jueves, 28 de abril de 2016

Presentación del libro Somos CocaCola En Lucha

Cartel Presentacio%u0301n libro Coca-cola.jpg


Sábado, 30 de abril 2016 12:00 h.
Presentación del libro
"Somos Coca Cola en Lucha: una autobiografía colectiva"
Auditorio Marcelino Camacho
C/ Lope de Vega, 40 Madrid
 


Esta es nuestra autobiografía colectiva. Somos CocaCola en Lucha, el colectivo de trabajadorxs afectadxs por el ERE de la fábrica de CocaCola en Fuenlabrada. Y lanzamos a través de Verkami un proceso de financiación popular (¡crowdfunding para lxs modernxs!) para dar a nuestra voz el eco que se merece. Un lucha en primera persona, desde el Campamento de la Dignidad hasta alcanzar la reconquista de nuestro trabajo. Nadie nos ha regalado nada... lo hemos conquistado. 

Somos Cocacolaenlucha es una autobiografía colectiva. Relato oral que narra en primera persona cómo 238 trabajadores y trabajadoras y sindicalistas de la fábrica de Cocacola en Fuenlabrada vencieron al gigante. Desde un yo soy Carmen, yo soy Antonio, yo soy Juan Carlos, podremos leer situados en una línea de tiempo de dos años, el día a día de unos y unas trabajadoras y sus familias que no aceptaron un ERE ilegal, que el supremo calificó de nulo, y que les ha devuelto a sus puestos de trabajo dos años después.

Mucho frío, varios meses sin salarios ni prestaciones, el descubrimiento de una unión insoslayable entre compañeros de trabajo que apenas tenían un trato cordial... y que en esta lucha se han convertido en los y las espartanas. Obrerxs y sus seres queridxs que se han merecido a un sindicato y un sindicato que se ha merecido una victoria que como obrerxs tendrán que seguir sosteniendo todo el rato.

Recién desmontado el campamento de la dignidad, readmitidos en los puestos de trabajo, la lucha sigue: no ha sido una victoria sin derrotas, ha sido sin embargo sí una victoria sin pasos atrás, ni pasos en falso. Pura verdad y coraje frente a la desfachatez y el desprecio de quienes les habían empleado durante más de cuarenta años y que les cierran la fábrica sin previo aviso el día que firmaban uno de los mejores convenios de la alimentación de Madrid. El comité de empresa de Comisiones Obreras, dice huelga, dice "ni un paso atrás", dice a por el puesto de trabajo. Y lo han reconquistado.

Aunque la lucha continua dado que CCIP (Cocacola Iberian Partners) no cumple la ley, ni está reabriendo la planta de Fuenlabrada como un "centro logístico", sino más bien como un "almacén fantasma". Aunque y eso es lo que hace necesaria la lucha obrera, lxs obrerxs, el mundo que queremos, lo tenemos que hacer. No se lo pagamos a nadie a precio de saldo, para que lo haga por nosotrxs. ¡Somos obrerxs!

Más información:
· Verkami del proyecto
· facebook de CocaCola en Lucha
· twitter de CocaCola en Lucha

lunes, 25 de abril de 2016

Carta de Educadores en Lucha al futuro director del COA

Estimado/a futuro/a director/a técnico/a del COA:

Después de los despidos de cuatro educadores del COA por secundar la actual huelga indefinida en dicho centro, decidimos dirigirnos a usted con motivo de su próxima llegada a su cargo, por cierto, puesto no previsto en el pliego de condiciones que regula el contrato del COA. Ese cargo cuyas funciones, según lo publicado en la oferta interna de INTRESS son, curiosa y sorprendentemente, las mismas funciones que desempeña el actual coordinador técnico del COA. Para nosotros es obvio, claro y meridiano el mensaje que lanza INTRESS hacia nuestro coordinador con este nuevo puesto que duplica sus funciones: “Tú eres el siguiente”.

Consideramos la implantación de un director técnico como una amenaza a un trabajador del COA, un aviso para el resto de educadores y una burla hacia el equipo y el proyecto educativo que hasta ahora se ha estado desarrollando en el centro. Sí, una burla. El COA no necesita más jefes, ni siquiera un director técnico cuya totalidad de funciones hace ya el coordinador técnico, a no ser que vaya usted a desempeñar la función de comisario político de INTRESS, esa función está por cubrir aún. Lo que el COA necesita como hemos reclamado de diversas maneras durante años, también antes de la actual huelga, son más educadores, y también un/a insertor/a laboral, un/a psicólogo/a, un/a profesor/a o un/a enfermero/a..., figuras todas ellas ausentes en su chapucero proyecto educativo.
Suponemos que INTRESS le ha informado exhaustivamente del conflicto político y social del COA, así como de la huelga y la lucha que llevan protagonizando nuestro colectivo desde hace año y medio. Por ello, también deducimos que acepta libremente ser el profesional responsable de encabezar la política mercantil de INTRESS para “desembarcar en el mercado de la Intervención Social” de Aragón como dijeron en nuestro primer encuentro en el SAMA. Por si acaso sus jefes de INTRESS han olvidado u omitido algo, como hacen con todas las nuevas contrataciones, hacemos un breve resumen de la situación existente a día de hoy, antes de que decida tomar su cargo.
Actualmente existen: Una demanda contra la adjudicación del COA en la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, diversas actuaciones de la inspección de trabajo a INTRESS por distintas irregularidades y una demanda judicial de dos educadores por despido nulo. Desde que en octubre de 2016 INTRESS comenzara a gestionar el COA, hemos denunciado el deterioro progresivo en la atención de los menores y la precarización laboral de sus educadores ante la complacencia del Gobierno de Aragón. Bajo la gestión de INTRESS, el COA carece de profesor para los menores no escolarizados, se han limitado a dos días de la semana las visitas familiares de los menores al carecer de suficiente personal, se han ampliado los días que los educadores cubren los acompañamientos por ingresos hospitalarios, se carece de recurso propio de inserción sociolaboral, no existe ningún mecanismo público de control de gastos de primera necesidad de los menores como sanidad, vestimenta o material escolar… Ningún educador del COA conoce su proyecto educativo, ni qué pretenden hacer en el COA. Seamos sinceros, el proyecto con el que concursaron es un simple documento modelo, válido para cualquier concurso, lleno de generalidades, errores y contradicciones. Siete meses después, INTRESS sigue utilizando documentos que usaba la anterior entidad y que copió sustituyendo un logo por otro. En este tiempo ha decidido represaliar a cuatro educadores por ejercer su derecho a huelga. Gracias a INTRESS, dos educadores con mismo trabajo, mismo horario e idénticas responsabilidades, cobran muy distinto, poniendo en práctica una doble tabla salarial. Los trabajadores tenemos que agradecer a nuestros empleadores reiterados y graves fallos en las nóminas, errores en las altas en la seguridad social (con el resultado de tener educadores trabajando sin estar dados de alta), silencio absoluto a la información demandada por el comité de empresa y bloqueo a cualquier vía de negociación.
Ya conocerá por parte de INTRESS que nuestro colectivo ha venido denunciado públicamente estas y otras irregularidades e identificando a los responsables, con nombre y apellidos, tanto del ejecutivo aragonés como de la entidad catalana. Suponemos que es consciente de que su cargo le convierte en la mano ejecutora de INTRESS en Zaragoza, y por tanto en responsable de lo que suceda en el COA.
Pero quizá somos unos malpensados y las ordenes de sus jefes son otras. ¿Quizá su primera decisión como director técnico sea reincorporar de inmediato a los cuatro educadores que INTRESS ha vetado para trabajar en el COA por motivos sindicales? De no ser así, está claro que profundizaremos en el conflicto en vez de en las soluciones, y advertimos públicamente de que pese a nuestros esfuerzos, la situación educativa en el COA está peligrosamente cerca de convertirse en desastrosa. Algo que INTRESS ha conseguido con decisiones tan inteligentes, como sustituir educadores formados, con experiencia, autónomos y solventes por educadores sin experiencia en el centro, sin formación específica del recurso y dependientes. Con esta carta tan sólo pretendemos informar y ser honestos tanto con nuestros interlocutores como con cualquier ciudadano/a que siga con interés el conflicto del COA. La purga sindical que se está dando en el COA no sólo es ilegal sino peligrosa para los niños y niñas acogidas en el COA. Esperamos que sea consciente del alcance de sus decisiones, porque lo que suceda con este polvorín que sus jefes le han mandado a limpiar con una cerilla encendida en la mano va a ser responsabilidad exclusivamente suya.
La violencia se manifiesta de muchas maneras y la empresa INTRESS, con su maquinaria mediática y su neolengua, encarna una de las violencias de guante blanco más cobardes. ¿Está usted realmente preparado/a y convencido/a para hacer lo que sus jefes le han ordenado? Veremos.
Saludos cordiales
Firmado: Educadores en Lucha
Bloque Educativo del COA

miércoles, 20 de abril de 2016

La policía detiene a Óscar Reina, portavoz nacional del SAT



Oscar Reina, portavoz nacional del SAT, acaba de ser detenido en Granada. El portavoz del SAT se había desplazado a Granada para participar en una conferencia en la Universidad, concretamente en la Facultad de Ciencias Políticas, a la que han asistido más de 200 alumnos y alumnas. Un dispositivo policial lo ha detenido a la salida del acto, en la misma puerta de la Universidad. Oscar Reina, al igual que Néstor Salvador, Manuel Rodríguez y Diego Cañamero es insumiso judicial y por tanto no acude por decisión del sindicato y como protesta ante la represión, a las citas judiciales, motivo por el que ha sido detenido. Un juzgado de Sevilla reclama a estos sindicalistas por una acción simbólica que se desarrolló el 30 de agosto de 2013 en una gran superficie comercial de Sevilla que consistió en la expropiación solidaria de material escolar. Dicho material (bolígrafos, lápices, cuadernos, rotuladores, etc.) fue entregado el 8 de septiembre de 2013 a las familias de La Corrala Utopía. La acción se desarrolló a cara descubierta sin que los guardias de seguridad se dieran cuenta hasta que los carros ya salían por la puerta. No hubo ningún forcejeo. Los medios fueron convocados previamente y llevados a la superficie comercial para que documentaran la acción. Cuando llegó la Policía ningún sindicalista estaba ya en el lugar, excepto Diego Cañamero que se quedó voluntariamente en la puerta de la superficie comercial a esperar a la policía con objeto de explicar los hechos. La superficie comercial (Carrefour) no interpuso denuncia.
El objetivo de la acción fue visibilizar la situación de pobreza existente en Andalucía donde el índice de desempleo supera en 10 puntos la media estatal y más de la mitad de las personas en paro no reciben ayuda alguna ni cobertura. 400.000 familias con todos sus miembros en paro no reciben ninguna prestación. Hay dos millones de pobres en Andalucía. Tenemos los índices de pobreza infantil más altos de todo el Estado. Todo esto hace que muchas familias no puedan costear la vuelta al cole que suma como media entre 100 y 150 €, porque ni siquiera tienen para comer, lo que vulnera la igualdad de oportunidades recogida en nuestra legislación.
En un contexto de fuertes ataques a los derechos sociales y laborales, con un sufrimiento social enorme, nadie hablaba de la situación real de millones de personas que lo estaban pasando muy mal. Todo los días las noticias giraban en torno a la prima de riesgo y al rescate. La acción pretendía llamar la atención sobre los problemas reales de la gente que evidentemente no se solucionan con unos cuantos carros llenos de material escolar. Ese fue el método, el vehículo para denunciar una situación.
Preguntado por los hechos, el secretario de relaciones institucionales, Diego Cañamero ha negado que se tratara de un robo: "En un robo no se llama a los medios ni se actúa a cara descubierta. En un robo el ladrón se lucra con el beneficio del robo. En un robo no se espera a que venga la policía. Se trató de una acción simbólica que pretendía poner en el centro de la actualidad la vulneración de la igualdad de oportunidades motivada por la situación de emergencia social que se vivía y se vive enAndalucía".
Un año antes, la dirección nacional del SAT se declaró insumisa judicial por decisión de la Asamblea Nacional como medida de protesta ante la campaña represiva que sufría y sufre el SAT. Hoy mismo, el propio Óscar Reina lo explicaba: "No se trata de una falta de respeto a los jueces, sino una medida de protesta. Algo no funciona cuando un sindicato humilde tiene 637 sindicalistas procesados y se le pide 435 años de cárcel y 743.000 € en multas, y los Rato, los Blesa y demás sinvergüenzas están en la calle después de robar el dinero de todos"
DATOS ACTUALIZADOS DE LA REPRESIÓN CONTRA EL SAT:
PERSONAS:
Imputados/Investigados: 313 sindicalistas
Condenados: 28 sindicalistas
Sancionados: 296 sindicalistas
Total: 637 sindicalistas
CÁRCEL:
Petición años de cárcel: 416 años y 11 meses
Condenas: 18 años y 9 meses
Total: 434 años y 8 meses
DINERO:
Peticiones de Multas por condenas penales: 537.000 €
Multas ya abonadas por condenas penales: 47.000 €
Multas por sanciones administrativas:
Abonadas: 147.000 €
Pendientes: 12.000 €
Total: 743.000 €

lunes, 18 de abril de 2016

El Candelero entrevista a Educadores en Lucha

El Bloque Educativo del COA (Zaragoza) llevan en huelga desde noviembre de 2014. En lucha por su dignidad y la de los menores. El Candelero entrevista a Elena López, portavoz de Educadores en Lucha.

Escucha la entrevista pinchando aquí

 

viernes, 15 de abril de 2016

La Otra Memoria Histórica. A 85 años del 14 de Abril

proclamacion ii republicaEl 14 de abril de 1931, hace 85 años, la monarquía de Alfonso XIII era derribada tras meses de movimientos huelguísticos, manifestaciones de masas y agitación política a lo largo y ancho de todo el Estado español. Con la proclamación de la Segunda República, el proceso revolucionario entraba en una fase trascendental que culminaría en el golpe militar del 18 de julio de 1936 y en la insurrección obrera que lo derrotó en las principales ciudades.

En los tres años siguientes, la clase trabajadora y los campesinos sin tierra realizaron una auténtica epopeya: combatieron con las armas en la mano al fascismo y llevaron a cabo la revolución social, enfrentándose al sabotaje de las llamadas democracias occidentales y a la traición del estalinismo. La derrota de los trabajadores y el triunfo de la dictadura franquista, los cientos de miles de fusilamientos, los campos de concentración y las cárceles, el miedo infinito, la represión generalizada…forma parte del patrimonio de nuestra lucha de clases, de las páginas más heroicas escritas por millones de hombres y mujeres anónimos que se levantaron contra la opresión y lo dieron todo por un futuro mejor.

Conocer, estudiar y asimilar las lecciones de aquel periodo revolucionario, es imprescindible si queremos enfrentarnos con éxito a la tarea que sigue pendiente y que es igual de necesaria que entonces: la transformación socialista de la sociedad.

La proclamación de la Segunda República y las tareas de la revolución democrático-burguesa

primo de rivera y alfonso xiiiA finales el 1930, y tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera, la monarquía de Alfonso XIII estaba corroída por la crisis económica, la contestación social de amplias capas de la pequeña burguesía, los estudiantes y el movimiento obrero. Carente de base social, los jefes monárquicos intentaron ganar tiempo convocando para el 12 de abril de 1931 elecciones municipales, con la esperanza de contener el movimiento y lograr el apoyo de los sectores republicanos al establecimiento de una monarquía constitucional. Pero ya era tarde. A pesar del fraude y la intervención de los caciques monárquicos en las zonas rurales, el triunfo de las candidaturas republicano-socialistas fue masivo en las grandes ciudades. El júbilo de las masas se desató en las principales capitales y localidades del país, donde la República fue proclamada en los ayuntamientos.

Con una correlación de fuerzas tan desfavorable, la burguesía —que había sostenido la monarquía alfonsina y su régimen represivo durante décadas— no pudo impedir la proclamación de la República y mucho menos utilizar al ejército para reprimir al movimiento. Los capitalistas consideraron la República un mal menor mientras trataban de ganar tiempo.

En aquellas jornadas históricas, los dirigentes socialistas y republicanos que se auparon a la dirección del movimiento manifestaron grandes vacilaciones y una enorme desconfianza hacia las masas revolucionarias. Cuando Alfonso XIII tomó el camino del exilio, el mayor afán del gobierno provisional —una coalición entre los republicanos burgueses y los dirigentes del PSOE— fue encarrilar los acontecimientos hacia el terreno del parlamentarismo y la concordia con la clase dominante. En concreto, los dirigentes socialistas estaban completamente persuadidos que su coalición con la burguesía republicana les permitiría llevar a cabo las transformaciones democráticas radicales que en Inglaterra o Francia se habían realizado con las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII: crear las bases materiales de un capitalismo avanzado, aprobar la reforma agraria, lograr la separación entre la Iglesia y el Estado, el avance de la enseñanza pública, la modernización del Ejército, la creación de un cuerpo de leyes que velara por las libertades de reunión, expresión y organización, la resolución del problema nacional, especialmente en Catalunya…

Pero una estrategia semejante tenía contrapartidas: el proletariado revolucionario tenía que subordinarse a la burguesía republicana hasta que, en teoría, las organizaciones obreras fuesen lo suficientemente fuertes dentro de las instituciones políticas y económicas del nuevo régimen. Sólo entonces se podría hablar de luchar por el socialismo. Este enfoque etapista defendido por los teóricos del reformismo socialdemócrata falseaba tanto las condiciones materiales del desarrollo capitalista, como la propia estructura de clases de la sociedad.

En el caso del Estado español, pero también en Rusia y en los países de desarrollo capitalista tardío, la burguesía unió muy pronto sus intereses a los de los viejos poderes establecidos. Nunca protagonizó una revolución como en Francia o Gran Bretaña. Por el contrario, recurrió constantemente a acuerdos con las viejas clases nobiliarias con las que compartía los beneficios de la propiedad terrateniente. La consolidación del régimen burgués no significó ningún cambio fundamental para el campesinado. La clase dominante española optó por conservar las bases de un capitalismo agrario extensivo, latifundista y expropiador de la masa campesina.

la maquinista valencianaLos grandes industriales, muy vinculados a la gran propiedad agraria, utilizaron las ventajas políticas del régimen monárquico para obtener sus beneficios de los bajos salarios de la clase obrera, de extensas jornadas laborales y la represión sistemática de los sindicatos, especialmente de los anarcosindicalistas. La industrialización era débil y desigual, vastos territorios muy atrasados con otros, como Cataluña y Vizcaya, que concentraban la parte del león de las industrias extractivas, siderúrgicas y textiles y, por supuesto, los batallones pesados del proletariado. Esta configuración del capitalismo nacional también añadió una fuerte dependencia del capital exterior, especialmente del inglés y francés, que monopolizaron sectores enteros, como la minería del cobre, plomo, hierro...

En definitiva, la aristocracia empresarial y los grandes propietarios agrarios, muchos de ellos nobles aburguesados, se fundían con los grandes banqueros, para conformar el bloque dominante de poder, las famosas cien familias que controlaban la vida económica y política del país.

La historia del capitalismo español pronto puso de relieve el carácter profundamente contrarrevolucionario de la burguesía nacional y su completa renuncia a liderar consecuentemente la lucha por las demandas democráticas. Como demostró la experiencia del octubre ruso de 1917 y la oleada revolucionaria que sacudió Europa tras las Primera Guerra Mundial, sólo la clase obrera aliada del campesinado pobre podría llevar a cabo la solución de las tareas democráticas y la eliminación de este bloque de poder que impedía el avance social. Y esta solución implicaba la lucha por el derrocamiento revolucionario de la burguesía acabando con su monopolio del poder político y económico.

Las ‘reformas’ del gobierno de conjunción republicano-socialista

El atraso del capitalismo español se manifestaba en la posición predominante de la agricultura en la economía nacional: aportaba el 50% de la renta y constituía dos tercios de las exportaciones. Aproximadamente el 60% de la población se concentraba en el medio rural, malviviendo en condiciones de extrema explotación, salarios miserables y sufriendo penurias periódicas entre cosecha y cosecha. Dos tercios de la tierra cultivable estaban en manos de grandes y medianos propietarios. En la mitad sur, el 75% de la población tenía el 4,7% de la tierra mientras el 2% poseía el 70%.

La clase trabajadora, que superaba los tres millones en todo el país, había dado muestras sobradas de sus tradiciones combativas y de la potencia de sus organizaciones. No en vano, los campesinos y trabajadores habían protagonizado tres años de lucha revolucionaria durante el llamado trienio bolchevique (1918-1920), habían derrocado a la monarquía, y se agrupaban en grandes sindicatos de masas, la UGT y la CNT, que pronto sufrieron la radicalización de su militancia de base.

manifestacion-carestia2-vidaEnfrentados a una potente clase obrera y jornalera, la burguesía contaba con firmes aliados en el clero y el ejército. En 1931, según datos obtenidos de una encuesta elaborada por el gobierno, existían 35.000 sacerdotes, 36.569 frailes y 8.396 monjas que habitaban en 2.919 conventos y 763 monasterios. En total, el número de personas que se englobaba en la calificación profesional de “culto y clero” dentro del censo general de población de 1930 era de 136.181. El mantenimiento de este auténtico ejército de sotanas consumía una parte muy importante de la plusvalía extraída a la clase obrera y al campesinado. La Iglesia era un auténtico poder económico: según datos del Ministerio de Justicia de 1931, la Iglesia poseía 11.921 fincas rurales, 7.828 urbanas y 4.192 censos.

En cuanto al Ejército, estaba formado por 198 generales, 16.926 jefes y oficiales, y 105.000 soldados de tropa. Los oficiales, seleccionados cuidadosamente de los medios burgueses y monárquicos jugaban un papel protagonista en los acontecimientos políticos desde el siglo XIX, y eran la espina dorsal del aparato del Estado burgués que los empleaba sistemáticamente en labores de represión del movimiento revolucionario y en las aventuras colonialistas en el norte de África.

Cuando el gobierno de conjunción republicano-socialista salido de las elecciones de junio de 1931 intentó poner en práctica sus promesas electorales, pronto se dio de bruces contra la realidad del capitalismo español. Su proyecto de reformas democráticas, manteniendo intacta la estructura social y económica del régimen burgués, fracasaron mayoritariamente. Finalmente se plegó a las exigencias de la clase dominante y se enfrentó duramente a su propia base social, reprimiendo con dureza las movilizaciones obreras y jornaleras en los años siguientes.

Este fracaso general se puede sintetizar en los siguientes puntos:

manuel ananna 21.- La depuración del ejército. El ministro de la Guerra, Manuel Azaña, aprobó toda una serie de disposiciones legales para el retiro de algunos mandos desafectos garantizando su paga de por vida; pero la mayoría de los militares de carrera, vinculados a la dictadura de Primo de Rivera y a la monarquía, y con un historial reaccionario acreditado, permanecieron en sus puestos. El gobierno no depuró el aparato militar y policial de estos elementos, al contrario, premió y promocionó a los viejos oficiales de la monarquía —como Francisco Franco— a las posiciones más altas del escalafón militar, mientras que marginaba a los militares leales a la república.

2.- Las relaciones Iglesia-Estado. La cuestión de la financiación estatal de las actividades de la Iglesia católica y los límites al monopolio clerical de la educación fueron una prueba de fuego para el gobierno. Haciendo honor a su extracción de clase, los reconocidos reaccionarios y republicanos de última hora, Alcalá Zamora —presidente de la República— y Miguel Maura —ministro de Gobernación—presentaron su dimisión en señal de protesta durante la redacción de la nueva constitución republicana que pretendía poner coto, muy tímidamente, al poder eclesiástico.
La enseñanza constituyó otro gran frente de batalla con la Iglesia. El mantenimiento del monopolio clerical de la educación había arrojado un saldo de atraso e ignorancia: en 1931 la tasa de analfabetismo del país superaba el 40%. En la primera semana de mayo de 1931, el gobierno de conjunción suprimió la obligatoriedad de la enseñanza de la religión. A finales de ese mismo mes, para luchar contra el analfabetismo, se puso en marcha el proyecto cultural de las misiones pedagógicas. Pero la estrella de las reformas fue el ambicioso decreto del 23 de junio de 1931, que aprobó la creación de 7.000 nuevas plazas de maestro y otras tantas nuevas escuelas, como parte de un plan quinquenal con el que se pretendía paliar el déficit educativo repartiendo más de 27.000 escuelas por toda la geografía. Sin embargo, todos estos proyectos quedaron muy cercenados. La construcción de las miles de escuelas prevista en el primer bienio sólo se llevó a cabo parcialmente debido a la escasez de recursos de las arcas municipales y al boicot de los caciques de siempre. Posteriormente, el gobierno derechista del bienio negro arrinconó definitivamente estos planes, permitiendo de nuevo a la jerarquía católica disfrutar de un amplio control sobre el sistema educativo y anulando cualquier medida reformista contra su poder económico. En cualquier caso, muchos de los avances educativos del periodo republicano fueron el resultado del esfuerzo abnegado de las organizaciones obreras y de sus militantes más comprometidos. Los ateneos libertarios, las casas del pueblo o las misiones pedagógicas se convirtieron en importantes centros de cultura en miles de localidades.

campesinos andaluces3.- La reforma agraria. La Ley aprobada finalmente en 1932, después de proyectos a cada cual más descafeinado y constantes concesiones a los terratenientes y a los partidos de la derecha en el parlamento, establecía un Instituto de Reforma Agraria encargado de realizar el censo de tierras sujetas a expropiación mediante el pago de indemnización. Este sistema tenía por base la “declaración” hecha por los grandes propietarios agrarios, lo cual era una confesión del carácter extremadamente limitado de la reforma. El proyecto, además, obviaba el problema de los arrendamientos, que esclavizaba a los pequeños campesinos a las tierras del amo en Castilla la Vieja, Extremadura y otras zonas.
La reforma agraria del gobierno Azaña fue un fiasco en toda regla. “En 1933, ciento veinte años después de que las Cortes de Cádiz aprobasen las primeras leyes desamortizadoras —escribe Edward Malefakis— la aristocracia continuaba siendo una importante clase terrateniente. Sus propiedades que en su mayor parte eran cultivables (...) representaban más de medio millón de hectáreas en las seis provincias latifundistas estudiadas (Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Sevilla y Toledo) (...) La nobleza poseía de una sexta a una octava parte de toda la tierra incluida en el Registro de Badajoz, Córdoba y Sevilla. En Cádiz y Cáceres la nobleza debía controlar algo así como la cuarta parte de las tierras incluidas en el Registro”. Y continúa: “A finales de 1933, solamente había instalados 4.399 campesinos en 24.203 hectáreas. No había una sola provincia en la que se hubiese distribuido una extensión suficiente de tierras como para alterar significativamente la estructura social agraria existente. El Estado se había apropiado de 20.133 hectáreas más, propiedad de los participantes en el levantamiento de Sanjurjo, por la ley de 24 de agosto de 1932, pero en ellas se asentaron incluso menos colonos”.

4.- Los derechos democráticos. Las promesas de poner fin a todo el entramado de leyes reaccionarias heredadas del régimen monárquico, y garantizar de libertad de expresión, de reunión y de huelga habían sido fundamentales para ganar el apoyo de las masas del campo y la ciudad a la causa republicana. Pronto se vio que el gobierno republicano-socialista no estaba dispuesto a llevar en este terreno ninguna política audaz.
El derecho a huelga se siguió rigiendo por la ley de 1909 y tan sólo se modificó parcialmente con el decreto del 27 de noviembre de 1931, limitando seriamente el derecho a la huelga al establecer que los Jurados Mixtos, que sustituían a los comités paritarios creados por la Dictadura, fueran encargados de intentar la conciliación antes de que se declarase una huelga. Fue un arma legal para reprimir a los sindicatos más combativos, especialmente a los encuadrados en la CNT, aunque también se utilizó contra las huelgas campesinas lideradas por los sectores cada vez más radicalizados de la FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra de la UGT).
Ante el incremento de la conflictividad laboral y las ocupaciones de tierras, el gobierno republicano-socialista aprobó, el 21 de octubre de 1931, la Ley de defensa de la República que incluía la prohibición de promover huelgas políticas y todas aquellas que no hubieran seguido el procedimiento del arbitraje. Bajo el paraguas de esta ley los mandos de la Guardia Civil se emplearon a fondo en el asesinato de cientos de campesinos y trabajadores; posteriormente sería utilizada por la derecha durante el bienio negro para reprimir con saña al movimiento revolucionario de octubre de 1934.

5.- En cuanto a la cuestión nacional y las colonias, el gobierno de coalición republicano-socialista concedió a Catalunya una autonomía muy restringida, pero se negó el estatuto de autonomía a Euskadi con el pretexto de no fomentar el nacionalismo vasco, cuyo carácter reaccionario y clerical era evidente. Obviamente, la posición gubernamental ante la cuestión nacional reflejaba, una vez más, las cesiones al nacionalismo español, y no evitó que el PNV recurriera a un discurso demagógico para aumentar su influencia. Por otra parte, el gobierno republicano-socialista siguió gobernando Marruecos como antes había hecho la monarquía: como una potencia colonialista.

La respuesta del movimiento obrero y jornalero

La incapacidad de los líderes republicanos y socialistas para satisfacer las demandas de tierra, trabajo y salarios dignos —incompatibles con el mantenimiento de las relaciones capitalistas de propiedad—, y sus concesiones a los poderes fácticos, se tradujeron en un constante y violento enfrentamiento con el proletariado urbano y el movimiento jornalero. Para las masas que habían protagonizado el movimiento revolucionario que derrocó a la monarquía, el advenimiento de la República tenía que significar una solución a sus terribles condiciones de vida.

masacre casas viejasLa represión tuvo escenarios sangrientos: Castilblanco, Arnedo, Castellar de Santiago, Casas Viejas, Espera, Yeste... en todos ellos los guardias de asalto y la guardia civil fueron utilizados, por orden gubernamental, para defender la propiedad terrateniente asesinando a decenas de campesinos. Las huelgas obreras también se recrudecieron y fueron acompañadas de una profunda desilusión de las masas. Las esperanzas depositadas en la República, la confianza en que los ministros socialistas realizarían reformas progresivas, que las medidas del gobierno abrirían nuevos horizontes para la vida de millones de personas, se convirtieron en frustración, rabia y luchas de gran envergadura. Las huelgas generales se extendieron: Pasajes, los mineros asturianos, en Málaga, Sevilla, Granada, en la Telefónica… y una gran mayoría terminaron como en el campo: con decenas de trabajadores muertos.

La deriva represiva del gobierno de conjunción era el resultado inevitable de sus posiciones políticas y su negativa a depurar el aparato del Estado. En palabras de Julián Casanova: “Utilizaron los mismos mecanismos de represión que los de la Monarquía y no rompieron ‘la relación directa existente entre la militarización del orden público y politización de sectores militares’. El poder militar siguió ocupando una buena parte de los órganos de administración civil del Estado, desde las jefaturas de policía, Guardia Civil y de Asalto, hasta la Dirección General de Seguridad, pasando incluso por algunos gobiernos civiles. Sanjurjo, Mola, Cabanellas, Muñoz Grandes, Queipo de Llano o Franco, protagonistas del golpe de Estado de 1936, constituyen buenas muestras de esa conexión en los años treinta, como lo habían sido Pavía y Martínez Campos en 1873. La subordinación y entrega del orden público al poder militar comenzó desde la misma proclamación de la República. El 16 de abril llegaba Cabanellas a Sevilla para ponerse al mando de la Capitanía General de la 2ª Región Militar y declaró el estado de guerra. Mantenido inicialmente durante casi dos meses, sirvió para clausurar todos los centros obreros de la CNT, dirigidos, según declaraba el general en un Bando del 22 de mayo, ‘por una minoría de audaces e indocumentados, muchos de ellos antiguos pistoleros, profesionales de la revuelta y del desorden, que en la época de dictadura fueron modelo de mansedumbre y contención’ (...) Ese tono despreciativo y amenazante con los sindicalistas y socialistas era muy típico de los militares encargados de dirigir la represión de los conflictos sociales”.

Cuando el presidente de la República disolvió las Cortes y fueron convocadas nuevas elecciones para noviembre de 1933, la reacción de derechas había reconquistado una parte importante del terreno perdido el 14 de abril, especialmente entre las capas medias urbanas y sectores atrasados del campesinado. Agazapada ante los primeros embates de las masas, la derecha empezó a levantar cabeza, como demostró el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo en agosto de 1932. Entre la burguesía española empezaba a tomar fuerza una salida política similar a la que se estaba desarrollando en Alemania. El peligro del fascismo se concretaba.

La lucha contra la amenaza fascista

propaganda de la cedaCon una diferencia de varias decenas de miles de votos a su favor, los radicales de derechas de Lerroux junto a la CEDA de Gil Robles se hicieron con la mayoría de diputados en el Parlamento. A partir de ese momento la burguesía realizó una amplia labor contrarrevolucionaria endureciendo la legislación laboral, aumentando la represión contra las organizaciones obreras, especialmente contra la CNT y la UGT, y enfrentando militar y policialmente el movimiento huelguístico. El poder de los terratenientes se fortaleció.
En definitiva, la burguesía buscó una salida fascista a la crisis social siguiendo los pasos del triunfo de Hitler en 1933 y de Dollfuss en 1934. Pero la tensión de los acontecimientos obraba también en otra dirección: acelerando la radicalización de las masas y de sus organizaciones. El surgimiento de la izquierda socialista liderada por Largo Caballero, con una gran influencia en la UGT —especialmente en su federación campesina— y en las Juventudes Socialistas, era la prueba más acabada de este proceso. La reacción del movimiento obrero ante el peligro fascista no se hico esperar: la formación de las Alianzas Obreras, un intento de frente único proletario, constituyó un ejemplo inédito en la Europa de los años treinta.

La izquierda estaba dispuesta a la lucha antes de dejarse aplastar por el fascismo, y así, la entrada de dirigentes cedistas al gobierno de Lerroux desató la insurrección proletaria de octubre de 1934. Sin el levantamiento revolucionario del proletariado asturiano, muy probablemente se hubiera impuesto un Estado de corte fascista utilizando la maquinaria del parlamentarismo burgués.

La represión contra la Comuna asturiana a manos de los futuros jefes militares del golpe del 18 de julio fue terrible. Cerca de dos mil muertos en los combates, cientos de fusilados, miles de detenidos y torturados, a los que sumar decenas de miles de trabajadores represaliados y despedidos de sus trabajos. Las organizaciones obreras tuvieron que pasar a la clandestinidad, mientras que la burguesía acabó por sacar las lecciones últimas de los acontecimientos. Octubre del 34 demostró que no era posible acabar con el movimiento de las masas a través de la represión “legal” que las leyes republicanas permitían. Se necesitaba aplastar a sus organizaciones y su capacidad de resistencia. Era necesario imponer el terror blanco hasta sus últimas consecuencias.

De nuevo la colaboración de clases

psoe principios siglo xxTras el fracaso de la derecha para estabilizar su gobierno, las cortes fueron disueltas y se convocaron elecciones para el 16 de febrero de 1936. Los dirigentes reformistas del PSOE y de la UGT, especialmente Indalecio Prieto y Julián Besteiro, conectaron inmediatamente con las propuestas de los líderes del PCE para conformar un Frente Popular de cara a las elecciones de febrero.

Las nuevas directrices políticas de Stalin, a las que el PCE y el resto de los partidos comunistas prestaron obediencia, eran muy claras: supeditar la acción revolucionaria del proletariado a la defensa de la legalidad republicana, o lo que es lo mismo, a la defensa de la democracia burguesa. Este nuevo giro de la política estalinista representaba una ruptura decisiva con los principios de la política leninista sobre la revolución socialista y su lucha contra la política de colaboración de clases. Los estalinistas sancionaban una vergonzosa regresión a los viejos esquemas del reformismo socialdemócrata. Pero una cosa eran los esquemas políticos de los dirigentes estalinistas y otra muy diferente la realidad tozuda de la lucha de clases como habían demostrado los ejemplos de Alemania y Austria: el fascismo, que veía llegar su turno porque los mecanismos de la “democracia parlamentaria” no eran suficientes para garantizar el poder y los beneficios de la clase capitalista, solo podía ser derrotado con los métodos y la estrategia de la revolución socialista.

El programa del Frente Popular recogía reivindicaciones democráticas fundamentales, como la amnistía y la readmisión de los despedidos tras la insurrección del 34, pero ataba de pies y manos a la clase obrera. Los partidos republicanos rechazaron expresamente cualquier mención a la nacionalización de la tierra y su entrega a los campesinos y, por supuesto, a la nacionalización de la banca y el control obrero en la industria. También se negaron a establecer el subsidio de paro solicitado por los partidos de izquierda. En definitiva, se reeditaban los presupuestos políticos que habían guiado la acción del gobierno de conjunción republicano socialista del primer bienio, y que habían asfaltado el camino para que la CEDA triunfase.

Todavía hoy se justifica la política del Frente Popular en la necesidad de evitar que las capas medias giraran hacia la reacción. Pero no había terreno para salidas intermedias ante una crisis social tan profunda: o la clase obrera se hacía con el poder político y económico, o el capital movilizaría sus reservas sociales y militares para aplastar durante décadas a los trabajadores y sus organizaciones. En su texto Adónde va Francia, escrito en octubre de 1934, Trotsky analiza este fenómeno en detalle: “...Los pequeños burgueses desesperados ven en el fascismo, ante todo, una fuerza combativa contra el gran capital, y creen que el fascismo, a diferencia de los partidos obreros que trabajan solamente con la lengua, utilizará los puños para imponer más ‘justicia’. (...) Es falso, tres veces falso, afirmar que en la actualidad la pequeña burguesía no se dirige a los partidos obreros porque teme a las ‘medidas extremas’. Por el contrario: la capa inferior de la pequeña burguesía, sus grandes masas no ven en los partidos obreros más que máquinas parlamentarias, no creen en su fuerza, no los creen capaces de luchar, no creen que esta vez estén dispuestos a llegar hasta el final (…) Para atraer a su lado a la pequeña burguesía, el proletariado debe ganar su confianza (…) necesita tener un programa de acción claro y estar dispuesto a luchar por el poder por todos los medios posibles…”.

La necesidad de una dirección revolucionaria

El Frente Popular (FP) fue apoyado entusiastamente por los trabajadores en cada rincón del país. Sin embargo, no todos los componentes del FP veían el futuro de la misma manera: “Con toda mi alma”, hablaba confidencialmente Manuel Azaña el 14 de febrero a Ossorio y Gallardo, “quisiera una votación lucidísima, pero de ninguna manera ganar las elecciones. De todas las soluciones que se pueden esperar, la del triunfo es la que más me aterra”. El triunfo de las listas del FP fue tan arrollador que muchos líderes reaccionarios como Lerroux o Romanones perdieron su acta de diputado. No obstante, como ocurriera en las elecciones de junio de 1931, sorprende que de los 257 diputados del Frente Popular 162 tuvieran filiación republicana. Los partidos obreros cedieron a los republicanos burgueses un protagonismo en las listas que nunca merecieron. En cualquier caso, el proceso de la revolución socialista encontró en las elecciones de febrero de 1936 un cauce poderoso para expresarse.

victoria fp prensaAprendiendo de las lecciones del bienio republicano-socialista, las masas no aguardaron a la acción “legislativa” del parlamento o del gobierno para imponer sus reivindicaciones. A través de la acción directa revolucionaria asaltaron las cárceles y liberaron a los presos. Entre febrero y julio de 1936 se organizaron más de 113 huelgas generales y 228 huelgas parciales en las ciudades y pueblos de toda España. En las ciudades, los comités de acción UGT-CNT ocupaban fábricas y empresas y lograban imponer a los burgueses la readmisión de los despedidos. La situación en el campo se desbordó: “Los campesinos pasaron rápidamente a la acción”, escribe Manuel Tuñón de Lara, “(...) En las provincias de Toledo, Salamanca, Madrid, Sevilla, etc., ocuparon grandes fincas desde los primeros días de marzo y se pusieron a trabajarlas bajo la dirección de sus organizaciones sindicales. Una vez que ocupaban las tierras, lo comunicaban al Ministerio de Agricultura para que legalizase su situación. Este movimiento culminó el 25 de marzo con la ocupación de fincas realizada al mismo tiempo por ochenta mil campesinos en las provincias de Badajoz y Cáceres...”.

La situación revolucionaria maduraba con rapidez., El doble poder empezaba a emerger; por una parte, las instituciones de la república burguesa —cada vez más impotentes en la tarea de frenar la lucha de las masas— eran abandonadas por los sectores decisivos de la clase dominante que se preparaban para un golpe militar fascista. Por otro, el tremendo poder del proletariado y el campesinado, que empujaba a sus organizaciones hacia una salida revolucionaria y que tenía su exponente más radical en la izquierda caballerista del PSOE, la UGT y las JJSS, y en las organizaciones anarcosindicalistas.

Las condiciones objetivas para el triunfo de la revolución social estaban plenamente maduras; pero el factor subjetivo, es decir, el de una dirección revolucionaria consecuente, todavía no. Si el PSOE o el PCE hubieran tenido una política marxista, auténticamente socialista, basada en un programa revolucionario que plantease abiertamente la toma del poder; si los dirigentes obreros hubiesen defendido la nacionalización de las fábricas y la banca bajo control democrático de los trabajadores; la expropiación de los terratenientes y la entrega de la tierra a los campesinos para su explotación; la formación de consejos de obreros y campesinos para ejercer el control y la democracia política; el derecho de autodeterminación para las nacionalidades históricas y la independencia para las colonias (especialmente Marruecos)... En definitiva, si hubieran defendido un programa como el de Lenin y los bolcheviques en 1917, habrían encontrado el respaldo unánime de la clase obrera y de los jornaleros, de la mayoría aplastante de la población, conjurando la amenaza del fascismo.

Revolución y contrarrevolución

Cuando Azaña fue elegido presidente de la República y una mayoría de miembros de los partidos republicanos coaligados en el Frente Popular coparon las carteras ministeriales, el objetivo de estos fue restablecer el “equilibrio” capitalista en medio de una situación extrema de polarización social y política. Rearmando a los guardias de asalto y dando instrucciones concretas a la guardia civil, el gobierno Azaña intentó impedir a toda costa la revolución: no dudó en reprimir el movimiento de las masas y logró que las cárceles, vacías de presos políticos tras las primeras jornadas de febrero, fueran llenándose con militantes sindicalistas y anarquistas.

diario-del-golpedivision canariasMientras, la burguesía ya había decidido la partitura que interpretaría. Pocos días después de la formación del gobierno y con Franco ya destinado a la división militar de Canarias, se celebró una reunión a la que asistieron él mismo, los generales Mola, Orgaz, Varela, González Carrasco, Rodríguez del Barrio y el teniente coronel Valentín Galarza, para acordar los planes del alzamiento. Todo este movimiento de sables, que contaba con el respaldo de la burguesía, no permanecía secreto dentro de las paredes de las casas de oficiales y cuartos de bandera. Eran constantes los rumores y las informaciones que revelaban la existencia de estos planes. ¿Qué hizo la República, presidida por el “progresista” Azaña para conjurar esta amenaza? Nada, absolutamente nada.

Julio Busquets, reconocido dirigente de la Unión Militar Democrática en los años de la Transición, explica el comportamiento del gobierno republicano en aquellos días decisivos: “Cuando el golpe de Estado era inminente y la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA) había hecho acopio de toda la información al respecto, se entrevistaron con Casares Quiroga, jefe del gobierno, para exponerle la gravedad de la situación y exigirle una respuesta inmediata. La reunión tuvo lugar el 16 de julio y se le pidió que aplicara las siguientes medidas:

1) Pasar a disponibles forzosos a diferentes militares entre los cuales se encontraban los generales Franco, Goded, Mola, Fanjul y Varela, los coroneles Aranda y Alonso Vega, el teniente coronel Yagüe, y el comandante García Valiño.
2) La rápida inspección de todas las guarniciones por parte de delegados gubernativos, que informasen a la tropa de los graves riesgos de insurrección.
3) Creación de seis unidades especiales con personal y mandos de total confianza, con sede en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, destinada a abortar cualquier insurrección militar en sus zonas de influencia.
4) La detención inmediata y depuración de los miembros sospechosos de pertenecer a la Unión Militar Española (UME).
5) Disolución del ejército, en último caso, con el fin de abortar el golpe. (...)

Confundiendo deseos con realidades, Casares Quiroga afirmó que no había peligro de insurrección y se negó a aplicar ninguna de las medidas que le planteó la UMRA. Argumentó que éstas pondrían verdaderamente en contra de la República a todo el Ejército y que lo que pretendían los militares de la UMRA era desplazar a los militares citados en el escalafón para ocuparlo ellos. Obviamente, Casares Quiroga temía en ese momento más una insurrección revolucionaria de izquierdas que un golpe de derechas...”

Los preparativos militares en los cuarteles se combinaban con las acciones terroristas de las bandas fascistas de la Falange, especializadas en asesinar obreros y atacar los locales de los partidos de izquierda y los sindicatos. Finalmente, el 17 de julio la Guarnición de Marruecos se levantó en armas y el resto de las guarniciones militares telegrafiadas por Franco prepararon todos los operativos. Aunque el gobierno republicano tenía un conocimiento exhaustivo del levantamiento militar, se negó en redondo a tomar ninguna medida para evitar su extensión: durante 48 horas dejaron todo el terreno libre a los golpistas —sin movilizar las fuerzas leales del ejército ni impartir una sola orden— mientras se negaban a armar al pueblo.

manifestacion puerta del sol 1936Lo que siguió fue la lucha heroica del proletariado y los campesinos pobres contra las fuerzas de la contrarrevolución. La derrota de los golpistas en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Gijón, etc., gracias a la resistencia armada de los obreros y campesinos anarquistas, socialistas, comunistas, poumistas, que desoyeron los consejos traicioneros del gobierno republicano y pasaron por encima de la política paralizante de sus direcciones, abrió una nueva etapa.

Los obreros en armas incautaron la propiedad de los capitalistas y se hicieron con el control de las fábricas, ocuparon la tierra y la colectivizaron. El poder real pasó a las manos de cientos de comités revolucionarios que se establecieron en todos los territorios donde el golpe fracasó: derogaron los gobiernos municipales republicanos, sustituyeron la justicia burguesa por tribunales revolucionarios integrados por representantes de las organizaciones proletarias, acabaron con la policía republicana que fue reemplazada por las Patrullas de Control de milicianos armados que velaban por el nuevo orden revolucionario. Se organizó el poder militar de la clase obrera sobre la base de las milicias... En definitiva, de las ruinas de la democracia burguesa, y empujado por el golpe militar, surgió el embrión de un nuevo poder obrero y socialista.

En los tres años siguientes de guerra y revolución, el proletariado y los campesinos que habían demostrado un instinto revolucionario y un heroísmo sin parangón en los campos de batalla, no dispusieron de una organización capaz de completar con éxito lo que habían logrado conquistar el 19 de julio. Carecieron de un partido bolchevique como en Rusia durante octubre de 1917. Los dirigentes reformistas de la izquierda, encabezados por el estalinismo, se esforzaron con todos los medios a su alcance por eliminar las realizaciones revolucionarias de las primeras semanas.

Bajo la consigna de la “defensa de la República”, y con la llave del suministro de armas que Stalin abría y cerraba en función de sus intereses, los gobiernos del Frente Popular reestablecieron el viejo aparato del Estado burgués en territorio republicano. Con el pretexto de conseguir el apoyo de las potencias “democráticas”, de Francia y Gran Bretaña, que por otra parte habían ideado la traicionera política de la no intervención, se eliminó cualquier rastro de la revolución: las colectivizaciones, el control obrero de la industria y las milicias obreras. El Ejército republicano distaba mucho de ser un ejército rojo para luchar por el socialismo con una política internacionalista, la única forma de vencer al Ejército franquista respaldado por Hitler y Mussolini. A pesar del heroísmo de cientos de miles de combatientes y la entrega desinteresada de los brigadistas internacionales, la política del gobierno arruinó todas las posibilidades de victoria. Al cabo de tres años, la contrarrevolución fascista no sólo suprimió la República, asesinó a cientos de miles de los mejores luchadores de la clase obrera y aniquiló sus organizaciones, estableciendo las bases para una dictadura sangrienta.

Las lecciones de la II República son una fuente de inspiración inagotable, y deben ser estudiadas con atención por la nueva generación de jóvenes y trabajadores que abrazan las ideas del socialismo. De ellas se desprende una conclusión inequívoca: sólo hay una República por la que merezca la pena luchar ¡la República Socialista de los trabajadores!

El gran negocio de la privatización en la gestión de las guarderías y las escuelas infantiles de Madrid


Escuelas infantiles Pancartas-reivindicativasLa educación infantil en nuestro país es un gran negocio que se ha ido convirtiendo en un filtro elitista para los que se la puedan pagar. Precisamente, se está poniendo en peligro su carácter universal, olvidando aquellas políticas públicas que cambiarían la situación presente de tantas familias que solo cuentan con una renta precaria y una situación laboral inexistente. Los Estudios Sociales y de Sociología Aplicada señalan que “la clase social se hereda: ocho de cada diez niños pobres lo serán de adultos, pues los centros de servicios sociales y en los espacios de las entidades que trabajan en la acción social se esté atendiendo a los nietos de aquellos a los que acompañaron hace treinta años”. Pero uno de los factores que también está precarizando la vida de tantas familias y sus menores es la privatización de la Educación Infantil, la cual cuenta con una ingesta cantidad de pequeñas empresitas, atomizadas, que dirigen la escuela, siendo la misma dueña del centro la que lleva toda su actividad.

En el sector podemos encontrar a un personal que no suele tener muchas oportunidades de crecimiento y mejoras en su nivel salarial, donde su situación no es nada alentadora, pues se está impulsando el control del sector en régimen de monopolio. En la Comunidad de Madrid, al igual que en el sector de los Servicios Sociales, en sólo unos años ha ido creciendo la lógica que hoy imprime la Dirección General de Familia, Infancia, Educación y Juventud, la cual se basa en un modelo que desvía, mediante diferentes canales, una ingente cantidad de fondos públicos a manos privadas. Estos fondos y recursos públicos serán otorgados el día 15 de abril del año 2016, en una mesa de adjudicaciones que concierta el servicio de los Centros Abiertos madrileños, en el cual se prima la gestión económica sobre el proyecto educativo.

En el pasado año electoral, se otorgó un balón de oxígeno a las empresas decanas en educación infantil del Ayuntamiento de Madrid porque el gobierno de la derecha postergó al año 2016 el siguiente concurso público para adjudicar la gestión del servicio. Pero, fruto del resultado en la «última subasta» y dado el creciente monopolio madrileño en el sector, los gigantes de los servicios y de la construcción, como Clece, Kidsco Balance, Grupo 5 o Chiquitín, entre otras, están provocando que las pocas escuelas infantiles que siguen gestionadas por pequeñas empresas tengan que cerrar sus puertas y despedir a sus trabajadores. La modificación que se ha realizado en los pliegos de condiciones para llevarse el servicio, en los que prima la propuesta económica sobre el proyecto educativo, tiene un componente favorable para los grandes monopolios, máxime cuando se están atacando las condiciones de los trabajadores al apoyarse en la Reforma Laboral, la no incorporación de la cláusula de subrogación del personal e incluso en los acuerdos que establecen para sabotear el convenio de referencia del sector. Ahora, la gestión de los centros de infantil podrá estar en manos de empresas que nada tenían que ver con la educación y que consideran la primera etapa de la educación (0-3 años) bajo un aspecto meramente asistencial, olvidando su educación y aparcando al menor como si fuera un objeto. Es decir, lo que ha primado en la última legislatura y se llevó a cabo en el curso 08- 09 es cambiarle a más de 5.000 niños madrileños el equipo educativo de referencia, prevaleciendo el beneficio de las grandes empresas que incluso se acogen al convenio de gimnasios para no aplicar las mejoras laborales en el sector de ocio e infancia.

Las familias que están llamadas a matricular a sus hijos para las Escuelas de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, del 19 al 31 de Mayo de 2016, se están dando cuenta de que la realidad de la monopolización del sector está marcando la diferencia entre una escuela y una guardería asistencial, algo que ha ido acalorando los ánimos y la paciencia de los profesionales. Al competir las empresas por el proyecto económico, al igual que en su intento de sacar el máximo beneficio en su gestión, la lógica del sistema origina una situación de rebajas temerarias en la calidad del servicio, con su efecto en las familias, los docentes y sobre el resto de los servicios: la limpieza, la calidad de la comida o el material pedagógico. Se abaratan las plantillas, se despide gratuitamente y se pone a limpiar a los educadores, compartiendo funciones y competencias de otros perfiles profesionales que no son contratados.

¡Un gobierno municipal de izquierdas no puede permitir más ataques a la calidad del servicio y a los trabajadores!

KIDSCO BALANCE S.L., es uno de los tantos gigantes que está potenciando el acelerado proceso privatizador en el sector, con sus nefastas consecuencias al nivel adquisitivo de los trabajadores y la mala calidad y desastroso modelo educativo que imparten. Contando con una antigüedad de tan sólo 15 años (constituida el 07/11/2001), siendo socia fundadora Sandra Butragueño y ubicada en la localidad de Madrid, recibió un galardón con el premio de Jóvenes Empresarios al Compromiso Social 2009 por desempeñar actividades sociales en la explotación de las escuelas infantiles y con todo lo relacionado en la educación preprimaria: guarderías, centros de ocio y cuidados infantiles, ludotecas, gestión de campamentos urbanos y con pernoctación durante el verano, la Semana Santa y las Navidades, trasporte escolar, actividades extraescolares y de formación en los centros culturales y de ocio, etc. La razón de tal galardón es otorgar y rodear de un supuesto prestigio a las principales empresas españolas que cuentan con el mayor volumen de facturación, aunque no podemos olvidar que Kidsco comenzó su andadura con 150.000 euros, abriendo su primera escuela en una empresa del madrileño Recinto Ferial del Campo de las Naciones. Hoy cuenta con más de 40 centros escolares en todo el territorio español, con casi 495 trabajadores a su cargo y una facturación de más de 8,5 millones de euros, a la que debemos sumar las ventas que realizan entre 6 y 30 millones euros. Ha pasado de ser una pequeña guardería a una empresa que exporta el modelo pedagógico y dominante de la educación en EEUU, donde sus fundadores reconocen que “su negocio lo aprendieron en la misma sede de la compañía de Kodak, en una guardería que dicha empresa tiene dentro de su empresa para los hijos de los empleados”.

Por todo ello, debemos señalar que el beneficio económico tiene su origen en la explotación del trabajador y, a pesar de las ideas que Kidsco Balance nos quiere vender (profesionalizar el sector y ofrecer una buena calidad), el deterioro paulatino en su gestión y las consecuencias directas a las condiciones de los trabajadores ya han sido denunciadas y la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha fallado a favor de Comisiones Obreras (CCOO), en su demanda contra la rebaja del Convenio Colectivo Estatal de Kidsco Balance S.L, declarando la nulidad del mismo y obligando a volver a aplicar el XI Convenio Colectivo de Asistencia y Educación Infantil. De igual forma, sabiendo que el padre de la socia administradora María Leal es coronel del ejército, no podemos olvidar que el Ministerio de Defensa adjudicó el 26 de junio del año 2015, siendo ministro Pedro Morenés, la gestión de los 25 centros infantiles para hijos de militares a KidsCo Balance, por 12 millones, prescindiendo de la cláusula que habitualmente obliga a la nueva firma a subrogar a la plantilla anterior que acumula antigüedad y derechos laborales. La nueva empresa que se hacía con el servicio prescindió de la plantilla, negándole a los trabajadores que continuaran bajo su tutela al ser mejor remunerados. Con relación a esta irregularidad, el Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol, en un fallo notificado a finales de noviembre del año 2015, anuló los despidos “por infracción del derecho fundamental a la tutela efectiva” y condenó a Kidsco a readmitir y a pagarles los salarios de tramitación anterior a su entrada.

¡Así no, Carmena!

El gobierno municipal de Ahora Madrid ha contado con tiempo suficiente tras las elecciones municipales para realizar una apuesta firme en la reestructuración de todos los servicios externalizados. Sin embargo, los trabajadores/as que los han apoyado en las plazas y las calles, y con su voto, ven estupefactos cómo las administraciones públicas siguen favoreciendo a estos grandes monopolios de lo social, los cuales, mediante la concertación, van desplazando del panorama a las pequeñas empresas. Hoy la amenaza es controlar el sector en régimen de monopolio, creciendo cada año de manera exponencial y desembarcando cada año en las diferentes actividades de la educación. Estos nuevos grupos buscan "oportunidades" de beneficio económico a costa de la calidad en la atención de las personas, de las familias y de las condiciones de los trabajadores.

El grupo municipal de Ahora Madrid tiene que ser consecuente con los trabajadores que les están apoyando e intervenir activamente en todos los servicios concernientes a la Educación Infantil, gestionando directamente sus centros y recuperando los adjudicados a Kidsco Balance S.L., porque no respeta ni los mínimos que marca la negociación del convenio colectivo y mantiene plantillas mal pagadas, con abusivas jornadas laborales, condiciones laborales considerablemente peores y realiza, de forma salvaje, despidos colectivos. Esta empresa privada que gestiona los servicios municipales con fondos públicos sigue manteniendo sus planes de precarizar, aún más, a las plantillas de trabajadores que se reparten en varias ciudades del Estado español, donde controla el sector por medio del mencionado y denunciado Convenio Colectivo de Kidsco Balance S.L., publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a día 20 de octubre de 2014.

La gente está esperando y quieren ver cómo se hacen políticas de izquierdas en Madrid, que son posibles en la educación, en el ocio y tiempo libre y en la atención en los centros de educación infantil de titularidad municipal, al igual que lo serían las previstas en el programa electoral para el 010, la limpieza viaria, la jardinería o los servicios sociales. Pero desde el Ayuntamiento se descarta la remunicipalización por una falta de voluntad política para enfrentarse a los intereses privatizadores de estos grandes monopolios económicos, alegando que no ha existido tiempo suficiente para preparar el proceso, al igual que también se excusan en que existe un entramado legal difícil de sortear o que no desean perjudicar a los trabajadores en su continuidad del desempeño laboral, como si no supiéramos que remunicipalizar es la única garantía de que se subroguen a las plantillas trabajadoras respetando el empleo y todos sus derechos y condiciones.

Conformarse y limitarse a la gestión del día a día en las instituciones políticas, por mucho que se cambie la apariencia de las formas “democráticas”, en vez de luchar por la transformación social, es un grave error para un gobierno de izquierdas. También es una completa equivocación intentar cambiar la sociedad a golpe de reformas graduales y desestimar la remunicipalización de los servicios, al igual que es un error la idea esperanzadora que cobijan quienes piensan que el capitalismo es un sistema reformable desde sus instituciones políticas, como si estos pocos que poseen lo de muchos abandonaran de buena gana su posición dominante. Un gobierno municipal de izquierdas no puede permitir que se lleven a cabo más ataques a los trabajadores, a las familias y a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, máximo cuando el presente concurso público ya pone encima de la mesa los ataques que se ciernen por la problemática que supondrá el incremento de costes de servicio, junto al incremento de los salarios de los trabajadores, así como el resto de condiciones laborales que establece su convenio de referencia.

Por ello, hoy exigimos que corrijan el rumbo, convocando cuántas acciones sean precisas para llevar a cabo la remunicipalización del sector, al igual que exigimos que todas las administraciones desestimen los proyectos donde Kidsco Balance y los grandes monopolios quieran hacerse con la vida de nuestros hijos.

lunes, 11 de abril de 2016

13 y 14 de abril: Huelga general de estudiantes


 Las pasadas elecciones del 20D representaron un fuerte varapalo para el Partido Popular. La voz de los millones de trabajadores y jóvenes que nos hemos manifestado en las calles en defensa de la educación y la sanidad pública, contra la reforma laboral y los desahucios, contra la ley mordaza y la corrupción, se ha trasladado también en las urnas. El gran avance en todos los territorios de las fuerzas de la izquierda comprometidas con estas reivindicaciones y con la rebelión social de estos años, es la mejor prueba de que la lucha es el camino para derogar todas estas leyes y medidas contrarias a los intereses de la mayoría. 

 Sin embargo, hay muchos intereses para que las cosas no cambien. Como hemos hecho público, desde el Sindicato de Estudiantes manifestamos nuestro profundo rechazo al pacto firmado por Pedro Sánchez y el equipo negociador del PSOE con Ciudadanos, formación a la que hasta hace muy poco tachaban de derecha 2.0. Este pacto es una completa burla al movimiento de millones de estudiantes, profesores y padres: no derogarán la LOMCE ni el 3+2, tampoco eliminarán la religión de las aulas, no recuperarán los miles de millones de euros que han recortado a la enseñanza pública ni volverán a contratar a los miles de profesores que despidieron. De hecho, el pacto es tan escandaloso que ni siquiera recoge la gratuidad del Bachillerato o la Formación Profesional, un claro aviso de que están urdiendo imponer tasas académicas para los millones de estudiantes que estudiamos bachillerato, y que ahora no pagamos nada, y legalizar las tasas abusivas que el gobierno de Rajoy ya ha impuesto en la FP. 

¡Si Pedro Sánchez no tiene principios y pretende vender la enseñanza pública a los representantes del Ibex 35, los estudiantes sí que los tenemos y seguiremos luchando por lo que es justo!

¡Volvemos a las calles! ¡El 13 y 14 de Abril todos a la huelga!

 Gobierne quién gobierne finalmente, no vamos a aceptar de ningún modo que se traicione la lucha de la Marea Verde. Para garantizar que nuestras justas reivindicaciones se llevan a la práctica, no basta con lo que pueda ocurrir en el Parlamento ¡No vamos a permitir que en negociaciones clandestinas, en despachos y a espaldas de todos nosotros, se venda de nuevo la enseñanza pública! Por eso llamamos a la juventud a la rebelión, a vaciar las aulas el 13 y 14 de abril en una gran huelga general estudiantil, para defender una enseñanza pública digna, gratuita, democrática y de calidad, sin recortes y leyes franquistas, y a la que todos los jóvenes podamos acceder en igualdad de condiciones. ¡No hay excusas que valgan para justificar otra cosa que no sea la derogación de todas las leyes, decretos y recortes que atacan ese derecho! ¡Fuera la LOMCE y el 3+2! ¡Aumento drástico de las becas y reducción inmediata de las tasas!

Para que la huelga sea un éxito completo, hay que organizar comités de lucha en todos los institutos y facultades y a acudir masivamente a las manifestaciones. Desde el Sindicato de Estudiantes llamamos a la unidad a todas las asociaciones estudiantiles de izquierdas para que se unan a la huelga el 13 y 14 de abril, y al conjunto de la comunidad educativa, a los padres y madres, a los profesores, a sus organizaciones y sindicatos de clase, a confluir en esta movilización y volver a levantar bien alto la bandera de la Marea Verde, dejando muy claro al futuro gobierno —sea el que sea finalmente— que no hemos luchado estos años para que todo siga igual.

 ¡Todos a la huelga y las manifestaciones el 13 y 14 de abril!
¡La enseñanza pública no se vende, se defiende!

miércoles, 6 de abril de 2016

Marcha a la cárcel de Jaén por la libertad de Bódalo


Basta de represión y criminalización contra los que luchan. ¡Inmediata puesta en libertad de Andrés Bódalo!


andres-bodalo-680x365La detención y entrada en prisión de Andrés Bódalo, miembro de la dirección nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y concejal por Podemos en Jódar (Jaén), supone un nuevo hito en la escalada de represión que desde las instancias del Estado se está llevando a cabo contra todos aquellos que se atreven a levantar la bandera de la lucha contra las injusticias, a las que cada vez en mayor medida el sistema capitalista nos somete.

Andrés es injustamente acusado de agredir en el año 2012 al teniente de alcalde del PSOE en el ayuntamiento del municipio andaluz de Jódar durante una concentración ante el consistorio en protesta por la insoportable situación de paro que asola la comarca y los recortes al subsidio agrario, el cual supone la única tabla de salvación para muchos desempleados y sus familias. Ninguno de los vídeos grabados por la policía, la Guardia Civil o los propios activistas muestran ese supuesto acto violento, muy al contrario en todo momento Bódalo trató de calmar a las personas que allí se estaban manifestando. Esto fue corroborado por los mismos guardias civiles que testificaron durante el juicio, los cuales declararon no haber visto en ningún momento a Andrés Bódalo cometer ninguna agresión. A pesar de la evidente falta de pruebas, la Audiencia Provincial de Jaén, presidida por el magistrado Pío Aguirre, vocal del Consejo del Poder Judicial apoyado por el Partido Popular, condenó a Andrés a tres años y medio de prisión y una multa de 1.800 euros por un delito de atentado contra el teniente de alcalde de una corporación municipal.

A Andrés no se le sentencia por haber cometido ningún supuesto delito sino por ser un reconocido sindicalista y miembro de Podemos, cuyo único crimen ha sido estar siempre en primera línea en defensa de los derechos de los trabajadores andaluces. Contra él se aplica la misma injusticia que con el joven vallecano Alfon, condenado a 4 años de prisión por su participación en la huelga general de noviembre de 2012, o de tantos otros sindicalistas sobre los que siguen pendiendo cuantiosas multas y peticiones de penas de prisión. Con todo ello se pretende asustarnos para que todos los jóvenes y trabajadores seamos conscientes de que la participación en huelgas, manifestaciones y otras protestas pueden llevarnos a sufrir sanciones económicas o penas de prisión.

La criminalización de la protesta social no es más que la continuación, en el terreno legal de los planes de austeridad y los recortes. El aumento de la represión es proporcional al recorte que han sufrido nuestras condiciones de vida, a los ataques salvajes a la sanidad y la educación públicas, al desmantelamiento de los servicios públicos en general. Mientras la burguesía y el PP no dejan de llenarse la boca con conceptos como libertad de expresión y democracia, los trabajadores asistimos a un ataque sin piedad a nuestros derechos democráticos. La ley Mordaza, la represión de manifestaciones, las multas y detenciones de activistas o los juicios a sindicalistas son claros ejemplos de cómo el PP y los capitalistas de este país quieren callarnos la boca y coartar cualquier forma de protesta.

Desde El Militante queremos solidarizarnos con Andrés y con los compañeros y compañeras del Sindicato Andaluz de Trabajadores, así como exigir su inmediata puesta en libertad sin cargos y la de todos aquellos detenidos y encarcelados por luchar.

domingo, 3 de abril de 2016

Concentración solidaria con presos en huelga de hambre


Como muestra de apoyo a los tres presos que se encuentran ahora mismo en huelga de hambre en cárceles madrileñas en defensa de su dignidad como personas, nuestros compañeros del Grupo Pro Presxs de Madrid han convocado una concentración para el miércoles, 6 de abril, a las 21 horas, en la plaza de Tirso de Molina, en Madrid. Ya hicieron otra por los mismos motivos el jueves pasado, pero continúa siendo necesario apoyar a los compañeros, uno de los cuales lleva ya 63 días ayunando.
Desde el 1 de febrero José Adrián Poblete Darre está en huelga de hambre, protestando por los malos tratos recibidos, por el abandono y trato inhumano que sufren las personas presas, especialmente quienes están en aislamiento, el Régimen Penitenciario de Máxima Crueldad, y reivindicando que se limite a 20 años la condena que pesa sobre él y que se le traslade cerca de su familia. 

Xavier Corporales Barruecos empezó a ayunar el pasado 30 de marzo en solidaridad con su compañero y protestando por las palizas, abandono médico y tratos degradantes, sufridos desde que cayó, en julio, a manos del personal carcelero. Tanto José como Xavi están en la cárcel de Estremera. Hoy nos enteramos de que también está en huelga de hambre el compañero Antonio Chavero Mejías