Fuera mafia, hola democracia

Los derechos de la infancia. ¡Son derechos humanos!

Acto organizado por Amnistía Internacional Comunidad Valenciana, sobre los derechos de la infancia en situación de desprotección.

Amnistía Internacional Comunidad Valenciana organizará una mesa redonda, sobre los derechos de la infancia en situación de desprotección. Entre otras cuestiones se difundirá el informe de Amnistía Internacional: ·Si vuelvo. ¡Me mato!. (II). Informe de seguimiento sobre la situación de menores en centros de protección terapeúticos en España.

Además se podrá visitar la Exposición Nusos. Gent del Casal de la Pau (Fotografías de Juan Molpeceres).

El acto tendrá lugar el día 26 de septiembre, a las 18:30 horas, en la Casa de la Cultura (Escoles Pies, 4. Alzira)

Presenta y modera:

• Juan Molpeceres, abogado y activista de derechos humanos. Autor de la exposición Nusos.

Participan:

• Mari Carmen Santos, presidenta de AFA-CV-Asociación de familias acogedoras con sede en Alzira.
• Ricardo Casadó, presidente de ACARONAR, Asociación de atención y apoyo a la familia, infancia y juventud. Acogimiento familiar. Miembro de la Asociación de profesionales de Instituciones de Protección del Menor.
• Francisco Cárdenas, presidente de APRODEME. Asociación muy activa en Cataluña que ha denunciado actuaciones arbitrarias de la Administración con respecto a la infancia.
• Isabel Fortea Montes, activista por los derechos de menores. Testimonio de quien fue una menor acogida.

Amnistía Internacional

Consulta ciudadana por la educación

Los profesores de las Islas Baleares en huelga indefinida

¡Un éxito total que prepara la rebelión en las aulas del mes de octubre!

¡Esta lucha es nuestra lucha!

Desde el sindicato de Estudiantes queremos mostrar todo nuestro apoyo a la huelga indefinida que los profesores de Baleares están protagonizando contra la contrarreforma educativa del PP, contra los recortes y contra el intento de la derecha de destruir el derecho a estudiar en catalán en los centros educativos públicos de las islas. En estos días los profesores y profesoras de las Islas Baleares están dando una impresionante demostración de sacrificio, arrojo y capacidad de lucha contra los ataques del Partido Popular.

 La huelga indefinida que ha empezado el 16 de septiembre, el primer día de curso, ha sido el producto exclusivo de la determinación y empuje de los trabajadores de la enseñanza en defensa de una conquista tan importante como es la educación pública. Toda esta fuerza se ha expresado por medio de la organización de asambleas de profesores realizadas en centros de primaria y secundaría a lo largo de toda la geografía Balear, asambleas que se han coordinado desde abajo. El 3 de septiembre se recogieron 5.000 firmas de docentes de las Islas, con el objetivo de avalar la convocatoria de asambleas en las que se votase la propuesta a favor de una huelga indefinida y de la tabla reivindicativa que la motivaba.  El 4 de septiembre las Asambleas de Docentes de Mallorca, Menorca, Formentera e Ibiza aprobaron la Huelga Indefinida con más del 95% de los votos. Después de este resultado tan clamoroso, de voluntad de lucha de los profesores, las direcciones  de STEI-I y la FE de CCOO convocaron legalmente la huelga indefinida en unidad de acción apoyando las decisiones de la Asamblea de Docentes; pocos días después la UGT también se sumó.

¡Esta lucha es nuestra lucha! 

Las reivindicaciones de la Huelga Indefinida que, como ya hemos dicho, fueron aprobadas por votación, son las siguientes:

•          Defensa de la inmersión lingüística en catalán, es decir que se pueda estudiar y aprender en catalán y que este no sea marginado como pretende el gobierno autonómico del PP. La Asamblea de Docentes exige la retirada del TIL (Tratamiento Integral de Lenguas)

•          Retirada del proyecto de decreto de Convivencia y la Ley de símbolos.

•          Becas de transporte y comedor efectivas y convocadas en el tiempo y la forma adecuada. Dotación suficiente y eficiente porque se pueda llevar un buen plan de reutilización de libros.

•          Recuperación de las plantillas, del profesorado de Atención a la Diversidad y de las ratios anteriores a los recortes.

•          Sustituciones inmediatas de las bajas. Bajas 100% remuneradas.

•          Contratación de los interinos durante los meses de julio y agosto.

•          Recuperación de los complementos perdidos y reconocimiento de nuevos sexenios desde el 1 de junio de 2012 y desempeño del acuerdo salarial de 2008 por la escuela concertada.

•          Suspensión de todos los expedientes sancionadores que se inicien con clara intención represiva previamente y durante la huelga.

•          Retirada de la LOMCE.

El profesorado balear lo tiene claro, los ataques a la educación pública allí son los mismos que en el resto del Estado y por tanto son la misma lucha.

La derecha y el PP responden con la represión

En los días transcurridos de huelga, la respuesta mayoritaria de los profesores, padres y madres y estudiantes se ha dejado sentir en todo Baleares. Concentraciones multitudinarias en las localidades, manifestaciones masivas y ayer una demostración de fuerza de toda la comunidad educativa con miles de profesores, padres y estudiantes en el campus de la Universidad de les Illes Balears (UIB). Incluso el diario El País tiene que reconocer el carácter histórico de esta lucha: “Durante tres horas —sin incidentes ni presencia policial—, alrededor del rectorado se clamó contra el Gobierno del PP y su presidente, José Ramón Bauzá, que evitó acudir e intervenir en la ceremonia oficial de apertura del curso. En pocas ocasiones, en los 35 años de vida de la única universidad de las islas, se había vivido una expresión crítica tan numerosa y diversa. Por la noche, en la Nit de l’Art de Palma, la fiesta de las galerías de arte, se repitió la presencia de ciudadanos movilizados con camisetas verdes, y se dieron así acciones artísticas de protesta, espontáneas. Tampoco acudió a la cita el presidente Bauzá.”

Lo mismo que está ocurriendo al Ministro Wert en los diferentes actos a los que acude y dónde siempre es recibido con una sonora concentración de repulsa. Es la forma que tenemos la comunidad educativa de “celebrar” sus provocaciones, sus insultos y sus constantes ataques a nuestro derecho a al enseñanza de calidad.

Por otra parte, del el Sindicato de Estudiantes queremos denunciar la represión de la policía a nuestros compañeros del movimiento estudiantil de Baleares, en concreto del IES Arxiduc Lluís Salvador, situado en la calle Gelabert de Centelles de Palma. Cuando los compañeros estaban ejerciendo su derecho democrático como piquete informativo, un grupo de efectivos de la Policía Nacional ha intervenido para “despejar” la entrada del instituto. Los policías han perseguido a los estudiantes, incluso los has sacado por la fuerza de El Corte Inglés dónde buscaron refugio, siendo posteriormente retenidos e identificados.

Los agentes no sólo retuvieron a los estudiantes que se hallaban a las puertas del IES Arxiduc sino que, tal como ocurriera en la Primavera Valenciana, los furgones de la Policía Nacional bloquearon el paso de cuantos jóvenes han encontrado por las calles, descendiendo de ellos los antidisturbios que, porra en mano, han asaltado a los menores registrando sus mochilas e identificándoles. Según diferentes testimonios, la actitud de los agentes ha sido desde el primer momento agresiva: han registrado mochilas, les han sustraído las banderas que llevaban e incluso han llegado a gritar frases como “habla en cristiano” a los jóvenes que respondían en catalán.

Este recurso a la represión está en sintonía con las vergonzosas y franquistas declaraciones del diputado autonómico del PP y miembro de la Comisión de Educación del Parlament de les Illes Balears, Antoni Camps, amenazando en un artículo en el diario El Mundo con señalar “con nombres y apellidos” a aquellos profesores que han secundado la huelga. Así se expresa este dirigente del PP: “Lo positivo de esta huelga es que sabremos, con nombres y apellidos, quienes están preocupados por el futuro de nuestros hijos, y quienes, por el contrario, juegan con los alumnos para conseguir objetivos políticos”. Esta es la forma en la que el PP trata a la comunidad educativa, como “subversivos”, igual que hacía la Brigada Política Social en los tiempos del franquismo.

La lucha de las Baleares prepara la rebelión en las aulas del mes de octubre

Desde el Sindicato de Estudiantes llamamos a continuar la lucha de Baleares hasta vencer al gobierno del PP. Llamamos a la solidaridad activa de la comunidad educativa del conjunto del Estado y, por supuesto, a preparar con la misma determinación y contundencia la Huelga General estudiantil del 22, 23 y del 24 de octubre. Este es el camino para conseguir la dimisión del ministro de educación y la retirada de sus ataques.

Sindicato de Estudiantes

Marea Blanca

Concentración antifascista

Concentración contra el acoso a los trabajadores que denuncian los malos tratos en los centros de menores

Desde hace años, numerosos colectivos sociales están denunciando la vulneración sistemática de derechos en los centros de menores, especialmente en los centros de reforma (cárceles para menores infractores) y en los llamados centros terapéuticos (centros de la red de protección donde son internados menores supuestamente aquejados de un trastorno de conducta). En 2009, el Defensor del Pueblo hizo público un durísimo informe sobre los centros terapéuticos, en el que se recogían numerosas irregularidades: privación de libertad con carácter indefinido sin tutela judicial ni asistencia letrada, abuso de psicofármacos, utilización de celdas de aislamiento (que en algunos casos llega a definir como “mazmorras medievales”), castigos vejatorios, uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, vulneración del derecho a la intimidad, registros con desnudo integral injustificados…El informe también refleja las precarias y desmotivantes condiciones laborales que sufren los trabajadores y la insuficiente formación continua del personal, conllevando la continua rotación de las plantillas (en sólo un año en el centro Picón del Jarama se produjeron 48 bajas voluntarias, 9 despidos, 7 bajas por enfermedad y 3 bajas psicológicas; y en La Jarosa, la permanencia media de los trabajadores era de 1 a 3 meses. Ambos centros bajo la gestión de O´Belen).

A su vez, el informe denuncia dejación de funciones por parte de las distintas administraciones que ejercen un deficiente control sobre el funcionamiento de los centros, así como las carencias en la intervención con las familias de los menores y la escasa eficacia de los programas terapéuticos (las altas en los centros se producen mayoritariamente por el traslado a otro centro o por el cumplimiento de la mayoría de edad del interno, y no por la superación de los objetivos programados). Las investigaciones de Amnistía Internacional llegaron a conclusiones muy similares. Todo esto podría llevar a pensar que el sistema no está realmente orientado hacia el interés superior del menor, sino a establecer mecanismos de control social y a beneficiar a las empresas gestoras de este tipo de centros (la gran mayoría están privatizados).

En el mencionado informe, los centros peor parados son gestionados por la Fundación Internacional O´Belen. De hecho, tras la publicación del informe, el fallecimiento de varios niños bajo su custodia y la movilización social en su contra, su presidente tuvo que dimitir y varios de sus centros fueron clausurados (los menores internos en sus centros de Castilla La Mancha pasaron a ser atendidos en un nuevo centro de titularidad y gestión pública). Además, el escándalo propició el impulso de modificaciones normativas, como la creación de un nuevo protocolo de actuación para estos centros por parte de la Comisión Interautonómica de Directores Generales de Infancia (aunque no es vinculante para las partes). A su vez, se iniciaron los trabajos parlamentarios para actualizar la legislación sobre protección a la infancia y para la modificación complementaria del Código Civil, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y la Ley de Enjuiciamiento Civil (paralizados tras la llegada al gobierno del PP).

Pero desde el entorno de O´Belen no se quedaron de brazos cruzados. Por un lado, se dedicaron a criminalizar a los menores atendidos en sus centros de protección para intentar desviar la atención de sus responsabilidades. Y por otro, iniciaron una serie de actuaciones contra uno de los educadores que denunció ante el Defensor del Pueblo y públicamente lo que ocurría en sus centros. No sólo perdió su empleo (la empresa tuvo que admitir la improcedencia de su despido) y fue difamado, sino que además recibió un aluvión de demandas de conciliación (la mayoría de los denunciantes ni siquiera se presentaron) y una querella penal por injurias (archivada ante el reiterado incumplimiento de los requerimientos del juzgado por parte del querellante), por lo que ha tenido que personarse una veintena de veces en juzgados de Madrid y Guadalajara, con los trastornos laborales y personales que esto significa.

Y ahora, el próximo 19 de septiembre tiene que presentarse en Plaza de Castilla para declarar como imputado por un delito de calumnias tras la denuncia interpuesta por Javier San Sebastián (presidente de O´Belen) y Paloma Martín (ex gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia y actual directora general de ordenación e inspección de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid). Ante esta situación, exigimos el archivo inmediato de esta causa y el cese de los ataques al compañero que cumplió con su obligación como educador al denunciar las graves irregularidades ya comentadas.

Así mismo, consideramos urgente reabrir el debate sobre los mecanismos de protección a la infancia. Y mientras esto sucede, exigimos que se tomen las medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos de los menores en todos los centros (tanto de protección como de reforma), basando su funcionamiento interno en el cumplimiento de nuestra legislación vigente (Ley de Autonomía del Paciente, 2002) y de la normativa internacional (Reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, 1990). Deben implantarse, como mínimo, las siguientes medidas:

·     Prohibición de las penas de aislamiento y de cualquier castigo cruel, inhumano o degradante (art. 67 Reglas de la ONU)

·        Restricción del uso de la coerción y la fuerza

(art. 64 Reglas de la ONU)

·       Facilitar el contacto del menor con la comunidad, autorizándose la comunicación con familiares, amigos y representantes de organizaciones de reconocido prestigio (art. 59 Reglas de la ONU)

·  Prohibición de la medicación forzosa, respetándose el consentimiento informado.

Conscientes de las nefastas consecuencias que privatización y recortes tienen tanto para los usuarios como para los trabajadores del sector, exigimos que el lucro empresarial salga de la ecuación de los servicios sociales. Exigimos que los recursos destinados a garantizar los derechos de la ciudadanía sean de titularidad y gestión pública.

CONCENTRACIÓN JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE, 10:00 HS

FRENTE A LOS JUZGADOS DE PLAZA DE CASTILLA

·         EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

·  NI RECORTES NI PRIVATIZACIÓN. POR UNOS SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS, DEMOCRÁTICOS Y DE CALIDAD

Entrevista con Sabino Cuadra y Diego Cañamero

Concentración contra la privatización de la sanidad

Encuentro de organizaciones y personas para construir Red de Solidaridad Popular en la Comunidad de Madrid

Asamblea RSP Comunidad de Madrid - Parroquia San Carlos Borromeo

Fecha hora: 

Jueves, 12 Septiembre, 2013 - 19:00

Hace unos meses echó a andar la Red de Solidaridad Popular, desde entonces diferentes iniciativas de solidaridad se están impulsando en barrios y pueblos de toda la Comunidad de Madrid. A su vez desde hace tiempo se vienen desarrollando otras experiencias de organización popular como respuesta a las consecuencias de la crisis y del sistema capitalista.
Desde la RSP consideramos necesario crear espacios de encuentro en los que compartamos dichas experiencias de solidaridad, su metodología, y su posibilidad de réplica en otros territorios. Consideramos oportuno generar un espacio de organización y coordinación en la Comunidad de Madrid para construir alternativas de poder popular desde abajo hacia arriba.
Por ello convocamos a todas las Redes de Solidaridad Popular de la Comunidad de Madrid, así como a todas aquellas redes, plataformas, colectivos que ya trabajan desde la óptica de construcción de poder popular a encontrarnos el próximo jueves 12 de septiembre, a las 19 horas, en la Parroquia San Carlos Borromeo. C/ Peironcely, 2 Barrio de Entrevías (Madrid) www.sancarlosborromeo.org

Orden del día propuesto:

1. Presentación de la RSP. ¿Qué es la RSP? Experiencias en nuestro territorio.
2. Como poner en marcha la Red de Solidaridad Popular en tu barrio, en tu pueblo o en tu ciudad. Herramientas metodológicas.
3. Relaciones entre las RSP de Madrid y grupos afines. Como podemos organizarnos a nivel de la Comunidad de Madrid.
4. Puesta en marcha de un grupo motor de la RSP en la Comunidad de Madrid, con el fin de crear una estructura de coordinación y organización.
5. Próximas actividades. (Encuentro estatal RSP, RSP en las fiestas del PCE, Marcha Estatal contra el paro, la precariedad y por la renta básica).
6. Próxima convocatoria y otros.

RSP

En defensa de la enseñanza pública: no a los despidos en escuelas infantiles municipales de Móstoles

Más información aquí

10-S:Concentración a favor de la sanidad universal

El día 1 de este mes se cumplió un año de la entrada en vigor del Real Decreto que acabó con la sanidad universal de un plumazo. Para expresar nuestra rotunda oposición a esta injusticia y a esta inmoralidad queremos salir a la calle y decir NO. Poner nuestros cuerpos y nuestras voces en el espacio público y tomarlo por unas horas para dejar claro que no nos da igual lo que le pase a nuestro vecino y que recibir ayuda para combatir la enfermedad no puede depender de arbitrarios requisitos administrativos ni estar sujeto al mercadeo de los cálculos para gestionar “la crisis”. Intentamos avergonzarnos un poco menos de la sociedad en la que vivimos.

Y para ello os convocamos a una concentracción el próximo martes día 10 de septiembre a las 19:30 hs en la plaza de Callao donde, entre otras cosas, repartiremos tarjetas sanitarias contra la exclusión y recibiremos a las gentes de los grupos de acompañamiento de Yo Sí, que vendrán de hacer lo propio -o sea, agitar las calles-, desde distintos barrios de Madrid. Adjunto podéis encontrar el cartel de la convocatoria.

¡Os esperamos!

SOS RACISMO

Manifiesto Intervención Social

La Intervención Social es una parte de los servicios sociales, que engloba aquellas acciones que buscan promover la inclusión y la participación social así como prevenir o paliar los procesos de exclusión. Gran parte de ellos son, además, servicios que se gestionan por entidades privadas con y sin ánimo de lucro (empresas mercantiles, cooperativas, asociaciones, fundaciones, ONG...).

La privatización y externalización de los servicios sociales permite a las distintas administraciones enajenarse de sus responsabilidades a la hora de hacer efectivos los derechos de la ciudadanía. Al dejar estos servicios en manos de entidades privadas, se facilita el camino de vuelta a la beneficencia, sustituyendo poco a poco, derechos sociales conquistados tras décadas de lucha por caridad.

La desregulación y precariedad de la intervención y acción social, ha sido desde sus inicios el principio básico y fundamental que nos une a todas las trabajadoras y los trabajadores del sector. Sufrimos unas condiciones laborales indignas, sueldos de miseria, jornadas insanas, chantaje emocional en detrimento de derechos, contratos basura, inseguridad, inestabilidad… Ello termina afectando negativamente a la calidad de los servicios. La ciudadanía sufre directamente el maltrato institucional que supone, entre otros, el continuo cambio de profesionales de referencia, historias de vida que pasan de unas manos a otras, inicio continuo de intervenciones, programas que desaparecen, necesidades sociales vitales sin cubrir…

Esta situación ha sido creada y mantenida en el tiempo por la unión de intereses, tanto de las patronales (haciendo más lucrativo su negocio y/o defendiendo su estatus quo), como de las administraciones (subastan los distintos programas basándose en criterios simplemente economicistas). Quien no acepta estas reglas de juego, tiende a desaparecer. Los perdedores son el Estado de Bienestar y la ciudadanía en su conjunto. En el año 2007 se firmó un convenio colectivo unitario del sector, para intentar regularizar esta situación a nivel estatal y de la Comunidad de Madrid. Todos los actores en escena se mostraron sin máscaras: algunas patronales impugnaron el convenio, sepultándolo en los tribunales, y las administraciones no lo dotaron de los presupuestos necesarios.

 A día de hoy continuamos sin convenio. Los constantes intentos realizados desde entonces, por los sindicatos y trabajadoras y trabajadores del sector, para ofrecer una continuidad, sentido y coherencia global al trabajo que día a día realizamos, han tenido una doble respuesta:

- las patronales tras nueve años de estériles negociaciones siguen mareando la perdiz, dilatando y bloqueando la posibilidad de acuerdo.

- los gobiernos, mientras tanto, desmantelan los servicios sociales tanto de gestión directa como los externalizados.

Con la crisis como ideario, imponen recortes que están suponiendo el despido de miles de compañeras y compañeros, impago de salarios, cierre de proyectos, servicios y una grave depauperización de la atención prestada.

Es intolerable, abusivo e inmoral que un sector de vital importancia para la armonización y cohesión social y de cuyo buen funcionamiento depende la calidad de vida de millones de personas padezca estas condiciones y ni siquiera cuente con un convenio colectivo. Necesitamos un convenio que unifique al sector y que garantice el desarrollo y reconocimiento profesional del mismo, frente a la dispersión de funciones, a la degradación de condiciones y categorías, y a los intentos malintencionados de utilizar el voluntariado como mano de obra gratuita. El valor que se le da a una sociedad, es el valor que se le da a sus servicios sociales.

Por eso llamamos a todas y todos los profesionales del sector a movilizarse en defensa de sus

derechos y los del conjunto de la sociedad.

• Basta de precariedad. Por un convenio digno en el sector de la Intervención Social.

• En defensa del empleo. Ni un despido más.

• Ni recortes ni privatización. Por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad.

ORGANÍZATE Y LUCHA!!!

Para adherirte al manifiesto: intervencionsocialauna@gmail.com

Para más información: intervencionsocial@usmr.ccoo.es  fsp_intervencionsocial@madrid.ugt.org

CCOO - UGT

Apoya la campaña de recogida de firmas de la Marea Naranja de Madrid. Firma aquí

Convocatoria a un año de la muerte de Libardo

El próximo sábado 31 de agosto se cumple un año de la muerte de Libardo en su celda de la cárcel de niños “CEIMJ Juslibol” de Zaragoza. Un año vacío de justicia. Un año de vergüenza, dolor y desprecio. Durante los 14 días que pasó encerrado, Libardo fue tratado con psicofármacos sin historial clínico previo, sin diagnóstico conocido y sin recibir visita psiquiátrica, entre otros disparates que ese centro lleva cometiendo desde hace años y que ya fueran denunciados ante los responsables políticos del gobierno y las Cortes de Aragón en 2008. A pesar de la montaña de razones que justifican la necesidad de resolver este caso en todos sus términos, todos y cada uno de los agentes competentes han hecho lo posible por ocultarlo, eludiendo para ello las tareas que por ley les son encomendadas. Todos menos la Audiencia Provincial de Zaragoza, que ha admitido el recurso y ordenado al Juzgado nº8 de Zaragoza que cumpla con su deber, alegando que “existen indicios de una omisión negligente de importancia para impedir el resultado avisado, temido y finalmente acaecido”. Ese "resultado" no es otro que la muerte de Libardo, OTRA muerte de un niño bajo secuestro institucional. Ya son 3 las muertes desde enero de 2013 (en Orense, Pamplona y Zaragoza) y 14 durante los últimos años. 

Un año después, todo vuelve al principio. Por eso mantenemos nuestra reclamación, que es legal y legítima, en memoria de Libardo y de todos los niños que han muerto bajo custodia de la llamada "administración pública", en solidaridad con su familia y con sus familias, en el ejercicio de nuestros derechos y por el reconocimiento de todos los derechos que a Libardo le fueron arrebatados (que son TODOS). Más información sobre el caso en este enlace

Las cárceles no sirven, ni las de adultos ni las de niños, sólo son fábricas de dolor, tormento y miseria. Queremos justicia.

31 AGOSTO 2013 JORNADA SOBRE LOS CENTROS DE MENORES

11:00 horas. Rueda de prensa en la librería La Pantera Rossa (San Vicente de Paúl). Un año después de la muerte de Libardo, queremos justicia. Participan Juanita Tavárez (madre de Libardo) y grupos de apoyo.

19:30 horas. Mesa Redonda y debate abierto. ¿Qué está ocurriendo en las cárceles de menores? 

22:00 horas. Rap por l@s niñ@s libres. A cargo de La Otra Escuela 

(estas actividades tendrán lugar en el CSO Kike Mur, antigua cárcel de Torrero)

 

Apoyan: ASAPA (Zaragoza), Asociación Cultural Candela (Madrid), Colectivo No a O’Belén (Madrid), Coordinadora de Barrios (Madrid), Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles (Zaragoza), La Tavaya (Logroño), Madres Contra la Droga (Madrid), Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans(Universitat de Barcelona), Oteando –Observatorio para la defensa de los derechos y las libertades (Castilla-León), Saltando Charcos (Burgos), Parroquia San Carlos Borromeo (Madrid)...

Presuntas torturas en centros de atención a personas con discapacidad

Casa Familiar Manolo Torras, en La Laguna. lot

La Policía Nacional de La Laguna investiga varias denuncias por un supuesto delito de tortura y otro contra la integridad moral cometidos en tres centros para menores con autismo y con discapacidad. Los hogares, que están dos en Jardina y uno en Los Majuelos, son gestionados por la ONG Casa Familiar Manolo Torras, de la Orden de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca de la ciudad. La denuncia acabó con cuatro detenidos: D. M. A., coordinador de menores ; F. J. F. M., director del centro; J. V. P. M., gerente de recursos humanos y W. M. W., psicólogo.

Los acusados fueron puestos, tras 72 horas arrestados, en libertad. Estos solicitaron el procedimiento habeas corpus (detención ilegal), pero el juez no apreció tales circunstancias. Este diario se puso en contacto en la tarde de ayer con F. J. F. M. y W. M. W., quienes se negaron a hacer cualquier tipo de declaración. El primero de ellos argumentó que estaba de vacaciones y no quería ser molestado.

Las denuncias por las que se abrieron las diligencias policiales 11306/13 partieron de cuatro trabajadores, dos hombres y dos mujeres, que fueron despedidos de su puesto de trabajo. Ante la posibilidad de que fuese una estrategia con el fin de desprestigiar a la ONG, la Policía tomó declaración a nueve trabajadores que corroboraron las presuntas agresiones. En este caso, los funcionarios que han llevado el peso de la investigación adscritos a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de La Laguna descartan por completo que los miembros de la orden Franciscana estén involucrados en estos hechos.

Hombro roto

Los policías tuvieron conocimiento de que un menor fue agredido el 20 de septiembre de 2012 y de que salió del Hospital Universitario de Canarias (HUC) dos días después con un traumatismo en el hombro derecho. Al chico le colocaron dos tornillos tras una operación quirúrgica. Los funcionarios tomaron declaración a los cuatro extrabajadores del centro y a un antiguo interno. Dada la concordancia de las declaraciones y, ante la gravedad de los supuestos hechos, se dispuso la detención de los cuatro sospechosos. A raíz de ello, se siguió tomando declaración a ocho personas más entre ellas una exeducadora, una extrabajadora social y una exinterna así como a la madre del menor supuestamente maltratado, a una educadora en activo, a un psicomotricista, a una cuidadora y a una trabajadora social. Los policías creen que los detenidos tenían un plan preconcebido para mediante la fuerza psíquica y física dominar a los menores a su cargo. De igual manera, supuestamente pretendieron ocultar los hechos a la vez que se valían de sus presuntos contactos en la Judicatura, Fiscalía y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para amedrentar a los trabajadores no conformes con sus métodos, según consta en el informe policial al que tuvo acceso la opinión de tenerife.

En relación a los supuestos malos tratos a los que fue sometida la menor M. G. T., al menos seis de los declarantes reconocen que el detenido D. M. A., agarraba fuertemente por el pelo a la niña, la arrastró, se la llevó al taller del centro y la golpeó fuertemente contra el suelo. Entre las técnicas empleadas, estaba la de despertarla horas antes de lo necesario para, según manifestaciones del equipo técnico, "romperla".

Hechos similares sucedieron con el menor A. R. R., que fue acusado de la desaparición de unas llaves. Fue encerrado en una habitación y donde W. M. W., supuestamente, le propinó dos cachetadas al tiempo que le decía: "ahí tienes el billete de ida y vuelta". Todo ello según relató a los agentes otro de los arrestados identificado como D. M. A.

Se orinó encima

Por lo que respecta al menor R. Z. D., al menos cuatro de los declarantes afirmaron que el arrestado F. J. F. lo introdujo en una habitación y lo lanzaba contra la cama. El pequeño se orinó encima producto del miedo. Uno de los hechos más graves, según las diligencias remitidas al juzgado de Instrucción nº 3 de La Laguna que se hizo cargo del caso, fue la presunta agresión que sufrió una interna en el piso de Los Majuelos.

La menor identificada como R. C. S. fue castigada tras agredir a la mujer de uno de los detenidos, concretamente a la esposa de V. P. M. En este caso, otro de los detenidos, D. M. A., relató a los funcionarios de la Policía Judicial que "vio desnuda a la menor en el suelo en lo que denominaban ´jacuzzi´ y en el que los otros imputados supuestamente bañaban alternativamente con agua caliente y fría hasta que la menor ´rompía´ (se lograba calmar)".

Otro testimonio sobre las lesiones que sufrió O. S. M. H., obligaron a que al día siguiente no acudiese a clase tras supuestamente ser golpeado y de esta manera, no se le viesen los morados y arañazos que presentaba.

Precisamente, la madre de este menor interpuso en 2011 una denuncia ante la Guardia Civil de Tacoronte donde manifestó que su hijo, durante una crisis nerviosa, fue golpeado a base de patadas y puñetazos, tras ser introducido en una habitación por los detenidos D. M. A., V. P. M. y F. J. F. M. En este caso, el menor se desdijo de esa agresión. Sin embargo, los agentes actuantes creen que "esa retractación fue producto de presiones soportadas por él mismo, ya que como es sabido por regla general, los discapacitados suelen ser sinceros en sus primeras manifestaciones".

Una de las expresiones a las que los menores tenían pánico era "Vamos a jugar con ellos", sinónimo de emplear la fuerza o agredir para disciplinar. Otra de las frases era "Te hago esto porque te quiero". Según manifestó otro testigo, este castigo consistía en cogerles y apretarles el trapecio hasta que les doliese.

Este mismo testigo agregó que el detenido F. J. F. M. le espetó más de una vez que él era el amo. "Yo soy Dios, si caemos cae todo el mundo", decía. También les instaba a trabajar con los menores desde el miedo y a pegarles para que no se notara. "Si un pibe no te hace caso le metes un tortazo en toda la caja del pecho, o le retuerces la mano o aprietas haciéndole la pinza en el trapecio o este no vuelve a pasar", eran las instrucciones de F.J.F.M.

Los agentes descartan que los religiosos estén involucrados

Los Hermanos de la orden Franciscana de la Cruz Blanca nada tienen que ver con los supuestos malos tratos y torturas, producidas en los tres centros de menores de La Laguna.
Los agentes del grupo de Policía Judicial sospechan que hay indicios de otras conductas que podrían ser catalogadas como de índole sexual, si bien no han podido determinar si estas situaciones son punibles al no haber oído en exploración a los menores.

El primer centro de la ONG Casa Familiar Manolo Torras abrió sus puertas en 1980 en la Avenida Tabares Bartlet nº 6 de San Cristóbal de La Laguna. Ese mismo año se firma un Convenio de colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife, por el que el Centro, que es de su propiedad, queda gestionado por los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca. El origen de esta Casa Familiar está vinculado a las carencias que existían en la atención a las personas sin recursos que no tenían cabida en otros centros.

La Orden Franciscana ha sido objeto de reconocimientos públicos por la gestión de las casas de La Laguna en favor de las personas sin recursos. Así, recibieron del Gobierno de Canarias el Premio a las Acciones Altruistas y Solidarias en 1995 y la Gran Cruz de la Orden Islas Canarias en 2002. La ONCE le otorgó el Bastón Blanco a los Valores Humanos y Solidarios; y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, la Medalla de Oro de la Ciudad en el año 2005.

La Opinión

Niños condenados a cadena perpetua en EEUU

Cristian Fernández se enfrentó una posible condena de cadena perpetua por el asesinato en primer grado de su hermanastro de dos años.

Librado al final de esta posibilidad, a cambio de una condena hasta 2018, Cristian escapó de unirse a un selecto grupo, el de los niños sentenciados a morir en una prisión norteamericana. En la actualidad, 79 presos con menos de 14 años se encuentran cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación, de los casi 2.500 menores condenados en el país a estar toda su vida en una cárcel, según cifras de Human Right Watch, un 16,4% del total de presos. Casi dos tercios de estos menores son jóvenes de color y 175 niñas, algunos de los cuales llevan más de media vida encerrados.

Una polémica que se reabre después de que la Corte Suprema, el más alto tribunal de EEUU, declarase en mayo de este año que la cadena perpetua a menores era inconstitucional. Se trataba de la tercera decisión sobre esta materia que tomaba el grupo de nueve magistrados: en 2005 abolió la pena de muerte para este colectivo, salvando a 50 niños del corredor de la muerte, y en 2010 declaró inválida la cadena perpetua para 130 menores sin delitos de sangre.

A pesar de ello, la histórica decisión no supone el fin de estas condenas, como ha quedado patente en el caso de Cristian Fernández. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Suprema concluyó “que cualquier jurado o juez debe tener en cuenta los factores atenuantes que han llevado al joven a cometer el delito antes de imponer una condena que implique pasar toda la vida en prisión”. 

El alto tribunal se pronunció respecto al caso concreto de dos menores de 14 años, Evan Miller y Kuntrell Jackson, aunque la sentencia sentó jurisprudencia. “Espero que la mayoría de los convictos tengan nuevas sentencias, y admito que esta nueva decisión por parte puede hacer que los Estados cambien las condenas por su cuenta o modifiquen sus leyes”, sostenía Bryan Stevenson, abogado de ambos menores, tras conseguir la rebaja para sus defendidos.

EEUU dificulta la imposición de estas penas, pero no las prohíbe

Los magistrados del Supremo dejaban claro que “la posibilidad de que estas condenas se den, va a ser muy baja”, aunque no imposible, al acogerse a la Octava Enmienda, que garantiza el derecho a no ser sometido a castigos inusuales o crueles, a la inmadurez e impulsividad de los condenados para adoptar penas menos rigurosas que a un adulto. 

Dejaba sin embargo la puerta abierta a la posibilidad de que sean juzgados como un mayor de edad, como es la situación de Cristian Fernández. Además, algunos de los miembros del alto tribunal expusieron sus reticencias a la decisión. "No hay nada en nuestra Constitución que autorice a esta Corte a cambiar esta decisión", aseguraba el juez Thomas.

La facción más conservadora formada por su presidente, John Roberts, y los jueces Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito se opuso rotundamente a la medida, argumentando que “las decisiones sobre las sentencias más apropiadas para los adolescentes asesinos tienen que ser tomadas por los legisladores y no por los tribunales”. 

29 estados no diferencian entre homicidas adultos y menores

Y es que en 29 estados norteamericanos, la ley todavía establece la cadena perpetua para el homicidio, con independencia de si el crimen ha sido cometido por un menor. Los Estados tienen libertad para determinar su duración máxima, la mínima es de 10 años, aunque la mayoría todavía recoge la pena de por vida, sin libertad condicional, siendo el único país del mundo en aplicar esta severa pena contra los menores, según Amnistía Internacional.

Varios tratados internacionales prohíben precisamente la imposición de estas condenas, como el artículo 37 de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por todos los países salvo EEUU y Somalía. Por otro lado, la Convención Internacional de Derechos Civiles de 1966 fue firmada por EEUU a cambio de incluir una excepción a la prohibición para condenar a menores en “circunstancias excepcionales”. 

Los menores con cadena perpetua se ha multiplicado por seis desde 1966

Entonces había 400 menores en esa situación, ahora son más de 2.500 los niños que podrían pasar el resto de su vida tras las rejas. Una situación que parece no tener fin, a pesar de las sentencias del Supremo norteamericano. De hecho, el Departamento de Justicia de EEUU reconoce hasta 29 casos de menores de 14 años que han cometido asesinatos en los últimos dos años.

Cristian Fernández podría convertirse en unos meses en uno de esos menores que crezcan y envejezcan en prisión. La acusación de la Fiscalía para juzgarlo como un adulto por la gravedad de su crimen fue aceptada por el juez. De nada sirvió una iniciativa popular que recogió más de 190.000 firmas en todo el país para que sea juzgado como lo que es, un menor. 

La fiscalía se opone a esta petición, que permitiría que Fernández quedase libre con 21 años. “Tenemos que proteger a la sociedad de este individuo. Aplicar la pena máxima a un niño de 12 años es algo muy triste, pero es la única medida legal que tenemos para asegurar la seguridad de los ciudadanos”,  aseguraban los responsables de la acusación contra el menor. 

Brasil: 59 jóvenes escapan de un centro de menores

SAO PAULO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Más de la mitad de los internos -- 59 de 103-- de un centro penitenciario para menores de edad, en la zona este de Sao Paulo, en Brasil, se han fugado en la tarde del lunes, tras una revuelta, y han sido recapturados 17 de ellos, mientras que 42 permanecen desaparecidos.

   Según el diario 'O Globo', los adolescentes del presidio de menores público Fundación Casa, del distrito de Itarquera, tomaron como rehenes a los 29 trabajadores del centro, entre ellos el director de la unidad, que fue herido de gravedad y trasladado a un centro de emergencias en la región, ya que presentaba cortes en la cabeza y contusiones en la espalda.

   En otro centro de menores de la misma fundación, en el distrito de Vila Leopoldina, también en Sao Paulo, ha tenido lugar un intento frustrado de fuga por parte de los reclusos, que han retenido a 12 rehenes, finalmente puestos en libertad. La revuelta se ha saldado sin heridos.

 Según un portavoz de la Casa Fundación, después de ser impedida la huída de los jóvenes, estos han prendido fuego a sillas y colchones, ha informado el portal Globo News.

18-A: Marea Blanca. Te roban la sanidad. ¡Impídelo!

Quieren recetar más psicofármacos a los niños y con más dinero público

Extraído de Miguel Jara. Periodismo Comprometido

La pregunta sobre los daños que está causando la vacuna del papiloma no es la única que ha enviado estos días al Gobierno el diputado Gaspar Llamazares. Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara de diputados, el político ha solicitado respuesta escrita, sobre la posible financiación pública defármacos sin evidencia científica para tratar el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad(TDAH).

El pasado mes de mayo se presentó en Madrid el libro blanco europeo sobre el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). En él, según el parlamentario de Izquierda Unida:

“se prevé la barbaridad de 1,4 millones de niños y adultos afectados y se promueve el tratamiento con psicoestimulantes y la financiación pública de metilfenidato y atomoxetina“.

Resulta chocante en un contexto de crisis, las dificultades para el tratamiento de enfermedades graves y la “alegría de financiación pública de fármacos sin evidencia científica”, Llamazares dixit. El reconocidosobrediagnóstico y sobretratamiento del citado trastorno, ha provocado

“una llamada de atención por parte de UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El propio gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) ha abierto una investigación sobre el posible vínculo entre estediagnóstico infantil masivo (1/10 escolares y 1/5 alumnos estadounidenses de secundaria) y el auge de loslaboratorios que comercializan los fármacos, que han quintuplicado sus ventas entre 2007 y 2012″.

En España disponemos de una Guía Práctica Clínica para abordar el diagnóstico y tratamiento del TDAH. Ésta ha sido elaborada en ausencia de representatividad de los profesionales de nuestro Sistema de Salud. Por otro lado, el 70% de los colaboradores y el 50% de los revisores, declaran conflictos de interés y se detectan intereses cruzados no declarados y el profesional más citado en la bibliografía es Joseph Biederman, investigado en el senado estadounidense por recibir 1,7 millones de dólares de compañías farmacéuticasentre 2002 y 2007, tras promover el diagnóstico de trastornos psiquiátricos en la infancia.

Las preguntas de Llamazares son:

-¿Piensa el Gobierno elaborar una nueva Guía para el manejo de la TDAH con una participación plural de profesionales libres de conflictos de interés y basada en la mayor evidencia disponible, dadas las graves implicaciones de salud y económicas?

-¿Considera el Gobierno creíble y deseable la previsión del libro blanco de que solo el tratamiento del TDAH podría suponer 1.200 millones de euros anuales (el 12% del Gasto Farmacéutico Público de 2012) y por lasconsecuencias en la salud actual y futura de los niños y jóvenes españoles tratados con psicofármacos desde la infancia?

-¿Piensa el Gobierno financiar el tratamiento del TDAH en adultos, que carece de evidencia científica, pero donde los laboratorios calculan más de un millón de posibles afectados?

Obra Social de la PAH

La Obra Social de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca presenta el manual de desobediencia civil para recuperar viviendas vacías de las entidades financieras.

Después del desahucio de la ILP por parte del Partido Popular, la PAH no se queda de brazos cruzados. No podemos permitírnoslo. Las medidas de la ILP son más necesarias que nunca, por eso, la PAH hace público un protocolo de la campaña la Obra Social de la PAH, un manual de desobediencia civil de 25 páginas con información práctica sobre cómo realojar familias mediante alguna de las dos vías contempladas en esta campaña: Las ocupaciones individuales en las viviendas de las que hemos sido desahuciados y las recuperaciones de bloques enteros propiedad de la banca.

Además de la dación en pago y la moratoria en los desahucios, el alquiler social es una medida fundamental de una ILP que ha sido despreciada por el PP. Sin ella, en las PAHs aumentan los casos de familias que, aún habiendo solucionado el problema de la deuda -consiguiendo la dación gracias a la lucha de la PAH- ven denegadas sus peticiones de alquiler social a los bancos. A esto se suman las personas que han sido desahuciadas. Las administraciones locales y autonómicas dicen no poder hacer frente a la creciente emergencia habitacional, por lo que es fácil entender la urgencia social por recuperar las viviendas vacías en manos de las entidades financieras y darles su función social.

La campaña “Obra Social la PAH”, que cuenta ya con 12 edificios recuperados de la banca, consiste en extender la práctica de realojar familias en viviendas de las entidades financieras, de manera organizada, protocolizada y encaminada a conseguir pequeñas grandes victorias. Igual que se hizo en el inicio con la campaña de stop desahucios. Cada vez son más los núcleos de la PAH que no tienen más remedio que sumarse a esta campaña y el interés creciente de muchos otros nos empuja a editar este dosier. Un manual de desobediencia civil para poner en práctica la exigencia de que las viviendas vacías en manos de la banca y el SAREB pasen a formar parte de un parque público de alquiler social.

Sí Se Puede!

Consulta y descarga el manual de desobediencia civil aquí o en este enlace