jueves, 30 de noviembre de 2017

Unidos Podemos propone una estrategia para garantizar derechos en centros de menores

Madrid, 20 nov (EFE).- Unidos Podemos ha pedido una estrategia para garantizar los derechos de los jóvenes que están en centros de menores y de acogida, debido a la "falta absoluta de datos" y al desconocimiento de "cuáles son las situaciones de vulnerabilidad que han llevado a estos niños a una situación de desprotección".

En declaraciones en el Congreso de los Diputados con motivo del Día Internacional de la Infancia, la portavoz Ione Belarra ha criticado que no se hagan públicos "los motivos por los que se les está retirando la guardia y custodia" a los niños ni "cuáles son las condiciones que se están dando en estos centros de menores".

Por ello, Unidos Podemos ha propuesto una estrategia para "recabar información sobre cuál es la situación que están viviendo". El grupo ha registrado hoy preguntas al respecto en nueve parlamentos autonómicos y planteará cuestiones al resto de comunidades autónomas en los próximos días.

Una vez cumplido ese primer paso, el grupo espera conocer "cuáles son los mecanismos a poner en marcha para que estos niños y niñas vean protegidos todos sus derechos".

Por último, Belarra ha remarcado que desde Unidos Podemos siempre se ha priorizado la acogida en el propio seno familiar o en familias dispuestas a adoptar. Asimismo, la portavoz ha considerado los centros de acogida como la última de las opciones, puesto que "no son el mejor espacio de desarrollo para los niños y niñas de nuestro país", ha dicho. EFE

viernes, 24 de noviembre de 2017

Denuncia colectiva contra el sistema de protección de menores


La Asociación para la Defensa del Menor (Aprodeme), que representa a más de 800 familias a las que la Administración ha retirado a sus hijos, presentará este martes en Barcelona una denuncia colectiva para exigir la reforma total del sistema de protección de menores en España. La iniciativa se tramitará simultáneamente en tres instituciones y organismos: la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Síndic de Greuges y en la sede del Parlamento Europeo en Barcelona.



La demanda reclama que se cumplan varios puntos esenciales. El primero, definir claramente las causas de desamparo (los motivos por los que la Administración quita los niños a las familias) para evitar que se produzcan "retiradas arbitrarias". También, que sea un juez "especialista, imparcial y experto" el que decida el desamparo del niño y no funcionarios de Bienestar Social como sucede actualmente. En Francia, Italia y Canadá da luz un magistrado. Los denunciantes también reclaman la creación de juzgados especializados, similares a los de violencia machista, para que las vistas orales sean rápidas y, por último, solicitan a la Fiscalía que inste a la Administración "a cumplir las leyes que protegen al menor".

Desgarros familiares

 

Enrique Vila, abogado que  presenta la denuncia en nombre de Aprodeme y también uno de los letrados encargados del caso de los niños robados en el franquismo, cuestiona el actual sistema de protección que se ha convertido "en un monstruo que se retroalimenta a sí mismo con cientos de funcionarios,  cuya cifra no se corresponde con el número de menores desamparados". Vila tiene claro que las retiradas de los menores de su hogar "deben ser la última opción y solo en casos extremos de peligro físico o psíquico".

La elaboración de esta macrodenuncia se ha realizado paralelamente a una campaña en Change.org que han firmado 1.363 personas. Sus testimonios, muchos de los cuales se incluyen en la demanda, muestran "sufrimiento, dolorosos desgarros familiares y con frecuencia la ruptura de los lazos paternofiliales de  forma irreversible”, señala Andreu Cruz, un padre al que la DGAIA intentó retirarle a los niños y solo cejó cuando el afectado emprendió una insistente campaña en las redes sociales denunciando la situación y «un alto cargo de la Generalitat me llamó para que la frenara», afirma. 

Lluís P.,  otro padre afectado, reivindica que "el opaco sistema de protección con fundaciones y redes clientelares se sustituya por otro transparente y protector de familias". La solución no pasa por sacar al niño de su familia sino ayudarla a mejorar la situación, aseguran.

Delante de sus compañeros

 

La retirada del menor se produce cuando la Administración dictamina que el pequeño está en situación de desamparo por diversas causas como divorcios complicados o alertas que observan colegios y hospitales. Las retiradas de los menores suceden en la calle, ya que en los hogares se necesita una orden judicial, y, mayoritariamente en los colegios, como le sucedió a la hija de Manuela G. F., que con 10 años, la sacaron de clase delante de sus compañeros, mientras gritaba y lloraba que quería ver a sus padres. A la nieta de Josep Maria Puigdengoles se la llevaron cuando estaba de colonias con otros de niños. 

Tras este trámite, los pequeños ingresan generalmente en centros de menores o pasan a vivir con algún familiar o con padres de acogida. Y empieza el calvario padres, madres y parientes cercanos para recuperar a los niños. Este proceso se prolonga tanto tiempo que "los menores pierden los vínculos con los familiares biológicos y el equipo psicosocial acaba diciendo que el regreso a su antiguo hogar será negativo para el menor", apunta Vila. Cárdenas añade: "Existe un riesgo grave de que el niño nunca vuelva con sus padres". Vila cita el caso de un menor al que sus abuelos han tardado cinco años en verlo.

Protagonistas mudos

 

Sara G. M., fue una de estas niñas. Con 13 años estuvo tutelada por la DGAIA durante un año y recuerda que después de esa experiencia "mi vida cambió para siempre porque vi cosas que no me tocaba". La hija de Rocío R. no tuvo mejor suerte "y sigue arrastrando problemas psicológicos por aquellos años". En todo este proceso, los niños son protagonistas mudos: "Nadie habla con ellos, nadie les pregunta qué sienten o qué prefieren", señala una madre afectada.

Mientras dura este largo periodo de separación son los técnicos los que deciden cuándo, dónde y cómo se ven niños y adultos. Las visitas se suelen dar con cuentagotas. Yolanda C. solo ve a su hijo "una hora cada 15 días y con vigilancia. Y nadie se imagina cómo llora porque quiere volver a su casa”. A Toni Civis, padre del pequeño Toni de casi 8 años, los separó la DGAIA, "al día siguiente de cumplir 3 años ya lleva 5 fuera de casa. Ahora vive en acogida con una señora", dice Civis. La familia pidió en marzo a la Generalitat que le concedieran más visitas con el niño. Les han respondido en noviembre "diciendo que no nos dan más porque cuando acaba la visita el niño se queda agobiado", critica Civis. 

lunes, 13 de noviembre de 2017

¡Recuperemos Vallecas!

(comunicado del AMPA Javier de Miguel)

El miércoles 15 de noviembre los vecinos y vecinas de Vallecas estamos llamados a participar en la manifestación que convoca la Asociación Vecinal Puente de Vallecas con el lema “¡Todxs juntas devolvamos Vallecas a las vecinas/os!”, contra la degradación que vive nuestro barrio, en concreto en forma de tráfico de drogas, aumento de la prostitución, desaparición del pequeño comercio, ocupaciones mafiosas de edificios y viviendas … y para reclamar mayores inversiones en el barrio.

El pasado 26 de octubre se realizó una asamblea vecinal en la que participaron más de 200 personas para preparar la respuesta ante esta situación de deterioro del barrio.

Todo ello nos afecta como vecinos y vecinas del barrio. Y además como familias cabe destacar especialmente cómo la prostitución y las drogas afectan negativamente a la educación y el desarrollo de nuestros hijos e hijas.

¿Cómo podemos educarles en igualdad si crecen viendo la publicidad de prostitución que inunda el barrio, donde las mujeres se presentan como objetos de consumo sexual masculino? ¿Cómo verán nuestros hijos a sus compañeras? ¿Cómo se verán nuestras hijas a sí mismas? ¿Qué rol aprenden ambos? Defendemos la coeducación, la educación en igualdad, con valores de solidaridad, equidad y respeto; esto es incompatible con la prostitución.

Igualmente el aumento del tráfico de drogas amenaza la vida de nuestros hijos e hijas. Ya sucedió en el pasado, muchos lo hemos conocido y sabemos el resultado de vidas y familias destrozadas. No debemos permitirlo.

No sólo educan la escuela o las familias, educa todo el entorno. Y todo el entorno, todo el barrio, toda la tribu, debemos trabajar para que nuestros hijos e hijas se desarrollen en las mejores condiciones. Son el futuro de nuestro barrio, de nuestra sociedad … y son nuestros hijos; tenemos el derecho y el deber de exigir lo mejor para ellos y ellas.

La cita es el miércoles 15 de noviembre a las 19:30 en la esquina de San Diego con Carlos Martín Álvarez. ¡¡ Allí nos vemos !!


jueves, 9 de noviembre de 2017

"Se ha perdido la dimensión personal de la educación"

 Hoy entrevista a Enrique Martínez Reguera
¿Qué significa educar con «sentido común»?
 
Sentir en común es poner en común lo que se siente. Tenemos que lograr recuperar el sentir en común con los niños y ver los problemas desde la perspectiva de los niños. La base de la educación es la pedagogía, y la base de la pedagogía es la intimidad y la complicidad. El educador y el educando tienen que tener los mismos intereses, porque si no, los niños generan resistencias frente a algo que lo ven como invasivo o abusivo.

Desde que salió el decreto de derechos y deberes de los alumnos del Ministerio de Educación (año 1995) lo que era complicidad se ha convertido en ordeno y mando y eso ha perjudicado seriamente a la educación, porque los niños han percibido que el rol de los educadores ha cambiado. Antes si había un colegio que tenía un problema con un niño, el problema era del profesor y del niño, si les desbordaba era del colegio y de los padres del niño, ahora se deriva a otras instancias el problema, como a los servicios educativos de la Comunidad Autónoma, incluso a los servicios educativos del Juzgado de Menores, con lo cual se ha irresponsabilizado a todos para que al final se culpabilice al niño de los conflictos surgidos que no se pueden resolver. 

¿Por qué España no mejora su educación ley tras ley?

La educación es una labor relacional entre personas, la persona del niño, del educador y de los padres, hay que recuperar esa dimensión personal de la educación, todo se ha derivado a formalismos y normas. 

Cada vez hay más centros que enseñan por proyectos. Parece que la organización tradicional por asignaturas está siendo cuestionada. ¿Conoce experiencias así?
 
Sí, yo he conocido en Madrid varios centros en donde hacen participar muchísimo más a los niños. Depende de como se apliquen esos procedimientos, pero suelen ser mejores que los métodos tradicionales, en los que el niño es un mero receptor de todo lo que trata de inculcársele casi por la fuerza, porque no se tiene en cuenta las necesidades personales de los niños. Los niños necesitan pocas cosas de los mayores: una buena crianza, y hoy las situaciones de las familias son muy precarias por motivos laborales. Los padres no tienen siempre el ánimo y el tiempo para esa labor tan sutil que es la educación de sus hijos. Si el colegio no compensa ese déficit de los padres, sino que reprocha ese déficit, ya tenemos la confrontación.

¿Qué papel tienen los maestros?

Siempre hubo profesores muy vocacionados que tienen clarísimo que se deben a los niños y que luchan y luchan en defensa de los niños. He comprobado a lo largo de los años que los niños inmediatamente perciben quienes son estos profesores, y se sienten vinculados y solidarios con ellos, lo que pasa es que la labor de ciertos profesores es titánica, no siempre se sienten apoyados.

¿Cómo sería su colegio ideal?

Pondré un ejemplo. Yo tenía a mi cargo, encargados por las instituciones de tutela, a chiquillos muy díscolos. Los mandaba a todos los colegios de Madrid, pero no duraban. Encontré un colegio en el barrio de Palomeras en donde yo veía que se iban volviendo personas responsables. Era un colegio con un proyecto propio elaborado por los educadores, en donde el niño tenía mucho protagonismo, en donde los papás participaban en el colegio y veíamos que la cosa funcionaba. Es posible hacerlo, pero no si todo lo hacemos girar sobre las leyes. 

¿Qué le parece el cuestionamiento de los deberes? Muchos padres cree que son abusivos.

Es lo de siempre, se crean confrontaciones para no entrar en el núcleo de la cuestión. Los niños son tremendamente distintos. Hay familias que pueden ayudar a los niños con los deberes, otras no. Hay que empezar a personalizar y no dar pautas universales para problemas que no son homogeneizables.

11-N: Libertad presos políticos

lunes, 6 de noviembre de 2017

Huelga General en Catalunya

Intersindical CSC ha convocado huelga general en Catalunya para el próximo 8 de noviembre, a la que se están sumando otras organizaciones sindicales, políticas y sociales, así como el movimiento estudiantil



 

miércoles, 1 de noviembre de 2017

Atención a personas sin hogar


En El Candelero (RVK, 107.5 FM) hablamos con Daniel Reyes (delegado sindical) sobre la actualidad de la atención a las personas sin hogar en Madrid.

La atención a las personas sin hogar sigue siendo un punto débil, un espacio opaco al que no se le presta toda la atención necesaria. Una atención que lejos de ser integradora, se queda en los márgenes de lo meramente asistencial. Los trabajadores de los centros de atención a este colectivo en Madrid, han estado un año reclamando condiciones dignas para su trabajo y para los usuarios del servicio. Tras meses de activa lucha, parece que los últimos acuerdos a los que han llegado con el gobierno municipal abren una esperanza de mejora en la situación: obras previstas para el próximo año en el centro y algunas mejoras en las condiciones de la atención, que se irían ejecutando en los próximos meses, hacen pensar que tanto trabajo de denuncia y reivindicación puede tener pronto positivos frutos.
Escucha la entrevista en El Candelero 


 

martes, 31 de octubre de 2017

Seguridad material y salud mental

Actualmente la mayoría de los periódicos más leídos tienen una sección específica con noticias diarias dedicada a la Salud y al Bienestar. La tendencia predominante para abordar la mayoría de cuestiones que preocupan a los lectores es la de considerar la salud como algo relacionado con un estilo de vida concreto del que hay que conocer los principales secretos. La idea transversal a todas estas secciones es que hay un vínculo entre la salud y una serie de actitudes y comportamientos individuales que integran una buena alimentación, ejercicio físico y descanso. El yoga, la comida ecológica y la práctica del mindfullness empiezan a dominar casi todos estos espacios dedicados a informar sobre salud. El mensaje fundamental que transmiten es que si no te encuentras bien, si estás estresado, cansado o irritado es tú responsabilidad porque no estás poniendo en práctica un estilo de vida al alcance de todos. Hay una infinidad de listas de las 10 cosas que debes cambiar en tu vida para tener salud y bienestar, solo debes convertirte en una especie de emprendedor del cuidado a ti mismo.

Los beneficios de muchas de las prácticas que se sugieren son indudables y la mayoría se sustentan en grandes consensos científicos. Pero la cuestión que parece desaparecer en todo este universo es eso que los especialistas en salud pública llaman los determinantes sociales de la salud. La dimensión colectiva de la salud individual debería ser uno de los pilares para sostener nuestra idea sobre cómo tener una vida saludable. Los determinantes sociales de la salud son todos aquellos elementos que componen la situación de las personas, donde nacen, crecen, viven y mueren, eso que los blogs llaman y reducen en muchas ocasiones a “tú estilo de vida”. 

El problema que parece obviarse es que esto implica fundamentalmente tu lugar y condiciones de trabajo, la vivienda, el barrio y la manera en la que está organizado tu sistema nacional de salud. Cómo afectan estas cuestiones a las personas individuales es la consecuencia del modo en que se distribuyen los recursos, el dinero y en definitiva el poder en los diferentes niveles de nuestra sociedad. Esta perspectiva es cada vez más predominante entre quienes estudian empíricamente las causas del deterioro o mejora en la salud colectiva.

En el año 1980 se publicaba en Reino Unido el Informe Black. Un informe elaborado por expertos en salud pública, dirigidos por Douglas Black que había encargado algunos años antes la Secretaría de Estado de Servicios Sociales. Ahí se elaboraba uno de las investigaciones más importantes que buscaban las causas y la magnitud de las desigualdades en salud de la población británica. Este informe fue el modelo en el que se basó la elaboración del primer informe sobre desigualdades y salud en España en 1996 de una comisión científica que había puesto en marcha el Ministerio de Sanidad y Consumo del PSOE en 1993. Desde entonces, aunque el número de trabajos y estudios ha ido aumentando, este enfoque ha ido desapareciendo de la práctica política de nuestros gobernantes con honrosas excepciones de algunos ayuntamientos de izquierdas.

Otro hito sobre el análisis de los Determinantes sociales de la salud es el propuesto por una Comisión de la Organización Mundial de la Salud hace 10 años. El principal elemento ético que debía guiar el trabajo de esta comisión en el año 2007 antes de la gran crisis, era el concepto de equidad en salud, es decir: “la ausencia de diferencias de salud injustas y evitables entre grupos o poblaciones definidos socialmente, económicamente, demográficamente o geográficamente”.

Curiosamente, cuando la OMS nos advierte sobre el impacto para la salud que puede tener comer embutidos o carnes rojas hablamos del tema durante meses a la hora de la comida, pero cuando esta misma organización nos está advirtiendo de que la desigual distribución del poder y de renta también genera fortísima inequidad en la salud, como indica de manera indiscutible el informe final de la Comisión sobre Determinantes sociales de la salud, esta información apenas parece tener impacto entre la mayoría de medios de comunicación.

Uno de los puntos claves sobre los que se advierte en este informe es sobre las consecuencias en la salud mental que tiene estas grandes y profundas desigualdades sociales. El concepto de salud mental es complicado de definir. Por salud mental podemos entender, según la definición de la OMS, que es la más seguida seguramente por la comunidad científica, “un estado de bienestar completo, en el que el individuo es capaz de desarrollar plenamente sus capacidades, superar las tensiones de la vida, trabajar de manera productiva y provechosa y contribuir con sus aportaciones a la comunidad “(WHO, 2001) pero también sabemos que es una definición que peca un tanto de ambiciosa y si nos basamos en la misma definición textual nuestras sociedades henchidas de paro involuntario y pobreza tendrían muchos déficits de salud mental.

La pérdida del empleo constituye uno de los principales factores de riesgo de aparición de problemas de salud mental tales como la ansiedad, el insomnio, la depresión y las conductas disociales y autolesivas. En la UE las formas más comunes de enfermedad mental son la ansiedad y la depresión y se espera que la depresión sea la primera o segunda causa de enfermedad durante el año 2020 en el mundo desarrollado. Este tipo de enfermedades pueden afectar a cualquier tipo de personas pero hay colectivos sociales que son mucho más vulnerables. Desempleados, inmigrantes pobres, personas con bajos niveles de educación, jóvenes sin empleo y personas mayores que viven solas son sólo algunos de estos grupos. Las personas que viven cerca de la línea de la pobreza y que tienen bajos ingresos suelen estar sometidos a un grandísimo estrés psicosocial de manera constante, lo cual termina por afectar al conjunto de su ciclo vital. Por esto mismo la depresión es bien sabido que está fuertemente relacionada con la pobreza, el desempleo y factores vinculados a la desigualdad social.

Desde el año 2008 hemos vivido un gigantesco y trágico experimento social sobre todas estas correlaciones. Las consecuencias de la gestión de la crisis y el fortísimo incremento de la desigualdad han sido desastrosas para la salud mental de una parte significativa de la población. El desmembramiento de las políticas que permitían mantener entornos de estabilidad y seguridad durante la mayor parte del ciclo vital para las personas han tenido consecuencias directas sobre la salud mental de las personas. Tal vez es el momento de recordar que el Reino de España es el tercer país de la UE donde más ha crecido el riesgo de pobreza desde 2008. Actualmente es uno de los países por la cola de los 28. Al final del 2016 tenía 12,82 millones de personas en riesgo de pobreza, dos millones y medio más que en 2007 antes de la crisis.

Buscar políticas que permitan reducir la desigualdad al mismo tiempo que generan una seguridad material se vuelve una cuestión central.

Es aquí que para muchos expertos las características de una política como una Renta Básica que permite la seguridad de unos ingresos en cualquier situación, sin condiciones y como derecho subjetivo, se vuelven con un grandísimo potencial en la salud pública de la población. En diciembre de 2016 la prestigiosa revista British Medical Journal escribía sobre este tema incidiendo en los específicos efectos en la salud que una Renta Básica podría tener comparado con las tradicionales políticas de protección social focalizadas y condicionadas para los pobres. Los resultados empíricos que aporta la experimentación con Renta Básica cuando se toman en consideración indicadores vinculados no solo a la salud general, como puede ser el número de hospitalizaciones o diagnóstico de enfermedades, si no al aumento o disminución del estrés, sugieren que los beneficios para la salud y en especial la salud mental de una Renta Básica pueden ser muchísimas.

Las razones parecen ser principalmente dos: la renta básica, al concederse a todas las personas y no sólo a las que en ese momento pueden demostrar que son estadísticamente pobres, termina por percibirse por la población como un seguro general contra la pobreza y eso genera una gran estabilidad psicológica. Aunque en este momento uno pueda no estar siendo un beneficiario neto del ingreso, sabe que siempre tiene derecho en caso de que su situación vital cambie a peor. La segunda razón es la que se deriva de su incondicionalidad. Esto no solo permite liberar tiempo en cuanto a las trabas burocráticas por las que debes demostrar que efectivamente eres considerado pobre con todo lo que puede suponer de estigma social y sus efectos psicológicos comprobados nada positivos. Si no que te permite negociar en el mercado laboral con muchas más garantías de que no vas a aceptar trabajos en condiciones que puedan perjudicar tu salud. Estos dos elementos combinados parece que pueden generar grandes cambios en la percepción y asimilación del riesgo y la inseguridad de las personas a lo largo de su ciclo vital.

Esta perspectiva nos obliga también a empezar a considerar las grandes ventajas en términos de costes sobre los sistemas nacionales de salud de una medida como la Renta Básica. Es razonable asumir la gran cantidad de ahorro que esto puede suponer cuando se quieren calcular los costes de una Renta Básica universal comparados a toda una serie de medidas que no irían al origen de estos problemas de salud si no solo a sus efectos individuales. Según las estimaciones del European Journal of Neurology, el coste económico que podrían suponer los problemas de salud mental serían de casi 800.000 millones sólo en Europa, de los cuales el 37% corresponden a costes directos en servicios sanitarios, el 23% a costes no sanitarios (cuidados informales) y el 40% a costes indirectos cómo la pérdida de productividad laboral o la discapacidad crónica, entre otros.

En otras palabras, algo como la Renta Básica supondría seguramente grandes ahorros en los sistemas nacionales de salud, a la vez que sería una política mucho más efectiva para lograr grandes objetivo de salud pública.

Si estás preocupado por tu salud y la de las personas que están a tu alrededor la evidencia empírica dice que lo más racional es luchar contra la desigualdad y la pobreza. El verdadero secreto para poder tener una vida saludable colectivamente podría estar en construir entornos de seguridad material lo suficientemente potentes como una Renta Básica incondicional.

sábado, 21 de octubre de 2017

Y tú, ¿a qué España te pareces más?

AÑOS 30



AÑOS 70



LA DICTADURA




 
LA DEMOCRACIA



 
OCTUBRE 2017



Nosotrxs lo tenemos claro 






 

jueves, 19 de octubre de 2017

Las contenciones mecánicas en psiquiatría y los agujeros negros que se tragan a las personas

Los hechos: Ibrahim es una persona que murió el día dos de diciembre de 2014 en la unidad de psiquiatría del hospital Gregorio Marañón. Pasó la noche amarrado a una cama con correas. Parece ser que había protagonizado un incidente con algún miembro del personal.
 
Eso es todo cuanto sabemos. Nada más.

Hemos intentado obtener más información, pero un enorme agujero negro se traga a muchas de las personas que mueren en las plantas de psiquiatría de este país. Solo sabemos su nombre y que era una persona migrante.

Con este texto queremos llamar la atención sobre la absoluta opacidad que existe en todo lo que respecta a las agresiones y muertes que tienen lugar en los contextos psiquiátricos. A no ser que exista algún tipo de contacto con la familia de la persona agredida o fallecida, carecemos de medios por los cuales acceder a la información que sería necesaria para que las organizaciones defensoras de los derechos humanos pudieran emitir un juicio objetivo sobre lo sucedido. De esta manera no hay defensa legal posible. O dicho en otras palabras: las personas con diagnóstico de salud mental nos encontramos en una situación de absoluta vulnerabilidad desde el mismo momento en que es emitido dicho diagnóstico. Y llegados a este punto, dentro de nuestra particular locura, no podemos dejar de preguntarnos a nosotros mismos: ¿cuánto vale nuestra vida una vez que cruzamos la puerta de un ingreso?

A quien se apresure a llamarnos alarmistas le instamos a reflexionar sobre los hechos que presentamos, así como sobre el hermetismo que los rodea. Las contenciones mecánicas causan muertos todos los años. De algunos nos enteramos, de otros no. De algunos tenemos unos pocos datos, de otros, como es el caso de Ibrahim, solo sabemos que murieron. Y que nadie dio explicación alguna. Esta es una situación en la que no solo los pacientes quedan desamparados (algo que en el caso de la salud mental parece solo preocupar a un número reducido de activistas y profesionales), sino en la que toda la asistencia psiquiátrica queda suspendida en un tiempo y espacio completamente escindidos de la sociedad y sus leyes. Esas son las condiciones idóneas tanto para la legitimación de los desmanes y asimetrías en las relaciones de poder como para garantizar que las personas atendidas no forman parte del cuerpo social. Es decir, que en un espacio donde nuestros derechos quedan suspendidos, es imposible que nos recuperemos de nuestro sufrimiento psíquico. Así de sencillo, pese a que los numerosos facultativos e investigadores del Gregorio Marañón (en este caso, pero tanto da, dado que estamos hablando de todo un sistema de atención y no de un caso concreto) no parecen reparar en ello. ¿Cómo recuperar la salud perdida en un lugar donde morir atado es un hecho intrascendente?

En lo que llevamos de 2017 sabemos de al menos dos muertes más donde concurren la psiquiatría y el uso de contenciones mecánicas: en A Coruña (febrero) y en Asturias (abril). Tampoco tenemos muchos más datos. Oscuridad. En ocasiones, los hospitales tratan de despachar la supuesta relación entre las correas y la muerte, se habla de “parada cardiorrespiratoria” para intentar despistar y alejar cualquier nexo entre la contención y el deceso: este se produjo porque el corazón se paró. Solo acontecimientos tan extremos como una defunción grabada en vídeo parece poder deshacer las defensas institucionales y forzar una remodelación en el modelo de asistencia, pasó en Italia… y ojalá se tomaran medidas en nuestro territorio sin necesidad de llegar a un caso semejante. Hasta el momento no hay asunción de responsabilidades porque sencillamente se ocultan los hechos, se minimizan y cubren con mantos de sombra hasta que el paso del tiempo desgasta cualquier posibilidad de acción y cambio reales.

Algunas personas y colectivos trabajamos por hacer llegar a la sociedad civil la realidad sobre el uso de correas, los peligros que acarrean y la necesidad de defender los derechos humanos. El camino es lento, pero estamos en ello. De momento son muchos los profesionales que se defienden apelando a que las cosas se han venido haciendo así, a que lo que vale en otros países (reducción o incluso abolición de las correas en psiquiatría) aquí no vale, a que hay poco personal y medios (lo sentimos, nuestros derechos humanos no pueden depender de carencias administrativas, valemos más que eso), a que solo se hacen las contenciones necesarias o que estas se basan en una evaluación objetiva de la situación y no en ningún tipo de prejuicio (transmutando una cuestión humana en una técnica sin el soporte epistemológico necesario). Es curioso que la propia Organización Mundial de la Salud prevenga contra ese tipo de argumentos y que siga sin hacérsele caso. Con el paso del tiempo la defensa de esta práctica será algo de lo que todos los actores implicados querrán renegar. Deberían darse cuenta de ello lo antes posible: facilitarían las cosas y evitarían un descrédito que crece de manera paulatina e inexorable.

Pero retomemos el hilo inicial: una muerte anónima en un hospital madrileño. ¿Qué hacer al respecto?, ¿qué exigencia poner sobre la mesa que difícilmente pueda ser cuestionada (o que al hacerlo desate contradicciones que nos permitan ir todavía más allá en la conquista de derechos)? Planteamos una cuestión básica: el fin de la opacidad. La existencia de registros de acceso público donde cada hospital presente la cantidad de veces que se han aplicado contenciones y la duración de las mismas. De esa manera se podrían establecer comparaciones y patrones de actuación (damos algunas pistas: apostamos a que saldría un mayor número de contenciones en los turnos de noche, en los recursos que atienden a una mayor cantidad de población y que se ataría más a varones de cierta envergadura, con independencia del trastorno descrito). Por otro lado, que cada contención sea registrada minuciosamente haría disminuir su práctica (tal y como ha quedado observado). Finalmente, el hecho de que hubiera números sobre la mesa permitiría arrojar luz y hacerse una idea de las dimensiones e implicaciones que tiene el uso de correas en psiquiatría. Por supuesto, cuando alguien perdiera la vida en un periodo que coincidiera con el hecho de estar sujeto mediante correas a una cama debería ser notificado, no escondido bajo la alfombra. Organismos independientes tendrían el acceso a todos los datos hospitalarios y se establecería una investigación. Nadie debe volver a morir y ser arrastrado hacia el interior de un agujero negro. Mientras esto sea así, seguiremos siendo potenciales muertos de segunda categoría, y por tanto, pacientes y ciudadanos de un rango inferior. El resto —los cantos a la rehabilitación, las campañas antiestigma pagadas por farmacéuticas, los derechos humanos que son mencionados pero no ejercidos, etc.— será pura palabrería. Concatenaciones de sílabas huecas que se esparcen sobre la ausencia de todos esos hombres y esas mujeres muertos por quienes no podemos preguntar.

domingo, 15 de octubre de 2017

El caballo cabalga de nuevo



Las condiciones de vida del pueblo trabajador bajo el capitalismo favorecen la aparición de todo tipo de problemas psicológicos y relacionales, que en no pocas ocasiones terminan desembocando en alcoholismo y otras adicciones. Y esto en periodos de crecimiento. Durante las crisis económicas (como la que llevamos una década sufriendo), la angustia asociada a la incertidumbre laboral y la desesperación que provoca el paro, disparan el abuso de tóxicos (legales e ilegales). 

Especialmente grave es la situación entre la juventud, sector que sufre de manera más severa las consecuencias de la crisis (tasas de fracaso escolar cercanas al 30%, paro juvenil rondando el 40% y una extrema precariedad entre los afortunados que encuentran empleo). Esta falta de expectativas para desarrollar un proyecto vital propio es el caldo de cultivo idóneo para la generalización del abuso crónico de drogas. Ante esta situación, ya se está detectando un lento pero progresivo aumento del consumo de heroína (en Barcelona ya es la primera causa de muerte entre los 15 y 40 años). 

Este hecho parece incomprensible debido a la estigmatización social de esta droga. No faltan los autodenominados expertos que lo achacan a que las nuevas generaciones no vivieron el drama social de la heroína de los años 80. Pero esta explicación, simplista en extremo, no es suficiente ni aun teniendo en cuenta la inutilidad de las campañas de prevención del tipo “a tope sin drogas”. Los motivos son mucho más profundos y tienen naturaleza política. 

Los 80. Crisis económica, reconversiones industriales. Paro. El mejor caldo de cultivo para las drogodependencias y la degradación social. Pero también para que la juventud se vuelva levantisca (contagiando al resto de la clase trabajadora). Y eso los gerifaltes del capital siempre tratan de evitarlo, al precio que sea. E iniciaron una campaña salvaje contra la juventud. Primero criminalizaron la pobreza, inventándose aquello de la “inseguridad ciudadana” con la colaboración de los medios de comunicación (que para eso son de su propiedad), mostrando especial saña con la juventud al crear el mito de los “niños navajeros”, los “bandoleros urbanos” y las “bandas juveniles” mafiosas. Y cuando el conjunto de la sociedad empezaba poco a poco a hacerse eco de este mensaje prefabricado, inundaron las calles de heroína. De la noche a la mañana, las venas de los barrios obreros se llenaron de veneno, ¡y tuvieron la desvergüenza de culpar a los más marginados y desprotegidos de semejante alarde de organización, planificación e infraestructura internacional!

Los efectos sociales fueron devastadores. La aparición en el ideario colectivo de la figura del “yonki” provocó un shock social. La campaña de criminalización de la pobreza y de la juventud se vio justificada ante el aumento de los índices de criminalidad fruto de la aparición de la heroína, lo que tuvo trágicas consecuencias a todos los niveles. Supuso el inicio de la desconfianza patológica entre vecinos, contribuyendo poderosamente a romper las fuertes redes sociales desarrolladas durante la lucha contra el franquismo, lo que a su vez mermó considerablemente la capacidad de respuesta social y recrudeció las situaciones de exclusión social, aumentando así la delincuencia e iniciándose una perversa espiral de degradación social de los barrios. Y obviamente, cada vez resonaban con más fuerza los rebuznos que pedían mano dura contra los delincuentes como solución.

Y lo consiguieron, terminando por ser más punitivos los códigos penales de la democracia que los de la dictadura. Y, de paso, la crisis económica y sobre todo sus verdaderos responsables pasaban a un segundo plano. Y la industria de la seguridad privada (vigilantes, puertas blindadas, rejas, alarmas, etc.) se convirtió en una de las más boyantes del país. Y lograron así eliminar “excedente poblacional” e inutilizaron a muchos miles más, que además se convirtieron en nueva fuente de beneficios para la patronal al aparecer el nuevo negocio de la desintoxicación (la punta de lanza de la privatización de los servicios sociales, al calor de la cual surgieron las empresas de control social disfrazadas de ong que además de dar dinerito han mantenido vigilada a la pobreza, controlando y sometiendo a los excluidos hasta hoy).

No faltó cierta contestación social, como la lucha de Madres Contra la Droga, que siendo conscientes de quien controlaba realmente los flujos del mercado de la droga se manifestaban una y otra vez frente a las comisarías. 


Pero a pesar de todo, es de recibo reconocer que el plan fue todo un éxito. Aunque hicieron trampa: exportaron el plan de Estados Unidos, donde en las décadas previas experimentaron con cierto éxito el control social a través de la introducción masiva de las drogas entre la juventud contestataria contra la guerra de Vietnam y en los barrios de mayoría afroamericana, que estaban cada vez más politizados.

Fue un genocidio silencioso y perfecto, ya que las víctimas fueron consideradas únicos culpables de su trágico destino. ¡Cuan miserables suenan hoy las palabras de Tierno Galván, llamando a la juventud a “colocarse”! 

Hoy en día, conscientes de la profundidad de la actual crisis económica y el probable aumento de la conflictividad social, pretenden repetir el mismo esquema. Llevan ya un tiempo denigrando a la juventud, intentando crear una falsa imagen al presentar a los jóvenes como una panda de vagos que no quieren estudiar ni trabajar (obviando las políticas privatizadoras, la degradación de la educación pública y la imposibilidad de encontrar un empleo mínimamente digno y estable en estos momentos), viciosos (deformando hasta el surrealismo el fenómeno del “botellón”) y violentos (exagerando hasta el delirio la violencia escolar y el todavía anecdótico fenómeno de las bandas juveniles). Además, con la intención de inocular el miedo a la inseguridad, incluso los telediarios se han convertido en una burda imitación del nefasto y felizmente desaparecido diario “El Caso” (y lo van consiguiendo de nuevo, duplicándose en los últimos años la población reclusa mientras los índices de criminalidad se han mantenido estables, a lo que hay que sumar el último endurecimiento del código penal). 

Considerando que es el momento adecuado, están abriendo el grifo otra vez, llenando lenta pero progresivamente nuestras calles de heroína (que por cierto, en su mayoría procede del ocupado Afganistán, desde el pseudoestado implantado por la OTAN en Kosovo ). O recuperamos la memoria histórica de nuestros barrios y nos organizamos para luchar contra los responsables últimos de esta lacra, o volveremos a ver cómo cárceles y cementerios se llenan con los nuestros.