domingo, 17 de marzo de 2019

El Estado te puede expropiar los hijos


La privacidad familiar ocasiona el que a su sombra se puedan producir abusos. Constantemente nos llegan noticias de niños golpeados, abandonados, desatendidos por sus familias. Lo ideal sería que parientes, amigos o vecinos ayudaran a resolver el problema, pero eso no suele ocurrir por desconocimiento o indiferencia, porque hace tiempo que la política acabó con lo que había de tejido social. Será inevitable pues, que en tales casos intervenga el Estado.

Pero una intervención buena en su intención se puede volver perversa por el procedimiento empleado. La Ley de Protección Jurídica del Menor es el procedimiento empleado. Regula que la Administración pueda invadir la privacidad familiar so pretexto del “interés superior del menor”, propiciando unos procedimientos infinitamente peores que los males que trata de corregir. En realidad es una Ley de Des-protección Jurídica de la familia, un torpedo en la línea de flotación de la dignidad y privacidad familiar.

Como resultado se oye decir con frecuencia que “las Comunidades Autónomas roban niños”. Eso no es cierto sino peor, porque lo hacen a cobijo de la mencionada Ley. Los “arrebatan”, los “expropian” como quien embarga un cachivache. Os imagináis el cataclismo interior de un niño de tres o cinco años, a quien sus papás dejaron muy de mañana en la guardería, y de repente aparecen dos sujetos desconocidos que se llevan a la criatura, sin explicación o contándole que los papás enfermaron o que son peligrosos o cualquier otra milonga. Tratad de imaginar las vivencias del pequeño y tratad de imaginar que le ocurriese a vuestro hijo. Si el chaval oyó alguna vez la palabra “secuestro” ¿podrá dudar de lo que le está ocurriendo?

“Pero” eso ocurre bajo la supervisión de jueces y fiscales: apariencia garantista mendaz por inconsistente y fácil de burlar, porque la ejercen sobre una labor que la mencionada Ley encomienda a las Comunidades Autónomas y éstas a su vez la encomiendan a supuestos técnicos, ONGs, Fundaciones y a Empresas con notorio afán de lucro. Intereses mil subvencionados en los que se extravía el Interés Superior del Menor.

Ya de entrada, cómo podríamos confiar en la gestión de Comunidades Autónomas que están siendo incapaces de evitar que, bajo su jurisdicción y responsabilidad, año tras año centenares de niños estén pasando hambruna, durmiendo a la intemperie o esnifando pegamento. Según datos oficiales recientes 2´4 millones de niños en nuestro país viven en la pobreza. De éstos, 630.000 se encuentran en situación de pobreza extrema. Cáritas e infinidad de otras entidades todos los años se lo vienen advirtiendo. Por eso las Comunidades Autónomas necesitan protagonizar el rol acusador para no protagonizar el rol culpable.

Por otra parte, se trataría de ofrecer a esos niños algo mejor que lo que le ofrecen los padres que lo estén haciendo mal. Lo cual es imposible, porque no se trata de lo que una institución quiera ofrecer sino de lo que el niño necesita; y lo que el niño necesita es una buena crianza, que no es labor profesional ni institucional sino parental e íntima. Implicación de la que la Administración se escuda proclamando la “distancia óptima” profesional.

A los niños nunca les sobra tener padres; les sobran sus carencias o deterioros. Cuando un niño necesita ayuda es evidente que su familia necesita ayuda; lo que el niño no necesita es que le arrebaten lo único que le va a durar, porque la Institución al cumplir la mayoría de edad los deja en la calle, pero en peor situación: desarraigados y resentidos.

Y para mayor inri vivimos bajo unos gobiernos servilmente sometidos a los dictados financieros, con lo cual, la supuesta bienintencionada expropiación de hijos se ha convertido en un descomunal negocio: cuando un niño es expropiado, su tiempo, sus expectativas de futuro, el tiempo y el futuro de sus padres son colonizados por un ejército de interventores profesionales subvencionados: hemos transitado de la sociedad de consumo a una sociedad de consumidores y consumidos en la que muchos viven de administrar los padecimientos ajenos. Inevitable secuela de una legislación aberrante que deshumaniza y embrutece a los que la aplican. A parte de lo que cada cual en su fuero interno se proponga ser o hacer ¿qué son los supuestos “técnicos” de los que habla la Ley? sino comisarios políticos en el más puro estilo bolchevique.

Si el Estado aplica al cuidado de estos niños un sustancioso presupuesto, un mínimo de 3.000 euros/mes  por niño expropiado ¿qué otro provecho de semejante gasto podría sacar?: El que toda la aparente labor social se convierta en un sistema policiaco de control omnímodo e impune. Los supuestos técnicos, los trabajadores sociales y otros profesionales, adquieren así un poder que da grima. Se podrán filtrar donde ni la policía puede hacerlo sin una orden judicial. Cúidate de pedirles ayuda porque sus informes podrán servir para arrebatarte los hijos.

Si ni el niño ni su familia reciben esos dineros que el Estado dice asignarles ¿a dónde van tales subsidios?: a la multitud de gestores de expropiaciones y acogimientos. ¡Qué negocio tan sofisticado, de aspecto tan discreto y altruista! Probablemente ni los que lo realizan lo vivencien como tráfico de niños, pero no por ello deja de ser una atrocidad. Recientemente conocí una madre a quien le habían arrebatado tres hijos. La ONG que los acoge recibe 9.000 euros al mes por cuidar a esas tres criaturas. ¿Os imagináis lo que cualquier familia y su vecindario podrían hacer recibiendo 9.000 euros cada mes? Recientemente di una conferencia en Palma de Mallorca. Entre los que asistieron había 14 madres/padres a quienes habían arrebatado sus hijos. Como almas heridas hablaban de “mafias”, sin tapujos. No me parece honesto ignorar sus relatos y reclamaciones escudándose en la frase “esos papás algo habrán hecho”.

Por algo se están inventando las “familias profesionales” de acogida; porque al voluntariado no se le paga y goza de tener opinión; pero a los “profesionales” sí, se les paga, y a cambio se les puede exigir docilidad.

En una sociedad normal, sana, los chiquillos viven a costa de sus papás mientras son menores; pero los que legislan se están inventando la cuadratura del círculo, un voluntariado-asalariado, el mundo al revés: papás asalariados “por acoger niños”. Y como los niños no son tontos y saben que el que paga manda, pues ¡a mandar!

Llegados a este punto me parece urgente una advertencia política: Cuándo estaremos dispuestos a enterarnos de que la dicotomía derecha/izquierda falleció de ancianidad hace más de medio siglo. China por ejemplo exhibe un comunismo y un capitalismo, de lo más unánimes.

Quienes están legislando sobre Menores tal vez se imaginen ser de derechas o izquierdas, pero en realidad son de lo más unánimes. En Mallorca por ejemplo incluso los de Podemos ya han opinado que en asuntos de Menores “los técnicos están más preparados que los jueces”, lo cual aunque pudiera ser cierto no debiera ahorrarnos garantías jurídicas.




De la anécdota que sigue, hablando de unanimidad, doy fe en primera persona:

De 1976 a 1979, Landelino Lavilla fue Ministro de Justicia del Gobierno de Adolfo Suárez. Decidió que algunos entendidos elaborasen un “Estatuto del Menor”, una legislación especial para proteger a la infancia. Y se desvivió en hacer propaganda de lo democrático que iba a ser. Pero cuando lo llevó al parlamento al Estatuto del Menor le habían cambiado hasta los entresijos y le llamaron Ley de Protección Jurídica del Menor. “Derechas” e “Izquierdas” de entonces, Alianza Popular, el Partido Comunista, el Partido Socialista Obrero Español y demás grupos parlamentarios, la aprobaron con entusiasmo unánime, sin formular una sola pregunta ni poner una sola objeción.

No podía ser de otro modo porque la Ley de Protección Jurídica del Menor la había redactado la Interpol en Schengen para toda Europa y ya estaba aprobada antes de ir al Parlamento.

Sospecho que por el tono de algunos de estos párrafos no faltará quien les atribuya excesivo apasionamiento; será si consideran más importante guardar la compostura y las buenas maneras que el que te arrebaten los hijos.

jueves, 7 de marzo de 2019

8M Huelga General Feminista

El Estado español se encuentra a la cabeza de la Unión Europea en cuanto a desigualdad laboral entre hombres y mujeres. Seguimos teniendo mayor dificultad para acceder al mercado laboral (el 60% de la población inactiva es femenina) y cuando lo hacemos, cobramos menos, de media un 23% menos que nuestros compañeros (diferencia que va en aumento). Esta brecha salarial de género se debe a varios factores. Los sectores más feminizados tienen peores convenios o directamente no se les aplica ninguno (dos de cada tres trabajadores pobres son mujeres), y la parcialidad y temporalidad en la contratación también se ceba en nosotras: el 74% de los contratos a jornada parcial y el 67% de los contratos temporales. 

La brecha salarial se perpetúa, conllevando una desigualdad en las pensiones. La menor cotización y los efectos de los parones en la vida laboral por motivos familiares (el 84% de las excedencias por cuidado de hijos fueron solicitadas por mujeres) terminan afectando, de manera que sólo el 37% de las mujeres percibe una pensión por jubilación frente al 62% de los hombres. Además, las que cobran pensión perciben de media un 38% menos que los hombres.     
              


¡Basta de precariedad y salarios de miseria!

Por otro lado, los roles de género impuestos por la sociedad patriarcal, y sobretodo el desmantelamiento de los servicios públicos y la política de recortes y austeridad, recayendo mayoritariamente en las mujeres las tareas de cuidados, han agravado y profundizado esta desigualdad y opresión. En 2019 las mujeres seguimos siendo las encargadas de los cuidados a terceros, tanto en el ámbito doméstico como en el profesional. Los sectores vinculados a los cuidados (SAD, Geriatría, Intervención Social, atención a la Diversidad) son fundamentalmente femeninos (el 85% somos mujeres). Sólo nos supera en grado de feminización el sector del Empleo Doméstico.    

Sufrimos una clara discriminación de género por dedicarnos laboralmente a los Servicios Sociales. Los datos son claros. Para acabar con la brecha salarial de género, es imprescindible que los sueldos de sectores como el nuestro, el de los Servicios Sociales, predominantemente femenino, se equiparen al alza con los sueldos existentes en otros sectores, y que los dirigentes sindicales de CCOO y UGT dejen de firmar Convenios Colectivos que perpetúan la precariedad y los bajos salarios, como ha ocurrido con el nuevo Convenio de atención a la discapacidad.           

La igualdad se conquista luchando en las calles. Es necesaria una acción sindical combativa para imponer verdaderos Planes de Igualdad en todas las empresas, y que la lucha por los derechos de la mujer trabajadora no se reduzca a meras acciones o planes simbólicos de cara a lavar la cara de los mismos empresarios que nos explotan y perpetúan esta desigualdad. Por eso es necesario recuperar un sindicalismo de clase y combativo, que nos permita, luchando junto a nuestros compañeros, arrancar mejoras salariales, estabilidad en el empleo, y verdaderas medidas de conciliación en igualdad de condiciones para mujeres y hombres. Este es el único camino, y no la política de gestos vacíos que practican los dirigentes sindicales cada 8 de marzo, para volver al día siguiente a la política de paz social y de constantes cesiones ante empresarios y empresarias. 

Solo así evitaremos, por ejemplo, que las evaluaciones de riesgo y los planes de prevención en nuestro sector sean un mero paripé, afectándonos especialmente a las mujeres. Algo que lleva, en la práctica, a que en muchas ocasiones conseguir la baja por riesgo durante el embarazo suponga una lucha titánica para la trabajadora (además del riesgo de quedar estigmatizada por la empresa). Exigimos que en dichas situaciones se reconozca automáticamente en cuanto la trabajadora comunique el riesgo existente. 

Existe una realidad completamente invisibilizada, tratada como un tabú: la violencia machista que sufrimos en el ejercicio de nuestras funciones en el puesto de trabajo, ejercida por usuarios pero también por otros trabajadores. Esta violencia va desde insultos sexistas y ninguneo por nuestra condición de mujeres, hasta situaciones de acoso por razón de género y agresión sexual. Por regla general, estas situaciones se minimizan e incluso se ocultan. Es intolerable. Se debe ser dar visibilidad a esta realidad, incluirla en las evaluaciones de riesgos y en los planes de prevención, y conformarse Comités Mixtos de trabajadoras y trabajadores que impidan con contundencia este tipo de actuaciones y agresiones machistas. 

Más hechos y menos palabras. El 8 de marzo, ¡huelga general de 24 horas!

Hay razones más que de sobra para paralizar los centros de trabajo y secundar la HUELGA GENERAL de 24 horas el próximo 8 de Marzo, inundando las calles en centenares de manifestaciones convocadas a lo largo y ancho de todo el Estado. Sin embargo, de nuevo, como el año pasado, los dirigentes de CCOO y UGT plantean convocar paros parciales de dos horas, probablemente muchos de ellos acordados con las propias empresas. ¡Ese no es el 8 de marzo que queremos! ¡Queremos un 8 de marzo de huelga, lucha y reivindicación! 

Un 8 de Marzo para enfrentar en las calles, con contundencia, a esa derecha reaccionaria y franquista conformada por VOX, el PP y Ciudadanos, que quieren hacernos retroceder en todos nuestros derechos como mujeres y como trabajadoras. La CGT ya ha convocado formalmente, junto a otros sindicatos, Huelga General de 24 horas para el 8 de marzo. Algunos sectores en CCOO, como la Federación de Enseñanza o Intervención Social Madrid también han planteado ya la convocatoria de huelga general, así como el Sindicato de Estudiantes, llamando a las y los estudiantes en institutos y universidades de todo el Estado a paralizar las aulas. ¡Este es el camino! ¡Solo así derrotaremos a la derecha y a la reacción! ¡Y solo así acabaremos con la violencia machista y la austeridad capitalista! ¡Todas y todos a la huelga y a las manifestaciones!    

jueves, 7 de febrero de 2019

¿Qué fue de? Jose Ignacio Arias Moreno

Este abogado con presencia y aires de inspector franquista, fue durante años el perro guardián de la fundación. Su principal labor era amedrentar a las plantillas controlando el departamento de RRHH como si de un campo de concentración se tratara.

Incluso llevó de la mano a los pocos trabajadores que se presentaron en los juzgados tras la campaña de demandas que emprendieron, en uno de los espectáculos que más asco-pena e hilaridad nos han provocado en estos años de lucha contra O´Belen. Resulta patético ver a un grupo de trabajadores arrastrar su dignidad por el fango en defensa del honor del patrón. Incluso más que los balbuceos incoherentes de Emilio Pinto en televisión tras la publicación del informe del Defensor del Pueblo.



Sí, es el señoro de la corbata

Como ocurre muchas veces, al final resulta que el manijero es más facha que el terrateniente. Jose Ignacio también hizo sus pinitos en la política, como candidato en 2004 al Senado por el PADE (Partido Demócrata Español), una escisión por la derecha del PP, motivada por el "giro al centro" emprendido por Jose María Aznar. ¿Habrá mandado ya el curriculum a Vox, como Carmen Balfagón?

¿A qué se dedica en la actualidad? La respuesta es tenebrosa. Es el responsable del Área de Menores de la Fundación Salud y Comunidad. ¿Además de los centros, también se hizo cargo de sus directivos cuando desapareció O´Belen? ¿Cambiarlo todo para que no cambie nada?

Toda entera para tí, Martínez el Facha