El Sindicato de Estudiantes llama a la rebelión contra la LOMCE

Desde el primer día de curso el Sindicato de Estudiantes ha denunciado lo que significa el mayor ataque a la educación pública desde el final de la dictadura franquista: la LOMCE, o lo que es lo mismo, la vuelta a las cavernas educativas y a la educación de los años 50 cuando sólo los más privilegiados podían tener acceso a una educación de calidad.

El Sindicato de Estudiantes ha movilizado a cientos de miles de jóvenes en ocho jornadas de huelga y manifestaciones que comenzaron en el mes de octubre, continuaron en febrero y culminaron el pasado 9 de mayo en una huelga histórica: por primera vez padres, madres, profesores y estudiantes salimos a la lucha de forma unitaria y manifestamos contundentemente al gobierno del PP nuestro rotundo rechazo esta contrarreforma franquista de la educación. Las multitudinarias manifestaciones que recorrieron las calles de las principales ciudades demostraron que la comunidad educativa al completo está en contra de los planes del gobierno del PP para destruir la educación pública que tanto ha costado conquistar.

Este gobierno, nostálgico de la dictadura, que sólo legisla a favor de los grandes poderes económicos, de los banqueros y especuladores, quiere expulsar a miles de jóvenes de familias humildes del sistema educativo de forma prematura, a través de sus reválidas franquistas, de los itinerarios segregadores y clasistas, de tasas económicas escandalosas, para que nos veamos en el mercado laboral sin cualificación y sólo podamos aspirar a ser carne de cañón para la explotación. El paro juvenil actual, superior al 57% muestra ya muy bien el futuro que nos prepara el PP a los jóvenes hijos de trabajadores. Quieren que la educación de calidad vuelva a ser el coto exclusivo de una minoría, quieren una enseñanza privada para los ricos y los más privilegiados ¡No lo vamos a permitir!

Pero esto no es todo, también quieren devolver a la Iglesia Católica los privilegios que tuvieron bajo el franquismo, imponiendo la obligatoriedad de la asignatura de religión como vía para que la jerarquía católica pueda seguir obteniendo millones de euros de las finanzas públicas, seguir imponiendo sus opciones ideológicas a millones de alumnos, y continuar con la segregación por sexos ¡Un auténtico escándalo! Esta vuelta al oscuro pasado de la enseñanza confesional, al igual que pretenden hacer con la reforma de la Ley del aborto, dice mucho del talante de este gobierno: son los portavoces de los sectores más reaccionarios de la sociedad.

La aprobación en el día de hoy de la LOMCE en el Consejo de Ministros no hace más que mostrar el carácter autoritario y antidemocrático de este gobierno y del Ministro Wert, que hace oídos sordos del auténtico clamor social que se vive en las calles contra la LOMCE.

Desde el Sindicato de Estudiantes nos declaramos en rebeldía contra la LOMCE y afirmamos que lo único que ha corroborado hoy el Consejo de Ministros es la necesidad de seguir luchando en las calles. Si este Ministro piensa que con este gesto va desanimar al movimiento masivo de padres, profesores y estudiantes que vimos hace apenas unos días, está completamente equivocado. La aprobación de la LOMCE es una auténtica provocación, un insulto a los millones de jóvenes y trabajadores que hemos participado en las movilizaciones y huelgas contra la LOMCE, y que por supuesto, saldremos a las calles de nuevo con toda la indignación que provocan las acciones de este gobierno. Desde el Sindicato de Estudiantes vamos tomar todas las medidas necesarias para tumbar esta ley que pretende hacernos pagar con nuestra educación el precio de una crisis que no hemos provocado nosotros.

El Sindicato de Estudiantes propone ya a la Plataforma Estatal por la Escuela Pública la celebración de una Gran Marcha sobre Madrid para dejar claro a este gobierno que nuestros planes son continuar la movilización de manera extensa y contundente. Si aún así el PP decide continuar adelante con la LOMCE, plantearemos para el mes de octubre una nueva semana de lucha con 72 horas de huelga, en la que estamos seguros convergeremos con los sindicatos del profesorado y las organizaciones de padres para seguir de forma ascendente la movilización y continuar el camino del pasado 9 de mayo hasta frenar por completo la contrarreforma franquista de la educación.

Sindicato de Estudiantes

Marea Blanca

Empeora la situación de los menores en frontera sur

Extraído de Diagonal

A las denuncias por torturas y expulsiones, que esbozan un dramático panorama en la frontera sur, se suma la segregación de los menores en el centro de La Purísima.

PATRICIA MANRIQUE. Redacción Cantabria

El goteo constante de informes y denuncias pone de manifiesto que la situación en la frontera sur ha empeorado de forma visible para los menores en los últimos meses. Prodein, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), Médicos Sin Fronteras o la propia oficina de la Defensora del Pueblo aportan abundantes datos acerca de la vulnerabilidad de los migrantes en general, y de los menores en particular. En Melilla, que parece estar convirtiéndose en zona preferente de paso a la península –más transitada que Ceuta o Cádiz según el informe Frontera Sur 2013 de la APDH-A–, los menores denuncian torturas y expulsiones, y la segregación educativa a la que se los somete hacen que crezca el número de ellos que opta por buscar una salida a la península en los bajos de un camión.

Aunque continúa sin formalizarse un registro de menores extranjeros no acompañados (MENA), se calcula que constituyen el 5% de las personas que llegan a España por la frontera sur. En su informe de 2011, la Defensora señalaba que una de cada diez quejas recibidas por su oficina de 2009 a 2011 relacionadas con las migraciones y la extranjería tuvieron que ver con los MENA.

Palizas a los menores

G. estuvo a sus 14 años hospitalizado más de una semana con graves daños en el diafragma y el hígado a causa de una paliza propinada por la Guardia Civil en el puerto cuando intentaba pasar a la península colgado en los bajos de un camión, según él mismo denuncia. Llevaba un año en Melilla y seis meses en el centro para MENA La Purísima donde, a falta de actividades, veía correr las horas muertas en el patio. La noche en que fue apaleado iba con otros cuatro amigos que lograron escapar y después lo recogieron en la Ciudad Vieja, donde le dejaron casi inconsciente los guardias civiles, de nuevo según el estremecedor relato del chaval. La asociación Prodein se entrevistó con él a dos semanas del suceso, cuando G. aún no podía andar, y ha presentado una denuncia a la Defensora del Pueblo. “Es espeluznante”, señala José Palazón, activista de esta asociación, quien reconoce que vive “enterrado en denuncias”. “Están sucediendo cosas que antes no pasaban. Esto son torturas y ya no malos tratos”, subraya.

Prodein ha denunciado también, entre otros casos, el de un grupo de cuatro niños, el menor de ellos de 11 años, que pasaron toda la noche en el calabozo y a quienes “les pegaron una paliza con porras eléctricas”. El de 11 años, describe Palazón, “tenía un ojo cerrado totalmente”.

Expulsiones irregulares

El informe presentado por Médicos Sin Fronteras con el título Atrapados a las puertas de Europa hace pensar en una escalada violenta en las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto españolas como marroquíes. Señala que “a finales de 2012, los equipos de MSF trataron a pacientes que afirmaron que la Guardia Civil utilizaba balas de goma para apresarles y golpearles”, así como otras denuncias sobre el uso de porras eléctricas, y que “muchos de los migrantes que logran cruzar las vallas, incluidos algunos con heridas bien visibles, son atrapados por la Guardia Civil española y entregados a las Fuerzas de Seguridad marroquíes”, cuya violencia y falta de respeto a los Derechos Humanos se pone de manifiesto en el documento. Esta entrega supone una violación de la Ley de Extranjería, pues tendrían que ser las autoridades españolas quienes se encargaran de los migrantes llegados a territorio español. De esta población maltratada, un 5% son MENA, un 3% menores de 13 años.

APDH-A denuncia en su informe de 2013 redadas racistas en Melilla que incluyen a menores. Para José Alonso, abogado de la APDH-A, “de las expulsiones nunca se sabe, porque desaparecen un día y los dan de baja como ‘baja voluntaria’ y no se preocupan por dónde están ni qué ha podido pasar”, una práctica denunciada recientemente por la Defensora en su informe 2012. El efecto perverso de estas bajas es que, a efectos de documentación, el arraigo de los menores se pierde y comenzará a contar desde cero si vuelven.

El caso de I. y M., de 14 y 17 años respectivamente, que estudiaban en Melilla, saltó a los medios en noviembre pasado. Una mañana, cuando se acercaban al CETI para encontrarse con otros subsaharianos, dos hombres de paisano que se identificaron como policías les ordenaron que se subieran al coche, les trasladaron a la valla fronteriza y les obligaron a pasar al lado marroquí. Según los chavales, en el lado rifeño miembros de la gendarmería les recibieron con una paliza y les robaron. M. consiguió volver, y ahora se enfrenta al drama de alcanzar la mayoría de edad sin ningún tipo de apoyo. De I. se sospecha que lo intentó sin éxito recientemente en una endeble patera que fue devuelta, estando ya en aguas españolas, a las fuerzas marroquíes, en otra maniobra contraria a la legislación. Palazón denuncia la impunidad: “No les pasa nada, pueden hacer lo que quieren y así se instala la barbarie total”.

Escolarización segregada

En otros casos, las bajas se producen por la falta de expectativas. La Defensora del Pueblo ha denunciado “un importante retroceso” en la escolarización en La Purísima, “siendo menor el número de menores escolarizados fuera del centro”, así como “la falta de actividades formativas para los residentes mayores de 16 años sin escolarizar”. Palazón corrobora esto, “algo que no ocurría desde el año 2000, gracias a la presión de las asociaciones”. En el curso actual, y por una orden del Ministerio de Educación –que en Melilla tiene las competencias educativas, acatada por la Consejería de Bienestar Social melillense–, han sacado a casi todos los MENA de los colegios que, en el torreón del castillo que es La Purísima, estudian segregados del resto. La consecuencia es que “muchos dejan el centro porque, aparte de que allí no se está bien, ahora no pueden ni salir”, explica Palazón.

En la zona del Puerto de Melilla, donde los niños sueñan con el salto a la península, “cada vez se ven más chavales pequeños, niños de diez u once años, vendiendo chicles y cosas así, algo que había desaparecido”, describe con tristeza José Alonso.

Mayoría de edad: condena a la marginalidad

M., expulsado irregularmente, ilustra otro de los retrocesos en la atención a los jóvenes tutelados. Tras conseguir volver de Marruecos, corriendo nuevos riesgos, y al cumplir los 18 años, se cesó su permiso de residencia, aunque éste tenía vigencia para un año más. “Hace unos cuatro años hubo una guerra tremenda para que los mayores de 18 años tuvieran la documentación, pero llevamos cinco o seis meses que, automáticamente, cuando cumplen la mayoría de edad les extinguen el permiso de residencia porque dicen que cesan las causas por las cuales se lo dieron”, explica Palazón. La Defensora del Pueblo ha insistido en que esta práctica viola la Ley de Extranjería. No sólo se les retira el permiso de residencia, sino que se dificulta que los chavales consigan papeles imponiendo trámites y condiciones kafkianas, como solicitar un certificado de soltería que

les obliga a volver a Marruecos. Alonso añade: “Una vez que salen, se tiene que buscar la vida por su cuenta”, pues no hay plan de apoyo alguno para ellos

por parte de Bienestar Social

Presentación del libro: Así en la tierra. Enrique de Castro y la iglesia de los que no se callan, de Marçal Sarrats

16 de mayo, a las 19:30 horas en el auditorio Marcelino Camacho (Lope de Vega, 38. Madrid). Intervendrán en el acto la escritora Almudena Grandes, la periodista Cristina Pardo, el cura Enrique de Castro, Marçal Sarrats y distintos colectivos próximos a la parroquia de San Carlos Borromeo. 

La parroquia de San Carlos Borromeo en Entrevías ha librado innumerables batallas a favor de los marginados: drogadictos, insumisos, okupas, gitanos, presos y sus familiares, desahuciados, inmigrantes... Al frente de esta iglesia de Vallecas, el cura Enrique de Castro lleva cuatro décadas combatiendo las injusticias y enfrentándose a quien haga falta, incluso a la jerarquía eclesiástica. De hecho, en 2007 su desencuentro con el Arzobispado de Madrid, que dio la vuelta al mundo, situó la parroquia de San Carlos al borde del cierre. A partir de Enrique de Castro y de su gente más cercana, Marçal Sarrats nos muestra otra iglesia, la iglesia de los que no se callan, comprometida y solidaria, de fe profunda, que de manera evangélica antepone el ser humano a la ley e incluso a la religión. La demostración palpable de que la fe verdadera exige compromiso y lucha.

El Sindicato de Estudiantes, por la Huelga General

Tras la histórica movilización del pasado día 9, es necesario seguir la lucha. El secretario general del Sindicato de Estudiantes llama a las direcciones de CCOO y UGT a convocar una huelga general para exigir la dimisión del gobierno del PP. Escucha su intervención tras la gran manifestación de Madrid

Marcha nocturna contra la LOMCE

Tras el éxito de las movilizaciones en defensa de la educación pública, el gobierno ha anunciado la paralización de la LOMCE. La lucha continúa este sábado con marchas nocturnas. En Madrid, comenzará a las 22 horas, desde el Ministerio de Educación hasta el Tribunal Constitucional.

Piden que se aclare la muerte de un menor

Extraído de Diagonal

El 19 de marzo, el Grupo de Menores de la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos de Aragón (Asapa) denunciaba públicamente la muerte en agosto de 2012 del menor Libardo, custodiado por el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial (CEIMJ) Juslibol, en Zaragoza. Según Asapa, el informe forense apunta a un “posible” suicidio, pero esta asociación pide que se investigue si se administró al joven psicofármacos que habían sido contraindicados por su neurólogo, y que pueden haber causado un efecto fatal para el menor. “Un problema muy grave que requería información clara y coordinación exhaustiva entre los servicios de salud y el centro de reforma”, insiste Asapa.

A Libardo se le pudo administrar un medicamento contraindicado por su neurólogo

El caso ha sido denunciado por Asapa a la Fiscalía de Menores y ya se encuentra en manos de la Justicia. Además, la asociación ha llevado a cabo la denuncia pública porque, a su juicio, la familia no ha recibido asistencia ni atención, ni la administración ha asumido responsabilidad alguna durante los meses posteriores a la muerte de Libardo. Consideran, asimismo, que hay “una práctica dudosa y sistemática por parte del servicio médico del CEIMJ Juslibol, gestionado por una entidad privada, pero cuya responsabilidad última corresponde al Instituto de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón”. A su juicio, por otro lado, “la intención inicial mostrada por el juzgado de instrucción número 8 de Zaragoza fue decretar el archivo del expediente y el cierre de la vía penal”.

Hasta la fecha, varias asociaciones de protección de derechos humanos, como la propia Asapa, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía o la Coordinadora contra la Tortura, han puesto de relevancia la situación en este tipo de centros, gestionados en un 70% de los casos por entidades privadas, lo cual supone la cesión a manos privadas de la represión.

Represión en manos privadas

Solo los centros de cumplimiento del País Vasco y Cataluña se encuentran bajo tutela pública, mientras que los centros del resto de Comunidades Autónomas, pertenecen a personas jurídicas del sector privado como son por ejemplo Ginso, Grupo Norte o Diagrama.

Como ya apuntaba a este periódico Jorge del Cura, de la Coordi­nadora para la Prevención de la Tortura, el hecho de que estos centros pasen a formar parte del sector privado les hace susceptibles de ser, ante todo, objetos potenciales de negocio y de lucro: “la privatización de la privación de libertad es aberrante” pues “cuando se trata de gestión privada la opacidad aumenta de forma exponencial y en un contexto de negocio”.

Asapa elaboró en 2008 un informe que denunciaba el empleo del aislamiento, la psiquiatrización de los casos y el empleo de psicofármacos en la cárcel de menores de Zaragoza en la que ha muerto Libardo. Este centro es una réplica a escala de la cárcel de Zuera situada a unos pocos metros de este centro penitenciario.

Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía recogió en un informe elaborado en 2008 unas 70 quejas relativas a los centros de Andalucía, gestionados por la Fundación Diagrama, Ginso y Adis Meridianos. Las denuncias referían una cotidianidad plagada de prohibiciones y sanciones, traducidas éstas últimas en encierros en una habitación hasta siete días (40 en algún caso) o la obligación de permanecer sentado en una silla mirando a la pared sin poder moverse lo más mínimo. En el lado de las torturas explícitas, los menores denunciaron la utilización de grilletes para atarles a los hierros de una cama sin colchón, a veces sin que pudieran ir al servicio durante varias horas.

La muerte de Libardo suma la número diez en la tétrica nómina de muertos en cárceles de menores desde 2001, junto a casos como el de Philip, que apareció con una bolsa en la cabeza, el de Miguel, que se ahorcó en el centro Ilundain (Navarra) gestionado por Herritz Berri, o el de Ramón Barrios, que murió en extrañas circunstancias en el centro Teresa de Calcuta (Madrid) gestionado por Ginso.

ASAPA efectúa la denuncia “con la esperanza de que este caso no represente un capítulo más en la lista interminable de muertes silenciosas bajo custodia”.

inforelacionada

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