domingo, 9 de julio de 2017

Sistema de protección de menores. La lucha comienza a dar sus frutos



Durante décadas el silencio ha rodeado al sistema de protección de menores. Las únicas noticias que aparecían en los medios se referían a la gran labor solidaria realizada por las entidades sin ánimo de lucro que amorosamente cuidaban de las niñas y los niños desamparados, normalmente asociadas a las galas benéficas al estilo del Rastrillo Solidario de Nuevo Futuro (con Pilar de Borbón al frente). 


Centros de menores. Negocio y violencia institucional.


Poco a poco la salvaje realidad ha ido aflorando. Gracias a la lucha numantina de varios colectivos, primero la opinión pública conoció las barbaridades cometidas en los centros de protección “terapéuticos”, especialmente brutales en algunos centros (como los gestionados por la afortunadamente extinta Fundación O´Belen). Y poco a poco se va conociendo que en general, el sistema de protección, heredero de las instituciones tutelares franquistas, hace aguas por todas partes: alarmante institucionalización a base de centros de todo tipo, precariedad y explotación laboral entre las profesionales del sector, centros en condiciones lastimosas, metodologías pseudocientíficas, malos tratos de todo tipo y una pasmosa y negligente ineficacia a la hora de proteger a los niños (los casos de prostitución de menores en torno a los centros de protección en diversos puntos del estado son el aval más cruel de esta afirmación). Una cosa queda clara: nuestro sistema de protección de menores prima por encima de todo el lucro empresarial de las entidades sin ánimo de lucro.


En realidad, los crímenes en nombre de la protección del menor empiezan antes de llegar a los centros. En el estado español se producen retiradas de tutela totalmente arbitrarias, estando la pobreza de los progenitores detrás de la inmensa mayoría de los casos. La situación es tan grave que cada vez más voces acreditadas en la materia, como el pedagogo Enrique Martínez Reguera o la periodista Consuelo García del Cid, hablan abiertamente de expropiación de niños pobres (el robo de bebés bajo el franquismo, como otras tantas cosas, no terminó con la llegada de la democracia). Pero cada vez lo tienen más difícil: las propias familias se están organizando. La Marea Turquesa, vinculada al movimiento feminista, está poniendo negro sobre blanco la realidad de miles de familias destrozadas por decisiones administrativas (en nuestro país ni siquiera se necesita orden judicial para retirar tutelas). También están denunciando las prácticas judiciales machistas, ya que justificándose en el delirante Síndrome de Alienación Parental (refutado por instituciones científicas nacionales e internacionales, pero defendido por personajes como Javier Urra, ex Defensor del Menor y actual mercader del sector) se está amparando a maltratadores y abusadores sexuales frente a mujeres y niñas.


¡La lucha sirve!


Además, con la llegada de las fuerzas del cambio, la lucha por los derechos de la infancia y las familias ha llegado a las instituciones. Isabel Serra, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, está denunciando el negocio que se esconde tras el supuesto interés superior del menor. Recientemente se ha aprobado una propuesta para fomentar el acogimiento familiar frente al internamiento en centros, un gran paso adelante en Madrid. Y Mónica Oltra, desde la Generalitat, ha dado un puñetazo en la mesa, denunciando malos tratos y negligencias en el sistema, ha cerrado centros y ha planteado ir a la raíz del problema: va a cuadruplicar las plantillas de atención a la infancia y ha elaborado un plan para revertir totalmente la privatización del sector en 2020. Ese es el camino. Pero queda mucho por hacer, por lo que es fundamental que los compañeros con responsabilidades institucionales hablen directamente con las familias y con los profesionales implicados (como las compañeras de Casa de las Andorinas, de Menuts de Valencia). Y por supuesto, tienen que hablar directamente con las niñas y los niños que tutelan.


Sindicatos y trabajadores debemos exigir un servicio 100% público en interés exclusivo del bienestar del menor


No habríamos llegado a esta situación sin la vergonzosa connivencia sindical que ha caracterizado al sector de menores. Un claro ejemplo lo tenemos ahora en Valencia. Los sindicatos están movilizando a los trabajadores de los centros de menores porque, alegando impagos de la administración, las empresas están dejando de pagar las nóminas. Obvio que ante esta situación hay que movilizarse, la Generalitat no puede permitir que los trabajadores sean quienes terminen pagando los platos rotos. Pero ir de la mano de la patronal (incluso el manifiesto es conjunto), justo cuando la Generalitat plantea acabar con el negocio de los centros, es mucho más que un error táctico. Es fruto de unos dirigentes completamente entregados (basta citar a Rafael Bautista, máximo responsable del sector en la Federación de Enseñanza de CCOO, que firmó un vergonzoso convenio y que después pasó a formar parte de la negociación como representante de la patronal).

Al parecer estos responsables sindicales nada tienen que decir sobre la privatización del sector, ni parece importarles que organizaciones como las Terciarias Capuchinas (monjas que maltrataron a miles de niñas y mujeres durante los años del Patronato de la Mujer) gestionen en la actualidad centros de menores. De hecho, en los últimos años generalmente sólo hemos tenido noticias del sindicato en lo relativo a menores para negar la mayor ante cada escándalo de malos tratos en centros, haciéndole el juego a curas, constructores, banqueros y políticos profesionales, que al fin y al cabo son quienes se lucran de la explotación de la infancia marginada. Incluso CCOO llegó a quedarse sola en defensa de las prácticas de O´Belen (no es de extrañar al saber que el secretario del comité intercentros de esta nefasta empresa era Rafael Pinto, sobrinísimo del patrón, Emilio Pinto). Quienes defendemos un sindicalismo de clase y sociopolítico no vamos a permitir que en nombre de nuestras organizaciones de clase se sigan defendiendo los intereses de la patronal y amparando prácticas dignas del medievo. La lucha está servida.

sábado, 8 de julio de 2017

La Otra Memoria Histórica. San Fermines 1978

La Transición fue una tomadura de pelo. Una sangrienta estafa, que no sólo se ha intentado ocultar, sino que se cubrió con un vergonzoso manto de impunidad a los genocidas de la dictadura y a los asesinos fascistas de los años en los que se cambió todo para que no cambiara nada.

En 1978, con los sucesos de Vitoria y Montejurra muy presentes en la población, los fascistas decidieron reventar los San Fermines, utilizando a las fuerzas de seguridad. Este crimen sigue impune.




martes, 4 de julio de 2017

Maternidad subrogada: vosotras parís, nosotros decidimos



En el programa ‘En el punto de mira’, sobre vientres de alquiler en Ucrania, se entrevista a una joven pareja española que va a tener descendencia gracias a una madre de alquiler ucraniana. Los muy competitivos precios de este país han puesto la subrogación al alcance de la clase media (del total de 40 – 50.000 euros que pagan las familias de intención, los investigadores del programa no logran averiguar la cifra exacta de lo que recibe la mujer gestante, pero es bastante menos de los 8.000 € por criatura que aparecen anunciados en la prensa ucraniana como cebo para las mujeres). La joven madre contratante española de 26 años muestra una minúscula camiseta de un equipo de futbol para el bebé y dice: “Cuando empiezas un proceso así siempre te entran ganas de comprar cosas”.

Matt y Chad, una pareja gay norteamericana, relatan en su blog paso a paso el proceso de subrogación de sus dos niños en India. Durante la gestación publican: “Estamos embarazados de x semanas” y describen minuciosamente el desarrollo fetal y las sensaciones del embarazo en primera persona. La mujer india embarazada madre de sus hijos, apenas es mencionada en el inmenso blog: “Hemos conocido a nuestra subrogada, hemos hablado con ella y con su marido, y hemos ido a ecografías con ella. Confío en que no hay coerción, y que ella ha asumido libremente este arreglo. No tengo ninguna duda de que los beneficios que su familia va a ingresar con este contrato van a ser fenomenalmente positivos”. Una vez llegados al mundo sus dos hijos varones, han contado con los servicios de dos mujeres (cocinera y niñera) 6 días a las semana.

En esta familia de cuatro varones se hace realidad una utopía patriarcal. Las mujeres, todas ellas subalternas y a su disposición a través de contratos legales ofrecen a los varones servicios variados: gestar, limpiar, cuidar, cocinar, parir, fregar, planchar, etc.; y todo ello sin necesidad de relacionarse directamente con ellas ni de que sean partícipes de una vida social reservada a quienes habitan en el espacio superior de los gestores del mundo. Un mundo feliz sin guerra de sexos en el que las mujeres –un tercio dedicadas a servicios sexuales, un tercio en el precariado y un tercio de privilegiadas con poder político y que son sus aliadas— finalmente tendrían cada una su lugar fijo al servicio del capital, y en el que la misoginia –compartida por las propias mujeres– sería un elemento tan básico como el aire que se respira…

La emergencia de la maternidad subrogada tiene cuatro causas:

La causa principal, y verdadera fuerza motriz de la normalización de este fenómeno es la expectativa de negocio que supone: es una actividad con un potencial de crecimiento enorme y capaz de producir beneficios netos espectaculares. El segundo motor es el deseo de bebés de una sociedad donde reproducirse se ha convertido en un privilegio y en la que las mujeres entregan su juventud al mercado laboral. Ese deseo, transformado en consumo narcisista, genera una postmoderna demanda de criaturas deconstruidas de su vínculo primigenio y convertidas en mercancía.

La tercera y cuarta causa no son motores sino fundamentos. Uno es la tecnología: el poder triunfante de la racionalidad humana, extrayendo de la naturaleza, una vez más, un rendimiento al que se le da un valor añadido. Y el cuarto es el puntal sobre el que se funda este negocio, el sustrato en el que enraíza y del que se nutre: la milenaria subyugación de las mujeres y la cosificación de sus cuerpos al servicio de los intereses del patriarcado.

Es importante no perder de vista el hecho de que la subrogación es, en esencia, trata de bebés. Pero para esquivar el inconveniente de que en nuestras sociedades es ilegal comerciar con seres humanos, la compra-venta se disfraza de alquiler, en este caso de vientres, una explotación que, aunque también cosifica a personas, se trata de algo a lo que estamos mucho más acostumbrados, ya que mientras que el esclavismo ha sido hace tiempo erradicado en nuestras sociedades, el patriarcado todavía goza de buena salud.
¿Altruismo?

Desde que se empezó a regular esta práctica, se han promocionado relatos y teorías que presentaban la maternidad subrogada como un acto “altruista” por parte de las gestantes. Que tal cosa pueda ser creíble en el caso de la subrogación comercial, solo se explica como una anomalía propia del contexto actual de cinismo y posverdad, y tiene su único fundamento en las declaraciones hechas por algunas gestantes americanas durante procesos de subrogación generalmente en régimen abierto (una modalidad hoy muy minoritaria y que implica un contacto continuado entre gestante y cliente), olvidando que sus palabras, como vendedoras de un servicio que son, responden a la máxima de “el cliente siempre tiene la razón”. Las madres de alquiler deben cumplir con todos los términos de su contrato durante nueve meses y hacer realidad los deseos de los contratantes, y si el relato fantasmático del altruismo, además de satisfacer al cliente, tiene la ventaja de proporcionarles a ellas una autoimagen más aceptable, pues mejor que mejor.

En cuanto a la “autentica” subrogación “altruista”, en Reino Unido se dan unos 10 – 20 casos anuales. Y como botón de muestra de en qué consisten los resortes psicológicos de ese “altruismo”, escuchemos cómo lo relata una madre subrogada británica: “Siempre quise tener hijos, pero nunca tuve la oportunidad”. Amanda Benson, que dice no haber sido madre en solitario por no tener la capacidad económica para ello, decidió entonces ser madre para otros. Eligió una pareja gay porque pensó que “aceptarían de mejor grado el que una mujer forme parte de su familia” y gestó dos hijos para ellos. Este testimonio pone en evidencia cómo la subrogación (ya sea comercial o no) se vale siempre de las dos opresiones estructurales básicas del patriarcado: la precariedad y la subyugación interiorizada por las mujeres. La profundidad de este sometimiento crea “fuerza de trabajo reproductivo” lista para ser explotada; y en nuestras sociedades poscapitalistas el patriarcado ha llegado a ser tan perfecto y sofisticado que a veces incluso es posible consumar la expropiación sin que ni siquiera sea necesario darle apariencia de intercambio. Hay cientos de casos judiciales –no tan visibles en los medios como los de los felices padres con sus bebés fruto de la subrogación— de madres gestantes que acaban reclamando derechos sobre las criaturas que han parido; pero incluso en Reino Unido, que tiene una regulación garantista y supuestamente respetuosa para con las madres, un juez puede finalmente obligar a la madre a entregar al bebé que gestó altruistamente para una pareja de padres intencionales.
El varón como creador de vida

Una de las pulsiones –quizá la más básica – del patriarcado es su voluntad de apropiarse de la capacidad procreadora de las mujeres. En las culturas patriarcales de todo el planeta existen mitos y creencias que responden un mismo relato-base: aunque la mujer nutre y “cocina” en su vientre a los bebés, es la semilla y el poder místico de los varones lo que les dota de forma e identidad humana; la maternidad tan solo proveería “materia prima”, puesto que las mujeres no tienen poder creativo, son los varones quienes lo tienen, y por eso son superiores. Aristóteles compartía esta visión, y también muchos Padres de la Iglesia.

Esta necesidad patriarcal de negar y degradar la centralidad femenina en la procreación es visible en el hecho de que Zeus, personificación del patriarcado occidental, acumula partos fantasmáticos: Dionisos surgió de su propio muslo, y Atenea, de su cabeza. Apolo, hijo de Zeus y encarnación de un orden patriarcal consolidado, explica así en Las Euménides, el papel de las madres en la generación de las criaturas: “….Reconoce tú la verdad de mis razones. No es la madre la engendradora del que llaman su hijo, sino solo nodriza del germen sembrado en sus entrañas. Quien con ella se junta es el que engendra. La mujer es como huéspeda que recibe en hospedaje el germen de otro y le guarda, si el cielo no dispone de otra cosa”.

Al parecer Apolo ya tenía en mente el alquiler de vientres. Es obvio el nexo existente entre la preeminencia simbólica dada a la mágica intervención masculina en la concepción a lo largo de la historia, y los poderes legales que un varón puede llegar a reclamar hoy sobre un bebé por la sola aportación de su espermatozoide. Y no es casual el hecho de que en general las criaturas producto de madres de alquiler solo tengan filiación paterna al llegar a este mundo: son criaturas nacidas del padre. Los padres contratantes, cual Zeus postmodernos, son, al llegar al país de destino, los únicos creadores de su descendencia, y esto es posible gracias a la fuerza legal del espermatozoide.

El negocio de la subrogación cuenta con la ventaja de que se apoya en un clima cultural e ideológico surgido de la postmodernidad en el que la pública negación de esencias, aprioris y universales, se ha convertido en una vía fácil y democrática de acceder a la categoría de moderno. Y nada mejor que la maternidad para negarlos todos a la vez.

Uno de los hitos en el triunfo del constructivismo en las ciencias sociales fue el cuestionamiento por parte del antropólogo americano David M. Schneider de las bases sobre las que se había fundado el estudio del parentesco: con su artículo de 1972 ‘¿De qué va el parentesco?’ puso patas arriba el mundo de la Antropología. Schneider criticaba el etnocentrismo de lo que él denominó la “doctrina de la unidad genealógica de la humanidad” que consiste en asumir apriorísticamente que los “hechos biológicos de la reproducción” son efectivamente el principio que establece universalmente el parentesco y la filiación. Como evidencia de que eso no es así, Schneider señalaba el hecho de que en muchas culturas la vinculación entre personas se explica a través de principios relacionados con la nutrición, los cuidados mutuos o la convivencia, y no por compartir material genético como hacemos los occidentales.

Pero Schneider -como la mayoría de los antropólogos y analistas sociales— cuando piensa en los “hechos biológicos de la reproducción” piensa androcéntricamente sobre todo en el coito y en la contribución masculina. Lo que Schneider olvida y sin embargo es obvio para cualquiera que no vuele permanentemente en el mundo abstracto de los constructos, es que el principal “hecho biológico de la reproducción” no es el coito sino la gestación y su desenlace, el parto; si Schneider fuera mujer no habría pensado el parentesco como algo ajeno a la biología. Sin embargo, la crítica de Schneider sí que es válida en lo referente al coito, la paternidad y su construcción social, que como nos muestra la comparación intercultural, es variada y no necesariamente ligada a la genética; mientras que, independientemente de cuál sea su representación simbólica, de la maternidad biológica –entendida como gestación y parto- siempre se ha derivado automáticamente una maternidad social en todos las sociedades conocidas. Hasta ahora.

La subrogación no sería posible sin la preeminencia otorgada a los gametos en el “hecho reproductivo”; y este valor preferente es de signo netamente patriarcal: es por ser los gametos lo único que el varón aporta a la procreación, por lo que tienen esa preeminencia legal y son principio generador de derechos. En la subrogación se anulan los derechos por parto y se enfatizan los derechos por vinculación genética, una forma de vinculación que es abstracta, por más que los genes efectivamente reproduzcan características de uno, ya que la transmisión de gametos no implica necesariamente ningún contacto físico ni vínculo emocional con la criatura a la que dará lugar.

La función de los gametos en la procreación es nimia en relación a la enormidad del proceso de gestación de nueve meses en los que se desarrollará un embrión, luego un feto y finalmente una criatura. Quizá esa función sea comparable al rol que una llave y una cerradura tienen en un viaje de 900 km en coche. Que un proceso corporal íntimo tan costoso y arriesgado pueda ser expropiado, regulado y mercantilizado nos da la medida de la deshumanización y la decadencia de nuestras sociedades.

El patriarcapitalismo parece haber encontrado hoy la manera de hacer que aquello que creímos que eran avances para las mujeres se tornen cadenas: mientras que las demandas de igualdad, transmutadas en igualitarismo, sirven hoy de justificación a paternidades tóxicas y expropiadoras, los avances en el control de la fertilidad y la reproducción han sido convertidos en los instrumentos de explotación más sofisticados de los que jamás haya dispuesto el patriarcado. La normalización de la maternidad subrogada es una derrota para el feminismo, una derrota que se suma a otras, como las custodias compartidas impuestas o la imparable feminización de la pobreza, y todas ellas están relacionadas con la vivencia de la maternidad. El feminismo arrastra desde hace décadas un error de concepto y de estrategia en lo relativo a la representación de la maternidad. Y difícilmente se podrá recuperar el terreno perdido frente al patriarcado sin cambiar el discurso.

sábado, 1 de julio de 2017

Cerco sindical y político a la gestión privada de los centros de menores en Catalunya

Sindicatos y diputados del Parlament de Catalunya claman contra el funcionamiento de los centros de menores tutelados por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). El sindicato UGT ha dado este miércoles un severo rapapolvo a la DGAIA, que depende de la Conselleria d'Afers Socials, “por la mala gestión de entidades y fundaciones puramente mercantilistas”. Del centenar de Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) de Catalunya, solo el 10% son públicos, el resto son privados o de gestión delegada (el edificio es de la Administración).

Estas críticas se suman a las de la Confederació General del Treball contra el responsable de la DGAIA, Ricard Calvo, por "adjudicar y favorecer" a la fundación Plataforma Educativa, "en la que había tenido cargos", con contratos por valor de 98 millones para gestionar centros en los próximos ocho años. 

La UGT ha denunciado ante la Generalitat y el Síndic de Greuges que en algunos de los centros privados "comen y cenan de 'catering' de baja calidad". Lo mismo sucede con la ropa que, a veces, "es de segunda mano". Además, señala el sindicato, no se realizan actividades extraescolares ni lúdicas si no son gratuitas. Y los chavales con graves discapacidades físicas o psíquicas "no reciben la atención individual que necesitan". CCOO añade otro dato: "La DGAIA no ejerce un control exhaustivo sobre las empresas en las que ha delegado la gestión. El director del centro sabe el día y la hora en que va a pasar el inspector".

PAGO MENSUAL

Por todo ello, el sindicato UGT ha exigido a la DGAIA que se marque como prioridad "el seguimiento y la vigilancia de estas fundaciones" y censura que la dirección general no actúe como encargada de "velar y proteger a estos niños en situación de especial vulnerabilidad". Según consta en un documento con membrete de la Generalitat, esta abona entre 3.000 y 4.000 euros mensuales por chaval (entre 108 y 134 euros diarios), en función del número de plazas del centro. En estos espacios viven unos 3.000 chavales.

Una circular a la que ha tenido acceso este diario alerta de que "no es posible recibir comida u otro material a través de entidades benéficas, ya que este aspecto queda cubierto por la propia Administración". Sin embargo, UGT afirma haber constatado que, en ocasiones, se ha llegado "a utilizar comida de donaciones del Banc dels Aliments o de Cruz Roja". 

Afers Socials recuerda que en los centros públicos no se permite "la comida de beneficencia" y que cada centro tiene asignado un presupuesto en invierno y verano para ropa. Las incidencias en estos recintos "se comunicas al Área de Centros de la DGAIA, que las subsanan lo más rápido posible", asegura el departamento.

SIN REPRESENTACIÓN SINDICAL

Nueva cita de la comisión de Infancia

La comisión que debe revisar el modelo de protección de la infancia y adolescencia en Catalunya se reunirá este viernes, por segunda vez, para comenzar a trabajar, tras un primer encuentro preliminar. La constitución de este organismo creado a instancias del Parlament se realizó con mes y medio de retraso. El grupo lo constituyen representantes de los grupos políticos en la Cámara catalana y representantes de la Administración. Ahora, falta por concretar el listado y la fecha en la que diferentes expertos en temas de infancia darán su visión para mejorar el modelo. El primer encuentro se realizó a finales de mayo en la sede de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).

Antonio Gutiérrez, responsable de Acción Social de UGT de centros privados, critica el tipo de comida hasta el punto de que "educadores que atienden a los chavales les dicen que coman lo que quieran". Hay establecimientos que llevan el 'catering' "el viernes hasta el lunes al mediodía y hay que dejar alimentos fuera de la nevera por falta de espacio en los frigoríficos". Gutiérrez cita a la fundación Idea, "que además de las irregularidades denunciadas en la atención infantil, incumple el convenio laboral e impide la representación sindical". 

Rafi Redondo, coordinadora del sector de intervención Social de CCOO, reclama "transparencia" en la gestión económica, en qué y cómo se gasta el dinero. Además reivindica que la Administración "dote de más recursos a los centros y no a las empresas", y que los educadores sociales tengan protección jurídica "para evitar que los despidan si denuncian irregularidades". 

Tanto las diputadas Gemma Lienas, del grupo Catalunya Sí Que Es Pot, como Gabriela Serra, de la CUP, critican el funcionamiento de los centros de menores de gestión privada y reconocen las diferencias que hay con los públicos por eso reclaman que sean de titularidad pública. Lienas censura que "se incumplan las ratios de educador por niño, lo que imposibilita que se dé una buena atención". 

Serra se pregunta cómo puede la Generalitat "retirar a los niños de su familia y asumir la tutela y una vez que la tiene, dejar al niño en un centro de gestión privada donde no están garantizadas las normas de acogida". La diputada de la CUP reclama que los centros sean lo más parecidos a un hogar "porque a los niños les tienes que dar algo mejor que lo que tenían en su casa para justificar la retirada, si no es mejor no hacerlo. Es inaceptable que un niño retirado duerma en el suelo porque el centro no tiene más camas".