sábado, 24 de septiembre de 2016

Educación sin deberes

Desde el Colectivo No a O´Belen saludamos esta iniciativa de CEAPA, y llamamos a las familias a secundar la "huelga de deberes" convocada para el mes de noviembre. No sólo es necesario luchar contra los recortes educativos y la privatización de la enseñanza. Hay que cambiar el sistema educativo, darle la vuelta. Porque no funciona (o sí, porque el objetivo real del sistema educativo no es el desarrollo integral de la persona, sino su adaptación al modelo de sociedad capitalista). Tenemos que elegir: educar para la vida o amaestrar para el mercado.

EN LA ESCUELA FALTA UNA ASIGNATURA: MI TIEMPO LIBRE
 
Desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), creemos que:

LOS DEBERES SON UN MÉTODO DE APRENDIZAJE ERRÓNEO:

Los deberes, lejos de fomentar el desarrollo integral de la persona, son la herencia dañina de un método pedagógico obsoleto que está basado en la memorización y en la repetición de los contenidos. Se pretende encubrir la ineficiencia de dicho modelo educativo con una sobreacumulación de tareas a realizar sin supervisión docente directa, cuyo fin es derivar la responsabilidad de dicha ineficiencia al alumnado y sus familias.

LOS DEBERES SOBRECARGAN AL ALUMNADO:

La presión institucional que se provoca con estas tareas provoca una ampliación real de la jornada escolar del alumnado, que llega a límites inaceptables. En ocasiones, la jornada llega a superar las 60 horas semanales. Ello provoca que alumnos y alumnas vivan su proceso educativo como una película continua que les deja habitualmente sin posibilidad de descanso real y les desmotiva para implicarse en un proceso de aprendizaje que les ilusione.

LOS DEBERES SON UNA INTROMISIÓN E INJERENCIA EN LA VIDA FAMILIAR Y EL TIEMPO DE OCIO:

Estas tareas, y las consecuencias que supone no realizarlas, hacen que el tiempo familiar se supedite a su realización, alterando e impactando en el modo de comunicación familiar, generando consigo tensiones e influyendo negativamente en el tiempo libre y de ocio familiar. El Tribunal Constitucional puso límites ya a la presión institucional de los deberes, estableciendo que “el tiempo situado fuera del horario escolar pertenece a los padres y es indisponible para la escuela”. Los deberes son, por tanto, una injerencia en la vida familiar que se produce por una errónea aplicación de una libertad de cátedra mal entendida.

LOS DEBERES GENERAN SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE EL ALUMNADO:

Existen factores como la cantidad de tiempo, los recursos económicos disponibles o la cualificación del conocimiento académico de los padres y madres que influyen directamente en la realización de los deberes. Se conforma así un “currículum oculto” para los alumnos y las alumnas que nada tiene ver con su capacidad o su interés y que provoca, de manera objetiva, la desigualdad entre el alumnado.  Aquellas familias que no disponen de tiempo, no tienen la formación necesaria o no poseen la capacidad de transmitir dichos conocimientos, se ven ante la tesitura de tener que elegir entre que sus hijos e hijas se enfrenten en solitario a esta barrera educativa o costear clases particulares o academias, para intentar evitar las sanciones que producen en el seno de las instituciones escolares si los deberes no son realizados correctamente. Estas sanciones, como son por ejemplo la bajada de notas o los castigos sin recreo, hacen que el propio sistema educativo genere desigualdades.

LOS DEBERES VULNERAN LOS DERECHOS DEL NIÑO:

El aprendizaje integral conlleva el respeto al tiempo libre del niño o de la niña. En este sentido, atendiendo a una visión de la educación centrada en el desarrollo de las personas, el artículo 31 de los Derechos del Niño establece que “los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad (…) en condiciones de igualdad”.

Para unirte a la petición de acabar con la práctica de los deberes como método educativo en los colegios, firma en  http://www.educacionsindeberes.org/


 

viernes, 23 de septiembre de 2016

La remunicipalización es un sistema social alternativo a lo que nos ofrece el mercado capitalista

Paky Bejarano es concejala de La Voz de Villaverde en el Ayuntamiento de Villaverde del Río (Sevilla) y será una de las ponentes en las jornadas organizadas por la Plataforma por la Remunicipalización de Zaragoza, que tendrán lugar este sábado en el CSC Luis Buñuel.

Bejarano contará como la municipalización del servicio de dependencia de este municipio ha supuesto estabilidad laboral para las trabajadoras y cobrar puntualmente a final de mes, derechos que antes no tenían asegurados y las ventajas que ha supuesto la remunicipalización de la limpieza de edificios. En la semana previa a las jornadas, AraInfo ha podido entrevistarla. 

¿En qué situación os encontrasteis los servicios públicos cuando llegasteis al gobierno municipal?

Nos encontramos unos servicios municipales muy desorganizados, sin medios materiales para desarrollar un trabajo productivo y con un personal escaso y sin motivación. Además varios servicios como dependencia o la limpieza de colegios y edificios oficiales estaban privatizados. La primera tarea que tuvimos que abordar fue precisamente organizar y modernizar los servicios municipales bajo un plan de trabajo centralizado. Un sistema de control de materiales, dotación de herramientas y maquinaria y lo más importante, la apertura de bolsas de trabajo de distintas categorías profesionales para ofrecer un reparto del empleo democrático y con derechos y servicios de calidad al pueblo. Llegamos a la alcaldía con la firme decisión de recuperar los servicios públicos y nos pusimos manos  a la obra.

¿Qué os llevó a tomar la decisión política de remunicipalizar diferentes servicios?

Es una cuestión de principios y de programa político. Entendemos los servicios públicos como un derecho y una riqueza social. Privatizarlos significa convertirlos en un negocio, donde lo que prima son los beneficios empresariales. La privatización no es más barata ni garantiza servicios de calidad. Y sí supone, y así lo estamos viendo en todas las ciudades y poblaciones, mantener a los y las trabajadoras en condiciones de explotación y sumisión, con bajos salarios, peores condiciones laborales, sin derechos democráticos y con despido a la carta. Además de una fuente inagotable de corruptelas y sobornos. Contra viento y marea hemos defendido estas ideas ante el conjunto del pueblo, enfrentándonos a los poderes locales y a los empresarios que se lucran con estas concesiones. Nuestra experiencia de gobierno durante cuatro años significó pasar de las ideas a los hechos, y con notables resultados.

¿Qué servicios públicos habéis remunicipalizado en Villaverde del Rio (Sevilla)?

Todos los que estaban privatizados han pasado a control público. Los que más afectaban a los trabajadores y usuarios son el servicio de atención a la dependencia y la limpieza de colegios y edificios públicos. La cuestión de la dependencia, fue todo un reto, con más de cuarenta trabajadoras en plantilla y más de 200 usuarios. Por supuesto, la oposición PP-PSOE y sus amigos empresarios mantenían una campaña permanente contra la municipalización, augurando todo tipo de desastres que llevarían a la destrucción de puestos de trabajo y a una merma en el servicio prestado. Sin embargo, hemos sido capaces de mantener el funcionamiento, la plantilla y el servicio, mejorando los derechos de los trabajadores y con la misma calidad. La limpieza de edificios públicos, una vez en manos del Ayuntamiento, ha permitido la puesta en marcha de un plan de reparto democrático del empleo a través de bolsas de trabajo públicas, con la participación activa de centenares de trabajadoras que han disfrutado de contratos y salarios dignos, y que podían intervenir en la toma de decisiones y el control de proceso de elaboración de la bolsa a través de asambleas públicas y de comités de trabajadoras elegidos en estas asambleas.

¿Con qué apoyos contasteis para iniciar los procesos de remunicipalización?

Sin duda, la premisa inicial es tener un programa político que defienda estas ideas y un plan para llevarlas a cabo. Eso corresponde a la dirección política, al gobierno municipal, que tiene que poner en marcha de manera inmediata las disposiciones administrativas y políticas para recuperar los servicios. Pero la experiencia demuestra que esto no es suficiente. Primero por la resistencia de los poderes políticos y económicos al servicio de los intereses privados, y porque la propia administración pública, con sus leyes, con sus secretarios, interventores, etc., está diseñada para favorecer estos mismos intereses capitalistas. Apoyándose en las marañas y los laberintos legales llegan a paralizar o hacer interminables los intentos de municipalización, en muchos casos con convenios blindados firmados con los políticos amigos, por no hablar del bloqueo político. 

Nuestra experiencia demuestra que el único apoyo fiable y la única garantía para romper la presión empresarial y burocrática, son los trabajadores de estas empresas y el conjunto de la población trabajadora. La municipalización se defiende y tiene que basarse en la participación directa de la plantilla de trabajadores, organizada en asambleas y comités de lucha con un programa de mejoras laborales y salariales, y vinculando esta lucha y este programa a la única forma de hacerlo realidad: la remunicipalización del servicio. ¡Los beneficios patronales tienen que convertirse en mejoras para toda la plantilla! Para hacer funcionar correctamente los servicios y obras públicas no necesitamos una clase empresarial que nos explote, nos despida y se quede con la parte del león. La intervención consciente de los trabajadores es clave tanto para rescatar los servicios, libre de chantajes y ataduras, como para su funcionamiento democrático, eficaz y productivo, ¡Porque una vez recuperado hay que hacerlo funcionar correctamente! Acabando con el despilfarro, la rutina, el favoritismo y todas las lacras que genera la explotación laboral.

Sobre la base de estos métodos participativos, democráticos y con derechos laborales y salariales es como se deben acometer los procesos remunicipalizadores.

¿Cuál fue la relación con las empresas que venían gestionando estos servicios que antes estaban externalizados?

Como comprenderéis, esta política obrera de defensa del patrimonio y la riqueza social en manos públicas, no tiene muchos amigos entre la clase dominante y los poderes económicos locales, que consideran, con razón, que supone una amenaza para sus intereses históricos, a saber, beneficiarse del dinero público y manejar la “democracia municipal” a su conveniencia. De la farsa de la democracia de las instituciones, incluso las más cercanas al pueblo, como los Ayuntamientos, ya hablaremos otro día. Lo cierto es que emplearon todas sus fuerzas para sabotear e impedir que el programa político que había votado el pueblo por mayoría absoluta se llevara a cabo. Por supuesto, las campañas del miedo hicieron mella entre muchas de las trabajadoras de la plantilla y sus familiares. Pero los logros y las conquistas producto de la gestión pública del servicio de dependencia o del servicio de limpieza son el mejor antídoto contra las campañas biliosas y catastrofistas de los representantes del mercado y los intereses del capital.

¿Qué ventajas y beneficios ha producido la remunicipalización de estos servicios?

Pues ahí está el tema. Las trabajadoras de dependencia y de otras empresas privatizadas se han convertido en defensoras de la gestión pública del servicio porque han podido beneficiarse de sus ventajas. Las promesas sobre las que había dudas inevitables, se hicieron realidad desde el primer día, con toda una serie de mejoras laborales y salariales que se iban incorporando a medida que las propias trabajadoras lo discutían y decidían en asamblea, hasta el punto de acordar el reparto de beneficios de la empresa en el primer año desde la municipalización. Nada menos que 40.000 euros, a mil euros por cabeza en una paga superextra. Todas las trabajadoras comprendieron que esto es lo que se llevaba el empresario sin aportar ni arriesgar nada, y lo innecesario de este intermediario para mantener el servicio. De igual manera, las trabajadoras de la limpieza pasaron de contratos de 900 euros al mes a 1.300 euros, según el convenio municipal y 35 horas semanales. Además con un sistema de reparto del empleo a través de una bolsa, bajo el control de las propias trabajadoras, elaborada según los métodos asamblearios y participativos que venimos explicando en toda la entrevista.

¿Cuál es la opinión de los vecinos y vecinas de Villaverde del Rio tras remunicipalizar la dependencia o la limpieza de edificios?

Creemos que hay un alto grado de satisfacción. Hemos recuperado estas empresas y servicios y la población, los usuarios han visto que la calidad de los servicios no se ha resentido. Año tras año, los equipos directivos de los centros escolares nos han dado la enhorabuena por la limpieza y mantenimiento de los colegios. Todo esto parte de una dirección política con las ideas claras y un plan de lucha encima de la mesa, pero sólo es posible gracias a un alto grado de compromiso y dedicación que proviene fundamentalmente de que las trabajadoras valoran muy positivamente las mejoras alcanzadas y la desaparición del ordeno y mando empresarial, sustituido por métodos de trabajo democráticos, participativos y asamblearios.

Los trabajadores contentos son más productivos. Quieren que esta estabilidad laboral y estas condiciones duren para siempre y eso está unido a hacer viable la empresa con su trabajo y su esfuerzo. Esa es la conciencia que se va creando con estos métodos y sólo gracias a estos métodos. No podemos sustituir las empresas privadas por empresas públicas que funcionan con la misma jerarquía de gerentes, administradores y burócratas, donde no faltan los privilegios, el enchufismo y el despilfarro, que, en definitiva, desempeñan el mismo papel que el empresario y que relega de nuevo a los trabajadores a meros asalariados, enajenados en el individualismo y la lucha por la supervivencia en su papel de explotados, ahora por la empresa pública. Esta es la receta de la baja productividad que hace inviables muchas empresas públicas.

Los trabajadores y trabajadoras del servicio de dependencia antes no solían cobrar las nóminas a tiempo… ¿Qué ha supuesto para los trabajadores y trabajadoras la remunicipalización de este servicio?

Efectivamente, además de las ventajas que hemos mencionado, está la más importante, cobrar todos los meses puntualmente. La junta se retrasaba en el pago y las trasferencias a la empresa privada y éstos, confesando abiertamente su papel de intermediario y especulador, les decía a las trabajadoras que no podía pagarles hasta que no recibiera el dinero. ¡Qué cara más dura tienen los “emprendedores”! Por cierto, esta empresa privada de Villaverde se había hecho con el mismo servicio en varios municipios a través de su influencia en la Junta e incluso fue galardonada con todo tipo de premios a la empresa del año. Nuestro primer acercamiento al tema de la recuperación del servicio privatizado fue precisamente la lucha por el pago de estos salarios. Aquí es donde pudimos explicar a las trabajadoras, mientras se desarrollaba la lucha, nuestro modelo de gestión pública y los avances que ello supondría. Como se ve, la lucha por la remunicipalización, no sólo debe estar en el orden del día cuando se llega a los gobiernos municipales y desde los gobiernos municipales. Los conflictos laborales existen como en todas las empresas y hay que intervenir en ellos sobre las reivindicaciones de los trabajadores pero aprovechando para plantear el tema de la gestión pública. Afortunadamente, durante los casi cuatro años de municipalización del servicio, las trabajadoras cobraron puntualmente cada mes, poniendo los recursos económicos municipales a su servicio ante los retrasos de las transferencias de la Junta de Andalucía. Para eso los trabajadores y las trabajadoras de Villaverde han ganado su Ayuntamiento, para ponerlo al servicio de los intereses y la causa de la clase obrera y la mayoría social.

Ante los argumentos de algunos sectores que vienen diciendo que la remunicipalización es una utopía, no es real y es ilegal ¿Qué tienes que decir?

Sí, eso nos repiten continuamente, y no solo los liberales y conservadores, también escuchamos estas voces desde partidos, sindicatos e intelectuales que se dicen de izquierdas… que es una utopía condenada al fracaso, que no puede funcionar, que es ilegal ¡E incluso que engorda! Así es como la clase dominante defiende sus intereses y sus privilegios. Utiliza todos los medios de los que dispone, que son muchos, para hacernos creer que no hay alternativa a su sistema de producción y organización social.

Decía Carlos Marx que la ideología dominante en una sociedad es la ideología de la clase dominante. Efectivamente, la idea de que tiene que haber una clase especial de capitalistas, de empresarios, de inversores, de emprendedores para hacer funcionar las cosas, para crear puestos de trabajo, sin los cuáles no habría riqueza ni desarrollo, es un pensamiento común entre la ciudadanía. Pero estas ideas no provienen de ninguna ley natural. Son introducidas permanentemente desde las escuelas, los medios de comunicación y la llamada “opinión pública” para justificar la apropiación que un reducido grupo de personas hace de la riqueza social y en última instancia, para justificar la existencia de un sistema social basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la explotación laboral. 

Sin embargo, esta imagen idílica del papel social del empresariado, que tanto gusta a la burguesía y su legión de voceros, choca con la realidad que viven los trabajadores en sus empresas y en el mundo del trabajo asalariado, dominado por la precariedad, los bajos salarios, las jornadas interminables, los cierres de empresas y los despidos. Esta es la verdadera cara de las empresas privadas en plena crisis capitalista, Hay que levantar la bandera de la gestión pública de los servicios y obras públicas, con el concurso y participación de los propios trabajadores, como un paso necesario  para que los trabajadores confíen en sus propias fuerzas, se desembaracen de estas ideas burguesas y defiendan una alternativa socialista, democrática y asamblearia. La clase obrera puede hacer funcionar la sociedad y la lucha por la municipalización de los servicios y empresas privatizadas es un paso en esta dirección.

La remunicipalización no es simplemente una forma de gestionar sino una opción política ligada al modelo de ciudad que se quiere ¿Qué opinas?

Ya hemos explicado que se trata de principios políticos, una cuestión ideológica, de defensa de un modelo no sólo de ciudad, sino de un sistema social alternativo a lo que nos ofrece el mercado capitalista: desempleo, precariedad, bajos salarios, despidos, jornadas interminables, desahucios y una corrupción inagotable. Todas estas lacras son producto de que la enorme riqueza social creada por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, que podrían dedicarse a satisfacer las necesidades sociales y a ofrecer empleo de calidad y con derechos, son negocios en manos de grupos empresariales y financieros sin otro objetivo que la obtención de beneficios a cualquier coste. La democracia formal y el estado de derecho son en realidad instrumentos de dominación al servicio de los poderosos que influyen permanentemente en las decisiones políticas. Como el caso del trasvase de recursos públicos a manos privadas, que se vende como algo normal para que funcionen las cosas cuando en realidad lo que se está haciendo es convertir derechos y servicios en negocios particulares. Combatir este estado de cosas requiere denunciar públicamente las privatizaciones y actuar en consecuencia, luchando por la remunicipalización, en las empresas y en los Ayuntamientos, y una vez bajo el control público, demostrar que no necesitamos patrones que nos exploten para que todo funcione dignamente y con derechos.

La externalización y privatización de servicios públicos a manos privadas ha puesto de relieve en los últimos años las diferentes formas de corrupción, financiación de partidos políticos… ¿Qué piensas al respecto?

Pues que son cosas inseparables en el sistema capitalista. Todas las leyes y medidas que aprueben en este sentido no son más que charlatanería y maniobras de distracción para engañar a la gente. Por cierto, promovidas por los mismos partidos políticos que están envueltos en todo tipo de casos de corrupción. En el mercado capitalista, el soborno y el tráfico de influencias son las relaciones habituales entre la administración y las empresas, que esperan hacer grandes negocios con las concesiones y el dinero público. Todo el entramado de corruptelas es, de hecho, la grasa que acelera el funcionamiento de la maquinaria del sistema. La corrupción se combate cortando de raíz las relaciones sociales que la generan, luchando contra las privatizaciones, acabando con las concesiones de obras y servicios públicos, interviniendo en las luchas por mejoras salariales y laborales en estas y otras empresas, aprovechando estas luchas para hacer conscientes a los trabajadores y el conjunto de la población de que luchar contra la opresión laboral y los recortes es luchar contra un sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción.

domingo, 18 de septiembre de 2016

Los niños como mercancía

El caso de María José Abeng, a la que arrebataron su hijo recién nacido cuando tenía 14 años y lo entregaron a una familia de adopción, para ser devuelto a su madre biológica cuatro años después, ha ocupado las páginas y las pantallas de los periódicos y los programas, como si se tratase de una novedad escandalosa. Y efectivamente es escandalosa, pero no es novedad.

Es escandaloso que una adolescente como María José, confiada a la tutela del Principado de Asturias, en un Centro de Menores, fuera violada y embarazada sin consecuencia alguna para los responsables de su cuidado y protección. Es escandaloso que, como cuenta ella: “No me quitaron a mi hijo por tener mala vida. Me lo arrebataron”. María José replicaba así a los que la consideran una mujer de vida desordenada: “No soy alcohólica ni drogadicta ni tan siquiera fumo. No me maltratan ni me han maltratado. No me quitaron a mi hijo por llevar mala vida, sino porque yo era una niña custodiada que vivía en un centro de acogida”. Desde el momento que se conoció el embarazo, el centro de custodia decidió que tenía que dar el niño en adopción. Como afirma la sentencia de la Audiencia de Oviedo “la Administración desde el mismo día del parto, decidió separar a la madre del recién nacido, sin que conste que se barajaran otras opciones”.

El drama en que están insertos la madre biológica, los padres adoptivos y sobre todo el niño, es consecuencia de la infame política de cuidados, adopciones y retirada de tutelas que están realizando las Administraciones de las distintas Comunidades Autónomas, a lo largo y lo ancho de España, sin que ni los gobiernos, ni los juzgados, ni los profesionales de la psicología y el trabajo social, ni los medios de comunicación se opongan.

En este perverso sistema de otorgar a las Consejerías de Bienestar Social y Familia –que más deberían llamarse de Malestar Social y desestructuración de Familias- la competencia exclusiva para determinar qué madres –y siempre madres- son aptas para ocuparse de sus hijos, se ha creado un universo cerrado de mujeres damnificadas por las resoluciones arbitrarias -¿quizá corruptas?- que adoptan los servicios sociales. Con la inestimable ayuda de los llamados gabinetes psicosociales, que no son otra cosa que empresas privadas, surgidas no se sabe donde, en las que trabajan personajes sin cualificación profesional ni siquiera sentido humanitario. Y que, increíblemente, son quienes deciden qué niños se quedan con su madre, cuáles se declaran en situación de abandono, cuáles han de ir a parar a los orfelinatos de la Comunidad, y cuáles se van a entregar a nuevas familias en acogida o en adopción. Como si en nuestra sociedad no existiera un Código Civil y un sistema judicial que debe decidir y amparar la vida de todas las personas implicadas.

Lo más grave es que esos espúreos gabinetes psicosociales son los que “asesoran”  a los jueces, y parece mentira que el colectivo de magistrados y el Poder Judicial acepten que esas personas sean quienes en definitiva deciden de la vida y la suerte de miles de madres y de niños.
En el último año y medio, La Audiencia de Madrid ha dictado 4.000 sentencias de custodia de niños, con la intervención de los Gabinetes Psicosociales.

Diversos colectivos de madres, abuelos, abuelas y de adolescentes internados en Centros de Menores, vienen denunciando retrasos en los trámites de gestión de las separaciones, retraso que introduce mayor inseguridad a situaciones, ya de por sí traumáticas, en la infancia y adolescencia. Hay familias afectadas que tienen casos de conflictos no resueltos, desde hace más de 10 años, en diversos juzgados de toda España. Muchas de esas familias, en su recorrido por tribunales y despachos, han perdido sus modos de vida y en algunos casos su propia salud, mientras sus hijos viven en centros de acogida o son dados en adopción, muchas veces en contra del criterio de los progenitores y de las niñas y niños.

Sólo en la Comunidad de Madrid hay 4.000 familias cuya salud y felicidad depende de los informes de supuestos psicólogos y trabajadores sociales. Para atender las visitas de los menores a sus madres o padres biológicos, únicamente hay tres PEF, es decir: “Puntos de Encuentro Familiar”.

Hace siete años, en 2009, el periodista Jaime Barriento avisó de las consecuencias que tenían para los jóvenes ciertas malas prácticas de determinadas empresas que operaban en el campo de los centros de menores. http://www.interviu.es/reportajes/articulos/chicos-malos- grandes-negocios.

De la cumplida información que da el periodista extraigo lo que sigue:

“La atención a los menores con problemas legales, de drogas o de conducta está llenando los bolsillos de empresarios nada expertos en el tema. Banqueros, constructores y hasta políticos se han metido en un negocio boyante”. (…)

“Cualquier asociación o fundación sin ánimo de lucro puede hacerse cargo de la gestión de un centro de reforma de menores, las cárceles donde los jóvenes de 14 a 17 años que han cometido alguna clase de delito cumplen medidas privativas de libertad. Así lo estipuló la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que permitió a las comunidades autónomas –competentes en esta materia– privatizar la gestión de los centros de menores y delegar así en entidades particulares la ejecución de medidas sancionadoras. En España hay unos 11.000 menores en residencias y pisos de acogida. Enrique Martínez Reguera, psicólogo y educador con treinta años de experiencia con niños y jóvenes marginados, da algunas cifras: “El cuidado de estos niños aporta, de media, 3.800 euros por chico y mes, y si se trata de un centro público, en torno a 9.000. (…) De los 58 centros terapéuticos existentes en España, 55 están en manos de entidades privadas. Dianova y O’Belén acumulan 12 de ellos. Entre ambas instituciones gestionan cada año unos 17 millones de euros (unos cinco Dianova y cerca de doce O’Belén). Más del 90 por ciento de este dinero procede del pago en concepto de servicios sociales que les aportan las administraciones”.(…)

            “La Ley 5/2000 sobre la gestión de la protección de menores abrió la veda para que muchas de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones creadas años atrás –coincidiendo con la aprobación de la prestación social sustitutoria del servicio militar– se lanzasen a la caza de adjudicaciones de centros de protección de menores. Todas ellas, como establece la ley, se definen como entidades sin ánimo de lucro y con un fin social. Según José Luis Calvo, de Prodeni, asociación de defensa de los derechos de los niños, “tienen órganos de gobierno desproporcionados, con numerosos cargos directivos, cuyos sueldos, coches oficiales y comidas salen de las subvenciones que reciben de la Administración por gestionar los centros de menores”.

Este terrible informe debería haber provocado una interpelación parlamentaria, una actuación inmediata de la Inspección de Menores y de los jueces implicados. Pero en este corrupto país, ninguna de las instituciones ni cargos públicos más importantes se dieron por concernidos. Ni la Administración, ni el Parlamento, ni el Poder Judicial, estimaron que había que investigar la denuncia que suponía aquella información. Pero mientras tanto, miles de madres están sufriendo la separación de sus hijos, los niños son tratados como maletas que se trasportan de una familia a otra, otros desaparecen en el misterioso archivo de los expedientes de las custodias y las adopciones. En los juzgados las causas se prolongan durante años. A dicha demora, hay que añadir que los informes redactados por los gabinetes psicosociales, son casi siempre parciales y sin un protocolo oficial que se ciña a las circunstancias concretas de cada familia.

Como es evidente, aquellas madres que no tienen recursos no pueden disponer de defensas jurídicas preparadas, no saben cuales son los derechos que deben esgrimir. Las madres menores, solteras, pobres, abandonadas por el padre, en paro, son las víctimas propiciatorias de la insaciable codicia de esas empresas que se ha permitido que dispongan del destino de miles de niños, como si se tratara de mercancías. Y no se sabe, pero se intuye, qué clase de negocio existe detrás de cada adopción de un hijo arrebatado a una madre adolescente, ignorante, sola y pobre, además negra, como era María José Abeng.

sábado, 17 de septiembre de 2016

Represión laboral en GINSO

Ana Hernández, responsable de enseñanza Privada, Protección y Menores del sindicato provincial de Enseñanza de CCOO Huelva ha explicado que “los despidos se producen tras haber denunciado ambos trabajadores a la empresa ante la jurisdicción social, por lo que podríamos estar ante un caso de presunta vulneración del derecho a la tutela judicial, recogido en el artículo 24 de la Constitución Española”.
 
Por su parte la empresa ha alegado el despido por causas económicas, algo que el sindicato ha considerado una “excusa insostenible ya que no se puede justificar el despido de estos trabajadores aludiendo al impacto de una crisis económica que ya existía cuando se produjo la licitación de este servicio, por lo que debería haber sido previsto tanto por la empresa como por la Junta, adjudicataria de este servicio”. 

La empresa Ginso, adjudicataria de la gestión de los Centros de Menores Masculinos El Faro y Dunas, ha despedido a dos trabajadores después de que éstos denunciaran ante la Inspección de Trabajo, la Dirección General de Justicia Juvenil de la Junta, los Juzgados y los medios de comunicación una situación de acoso laboral que incluía la “modificación de su categoría laboral sin justificación, despidos de parte de la plantilla para ser sustituida por personal de otros centros no subrogados en esta licitación, la obligación de realizar tareas fuera de las funciones por las que fueron contratadas, además de impedir la conciliación familiar y laboral”.

Tras todas estas acciones, y haber denunciado ante la opinión pública esta situación, la empresa ha dado un paso más y “estos trabajadores han sido despedidos por reclamar sus derechos a la jurisdicción social, lo que podría suponer una presunta vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, recogida en el artículo 24 de la Constitución Española”, ha afirmado Ana Hernández, responsable de Enseñanza Privada, Protección y Menores del sindicato provincial de Enseñanza de CCOO Huelva.

La empresa ha justificado el despido por causas económicas explicadas literalmente de la siguiente forma: “La situación provocada por la grave crisis económica que afecta gravemente a España, ha tenido su reflejo en las Administraciones Públicas, y por tanto en las entidades que dependen de ellas, lo que ha provocado una disminución relevante de los ingresos de Ginso, así como una previsión de mayores reducciones, lo que está provocando un impacto negativo en los resultados de la asociación y en su capacidad para mantener la actual plantilla que asciende a 800 trabajadores (en toda España) aproximadamente. La grave situación descrita tuvo su impacto en los datos económicos correspondientes al ejercicio 2015”.

CCOO ha considerado que “no se puede justificar el despido de estos trabajadores aludiendo al impacto de una crisis económica que ya existía cuando se produjo la licitación de este servicio, por lo que debería haber sido previsto tanto por la empresa como por la Junta, adjudicataria de este servicio”.

Por ello, la sindicalista considera, que “tras estos despidos tan sólo se esconde una respuesta de la empresa a las denuncias de estos trabajadores por su modificación injustificada de sus condiciones laborales”.

Además, Hernández ha recordado a Ginso que “hizo un acuerdo con los delegados de personal haciendo un descuelgue del II Convenio Estatal de Protección de Menores, para poner en vigor un convenio de empresa que asegurara el mantenimiento de la plantilla subrogada y que evitara despidos, algo que todavía sigue en vigor y que también ha sido incumplido por parte de la empresa”.

Finalmente, la responsable de enseñanza Privada, Protección y Menores de CCOO Huelva, ha exigido a la Junta de Andalucía que “cuando se haga una licitación de este tipo, las personas trabajadoras no tengan que sufrir la incompetencia de las empresas, que en este caso se remonta a la anterior adjudicataria (AESIM) que todavía mantiene deudas con la plantilla”. Así como ha recalcado que “la Dirección General de Justicia Juvenil y Delegación Provincial sean responsables de la adjudicación y mantenimiento de la misma, bajo las condiciones del pliego y respetando la subrogación de las plantillas”.


NOTA: Desde el Colectivo No a O´Belen consideramos que la solución no pasa por que la Junta vigile que se cumplen los pliegos. CCOO debe exigir a la Junta que asuma la gestión directa de todos los centros de protección de menores. La privatización es un cáncer que pervierte el sistema de protección de menores y justicia juvenil.

jueves, 15 de septiembre de 2016

Entrevista a Harraga. La realidad de los niños de la calle en Melilla

La violencia a la que son sometidos los niños de la calle en Melilla es constante; el informe “De niños en peligro a niños peligrosos” de la asociación Harraga denuncia las diferentes formas de violencia que se ejercen sobre ellos; violencia institucional, policial, documental, mediática, social, sexual…(pincha aquí para leer el informe).

Debido al desbordamiento de necesidades que tienen estos niños al vivir en la calle y al no hacerse cargo de ellos las Insitutciones, Harraga ha comenzado una campaña de crowdfunding para poder hacer frente a sus necesidades más básicas (conoce esta campaña aquí).

Escucha la entrevista a la Asociación Harraga en Los Sonidos de mi Barrio

Las compañeras de Harraga estarán en Castilla León visibilizando a los niños de la calle, a través de las charlas "Melilla, donde habita el olvido":

  • Salamanca: 24 de septiembre, 18:00 horas, CSA Villafría (c/ Cuello Calón, 16).
  • Burgos: 29 de septiembre, 20:30 horas, Espacio Tangente (c/ Valentín Jalón, 10).
  • Valladolid: 1 de octubre, 19:00 horas, CSOA La Ortiga (Plaza de Las Batallas, 2).