. El primer paso es acabar con la privatización de los centros de menores. En esta línea, creemos que el camino a seguir es el marcado por la Federación de Enseñanza de CCOO, que en su último Congreso Regional de Madrid aprobó por unanimidad la resolución que transcribimos a continuación. Sólo falta poner su mandato en práctica.

EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS SOCIALES


La red de servicios sociales, una conquista histórica del movimiento obrero y uno de los pilares básicos del llamado estado del bienestar, está en peligro de muerte.

La privatización, al introducir el lucro empresarial, pervierte en origen el objetivo que debieran tener los servicios sociales (la atención de las necesidades personales y sociales de las personas en dificultad), convirtiéndose en una fuente más de negocios para la patronal. De esta forma, vía conciertos y subvenciones, un enorme caudal de dinero público destinado a satisfacer necesidades sociales se ha ido desviando al menos en parte hacia manos privadas. Además, la privatización ha conllevado que el sector de la Intervención Social sufra unos intolerables niveles de precariedad laboral. Este hecho inevitablemente afecta a la calidad de servicio y favorece la represión sindical (la reacción de la patronal del sector ante cualquier actividad sindical de clase es visceral), lo que no sólo repercute en las condiciones laborales y salariales sino que incluso limita a los trabajadores en uno de los aspectos fundamentales de su labor profesional, la defensa de los intereses de los usuarios, facilitándose así la arbitrariedad en la toma de decisiones tanto por parte de las entidades del sector como de la propia administración. Y es que la privatización también juega un importante papel político, ya que permite a las distintas administraciones enajenarse de sus responsabilidades al delegar sus funciones en otras entidades.

Y en el actual contexto de crisis estructural del sistema capitalista, el alto grado de privatización está permitiendo que el sistema de servicios sociales pueda ser desmantelado con relativa facilidad debido a su funcionamiento a base de convenios de carácter temporal (basta con no renovarlos para que vayan desapareciendo servicios). Debido a los recortes, la cobertura social se está debilitando a marchas forzadas y miles de compañeros del sector han perdido su puesto de trabajo. Con la crisis como excusa muchos recursos se están cerrando y se están eliminando servicios, dejando a los usuarios sin la asistencia a la que tienen derecho. Y como en todo proceso de reconversión, el sector quedará cada vez en menos manos, haciéndose con todo el pastel las multinacionales de la beneficencia (en especial las vinculadas a las grandes fortunas del país y a la Iglesia), desapareciendo aquellas entidades que desarrollan su labor de manera más honesta. No podemos permitir que nos cambien derechos sociales por caridad.

Para revertir este proceso, CC.OO. impulsará las movilizaciones necesarias para frenar los recortes y el desmantelamiento del sistema de protección social. Una lucha ofensiva hasta lograr la municipalización de los recursos y servicios privatizados. Porque sólo a través de la titularidad y gestión pública de los recursos se puede garantizar tanto la protección de los derechos de la ciudadanía como unas condiciones laborales dignas en el sector de la Intervención Social.

* Ni recortes ni privatización.
* Por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad.

miércoles, 19 de febrero de 2014

Nuevas movilizaciones contra el ERE en CocaCola

Jueves, 20 de febrero

Concentración en la Puerta del Sol, a las 11 horas

Domingo, 23 de febrero

Manifestación con las mareas ciudadanas, a las 12 horas, desde La Puerta del Sol a Neptuno

Martes, 25 de febrero, y miércoles, 26 de febrero

Concentración frente al Congreso de los Diputados, a las 11 horas

Jueves, 27 de febrero

Concentración en la Puerta del Sol, a las 11 horas

Más información en CCOO

Agresión fascista contra el Sindicato de Estudiantes en la UAM

http://sindicatodeestudiantes.net/images/2014/esvastica_tachada.jpg¡No a la vuelta del franquismo a las aulas!
¡Fuera los fascistas de la Universidad!
El pasado 17 de febrero se celebró el primero de los actos enmarcados en las Jornadas Marxistas de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) que organiza el Sindicato de Estudiantes en colaboración con la Fundación Federico Engels. Esta primera charla, consistía en la proyección de un video con la intervención de Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en el Congreso de los Diputados y un debate sobre la situación actual de la vivienda y la lucha contra los desahucios. Durante el transcurso del acto, una quincena de fascistas miembros de la organización Liga Joven, irrumpió en la facultad profiriendo gritos, insultos y amenazas con el objetivo de asaltar el aula en la que celebrábamos las jornadas.

Este mismo grupo ultraderechista, agredió también a un estudiante en la Facultad de Biología de la UAM el pasado 17 de diciembre, cuando treinta matones entraron en la misma para arrancar las pancartas colocadas en memoria de Carlos Palomino y Pavlos Fyssas, dos activistas asesinados por bandas fascistas. En octubre y también en la UAM, otro grupo de fascistas persiguió a una joven de izquierdas con un machete durante la huelga educativa del 24 de octubre.
De lo que estamos hablando es de una campaña de la extrema derecha que paso a paso, golpe a golpe, pretende impedir la libertad de expresión y reunión de todos los estudiantes, así como amedrentar a quienes estamos en primera línea de la movilización que tiene por objetivo evitar que el Partido Popular resucite la educación franquista en las aulas.  
De hecho, fueron estos precedentes, los que llevaron al Sindicato de Estudiantes a dirigirse en los días previos al acto a la Vicerrectora de Alumnos, Ángela Barrios, para exigir que los organismos competentes de la UAM asumieran su responsabilidad en la tarea de poner fin a esta escalada de acoso  contra organizaciones y activistas de izquierdas. A pesar de tener conocimiento de todo esto, no se hizo nada para evitar que una agresión de este tipo se pusiera en práctica. Si no tenemos que lamentar un desenlace más grave no fue por el Vicerrectorado de Alumnos, que hizo oídos sordos a todas nuestras advertencias, sino por la rápida intervención de los compañeros del Sindicato de Estudiantes que asistían al acto y que impidieron que estos energúmenos entraran al aula.
Contra los ataques fascistas: denuncia, organización y movilización
Los grupos fascistas, como Liga Joven, utilizan un discurso demagógico para intentar esconder lo que  realmente son: las fuerzas de choque de los grandes empresarios y banqueros. Estas bandas son utilizadas para amedrentar a los jóvenes que luchamos en defensa de una educación pública de calidad, contra los desahucios o por la sanidad pública. Intentan crear un clima de terror entre los jóvenes universitarios a través de agresiones y amenazas, exactamente igual que ocurría bajo la dictadura. Estos grupos además, disfrutan de una escandalosa impunidad por parte del aparato del Estado, que tolera que campen a sus anchas sin hacer nada por impedirlo.
Desde el Sindicato de Estudiantes exigimos al Rector de la UAM que tome inmediatamente cartas en el asunto y que expulse de la Universidad a los elementos que forman parte de estos grupos, que lo único que persiguen es acabar con el derecho a reunión, a la libertad de expresión y asociación, en definitiva, dar marcha a tras al reloj de la historia y devolvernos al franquismo. El Sindicato de Estudiantes exige la disolución de las bandas fascistas, y esta es una tarea que el movimiento obrero y la juventud tiene que conseguir a través de la lucha.
La defensa contra las actuaciones de las bandas fascistas pasa por la respuesta colectiva del conjunto de los trabajadores y la juventud y de sus organizaciones. Por eso, la única fuerza en la que debemos confiar para frenar estas agresiones es la nuestra, a través de  la denuncia, la organización y la movilización.
En este sentido desde el Sindicato de Estudiantes ya nos hemos puesto en contacto con todas las organizaciones sociales y sindicales progresistas de UAM para emprender en los próximos días una campaña en la Universidad contra la impunidad de las bandas fascistas.
¡Basta de impunidad, ninguna agresión sin respuesta!

martes, 18 de febrero de 2014

Jornadas sobre contrapsicología y antipsiquiatría


Comunicado del PCE ante el asalto policial a su sede de Alcalá de Henares

A la vista de los hechos sucedidos anoche en nuestra sede Centro Social Las Trece Rosas de Alcalá de Henares (>> comunicado de la Agrupación detallando los hechos sucedidos) en los que la policía nacional irrumpió en nuestro local sin autorización de esta organización, ni de las personas que estaban presentes, ni tampoco mostrando autorización judicial; resultando detenidas dos personas y generando lesiones en varias de las presentes.

Manifestamos:

- La repudia y condena de la abusiva actuación policial que ha generado lesiones a varias personas que estaban pacíficamente reunidas en nuestro local. Esta actuación supone una vulneración de los derechos fundamentales y constitucionales de los presentes y nuestra Organización, siendo hechos más propios de un Estado policial y autoritario y no de un Estado Democrático y Constitucional.

- La solidaridad con los dos detenidos, puestos ya en libertad con cargos, así como con todas las personas que han sido víctimas del abuso policial.

- Nuestra firme voluntad de tomar las acciones legales oportunas con el fin de reparar los derechos de las personas perjudicadas por esta actuación y por el honor e imagen del PCE ante esta actuación desmedida y desproporcionada y que ha supuesto el asalto de nuestra sede sin nuestro consentimiento.

sábado, 15 de febrero de 2014

La Junta reduce las plazas en los centros de menores porque no las ve necesarias

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha decidido reducir el número de plazas de los centros de protección de menores que existen en la provincia por considerar que ya no son necesarias, lo que ha provocado las críticas de algunas de las asociaciones y ONG que gestionan estos centros tutelados. En la provincia existen un total de 30 centros de menores, de los que sólo dos son propios de la Junta, mientras que el restos son gestionados por distintas entidades. La medida, que supondrá el recorte con carácter inmediato de un total de 27 plazas, pasando de 354 a 327, afectará a ocho centros, los cuales podrán reducir el número de educadores para atender a los menores ante las nuevas condiciones económicas que les impone la consejería. «Este nuevo recorte en políticas de protección de menores es una absoluta temeridad, ya que nos obliga a disminuir drásticamente los recursos materiales y humanos que son indispensables para la labor de protección de los menores», declaró ayer Teresa Pineda, directora de Prodiversa, ONG que gestionar un centro con 32 plazas en la capital y que la Junta quiere reducir a 26.
En el caso concreto de Prodiversa, que cuenta con 14 educadores en su centro de Cristo de la Epidemia, tendrá que reducirlo a nueve. «Pretenden que gestionemos un centro de protección con sólo dos educadores por turno para 26 menores. Vamos a volver a los orfanatos de hace dos siglos en los que dos personas llevaban un centro repleto de niños», denunció Pineda.

miércoles, 12 de febrero de 2014

Movilizaciones contra el ERE en Móstoles Industrial

-13 Febrero, 16:30h Marcha en Móstoles desde la sede de la empresa (c/ Granada, 50) hasta la Plaza del Ayuntamiento de Móstoles 
-17 Febrero, 17h, Corte Inglés de Goya 
-18 Febrero, 16:30h Marcha en Móstoles desde la sede de la empresa (c/ Granada, 50) hasta la Plaza del Ayuntamiento de Móstoles 
-19 Febrero, 17h, Corte Inglés de Princesa. Inicio de Huelga indefinida 
-20 Febrero, 16:30h Marcha en Móstoles desde la sede de la empresa (c/ Granada, 50) hasta la Plaza del Ayuntamiento de Móstoles


¡Boicot a CocaCola!


PRÓXIMAS MOVILIZACIONES CONTRA EL ERE EN COCACOLA

Sábado, 15 de febrero

Manifestación estatal en Madrid

Domingo, 16 de febrero

Manifestación en Fuenlabrada

Jueves, 20 de febrero

Concentración en la Puerta del Sol, a las 11 horas

Jueves, 27 de febrero

Concentración en la Puerta del Sol, a las 11 horas

martes, 11 de febrero de 2014

CCOO considera predemocrática la decisión de la fiscalía de reclamar ocho años de cárcel para los sindicalistas de Airbus

  • #HuelgaNoEsDelito
Ocho años de prisión para cada uno de los ocho sindicalistas de Airbus que durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010 se vieron involucrados en un altercado con la policía a las puertas de la factoría de Getafe. Esa es la pena que la fiscalía reclama en el escrito de acusación que ha remitido al Juzgado de Instrucción de la localidad madrileña, que ha decretado la apertura de juicio oral por seis delitos y siete faltas. CCOO rechaza la desproporcionada decisión al considerar que se basa en imputaciones falsas, por ser tremendamente exagerada y por tratarse de una vuelta de tuerca más en la cruzada del Gobierno contra las organizaciones sindicales.
El Juzgado de Instrucción de Getafe ha decretado la apertura de juicio oral contra los sindicalistas imputados por los hechos que ocurrieron a las puertas de la factoría durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010. Una decisión que es consecuencia de la presentación, por parte de la fiscalía, de un escrito de acusación en el que formula la petición de ocho años y tres meses de prisión para cada uno de ellos. Esta misma mañana, los ocho delegados han recogido en el juzgado el auto del juez y el escrito de acusación del fiscal.

CCOO advierte que esta acusación se basa en imputaciones falsas impulsadas por quienes entienden las fuerzas de seguridad no como una garantía en el ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, sino como un instrumento a su servicio para acosar y perseguir a los que considera un adversario. Este sindicato cuestiona además la instrucción judicial por haberse encaminado tan solo a perseguir a sindicalistas y haber pasado por alto la abusiva e ilegítima actuación de la policía, que no tuvo reparos en hacer uso de sus armas de fuego y que provocó una situación que se saldó con decenas de heridos.

La petición de ocho años de cárcel para cada uno de los imputados es, para CCOO, una decisión tremendamente exagerada, que rebasa con creces las penas que la fiscalía reclama para los responsables de delitos mucho más graves. Tanto es así que, una petición de estas características, no tiene precedente alguno en nuestra democracia. Para encontrar este tipo de condenas de cárcel habría que remontarse a tiempos de la dictadura franquista.

Por todo lo dicho, este sindicato no tiene ninguna duda de que la decisión del fiscal tan solo puede haber sido impulsada por el Gobierno, que da un salto cualitativo en su particular cruzada contra los sindicatos. CCOO rechaza la imagen que de estos compañeros dibuja el proceso judicial, porque ni son matones, ni chorizos corruptos cercanos a la órbita del poder. Los sindicalistas de Airbus son gente honrada y entregada a la defensa de la clase trabajadora.

Concentración en homenaje a los inmigrantes asesinados en Ceuta


lunes, 10 de febrero de 2014

El Síndic alerta de que en centros catalanes atan a los menores

Rafael Ribó considera un abuso que se utilicen ataduras de forma inadecuada y como mecanismo sancionador a adolescentes que presentan alteraciones de conducta, un recurso contemplado para ser aplicado en última instancia en caso de riesgo de lesión

EP Barcelona 17/12/2013
 
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha alertado este martes de abusos en las contenciones de los adolescentes que presentan alteraciones de conducta en los centros de atención de menores, a la luz de su último informe sobre los derechos de la infancia.

En rueda de prensa tras entregar el documento a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, Ribó y su adjunta para la defensa de los derechos de la Infancia, Maria Jesus Larios, han concretado que en algunos centros se utilizan las ataduras de forma inadecuada y como mecanismo sancionador, mientras que este recurso está pensado para ser aplicado en última instancia cuando existe un riesgo de lesión.

Por ello, el defensor del pueblo catalán ha pedido a la Generalitat que elabore un marco jurídico específico para este tipo de recursos asistenciales en los que se puede atar a los menores, teniendo en cuenta que ahora sólo hay regulación para los centros penitenciarios juveniles.

Ribó ha constatado que en los centros, especialmente los que no atienden a menores tutelados por la Generalitat, hay un "uso recurrente de las medidas de contención que entra en contradicción con en principio de excepcionalidad" que deben tener las ataduras. Ribó ha revelado que ha recibido quejas referidas a la práctica de contenciones en recursos residenciales en los que viven adolescentes, algo que ha podido constatar con la visita a los centros.

Incluso en uno que acoge a niños tutelados por la Generalitat, el defensor del pueblo catalán ha detectado "un excesivo uso de la fuerza" de forma continuada, con mecanismos de contención que podían causar lesiones a los menores; un caso está siendo investigado por la Fiscalía.

Movilizaciones en FOGASA

Ante la insostenible situación por la que atraviesa el FOGASA, la repercusión que está teniendo sobre el trabajador y trabajadora que está demorando el cobro de las prestaciones en más de 15 meses, existiendo en la actualidad más de 180.000 expedientes, 40.000 son de Madrid, las Confederaciones de CCOO y UGT han acordado realizar movilizaciones en todo el Estado ante las administraciones del FOGASA de cada provincia el día 13 de febrero, jueves.

En Madrid la Concentración será en la Plaza de Santa Barbara nº 5, FOGASA Madrid, desde las 12,00 hasta las 14,00 horas.

Más información pinchando aquí

domingo, 9 de febrero de 2014

Unidades de Gestión Clínica ¿una vía encubierta hacia la privatización?

¿Son las unidades de gestión clínica (UGC) un modelo que, dentro del sistema público, promueve una mayor eficiencia mediante la participación del personal sanitario en la gestión de los centros y los recursos o una vía encubierta hacia la privatización? En los últimos meses ha saltado la voz de alarma entre entidades y profesionales sanitarios ante el temor de que se estén utilizando las UGC, implantadas en varias comunidades y en camino en otras y que funcionan con objetivos y con incentivos a los profesionales que los cumplen, como vía para introducir prácticas empresariales, fragmentar y posteriormente privatizar el sistema sanitario en su conjunto.

“El modelo se basa en el reparto de incentivos económicos y los objetivos que los profesionales deben cumplir para recibirlos no tienen nada que ver con la calidad de la asistencia. Lo que prima es gastar poco, derivar poco a la especializada y mantener poco tiempo a los pacientes ingresados”, según denuncia An­tonio Gómez, de la Coordinadora Antipri­va­ti­za­ción de la Sanidad (CAS), que afirma que en una primera fase “se incentiva económicamente a los profesionales para que reduzcan el gasto sanitario, se impregna de cultura empresarial al personal funcionario, y una segunda fase, que es la que está proponiendo el PP, es dotar a estas unidades de personalidad jurídica propia para que se puedan convertir en empresas y competir entre sí”.

La aprobación el 24 de julio de la ley que modifica el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud ha ahondado los temores en este sentido. Ésta abre la puerta a la laboralización del trabajador estatutario (funcionario) cuando éste se integre en una UGC. “La modificación del Estatuto Marco es el primer paso, porque permitiría sacar al personal del ámbito estatutario”, afirma Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asocia­ciones para la Defensa de la Sanidad Pública, quien tambiénconsidera que el siguiente paso será convertirlas en entidades jurídicas independientes “y permitir la entrada de ­capital privado en esas microempresas”. Sánchez Bayle considera que “la dinámica de privatización del Gobierno ha generado una contestación social y profesional muy amplia, y con estos proyectos se está intentando una privatización encubierta, dando un rodeo, para evitar esta confrontación social que les está provocando muchos costes”.

La apuesta del Gobierno por las UGC es evidente. El 30 de julio, cinco días después de la modificación del Estatuto Marco, el Ministerio de Sanidad firmaba con el Foro de la Profesión Médica un pacto que prevé su implantación a nivel estatal y autonómico, y aprobar las “modificaciones normativas” necesarias. Tres meses después, adjudicaba por 82.000 euros dos contratos de asistencia técnica y asesoramiento para la implantación de unidades de gestión clínica en los hospitales de Ceuta y Melilla. La adjudicataria de esta última, Bapp Healthcare, pertenece a Manuel Lamela,exconsejero de Sanidad madrileño imputado por su participación en la privatización de hospitales entre 2004 y 2008.

También las consejerías de Sani­dad de Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha, todas gobernadas por el PP, trabajan desde hace meses para implantar la gestión clínica en sus centros de salud y hospitales. En el caso de Castilla y León, donde se planea una implantación inicial de 50 UGC cuando se apruebe en marzo un decreto para regularlas, un ­informe de CC OO prevé que los incentivos supondrán un gasto de 56,4 millones de euros para la Junta. Pero estas unidades se hallan también en marcha en regiones de distinto signo político, como Asturias, Navarra, País Vasco y Andalucía, comunidad esta última donde el Ser­vicio de Salud se organiza en torno a unas mil UGC. “No se puede criticar las UGC que monta el PP en Castilla y León y callarse con las del PSOE e IU en Andalucía, que son exactamente iguales”, dice Gómez.

En opinión de Javier Padilla, autor del blog Médico Crítico, “la gestión clínica, como concepto, puede ser una alternativa, e incluso contraponerse, a la privatización de los centros, que conservarían una gestión pública directa pero con un modelo organizativo más descentralizado, con mayor autonomía, pero como método se puede pervertir”. Padilla considera que “fue en el cumplimiento de los objetivos de las UGC donde se pervirtió el sistema, que se está usando para introducir incentivos perversos, fomentando que se ahorre dinero y penalizando los gastos”.

La experiencia andaluza
Rut Suárez, médica de familia que trabaja en una UGC en el área de Sevilla, explica que “al principio las unidades se planteaban como una manera de conseguir asistencia de calidad, unificar criterios en tratamientos, en petición de pruebas, etc., pero con el tiempo se ha desvirtuado su filosofía, o quizá ésa era la intención desde el primer momento”. “Hay objetivos en cuanto a ahorro en farmacia, a prescripción de los aparatos, a no pasarte en número de derivaciones al especialista. Si no cumples, a lo mejor estás haciendo que nadie cobre el año que viene, por lo que te presionan muchísimo desde la dirección”, afirma.

En Andalucía, los directores de UGC pueden llegar a cobrar 13.000 euros anuales en incentivos, y un médico de familia unos 7.000. Y, mientras en un año se han eliminado 7.000 puestos de profesionales sanitarios y recortado los sueldos un 30%, los 436 cargos intermedios ­colocados a dedo por la Administra­ción andaluza en las UGC supondrán un aumento del gasto anual, según el Sindicato Médico Andaluz, de 1,5 millones sólo en concepto de productividad.

“Quiero pensar que las UGC no se plantean como algo que va a acabar en una privatización, pero en la práctica consiste en convertir al director de la unidad en un gerente de empresa que mira por el dinero hasta unos niveles que resultan ridículos si no fuera porque afectan a los pacientes. Se hacen regateos por insignificancias que ponen en juego la salud de los pacientes. La gestión de la unidad es con criterios empresariales”, dice Suárez, que añade que a los profesionales que lo han solicitado no se les permite abandonar estas unidades, “ya no es voluntario”. Esta médica añade que la situación llega al punto de que “a mí me penalizan por derivar y al especialista por revisar. Para que a uno no lo penalicen, se deja al paciente en un limbo hasta que se decide a quién le toca el marrón, y esto no tiene ningún sentido”.

sábado, 8 de febrero de 2014

¡Esta es la democracia del PP! Masacre de inmigrantes en las aguas de Ceuta

¡Ningún ser humano es ilegal!
¡Basta ya de brutalidad policial contra los inmigrantes!
Si las cuchillas que el PP volvía a poner en las vallas de Melilla hace unos meses provocaron la indignación de millones de personas en todo el Estado por parecernos de un salvajismo y brutalidad insuperables, en las últimas horas se ha conocido el final dramático que ha acabado con la vida de un grupo de personas que, cometían el “terrible delito” de buscar una vida mejor huyendo de sus países de origen.
Según los testimonios de cada vez más medios de comunicación y testigos presenciales, la respuesta de la Guardia Civil ante el intento de un grupo de personas de origen subsahariano de cruzar la frontera a nado, fue el disparo de pelotas de goma contra los flotadores de los que estaban en el agua; llegando a utilizar incluso gases lacrimógenos contra ellos. Una actuación injustificable desde cualquier punto de vista y que así ha sido relatada tanto por los supervivientes como por parte de otros testigos que presenciaron la actuación policial.
El resultado ha sido, hasta el momento, la muerte de trece personas, habiendo aparecido los cadáveres de cuatro de ellas esta misma mañana frente al espigón de la Ciudad de Ceuta y a los que lamentablemente todavía se podría sumar alguno más en las próximas horas o días.
Se trata de otro vergonzoso y dramático episodio en el que se evidencia cuál es la política del Partido Popular con los más desfavorecidos: igual que la vida de los trabajadores en paro o la de los desahuciados; en esta ocasión queda claro cómo la de los inmigrantes que buscan, desesperados, cruzar la frontera, les trae sin el menor cuidado. En cambio, no sucede lo mismo con los inmigrantes que tienen mucho dinero. Por eso el año pasado el PP aprobó conceder el permiso de residencia a los extranjeros que comprasen una casa en el Estado español por valor de 500.000 euros. Para el PP si eres un millonario extranjero (da igual que tu dinero provenga del narcotráfico, la corrupción, la estafa, el tráfico de personas o de armas) serás bien recibido y con todas las facilidades, sin embargo si eres víctima del saqueo que contra tu país se lleva adelante en beneficio de grandes multinacionales y una capa ínfima de grades propietarios de tu propio país, automáticamente en el momento que intentes entrar en el Estado español serás tratado peor que cualquier criminal, hasta con cárceles especiales desprovistas de derechos fundamentales, como así son los Centros de Internamientos de Extranjeros denunciadas por diferentes ONGs.
Desde el Sindicato de Estudiantes queremos denunciar este terrible crimen, solidarizarnos con las familias de las víctimas, así como con las personas que sufren o han sufrido este tipo de agresiones brutales por el mero de hecho de ser inmigrantes. Exigimos la dimisión del Ministro del Interior y la investigación y castigo a los responsable de este horrible crimen.
¡Nativa o extranjera, la misma clase obrera!
¡Ningún ser humano es ilegal

viernes, 7 de febrero de 2014

No a los recortes, vengan de donde vengan

El viernes 17 de enero, organizado por el Frente Cívico de Rivas-Vaciamadrid, se celebró en dicha localidad un acto en defensa de los servicios públicos en el que intervino Santiago Jiménez, alcalde por Izquierda Unida de Villaverde del Rio (Sevilla), veterano militante del PCE y miembro de la corriente marxista El Militante, al que asistieron más de 200 militantes y activistas de la izquierda.
La realización de este evento se enmarca dentro de la campaña que el Frente está llevando a cabo en Rivas y que forma parte del conjunto de acciones en defensa del mantenimiento de la titularidad pública de los servicios públicos municipales y para conseguir la remunicipalización de los que han sido privatizados.
El espiritu del 45
El evento, que tuvo lugar en la sala Covibar, empezó con el documental dirigido por el cineasta británico Ken Loach “El espíritu del 45”. Con esta película, Loach, siempre comprometido con la causa de los trabajadores, refleja el ambiente de efervescencia social que dominaba en Gran Bretaña después de la segunda guerra mundial y que se concretaba en el deseo de millones de trabajadores y jóvenes de construir un futuro en paz, pero bien diferente de la “paz” de miseria, paro y represión que imperaba en los años anteriores a la contienda mundial. En ese contexto los trabajadores auparon al Gobierno al Partido Laborista y estos, presionados por las exigencias de la clase obrera que eran además secundadas por gran parte de la clase media, llevaron a cabo un amplio plan de nacionalizaciones de sectores clave de la economía británica (transportes, minas, siderurgias, red eléctrica, etc) así como la constitución del sistema público nacional de salud y otros avances sociales.
En la parte final del documental quedan reflejadas las taras que este plan contenía y sus consecuencias cuando el ciclo capitalista cambia, y la burguesía pasa a la ofensiva privatizando todos estos sectores estratégicos para apropiarse de la parte de la plusvalía producida por los trabajadores y que les era devuelta a través de servicios sociales como sanidad, educación, vivienda, etc.
Luchar contra los recortes y las privatizaciones vengan de donde vengan
Tras la proyección de la película, más de 180 personas se quedaron para participar en el acto político que tuvo lugar a continuación. El punto central fue la intervención de Santiago Jiménez. En su discurso, el alcalde de Villaverde del Rio por IU, explicó la experiencia de más de dos años de gobierno obrero en la localidad sevillana, caracterizado por la defensa de los intereses de los trabajadores, la participación de estos a través de asambleas en la toma de decisiones sobre las cuestiones fundamentales de la gestión municipal, como el reparto democrático del trabajo, decidir dónde se van a invertir los recursos municipales, etc. También por la municipalización de servicios que habían sido privatizados por la anterior corporación (una coalición entre PP y PSOE), como el de ayuda a la dependencia, así como estar a la cabeza de la lucha por una vivienda digna, etc.
Otro aspecto importante de estos más de dos años de experiencia, explicó Santiago, es que apoyándose en el ejemplo de esta gestión, están llevando a cabo una lucha clara contra los recortes que la Junta de Andalucía, en cuyo gobierno participa IU, está aplicando. Bajo la consigna ¡No a los recortes, vengan de donde vengan!, contraponen el ejemplo de Villaverde donde no se ha aplicado ni un solo recorte (al contrario), con los miles de millones que el gobierno andaluz ha recortado de sanidad, educación, etc.
Este proceder, el único posible para los que de verdad defienden los intereses de los trabajadores como explicó Santiago, ha provocado un duro enfrentamiento con la dirección provincial de Sevilla de IU, que comprometida con la política del gobierno de la Junta, está maniobrando para intentar expulsar a todo el grupo municipal de IU de Villaverde del Rio con su alcalde a la cabeza. La campaña de solidaridad que los compañeros de Villaverde están llevando a cabo en Sevilla, Andalucía y todo el estado, ha creado una poderosa ola de apoyo al grupo municipal de IU de Villaverde que está torpedeando los planes de los que quieren hacer desaparecer el ejemplo de este gobierno de izquierdas con una política real de izquierdas.
Uno de los momentos más aplaudido de su intervención fue cuando Santiago explicó que el alcalde y los concejales de IU de Villaverde del Rio tienen un salario de unos 1.200 euros, el mismo que el de un obrero medio: “Si vives como un obrero, seguirás pensando como un obrero y seguirás defendiendo sus intereses porque siguen siendo los tuyos. En cambio si vives con tu sueldo de concejal o diputado holgadamente, pudiendo acceder a toda una serie de comodidades inalcanzables para cualquier trabajador, este ‘representante obrero’ deja de pensar como trabajador e ideas y hábitos de clases ajenas se instalan en su conciencia, lo que le lleva a defender otros intereses que no son los de los obreros a los que supuestamente representa”; estas palabras fueron recibidas por el auditorio con un cerrado y fuerte aplauso.
Tras un animado e interesante debate el acto llegó a su fin cerca de las once de la noche, saliendo la mayoría de los asistentes con la idea más fuerte y afianzada que nunca de que si se puede.

jueves, 6 de febrero de 2014

Comunicado del Sector Crítico de CCOO

La larga lucha llevada a cabo en Madrid en defensa de la sanidad pública, contra la privatización de la gestión de los hospitales y centro de salud, aún siendo conscientes de que han jugado muchos factores e intereses, la principal enseñanza que nos deja este conflicto es que una movilización organizada, transversal, plural y, sobre todo, sostenida en el tiempo puede ser muy eficaz y termina obteniendo resultados positivos.

Es precisamente ese criterio, el de la movilización sostenida en el tiempo, el que reclamamos del sindicato ante el cúmulo de agresiones que, como trabajadores y trabajadoras, estamos padeciendo.
Un breve repaso nos lleva a concluir que no hay derecho que no se haya visto afectado por los recortes y retrocesos impuestos por el Gobierno.

Los derechos sociales y las políticas de protección social han sido recortados duramente por las nuevas reformas establecidas en pensiones (factor de sostenibilidad y pérdida del IPC como referencia de revisión), o en los nuevos reajustes realizados sobre la protección por desempleo (reducción del grado y porcentaje en la cobertura de prestaciones). Igualmente, las políticas sociales recogidas en los Presupuestos Generales de este año, mantienen los reajustes efectuados en dependencia, políticas sociales etc.

Proyecto de Ley de Mutuas: El Dictamen del CES podemos entender que es un éxito porque cuestiona los elementos esenciales del anteproyecto de ley, pero no garantiza que el gobierno lo modifique. Es necesario que, además de lo recogido en el informe, seamos conscientes de la transcendencia de los temas que se configuran con el modelo de mutuas y consigamos cambiar los aspectos más negativos.

En los derechos laborales también se han producido nuevos retoques a la reforma laboral y nos anuncian seguir profundizando en la misma . La flexibilización absoluta del contrato a tiempo parcial o la congelación del Salario Mínimo Interprofesional, son pruebas de la voracidad sin límites de un gobierno que defiende a una clase empresarial sin importarle el deterioro social que pueda producir.

Nuevos retrocesos se ponen en marcha también sobre los derechos ciudadanos. Estos aparecen recogidos en un amplio abanico que va desde la reforma de las administraciones locales, con pérdida de empleo y servicios, hasta la presentación y/o aprobación de proyectos de ley como los de seguridad ciudadana, reforma del Código Penal, que tratan de contener –a base del retroceso de derechos‐ la respuesta social que las políticas del gobierno encuentran en la calle.

Ley del Aborto: Es una Ley que arrebata a la mujer el derecho a ser libre, todavía más restrictiva que la de 1985, que es una ofensa para la mujer porque la priva de sus derechos a una maternidad libre y consciente convirtiéndola en un ciudadano de segunda clase.

Las políticas públicas básicas, donde incluimos la educación (Ley Wert) o el mantenimiento de la congelación del empleo público, que provoca a diario el deterioro de servicios públicos tan importantes como la enseñanza, la sanidad, la dependencia, son también objetivo de los ajustes, recortes y reformas del gobierno.

Todo ello ocurre en un contexto con casi 6 millones de personas desempleadas, con un sistema de protección que fracasa estrepitosamente, abandonando a la pobreza absoluta a millones de trabajadores y trabajadoras y sin un horizonte cercano de solución, por mucho que nos quieran vender que ya estamos en la recuperación; con un país a la cabeza de la desigualdad y la exclusión social que sigue incrementándose (del 31,3 del año 2007, al 34% del año 2011), ampliando la distancia con la media de la UE‐15. La pobreza infantil aumenta en 267.684 personas en solo un año y uno de cada tres menores vive en España en riesgo de pobreza. El reparto de la riqueza nacional indica que hoy los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. La crisis, afrontada desde una óptica errónea con la política de austeridad, ha profundizado la desigualdad, golpeando a los más débiles.

En estos meses no hemos dado a estas agresiones la respuesta que merecían, es urgente y necesario reaccionar desde CCOO. Hechos como los conflictos vecinales de Gamonal, o los sociales y laborales de la sanidad o limpieza de Madrid demuestran que los recortes, reajustes y reformas pueden ser “derrotados” y que las movilizaciones dan sus frutos. Es más necesario que nunca confluir e influir en nuestro espacio natural (empresa y negociación colectiva) y con la sociedad en su conjunto ante el deterioro social (riesgo pobreza, exclusión social, desahucios, pensiones, etc.), incluida la confluencia en las marchas por la Dignidad.

A pesar de que el informe al último Consejo Confederal señala la necesaria cohesión interna en órganos y estructuras más pegadas a la empresa para poder ser más fuertes, las sanciones en la Federación de Servicios a la Ciudadanía en sectores como el de Administración del Estado, o los expedientes para la expulsión de activos del sindicato que no han hecho otra cosa que defender honradamente los derechos de todos y de todas nos aleja de la afiliación. Fortalecer el sentimiento de pertenencia al sindicato no se consigue así, acallando voces. CCOO tiene su identidad en la expresión democrática de las diferencias.

Por todo ello, para el Sector Crítico, el último Consejo Confederal del 28 de enero, no ha satisfecho las expectativas que se habían creado de dar una respuesta más contundente desde CCOO ante el cúmulo de ataques que estamos sufriendo. Hemos de retomar la iniciativa y ponernos a la cabeza de la movilización social, creando en la ciudadanía la esperanza real de que la movilización sostenida, unitaria, bien organizada y confluyente con los movimientos sociales, contra las políticas del PP, puede cambiar la situación. En este contexto, CCOO tenemos una gran responsabilidad y un papel fundamental que jugar.

miércoles, 5 de febrero de 2014

La ONU acusa al Vaticano de permitir abusos a niños

La ONU ha sido contundente hoy, por primera vez, con el papel del Vaticano en los escándalos de pederastia de las últimas décadas. El Comité sobre los Derechos del Niño ha criticado que los máximos responsables de la curia no hayan reconocido nunca “la amplitud de los crímenes” de abuso sexual contra niños por parte de sacerdotes y ha acusado a la institución religiosa de adoptar “políticas y prácticas que llevaron a la continuación de abusos y a la impunidad de los responsables”.
La Comisión lo ha hecho a través de su informe sobre el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño por parte de la Santa Sede. Además, a pesar de que los casos han ido saltando a la opinión pública y los tribunales, el Comité denuncia que el Vaticano no ha tomado “las medidas necesarias” para atender estos casos y proteger a los menores.
En el caso de los sacerdotes y curas pederastas, la ONU denuncia que el Vaticano haya trasferido a los agresores “de una parroquia a otra, o a otros países” en un “intento por encubrir sus crímenes”.
Esta práctica que ha sido “documentada por varias comisiones nacionales de investigación”. Además, esta movilidad ha permitido a muchos sacardotes “continuar abusando de ellos, sigue poniendo a niños en alto riesgo de abuso sexual en muchos países”.
“Se ha reportado que decenas de responsables de abusos sexuales siguen en contacto con niños”, insiste el informe, presentado casi dos semanas después de la comparecencia de altos representantes del Vaticano ante el Comité.

martes, 4 de febrero de 2014

Pena de cárcel para dos mossos por acusar falsamente a una mujer gitana de patalear a su bebé

La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a los agentes a dos años de prisión y el pago de una indemnización de 12.000 euros
La sentencia, hecha pública este martes, condena a los agentes por falsedad documental y por un delito de denuncia y acusación falsa
La hija de la mujer falsamente acusada permaneció durante 8 meses en un centro de acogida de Barcelona
Dos mossos d'Esquadra aseguraban que una mujer gitana había arrojado contra el suelo el carrito de su bebé de dos meses. Decían que había tirado y pataleado a su hija, por lo que fue obligada de inmediato a separarse de ella durante ocho meses. Todo era mentira. La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a los agentes a dos años de prisión y al pago de una indemnización de 12.000 euros  por acusar falsamente de maltrato a esta señora de origen rumano.
La sentencia, hecha pública este martes, condena a los agentes por falsedad documental y por un delito de denuncia y acusación falsa. Según anuncia la Fundación Secretariado Gitano, que ha ejercido la acusación popular en el proceso, los hechos tuvieron lugar en Barcelona el 19 de abril de 2010 cuando ambos agentes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, recibieron el aviso de que una mujer rumana, con una niña pequeña, estaba pidiendo a la puerta de un supermercado en Barcelona.
Según la sentencia, los agentes, al llegar al lugar, comprobaron tanto la identidad de la mujer como la de su hijo a través del libro de familia que llevaba consigo. “Acto seguido, puestos de común acuerdo y actuando conjuntamente con manifiesto desprecio a la verdad, le atribuyeron, sin corresponderse a la realidad de los hechos, la comisión de un delito de malos tratos en el ámbito familiar” para lo cual “no dudaron en reflejar en la minuta” que la mujer “propinó una patada al carro donde estaba el bebé”, que éste volcó y el bebé cayó al suelo, “momento que ella aprovechó para propinarle varias patadas sin ningún tipo de miramiento”, relata el documento al que ha tenido acceso eldiario.es.
Como consecuencia, la mujer fue detenida (puesta en libertad provisional al día siguiente) y, posteriormente, se le prohibió acercarse a su hija como medida cautelar. La niña, de dos meses, permaneció durante 8 meses en un centro de acogida de protección de menores de Barcelona.
Como recoge la sentencia, los informes médicos demostraban que la menor no presentaba ningún signo de agresión y las declaraciones de los testigos contradecían la versión de los mossos. “Tras la instrucción del caso quedó sobradamente demostrado que la acusación hecha por los dos agentes era totalmente falsa”, asegura Sara Gimenez abogada de Secretariado Gitano. “Gracias a los informes médicos del Hospital la Vall d´hebrón y del médico forense y a las declaraciones de varios testigos, pudimos demostrar que nuestra defendida no había maltratado en ningún momento a su hija de dos meses”.
“Que sea pobre, mujer, inmigrante y gitana no es sinónimo de delincuencia”, dice la abogada Sara Giménez. “Es lamentable que los agentes que intervinieron faltaran a la verdad, llegando a acusar falsamente a esta señora de un delito muy grave, que nunca había cometido, y que la ha tenido separada de su hija durante más de ocho meses. Los daños, pese a la sentencia, son irreparables”, denuncia Giménez.
NOTA: y si los informes médicos negaban la veracidad de la denuncia...¿por qué se le quitó la niña a su madre?