jueves, 13 de septiembre de 2018

Los responsables sindicales del sector de Menores tienen que dimitir

La Federación de Enseñanza de CCOO y la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT han firmado el III Convenio de Reforma Juvenil y Protección de Menores. Ya avisamos que algo turbio estaba pasando con el convenio.

No se trata sólo de la firma de un convenio lamentable que en nada mejora las precarias condiciones del sector (ni siquiera se acerca a lo firmado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva). Que también.

En una jugada maestra que sólo responde a intereses ajenos a los trabajadores, han invadido el ámbito de aplicación del Convenio de Acción e Intervención Social, dejándolo herido de muerte. No podemos permitir que se consolide esta nueva felonía. Por eso exigimos la dimisión o el cese inmediato de los responsables de esta traición.


martes, 11 de septiembre de 2018

La Otra Memoria Histórica. La Batalla de Chile

La insurrección de la burguesía

“La Batalla de Chile” es un documental histórico que en las décadas de los 70 y 80 fue distribuido en 35 países del mundo. No es un filme de archivo: es un documento filmado en el momento mismo de producirse los hechos. Su autor y director trabajó con un equipo en medio de los acontecimientos. El material virgen (película de l6 MM en blanco y negro) fue una contribución del documentalista francés Chris Marker y el montaje se realizó gracias a la colaboración del Instituto de Cinematografía Cubano (ICAIC). Jorge Müller Silva (el cámara del filme) fue secuestrado por la policía militar de Pinochet en noviembre de 1974. Hasta hoy se desconoce su paradero. Es uno de los 3.000 desaparecidos que todavía hay en Chile. “La Batalla de Chile” ha sido objeto de la censura en Chile y nunca ha sido emitida por la televisión pública.



El golpe de estado

Entre marzo y septiembre de 1973, la izquierda y la derecha se enfrentan en la calle, en las fábricas, en los tribunales y en el parlamento. Allende trata de llegar a un acuerdo con las fuerzas del centro político –la Democracia Cristiana- sin conseguirlo. Los militares empiezan a planificar el golpe de estado en Valparaíso. Un amplio sector de la clase media apoya el boicot económico y político, creando un clima de guerra civil. Una semana antes del golpe de estado, un millón de simpatizantes se despide de Allende.



El Poder Popular

Durante 1972 y 1973 (al margen de los grandes acontecimientos) las capas populares que apoyan el gobierno de Salvador Allende organizan y ponen en marcha una serie de ejemplos de “poder popular”: almacenes comunitarios, cordones industriales y comités campesinos, con la intención de neutralizar el caos y superar la crisis económica. En realidad estas instituciones espontáneas representan un “estado” adentro del Estado y son también la ilusión (el sueño) de la utopía.


La memoria obstinada

En 1997, más de dos décadas después de los hechos que filmara en el legendario documental La Batalla de Chile, el director nacional Patricio Guzmán vuelve a Santiago cámara en mano. Su objetivo es buscar a algunos de los protagonistas de ese documental, a quienes participaron -de una forma u otra- en los hechos relatados. Pero La Memoria Obstinada no es un ejercicio de nostalgia. Es, antes que nada, una dolida reflexión sobre el olvido programado, sobre la prohibición de recordar, sobre los trucos que la memoria nos juega y -gran acierto- también es un vistazo a las nuevas generaciones y su fragmentaria opinión sobre el Chile que pasó. Un gran documental. Ver en VIMEO


domingo, 9 de septiembre de 2018

¿Qué fue de..? Rafael Pinto Carbonell

Garantizado el apoyo del bipartidismo, la protección de la Iglesia y una presencia notable en los medios, la Fundación O´Belen sólo necesitaba garantizarse la paz social interna. Aquí entra en escena el Sobrinísimo.



Rafael Pinto Carbonell jugó un importante papel en la sombra. Este diplomado en Magisterio ocupó diversos cargos en O´Belen (educador, formador, etc) pero su rol principal fue el de "sindicalista". Delegado por CCOO, dirigió el comité intercentros. 

El control empresarial de la representación sindical, junto a una feroz represión (acoso y derribo de los delegados honestos y el despido de cualquier sospechoso de apoyarles o de mostrar diferencias metodológicas) garantizó durante años la paz social laboral y el silencio sobre el modelo de intervención en los centros.

Esta situación también explica que, lamentablemente, CCOO fuera el principal baluarte defensivo de O´Belen cuando arreció el escándalo. Mientras todas las organizaciones sindicales se mostraron beligerantes cuando vio la luz el informe del Defensor del Pueblo, CCOO se dedicó a defender la profesionalidad de la fundación y a difamar a UGT. En varias ocasiones.

Que se permitiera que el sobrino del patrón fuera dirigente del sindicato en una de las principales empresas de este negociado indica que algo muy grave pasa en el sector de Menores de nuestro sindicato de clase más importante (concretamente en "Privada" de la Federación de Enseñanza). Tan profunda es la infiltración patronal que tienen la desvergüenza de montarse sus propias puertas giratorias. Ahí tenemos a Rafael Bautista González, que pasó de responsable en CCOO a representante patronal en la Federación Española de Asociaciones del Tercer Sector. 

La situación no mejoró tras su marcha, siendo responsable del sector hasta hace poco una esbirra de O´Belen, procedente del tristemente famoso Picón del Jarama. Casualidades de la vida, nombrada en el cargo justo cuando Picón estaba en el ojo del huracán. Y mucha atención a la actualidad, que algo muy turbio está pasando con la firma del III Convenio de Reforma Juvenil y Protección de Menores. 

Volviendo al entrañable Rafa Pinto, parece que no le ha ido mal. Tras la desaparición de O´Belen, sigue de director de uno de los centros heredados por la Fundación Salud y Comunidad (de la que ya hablaremos). ¿Seguirá también al frente de la lucha el camarada?

Ah sí, que se nos olvidaba....



lunes, 3 de septiembre de 2018

La prostitución no es sindicable

Aparte de la cuestión catalana, pocos temas suscitan debates tan encendidos como el de la prostitución. La decisión ministerial de rechazar la inscripción de OTRAS como “sindicato de trabajadoras sexuales” ha desatado una oleada de airadas reacciones en las filas de una parte significativa de la izquierda y del feminismo. Así, hemos escuchado enérgicas protestas, acusando al gobierno del PSOE de coartar el derecho de asociación, cerrando el paso a la auto-organización de las mujeres y violando sus derechos de sindicación.
Sintiéndolo mucho por esas voces que se han alzado en nombre de los derechos de las“trabajadoras sexuales” – voces entre las que se cuentan las de no pocas amigas y compañeras políticas – debo decir que, en esta controversia, es a mi entender el gobiernoquien se sitúa más a la izquierda, en una posición más acorde con la defensa de los intereses de las mujeres – empezando por aquellas que se hallan inmersas en el mundo de la prostitución – y más respetuosa hacia el sindicalismo de clase.
Hay una gran confusión en el enfoque de la cuestión. El “gol por la escuadra” no se lo han colado tanto al gobierno como a la opinión pública. Y no lo ha hecho ningún colectivo de mujeres, sino la poderosa industria del sexo, interesada en promover un nuevo marco jurídico, más ventajoso para la expansión de sus negocios, que comporte la legalización de la prostitución. Eso es lo que realmente está en juego… y es precisamente lo que queda hábilmente embrollado por la polémica.
Veamos. No toda actividad humana es sindicable. Nunca ha podido haber un sindicato de esclavos – lo que no quiere decir que, a lo largo de la historia, los esclavos no se hayan rebelado y auto-organizado. Pero, cuando lo han hecho, ha sido para abolir su esclavitud, no para negociar el número de latigazos que se les podían administrar. La acción sindical requiere una existencia jurídica formal de igualdad. Y la necesidad de esa acción sindical radica en el hecho de que, a pesar de dicha igualdad jurídica, se da una desigualdad social entre los poseedores de los medios de producción y aquellos que sólo disponen de su fuerza de trabajo. En ese sentido, la tradición socialista habla de la condición de la clase obrera como de una “esclavitud asalariada”. Pero Marx distinguía muy bien entre la situación del proletariado industrial y la de los esclavos de las plantaciones. Tanto es así que la Iª Internacional apoyó firmemente a Lincoln, que distaba mucho de ser socialista, en la guerra civil americana. En el largo camino hacia la emancipación, el movimiento obrero requería la abolición de la esclavitud para progresar en su organización.
Hoy asistimos a una intensa batalla ideológica para que aceptemos la prostitución como un trabajo, como una mera prestación de servicios. La constitución y el reconocimiento de sindicatos de prostitutas certificaría, pues, la legitimación de la prostitución como una actividad profesional más. Pero ése es, al mismo tiempo, el talón de Aquiles de laargumentación. Porque no puede darse una acción sindical por debajo de un umbral de reconocimiento de derechos humanos, cuya ausencia constituye la característica fundamental de la prostitución. La prostitución se basa en una desigualdad estructural entre hombres y mujeres; desigualdad que una sociedad democrática no debería admitir. La prostitución es un privilegio masculino y funciona como un comercio entre hombres: unos hombres – por medios diversos, combinando violencia, engaño, opresión racial y explotación de situaciones de pobreza – condicionan a unas mujeres, las deshumanizan y las ofrecen como mercancía a otros hombres. Esa es la realidad. Por supuesto, no sólo hay mujeres en situación de prostitución. También hay hombres, personas transexuales… Pero los “clientes” son siempre hombres. El consumo femenino de sexo de pago es irrelevante. La prostitución quizás sea la más genuina de las instituciones patriarcales.
Los colectivos que defienden la legalización de la prostitución siempre andan exigiendoque distingamos entre prostitución forzada, resultado de la trata, y “voluntaria”. Una exigencia exclusivamente dirigida, por cierto, al feminismo abolicionista, nunca a los“clientes”Pero la cuestión de la libertad no es pertinente cuando hablamos de prostitución. Sobre todo si la disociamos del verdadero problema, que es de la igualdad. Vale la pena recordar que la abolición de la esclavitud americana no consistió en decir que los negros que quisieran podían abandonar los campos de algodón de los terratenientes sureños.Lincoln no ahondó en la subjetividad de Kunta Kinte, ni del Tío Tom. Planteó que ningún ciudadano tenía derecho a poseer, comprar o vender a otro ser humano. En eso consiste la abolición de la esclavitud – y, cabe esperar, de esa forma persistente de esclavitud que constituye la prostitución: la supresión de un privilegio. Una supresión jurídica que, aunque no suponga ni mucho menos la desaparición de aquella relación de opresión, sí obliga a los poderes públicos a trabajar para su erradicación y representa, en ese sentido, un progreso inestimable para la humanidad.
Pero, volvamos al sindicalismo. Lo que está en cuestión no es que las mujeres inmersas en el mundo de la prostitución se organicen – cosa que no topa con ningún impedimento jurídico, sino con las condiciones de violencia, el férreo control de las mafias proxenetas y los estragos físicos y psicológicos que padecen esas mujeres. En el mejor de los casos, podríamos imaginar asociaciones de ayuda mutua. Pero en ninguna circunstancia podría hablarse de sindicatos.
En distintos países existen organizaciones que se presentan como “sindicatos de trabajadoras sexuales”. En general, esas entidades se caracterizan – dicho de modo suave –por la escasa presencia de mujeres en sus filas y por el hecho de concentrar su actividad en una propaganda de los parabienes de la prostitución, recusando de manera calumniosa del pensamiento abolicionista. No tengo noticia de que, en parte alguna, dichos “sindicatos”hayan negociado ningún convenio, contrato laboral o mejora de las condiciones de trabajo de las mujeres cuyos intereses dicen defender. Y es que, sencillamente, eso no es posible. ¿Cuáles serían los términos de un convenio del ramo de la prostitución? ¿En qué consistiría un Estatuto de la Trabajadora Sexual? Por ejemplo… ¿cuál sería la edad legal para empezar a ejercer la prostitución? ¿Habría una formación profesional y contratos de aprendizaje? ¿Cómo se establecerían las tablas salariales? ¿Por el número y la naturaleza de los“servicios”? ¿Tendrían derecho las mujeres a rehusar clientes o a rechazar determinadas prácticas? ¿Tendrían, por ejemplo, la obligación de seguir ejerciendo durante la menstruación o durante el embarazo? ¿Se reconocerían las enfermedades sexualmente transmisibles como enfermedades profesionales? Pero, sobre todo, si algo semejante llegase a plasmarse en un papel, ¿alguien cree posible el control, por parte de la Inspección del Trabajo, de un convenio incluyendo algún límite a la explotación de las mujeresSi consideramos la experiencia de Alemania, con una amplia red de millares de burdeles, la patronal proxeneta puede dormir tranquila. La legalización no ha supuesto una mejora en la protección de las mujeres. Al contrario, al fomentar la demanda, se ha incrementado la trata – procedente sobre todo de Europa del Este – para satisfacerla. Y, con todo ello, los circuitos ilegales de prostitución.
Bajar de la nube de los discursos de auto-consumo y aterrizar sobre el arduo terreno de laarticulación práctica de las mejoras materiales – no hay nada más práctico y concreto que el sindicalismo –, nos lleva a darnos de bruces con la realidad: un mundo donde la integridad y la dignidad humanas son pisoteadas, negadas por la propia naturaleza de la relación que se establece en la prostitución. Lo que hace que no sea sindicable. Situándonos en un elemental enfoque sindical, una supuesta actividad profesional que, como es el caso de la prostitución, conlleva los niveles de mortalidad, drogodependencias y enfermedades que certifican la OMS y multitud de estudios – incluidos los de países donde, legalizadoel comercio sexual se expande – debería ser tan proscrita como antaño lo fue el trabajo infantil en las minas de carbón. Sin contar con las consecuencias de normalizar la prostitución desde el punto de vista de los derechos de las mujeres en el mundo del trabajo.
Por otra parte, ¿de qué derechos hablan quienes arguyen que habría que reconocer la prostitución como un trabajo? ¿Hablan acaso de la regularización administrativa de tantísimas extranjeras pobres que nutren los contingentes de mujeres prostituidas en los clubs de carretera y las calles de los polígonos? ¡Nadie lo desea tanto como las abolicionistas! Porque nada facilitaría tanto la salida de la sordidez de la prostitución por parte de esas mujeres como disponer de papeles. ¿Hablamos de cobertura social? Nada impide a una mujer que ejerza la prostitución inscribirse en la seguridad social en régimen de autónoma, cotizar y acceder a las prestaciones correspondientes. Si eso no ocurre, no es porque alguna ley lo prohiba, sino porque las mujeres que se encuentran en situación de prostitución no gozan de la libertad y el desparpajo de quienes hablan en su nombre como supuestas sindicalistas – y que empiezan por minimizar el fenómeno de la trata y el control mafioso como si fuesen algo residual. Las leyes de extranjería, las violencias de losproxenetas, la ignorancia, las adicciones, la pérdida de autoestima y de autonomía personal… En una palabra: la propia realidad destructiva del mundo de la prostitución es lo que aleja a las mujeres incluso de derechos que, formalmente, ya tienen.
Pero, aparte de lo dicho, aún nadie ha formulado, ni concebido, un derecho sindical propiamente dicho susceptible de implementarse en las relaciones laborales del pretendido“trabajo sexual”. Sólo escuchamos discursos sobre el “empoderamiento” que hacen las delicias de una izquierda de matriz postmoderna que se ha socializado muy poco en el mundo del trabajo y de un feminismo sin arraigo de clase. Sería muy recomendable recuperar la memoria histórica y la continuidad de movimientos feministas tan ejemplares como el que representaron en su día las “Mujeres Libres” de la CNT. En los años treinta y en plena guerra contra el fascismo, no disponían todavía de las herramientas conceptuales y los descubrimientos que ha ido forjando el feminismo en décadas ulteriores. Sin embargo, sí entendieron como nadie la solidaridad con las mujeres prostituidas, a quienes veían como las hijas más humilladas y oprimidas de la clase obrera y a quienes había que devolver a un lugar digno de la sociedad. Y eso, levantándose contra los privilegios y el dominio de los hombres… empezando por los de la propia CNT. (Ver el magnífico trabajo deNekane Jurado“Lucharon contra la hidra del patriarcado: Mujeres Libres”, editado por Eusko Lurra fundazioa).
En resumen: no es el derecho de asociación lo que está amenazado por el gobierno, sino el derecho de las mujeres a no ser prostituidas lo que está en peligro ante el poderío de las industrias del sexo. Unas industrias que generan enormes beneficios y que quieren seguir expandiéndose. Y unas industrias que despliegan campañas publicitarias muy eficaces, con mensajes específicos para seducir a cada colectivo de las bondades de una prostitución adaptada a sus respectivas ideas. Ante las feministas, se evoca el derecho al propio cuerpo. A los anticapitalistas, se les habla de auto-organización. A los sindicalistas, de derechoslaborales. En Alemania hubo hace algún tiempo una campaña promocional, ofreciendo descuentos a los clientes que acudiesen al burdel en bicicleta. ¿Quién dijo que la prostitución está reñida con la ecologíaSi hemos de atenernos al revuelo que se ha formado estos días – e incluso a las dudas aparecidas en las filas de algún sindicato de clase – hay que reconocer que esas maniobras de confusión funcionan.
En la prostitución, los únicos derechos que prevalecen son los de proxenetas y puteros. Para que triunfen los de las mujeres son necesarios cambios legislativos que nos saquen del actual limbo jurídico. Pero no en el sentido que querrían los proxenetas, deseosos de instalarse en el panorama social como respetables empresarios. Necesitamos con urgencia una legislación inspirada en el modelo abolicionista feminista nórdico, que despenalice y proteja a las mujeres y, por el contrario, castigue la compra de servicios sexuales. Sin demanda, no habría prostitución, ni trata. A no ser que creamos que la prostitución constituya un derecho del hombre.

miércoles, 29 de agosto de 2018

Exhumar a Franco no es suficiente


¡Depurar de franquistas el aparato del Estado! ¡Justicia para las víctimas de la dictadura!

El gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha el mecanismo para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, una medida que ha provocado la inmediata oposición del PP y de Ciudadanos, como no podía ser de otra manera. Pero lo más significativo es la actitud de desafío de un amplio sector del aparato del Estado, incluyendo a cientos de militares en activo que han firmado un manifiesto público defendiendo la figura del general fascista y su “legado”.

Cuarenta años después de aprobarse la Constitución, la judicatura, el ejército, la policía, y las altas esferas de la administración pública, siguen llenas de elementos abiertamente franquistas y reaccionarios. La legislación en materia de derechos democráticos ha retrocedido décadas gracias al PP, y a la complicidad del PSOE, mientras la represión pura y dura se ha recrudecido en los últimos años.

La medida anunciada por Pedro Sánchez no dejará de cosechar el apoyo de las víctimas de la dictadura y de millones de trabajadores. Pero esta decisión va acompañada de concesiones inaceptables y de la negativa a abrir el camino para juzgar a los responsables de los crímenes de la dictadura.

Militares golpistas ayer, militares fascistas hoy

En rueda de prensa, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, afirmó que la exhumación se limitaría a la momia de Franco, mientras que los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, no se trasladarían por su calidad de “víctima de la guerra civil”. El hecho de equiparar a los golpistas y los fascistas con sus víctimas es repugnante. Sólo este aspecto demuestra el problema de fondo que aquí se ventila, y la cobardía y renuncia de la dirección del PSOE de acometer un proceso político que restaure la justicia para los cientos de miles de asesinados y fusilados, y para las decenas de miles de ellos y ellas que todavía yacen en las cunetas y en las más de 2.000 fosas comunes que se han documentado.

La mejor prueba de lo que decimos es la total pasividad, y permisividad, de que ha hecho gala el gobierno con el manifiesto en defensa del dictador. El 21 de julio apareció en varios medios de comunicación un manifiesto “de respeto al General Franco Bahamonde” firmado por cientos de militares. En dicho documento hablan de Franco como un “general leal” que “sofocó la sublevación de Asturias de 1934, preludio del Frente Popular y la Guerra Civil”. Y justifican el golpe fascista del 18 de julio de 1936 como una acción necesaria “ante una España agredida y asediada por el comunismo internacional”. Llegan incluso a afirmar que lo que se está diciendo de Franco “es una campaña de la izquierda política para borrar medio siglo de la Historia de España” con la que se pretende ocultar “el actual desmoronamiento territorial de la Nación.”

Este manifiesto ha sido firmado por mandos como Alberto Asarta, ex jefe de la misión de Naciones Unidas en Líbano; Emilio Pérez Alamán, ex jefe del Mando Militar de Canarias; Juan Aparicio Hernández Lastras, ex jefe del Mando de Personal del Ejército, Eduardo González-Gallarza, ex jefe del Ejército del Aire; y Antonio González-Aller, ex jefe del Cuarto Militar del Rey. Todos estos militares se han manifestado no sólo a favor de Franco, sino también se han mostrado contrarios al derecho a la autodeterminación de Catalunya. Tal es el caso de Juan Chicharro, uno de los impulsores del manifiesto, actual presidente de la Fundación Francisco Franco y que fue ayudante de campo del rey y jefe de la Guardia Real, quién declaró en 2013 que “la patria vale más que la democracia” y justificó una intervención militar en territorio catalán.

¿Cómo es posible que en un país que se dice democrático, militares retirados y en activo hagan este tipo de apología de un régimen como el de Hitler y Mussolini, y el gobierno no haya hecho absolutamente nada? ¡Así no se combate al franquismo, Sr. Sánchez!

Una dictadura atroz que ha quedado en la impunidad. Los lodos de la Transición

En el manifiesto, los militares mienten no sólo sobre la figura de Franco, sino que ocultan conscientemente lo que fue la dictadura franquista, y lo que representa el Valle de los Caídos. Entre 1936 y 1952, más de 200.000 personas fueron fusiladas por el Estado franquista, la mayoría sin juicio o después de farsas en tribunales militares; de ellas, más de 50.000 después de terminada la guerra. Y hasta el final de la dictadura (concretamente, hasta los últimos fusilamientos del 27 de septiembre de 1975) no se dejó de detener, de torturar, de meter en la cárcel y de condenar a muerte a militantes antifranquistas.

Hay que dejar claro también que el Valle de los Caídos no se concibió como un “monumento a la reconciliación”, sino como una construcción mesiánica para la exaltación al fascismo y a la figura de Franco. Fue construido por 20.000 presos políticos que trabajaron como esclavos. Y de las más de 33.000 personas enterradas allí, 12.410 están sin identificar: son los restos de los republicanos que fueron trasladados sin permiso de su familia, y sacados de 491 fosas comunes y cementerios.

Evidentemente la impunidad de la que gozan estos militares, y la cobardía que exhibe el gobierno para sancionarlos, no es más que la consecuencia de todas las concesiones políticas que los dirigentes de la izquierda, del PSOE y del PCE, realizaron en los años setenta. La llamada Transición, defendida de manera entusiasta hoy por Pablo Casado, Albert Rivera y Pedro Sánchez, consagró la impunidad de los criminales y la humillación para las víctimas. Con la Ley de Amnistía de 1977 y con la Constitución, se blindó a los militares, policías, jueces que participaron en la represión franquista, y ninguno de ellos fue juzgado ni encarcelado, ni con UCD ni con el PSOE después.

Se han intentado borrar la huella de los crímenes de la dictadura, las torturas, los presos políticos. Se ha impedido que se juzguen a los represores franquistas tanto en nuestro país como fuera, en Argentina. Se ha permitido que sigan existiendo asociaciones como la Fundación Francisco Franco, que hacen apología de la dictadura, y que reciben abundantes subvenciones públicas.

Por supuesto, la clase dominante, las grandes familias del IBEX 35 que se hicieron de oro con la dictadura y la sostuvieron hasta el final, dieron su bendición a ese proceso. El hecho de que nada semejante haya pasado en ningún país sometido a una dictadura similar a la franquista, lo dice todo.

Los grandes problemas sociales, las injusticias históricas, no se resuelven con gestos. El paso que ha dado el Gobierno Sánchez de exhumar a Franco es completamente insuficiente. Es necesario que los responsables de la represión sean juzgados y castigados derogando la Ley de Amnistía de 1977. Que se abran de par en par los archivos policiales, judiciales y militares de la dictadura, para poder investigar con profundidad sus crímenes. Se debe perseguir legalmente y con dureza a todos aquellos que hacen apología del régimen franquista, empezando por ilegalizar a la Fundación Francisco Franco. Hay que restablecer la verdad, la reparación y la justicia con las víctimas y sus familias, movilizando todos los recursos materiales y humanos necesarios para exhumar las fosas, dar entierro a las víctimas e indemnizar a las familias Acabar con todos los vestigios franquistas en calles y monumentos. Expropiar el patrimonio robado por la familia Franco, y con el que han logrado amasar una fortuna superior a los 500 millones de euros. Y, sobre todo, depurar el aparato del Estado de fascistas y reaccionarios.

Sabemos que todo esto no lo hará ningún gobierno del régimen del 78. Será el fruto de la movilización de la población, de la clase trabajadora y de la juventud que no quiere vivir con esta losa.