miércoles, 21 de junio de 2017

¿Es el acogimiento familiar la solución a los centros de menores?

Estos días la Asamblea de Madrid ha aprobado una propuesta de 
Podemos para fomentar el acogimiento familiar frente a la institucionalización en centros de menores. Pensamos que sin duda alguna supone un avance en la defensa de los derechos de la infancia, siempre es mejor un núcleo familiar que un centro. Es una necesidad urgente acabar con la institucionalización. Además, saludamos la decisión y el coraje de Isabel Serra, diputada madrileña de Podemos, en la defensa de los derechos de la infancia y las familias. Reproducimos su discurso en la Asamblea de Madrid, con el que estamos en plena sintonía.



Sin embargo, es necesario ir más allá. Porque el problema surje antes de los centros o los acogimientos. El problema está en la retirada de tutelas.

Es fundamental escuchar a las personas afectadas, tanto a menores como familias. A continuación reproducimos la imprescindible entrevista a Marea Turquesa, realizada por Julio Rubio

En el 2000 el PP abrió la "caja de Pandora" de los centros de menores. ¿En el 2017 está Podemos abriendo la "caja de Pandora" de los acogimientos familiares?
 
Rosa, del movimiento social Marea Turquesa y madre de un niño tutelado, nos explica qué es el acogimiento familiar, como debería funcionar y cómo está funcionando en realidad:
Familias que quieren adoptar y encuentran en el acogimiento su vía de acceso más rápida (ya no hace falta irse a China), negativa de devolver a los niños a sus madres aludiendo vínculos afectivos con la familia acogedora, educación del niño en el desprecio a su familia biológica, hermanos separados para ir a familias diferentes, ansiedad y confusión en los niños al cambiar no solo de familia, sino de barrio, colegio, entorno...

¿Estamos preparados para el acogimiento familiar con los actuales Servicios Sociales? ¿Estamos ante el fin del negocio o en la transición del negocio de los centros al negocio del acogimiento? ¿Estamos pasando de un infierno a otro? ¿O simplemente multiplicandolo por dos? ¿Bien llevado el acogimiento sería la solución?

Rosa nos hace un análisis profundo y serio de la situación en la que nos encontramos. Escucha la entrevista en Los Sonidos de mi Barrio

martes, 13 de junio de 2017

Manifestación contra la violencia fascista

El pasado 11 de mayo, desde el Sindicato de Estudiantes convocamos un paro estudiantil en los institutos y en la universidad de Málaga y para mostrar nuestra repulsa por el asesinato de Pablo, un joven malagueño de 22 años al que asesinaron reconocidos miembros fascistas de la ciudad.
No estamos dispuestos a permitir que la impunidad de la que gozan estos elementos fascistas acalle este crimen ni ningún otro. No nos dejamos amedrentar por estos elementos y por ello seguimos luchando en las calles por nuestros derechos. Este sábado 17 de junio, toda la izquierda, las asociaciones de vecinos, LGTBI y de migrantes volvemos a salir a la calle para gritar ¡basta de violencia fascista!

Reproducimos el cartel y la convocatoria que estamos lanzando todas las organizaciones:

POR UNAS CALLES LIBRES DE VIOLENCIA FASCISTA

Las organizaciones firmantes hacemos un llamamiento al pueblo malagueño para que exprese en las calles, el próximo sábado 17 de junio, su repulsa contra la violencia ejercida por los grupos de ideología ultraderechista. El asesinato en el centro de Málaga del joven Pablo Podadera presuntamente a manos de dos miembros de estos grupos, en este caso “Frente Bokerón” y “Málaga 1487”, es el último episodio pero no el único, y si no se actúa contundentemente contra estas organizaciones viviremos nuevas tragedias en el futuro.

Muchas personas sufren agresiones por su raza, ideología política, nacionalidad, orientación sexual, etc. a manos de miembros de grupos de extrema derecha, sin que las autoridades adopten medidas eficaces para acabar con esta lacra. A menudo, estas bandas se camuflan como “animadores” de equipos de fútbol, cuando en realidad su actuación va encaminada a difundir su ideología fascista, racista, xenófoba, intolerante y violenta. Hacemos un llamamiento a los clubes de fútbol, especialmente al equipo de nuestra ciudad, el Málaga C.F., para que adopten medidas contra estos grupos violentos, impidiéndoles exhibir simbología fascista, cánticos racistas, negándoles cualquier tipo de apoyo si no condenan las agresiones, etc.

En muchos casos, se publicita poco la militancia fascista de las personas que comenten estas agresiones. Pudiera parecer que estas violencias ocurren por casualidad, pero si se producen es porque existen organizaciones con una ideología perversa detrás, profundamente antidemocrática, uno de cuyos pilares es la exaltación de la violencia contra todo lo que consideran diferente, o simplemente contra quien tenga la mala suerte de cruzarse en su camino.

Este país sufrió 40 años de dictadura fascista, estos grupos pretenden devolvernos a aquellos oscuros días. Como sus ídolos Franco, Hitler y Mussolini, no tienen reparos en recurrir a los medios más agresivos para lograrlo; y como ellos, también cuentan con oscuros apoyos desde los poderes económicos, sorprendiendo la capacidad de financiación que tienen a pesar de ser grupos reducidos. En muchos lugares de Europa, estas ideas y sus organizaciones están prohibidas, pero aquí hay quienes les amparan y potencian.

Por lo tanto, hacemos un llamamiento a todo el pueblo de Málaga, para que se movilice y grite alto y claro: “¡Fuera el fascismo de nuestras calles!”, sólo así consiguiendo que las autoridades competentes, especialmente a la Subdelegación de Gobierno, adopten medidas urgentes contra estos grupos y se limpie las calles de Málaga de quienes hacen de la violencia y la exclusión su forma de vida.

EL SÁBADO 17 DE JUNIO, TODAS Y TODOS A LA CALLE CONTRA LA VIOLENCIA FASCISTA
¡NO MÁS AGRESIONES, NO MÁS TRAGEDIAS, NO MÁS MUERTES!
¡FASCISMO NUNCA MÁS!


jueves, 8 de junio de 2017

El cinismo de Darío

Desde hace meses, y a pesar del silencio mediático, existe un importante conflicto en la red municipal de atención a personas sin hogar de Madrid. Conflicto abierto porque las condiciones laborales son inaceptables y porque las condiciones en las que se presta el servicio también lo son. En realidad, nada nuevo bajo el sol. Menores, atención a la discapacidad, mayores, ayuda a domicilio, violencia de género, ocio educativo y animación sociocultural...explotación laboral y deficiente atención marcan la realidad de unos Servicios Sociales privatizados.

Situaciones como las que están denunciando las trabajadoras y los trabajadores de los centros La Rosa, Juan Luis Vives y Puerta Abierta son la consecuencia directa de un modelo de gestión neoliberal de los servicios públicos. Mientras el lucro empresarial siga siendo el objetivo soterrado de los Servicios Sociales, éstos no podrán dar respuesta eficaz a las realidades sociales que deben atender. Pero incluso en el centro de acogida San Isidro (de gestión pública, aunque con el servicio socioeducativo privatizado y donde "mandan" las Hermanas de la Caridad) existen graves problemas.

Pero además de por la precariedad y el cuestionable servicio, el sector de la Intervención Social se caracteriza por la presencia de egos exacerbados y redentores de todo pelaje que pululan por sus entrañas. Ahí tenemos como ejemplo al neosanto Padre Ángel, o al también muy católico Emilio Pinto. Pero este perfil no sólo se encuentra al frente de las "entidades", también lo encontramos al frente de las Administraciones. Para entender lo que decimos, basta leer una antigua entrevista a Darío Pérez Madera (jefe de Samur Social)  publicada en ABC y titulada "Duele mucho ver a gente en soledad".

Si tanto te duele la situación de las personas sin hogar, no permitirías que la falta de plazas obligue a tantas personas a vivir a la intemperie (son más de 600 y lo sabes, y si no lo sabes ya te lo dicen las propias personas sin hogar). Tampoco permitirías que en centros de acogida de la red que diriges las personas tengan que dormir en el suelo. Y si a tan buenos músicos diriges, ¿por qué permites la degradación de las integradoras sociales no reconociéndoles su categoría profesional y por tanto el trabajo que de facto realizan?

Hay mucho que revisar en nuestros sistemas de protección social. También a nivel filosófico. Porque no recuperamos a nadie, las personas se recuperan, ellas. Un poco de humildad, Darío.
 

martes, 6 de junio de 2017

El posible negocio con menores de las Hermanas Capuchinas de Valencia

La Generalidad de Valencia en una operación ejemplar y esperemos pionera está poniendo orden en los centros de menores tutelados. La realidad, como venimos denunciando desde hace varios años, es que la tutela de los menores se ha cedido a organizaciones de origen, la mayoría de las veces, religiosas o sectarias. Organizaciones como Fundación O Belén (hoy ya prácticamente desarticulada), las organizaciones del Padre Ángel, Emaús, o la empresa Dianova , que deriva de la organización sectaria del Patriarca, son algunas de la organizaciones que se ha ido quedando poco a poco con este negocio.

Se presentan como organizaciones sin ánimo de lucro pero somos muchos los que sospechamos que el único objetivo es, por el contrario, el lucro. Y aquí está el problema: la custodia de menores tutelados se ha convertido en un negocio sin más. Las organizaciones religiosas o sectarias se han quedado con la mayor parte del pastel y esta intervención de la Generalidad valenciana ha sacado al luz como las Hermanas Capuchinas tenían en el más absoluto abandono uno de estos centros. La Generalidad ha puesto el asunto en manos de la Fiscalía. Lo que no se entiende es que se hace con los fondos públicos que se recibe por este servicio. Es urgente que las administraciones asuman por sí mismas la gestión de los centros tutelados y que exploren vías, como la Generalidad de Valencia está empezando hacer, donde se potencia la guarda en familias más que la reclusión en centros.

No obstante es increíble que, en pleno siglo XXI, la tutela pública sea ejercida por organizaciones religiosas y todo ello con dinero público. El defensor del Pueblo, en un informe del 2009, ya sacó a la luz estos problemas de los centros de menores por la cantidad de quejas que esta institución ha ido recibiendo: medicalización excesiva de los menores, centros en malas condiciones, falta de personal especializado etc,etc. La crisis económica ha multiplicado el número de menores tutelados ya que, aunque parezca mentira, una de las causas más comunes del ejercicio de la tutela publica sobre los menores es la pobreza y la falta de oportunidades de mujeres o familias. 

Esta presión sobre la pobreza es algo que algunas asociaciones como la “Asociación de familias siglo XXI” vienen denunciado; la precarización social y la exclusión socioeconómica está en el origen de estas situaciones; también el sistema educativo existente en nuestro país requeriría una verdadera revolución empezando por potenciar la escuela pública y no ahondando en la segregación social que significa el mantenimiento de la red concertada.

Tras el manto de la caridad, las iglesias y sus fundaciones y órdenes religiosas han penetrado en sectores como los menores tutelados o las residencias de ancianos o la asistencia domiciliaria. Se busca, contrariamente a lo que pueda parecer, no realizar ninguna caridad sino realizar un buen negocio con apariencia no mercantil.

Los hechos son los siguientes: tras una inspección en el centro que las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia tenían en Segorbe la Generalidad decide cerrar de inmediato el centro debido a las condiciones del mismo, y a los maltratos que recibían los 18 menores tutelados que allí residían ; poniendo los hechos en conocimiento del fiscal. Las Hermanas Capuchinas lo han negado todo y dicen que tiene más de un siglo de experiencia en el trato con menores además subrayan que su labor es “institucional” y de confianza de las administraciones públicas no solamente en este centro sino en los otros ocho centros que tienen en diversas puntos de la geografía española. Este caso es la punta del iceberg. Esto, el acogimiento de menores y la asistencia social, sí debería convertirse en una cuestión de Estado y no de las iglesias y las organizaciones sectarias.

La Otra Memoria Histórica. El Rocío




Rocío es una película documental española dirigida por Fernando Ruiz Vergara y estrenada en 1980. Fue la primera película secuestrada judicialmente en España tras la aprobación de la Constitución de 1978 y la desaparición de los mecanismos del franquismo para la censura previa del cine. También fue el primer documental realizado en España sobre la represión ejercida por el bando franquista durante la Guerra Civil Española.

El documental aborda el fenómeno de la romería de El Rocío, analizándolo desde diversas perspectivas, históricas y antropológicas: la veracidad de la aparición mariana, el clasismo de las hermandades rocieras, la relación de miembros de hermandades rocieras con la represión ejercida por partidarios de los sublevados en Almonte en los primeros meses de la Guerra Civil... Según la sinopsis de la película, se trata de «una romería de la Baja Andalucía, en donde viven miles de trabajadores sin tierras y generalmente sin trabajo, con todo el folclore y falsos mitos que ha creado la Andalucía oficial entremezclada con ésa y otra que estamos tratando de desenterrar día a día»

lunes, 5 de junio de 2017

Nuevo abuso en retirada de tutelas

Una condena de seis meses y cuatro días. Eso han sido para Santiago y Renate las "interminables" semanas que han estado apartados a la fuerza del menor de sus dos hijos. Al pequeño, de solo cinco años, se lo llevó la Policía Nacional del colegio de su pueblo el 25 de noviembre de 2016, después de que desde el propio centro advirtieran a los servicios sociales de la comarca de un posible caso de abusos sexuales. Los docentes aseguraron durante la investigación posterior que nunca habían detectado conductas anormales en el menor, pero varios padres de compañeros acudieron a ellos diciendo estar preocupados por el lenguaje supuestamente hipersexualizado de este chico y algunos de los juegos que practicaba con sus hijos.

Del caso se hizo cargo el Servicio de Protección de Menores de la DGA, que tras hablar con todos los implicados llegó a la conclusión de que podían haberse dado tales abusos e informó a la Fiscalía. Ello dio lugar a la apertura de una causa penal contra el padre que ahora ha ordenado archivar el titular del Juzgado de Instrucción número 1. El magistrado ha adoptado esta decisión tras conocer las categóricas conclusiones de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), diametralmente opuestas a las que en su día alcanzaron los especialistas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

"Tras la valoración psicológica realizada se considera que la información aportada por el menor es compatible con una situación de abuso sexual", decía un informe de Protección de Menores remitido en diciembre a la Fiscalía. En él, se calificaba de "creíble" el relato del chico cuando identificaba a su padre como la persona "causante de dicho abuso". Es más, la coordinadora anunciaba que se iba a mantener la separación del pequeño de su familia biológica "a fin de no interferir en el proceso por la posible contaminación del testimonio del menor".

Cuestionan la investigación
Lejos de ratificarlos, las psicólogas del IMLA desmontan ahora los argumentos de Protección de Menores. Y lo hacen tras haberse entrevistado no solo con la supuesta víctima y su entorno, sino también con todo el equipo de profesionales que llevó el caso en Menores. Las forenses no hallan ninguna prueba de los supuestos abusos y hasta cuestionan la forma en que se valoró la credibilidad del niño. También hacen constar en su informe que el equipo de Menores atribuyó a las docentes del colegio afirmaciones que estas han negado "de manera explícita".

Basándose en las conclusiones de los forenses, el abogado de los padres, Alfonso Bayo, solicitó el archivo de las diligencias penales contra el padre y la inmediata devolución del niño a su familia. Peticiones ambas aceptadas.

"El menor no presenta síntomas psicológicos, emocionales o conductuales que pudieran considerarse secuelas de los presuntos abusos", indica el equipo psicosocial del IMLA. En el apartado de conclusiones, las psicólogas hacen ver también al juez instructor que la forma en que se investigaron estos hechos tampoco fue la más adecuada. "El análisis SVA (procedimiento de valoración de la credibilidad) introduce muchas dudas sobre sesgos en el modo de revelación de los presuntos abusos", aseguran. Según las forenses, se habló con los niños del colegio después de que sus padres les hubieran estado interrogando, alarmados, sobre el tema. "Lo cual garantiza prácticamente la inducción de sugestión y la contaminación de falsas memorias", indican las peritos.

Los especialistas del IMLA vieron que la supuesta víctima es un niño "bien cuidado", con un nivel de desarrollo psicológico medio-alto, un "excelente" nivel de lenguaje y una "actividad imaginativa muy expansiva". Respecto al vocabulario hipersexualizado que le atribuían algunos padres del centro escolar, las psicólogas recuerdan que el chico ha pasado los últimos seis meses con una familia de acogida y que esta niega tal extremo.

Dado el "maltrato" que confiesan haber sufrido y el "enorme daño" causado a ellos y "sobre todo" a su hijo, la familia prepara ahora una demanda. Su única duda es si será contra la administración o contra el equipo que llevó el caso en Protección de Menores.

miércoles, 31 de mayo de 2017

En defensa de lxs niñxs en el Senado, Consuelo García del Cid


"El Estado ha amparado a un pederasta y desprotegido a una niña"

La vida de Susana Guerrero está en una pequeña maleta negra que a veces, cuando tiene alguna entrevista, lleva consigo. Ella la llama así, la maleta de su vida, porque dentro almacena un sinfín de documentación judicial que la acompaña desde hace más de una década. “Toda mi lucha está aquí”, explica. El enrevesado viaje de la vida de Susana ha sido solitario durante muchos años, hasta que tuvo claro hacia dónde quería dirigirse y comenzó a reunir el apoyo de diversos colectivos feministas, asociaciones y personas particulares. El viaje de Susana, el de su existencia, empezó en su infancia y se fue transformando en una odisea que la ha llevado hasta la actual lucha que enfrenta para no perder a su hija Nayara y garantizar su bienestar psicológico.

Maltratos, centros de menores, denuncias, sentencias judiciales, informes psicológicos y una ristra interminable de burocracia ha rodeado y rodea su vida actual. Pero para situarnos en el presente, hay que girar hacia su pasado. A los 12 años, era maltratada en su casa. Vivía en Talavera de la Reina y fue allí donde conoció a un matrimonio heterosexual que se interesó por ella y en cuya vivienda, que ella comenzó a visitar con mucha frecuencia, se darían situaciones que hoy, desde la experiencia, califica como “abusos sexuales”. Comenzaban así una serie de vivencias que, como cuenta, la llevarían por unos caminos duros.

“Este señor empezó a abusar sexualmente de mí, algo que yo en ese momento no veía como un abuso, para mí ese señor era mi padre y se supone que me estaba protegiendo”, explica. Estas situaciones siguieron repitiéndose hasta que, pasado cierto tiempo, la Policía intentó que ella contase lo que le estaba ocurriendo. De hecho, Susana solicita que dejen declarar a los policías que abrieron esa investigación, para que puedan contrarrestar otras opiniones. “Es muy denigrante escuchar a un policía decir que yo cometí el error de caer en sus garras; es muy denigrante que se culpe a la víctima y dejen al pederasta campar a sus anchas”.

Susana cuenta que en cierto momento se atrevió a denunciar lo que estaba viviendo y el ginecólogo acreditó las agresiones sexuales. A él lo llevaron a la cárcel y a ella a un centro de menores. “Aquí empecé a formar parte del sistema, que es muy, muy duro”, explica. De su etapa en este primer centro recuerda que apenas podía salir a la calle y que cuando lo hacía estaba acompañada de un policía. Esta situación se prolongó durante meses y, en ese tiempo, él quedó en libertad provisional. “Al enterarme de que estaba libre tuve un intento de suicidio y me metieron en el Psiquiátrico de Talavera de la Reina, atada y totalmente dopada; a él le pusieron en libertad y a mí me encerraron dos semanas”. Susana relata cómo pasó por varios de estos centros de menores de la provincia de Toledo y cómo él rondaba estos lugares y terminaba encontrándola. A través del “secuestro emocional”, como ella lo califica, en ciertas ocasiones ella se marchaba con él y desaparecía durante un tiempo. “Yo no entendía cómo un hombre acusado de agresión sexual se sentía con tanta libertad. ¿Por qué siempre me encontraba, estuviera en el lugar que estuviera? ¿Por qué no estaba preso?”

Por estas ‘huidas’, Susana era derivada de un centro a otro, “cada vez con un régimen más cerrado”. De su paso por el Cigarral rescata que le daban 15 pastillas diarias. “Este centro recibía cerca de 5.000 euros mensuales por mí, como menor tutelada que era; estos lugares son un negocio privado subvencionado por el Estado”. Casa Joven, un centro que cerró en 2009, fue el siguiente destino de la toledana. En el juicio relativo a los abusos, la Audiencia Provincial de Toledo determinó que era una niña ‘celotípica’, que tenía celos de su esposa y que sus cicatrizaciones eran antiguas. Él quedó en libertad definitiva. Explica que en ese juicio, debido a las presiones, a la incertidumbre y a ese “secuestro emocional y sexual” que la rodeaba, negó los abusos.

A los 17 años, Susana Guerrero se quedó embarazada de su hija Nayara. “Cuando se enteró, este señor transformó esa situación que venía ocurriendo desde hacía años en que yo era su pareja, cuando yo seguía siendo menor”. En su cabeza se acumulan muchas preguntas que, de momento, no se han resuelto. “El Estado debería haber intervenido, ¿cómo podían normalizar esa situación? ¿Por qué nadie hacía nada y él actuaba con total impunidad?”. Rememora que durante su embarazo comenzaron los malos tratos físicos: “En un momento determinado me atreví a denunciar y la jueza le condenó por violencia de género porque reconoció haberme pegado”.

Susana tenía la custodia de Nayara pero, al igual que sucede en la mayoría de los casos de violencia machista, no se decretó ninguna medida de protección para su hija. “Le entregaba a mi hija a un pedófilo porque yo hasta los 23 años no fui consciente de que había sido víctima de abusos sexuales y porque la Justicia no te da muchas alternativas”.

Custodia

En el año 2011, cuando Susana se marchó a trabajar fuera de Toledo, el agresor la denunció por no entregarle a la niña y un año después reclamó su custodia. “Yo había realizado el procedimiento establecido, dejar un escrito en el Juzgado de Violencia de Talavera informando de que me marchaba”. A partir de 2012, momento en que Susana Guerrero quiso iniciar su vida en Gran Canaria comenzaron las demandas judiciales por parte del que califican como ‘padre’ de la niña. El Juzgado de Talavera obligó a mantener el régimen de visitas establecido inicialmente y la niña viajaba todos los meses a la Península, con el correspondiente desembolso económico.

Al poco tiempo, Susana detectó que su hija podría estar sufriendo abusos sexuales en sus visitas y maltrato físico por parte de la pareja de éste, e interpuso una demanda solicitando que se suspendieran los encuentros, pero la desestimaron. Requirieron para su hija una breve visita a un psiquiatra y en unos minutos éste determinó que su hija estaba bajo los efectos del conocido Síndrome de Alienación Parental (SAP), un síndrome sin base científica muy utilizado en los litigios por las custodias de hijas e hijos, pese a que el Consejo General del Poder Judicial desaconseja su uso, donde se dictamina que la madre manipula el juicio del menor y el padre se muestra como la víctima.

Un tiempo más tarde, en Canarias, un forense y un psiquiatra hicieron una valoración psiquiátrica de su hija. “La huella psíquica de Nayara es compatible con las situaciones de abuso sexual”, constata el documento. Entre otras indicaciones, se recomienda que la niña asista a terapia y que “no sea expuesta a los agentes agresores referidos sin supervisión por entender que puede ser objeto de nuevas situaciones de abuso”. El documento nunca se ha llegado a aceptar como prueba en los juicios. “Mi hija no podría decir que ha visto películas de hombres y mujeres desnudos y hablarme de sexo si no las hubiera visto. No podría relatar con tanto detalle como lo hizo una situación de abuso que no ha vivido”. En determinado momento, relata esta madre, la niña empezó a manifestar abiertamente que no quería ir con el padre y ella se opuso a seguir cumpliendo el régimen de visitas.

Fue una época muy enrevesada. En 2015, un juzgado de Talavera le dio la guarda y custodia de la niña al padre, basándose en ese informe donde se indicaba que la niña sufría SAP. La Audiencia Provincial de Toledo estimó hace un año el recurso que ella presentó frente a esta sentencia y logró que se revocara. Después de un combate largo y desgastante, Susana ha logrado quedarse con la custodia de Nayara. El Tribunal Supremo acaba de declarar firme la sentencia que confirma la custodia para la madre.

Esa fue una gran victoria para ella, pero la batalla continúa. Actualmente, la Fiscalía de Talavera de la Reina pide para Susana Guerrero dos años de cárcel por presunta denuncia falsa de abusos sexuales a su hija. Solicita, además, que se le abone al denunciado 12.000 euros, y el pago de una multa de 6.000 euros. Piden también 5.000 euros como indemnización a la esposa de Muñoz, porque consideran que no se produjeron los malos tratos hacia su hija que Susana denunció. Por otra parte, solicita un año más de cárcel por desobediencia grave al incumplir el régimen de visitas de la menor. En total, tres años de cárcel y una cuantía impensable para sus posibilidades económicas actuales.

“Irregularidades”

Lo que, a juicio de Susana Guerrero, explica que la situación haya llegado hasta el punto en el que se encuentra hoy son las “irregularidades” del Partido Judicial de Talavera de la Reina: “Intentan esconder lo que ha pasado conmigo cuando era menor porque me he rebelado, y la forma de ocultar lo mal que lo hicieron es esa; por supuesto, si yo hubiera cumplido el régimen de visitas, hubiera sido sumisa y dejado que mi hija se fuera con él nada habría pasado”. Considera que es la única forma con la que pueden “salvar” esa desprotección del pasado. “Cómo van a explicar que si en su día, siendo yo menor de edad, le pusieron en libertad habiendo un informe que acreditaba las agresiones sexuales, yo me quedase embarazada siete meses después”. Para Susana, en su caso confluyen la violencia machista con la violencia institucional: “El Estado amparó a un pederasta y desprotegió a una niña”. Ella lo tiene muy claro: “El detonante de que este señor haya abusado de mi hija es la falta de protección del Estado hacia mí”.

Esa desatención a la que hace referencia la ha vivido en muchas ocasiones, entre otras, en el momento, cuando tenía 19 años, en el que firmó el convenio regulador de las visitas que tendría que repartirse con Francisco Muñoz. “En ese momento tan reciente de violencia no entiendes de leyes, no sabes lo que está pasando, nadie te ayuda y firmas un documento que es tu sentencia”.

Impunidad de los abusos

Tuvieron que pasar varios años para que Susana Guerrero le pusiera nombre a lo que había vivido. “Yo acepté que había sido una niña abusada cuando un psicólogo me grabó en vídeo y vi la película de mi vida; no es normal que un hombre de 34 años tenga relaciones con una niña de 13, no sé si identificarlo como un pedófilo, un pederasta o un depredador sexual”.

“Es más fácil culpar a la niña y decir que la niña accede a ver a un abusador en lugar de pensar que es una niña que está sola, desprotegida y sometida psicológicamente; no entiendo qué me cuestionan a mí”. Cree que si en el Juzgado se resolviese un procedimiento a su favor, se confirmaría la negligencia o falta de implicación con la que los distintos órganos actuaron durante su infancia: “Le protegieron a él y me desprotegieron a mí, así que ahora no me pueden dar la razón porque sería decir que la culpable no soy yo”.

Por eso, para intentar evitar que la historia se repitiese, cuando tuvo los primeros indicios de que su hija Nayara podría estar sufriendo algo parecido, no tuvo dudas en enfrentarlo, aunque sabía los riesgos que conllevaba y uno de ellos era el que finalmente tomó importancia: que el Tribunal de Talavera aceptase el Síndrome de Alienación Parental en su causa. “Si denuncias los abusos de tu hija te van a acusar de manipuladora y si no los denuncias eres cómplice de lo que le está ocurriendo, ¿qué haces entonces?”.

La supervivencia

En medio de este complicado entramado judicial, Susana Guerrero tiene que compaginar la burocracia habitual para la que es reclamada (citaciones, vistas, declaraciones o juicios, entre otras) con la subsistencia diaria. El trabajo es un ámbito difícil de combinar con la lucha en los juzgados. “Para trabajar lo tienes muy difícil porque estás metida en todo esto, y a eso se suma que soy una persona mediática. Me han llegado a echar de varios puestos de trabajo por la persecución judicial”. Cuenta que en uno de sus últimos empleos le preguntaron si era ella la misma persona que aparecía en internet con una historia judicial detrás. A los dos días la despidieron alegando que había bajado la producción: “Desde que empecé con la lucha, he perdido siete veces mi trabajo”.

La vida diaria de Susana Guerrero transcurre entre la lucha por un trabajo digno, la atención y los cuidados a su hija, los trámites con la Justicia y el activismo. Tiene 29 años y la odisea, aunque a veces le permite algo de aire, la mayor parte del tiempo es convulsa. Y sabe que todavía le quedan duras etapas que recorrer.

En cuanto a cómo se proyecta en el futuro, no es muy optimista. “De aquí a un año me veo presa por algo que no he cometido, porque van acumulando cada vez más acusaciones contra mí”, explica. “Si no me condenan, estarían reconociendo que Nayara ha sufrido abusos”. Cuenta con muchos apoyos pero también es consciente de que se ha enfrentado al sistema “de una manera muy agresiva”. Lo único que sabe con certeza es que va a seguir luchando por su hija y por ella, porque es lo que siempre ha hecho, porque no concibe la impunidad en historias de vida como la suya y porque, independientemente de que gane o pierda, la batalla por la justicia es su bandera.

martes, 30 de mayo de 2017

Los hijos de la mujer asesinada en Usera, a un centro de acogida

La familia de Eliana, la mujer de origen colombiano y de nacionalidad española de 27 que fue asesinada hace 15 días en Usera, reclama la custodia de los dos menores de edad que actualmente se encuentran en un centro de acogida.

“Los niños no entienden nada de lo que está pasando, solamente quieren estar con su familia y se les ha desvinculado de ella”, han explicado a Diario16 fuentes cercanas a la familia de la víctima. Tanto es así que, al parecer, a la abuela de los niños de 3 y 8 años de edad se le ha denegado la tutela pero no el acogimiento de los mismos. “A la abuela la enseñan unos papeles para que los firme y la dicen que la tutela no se la van a dar pero sí el acogimiento de sus nietos”, afirma la presidenta de Ve La Luz.

Eliana solicitó el divorcio, denunció varias veces a su expareja por malos tratos y se le denegó una orden de alejamiento que ésta pidió sobre su expareja poco antes de ser asesinada. “20 días antes de ser asesinada, Eliana volvió a denunciar a su ex pidiendo además una orden de alejamiento que fue rechazada por el juzgado, aseguran. Sin embargo, la joven fue encontrada sin vida en el piso de una amiga, ubicado en el barrio madrileño de Usera.

La familia de la chica viajó desde Marruecos hasta España nada más enterarse de lo sucedido y en menos de 24 horas se enteraron que la Comunidad de Madrid se había hecho cargo de los dos niños de la pareja de 3 y 8 años de edad. Además, a la madre de la joven se le prohibió el acceso al domicilio de la ésta. “De repente la madre se entera de que no puede entrar a la vivienda de su hija cuando tenía el alquiler pagado”.

Ahora, la familia se encuentra a expensas de que la otorguen un abogado de oficio. “No han recibido ningún tipo de ayuda. Ni siquiera un salario de emergencia para poder sufragar los gastos que conllevan este tipo de cosas que destrozan tu vida. Esta es la realidad de las familias que les asesinan a sus hijos, de los huérfanos y de las víctimas de violencia de género. El Ayuntamiento está dando la espalda a las víctimas de violencia de género”.

lunes, 29 de mayo de 2017

4J: Manifestación por la Remunicipalización ¡Volvemos a las calles!

Tras las tres jornadas de huelga y las concentraciones del último mes, las trabajadoras y los trabajadores del centro de atención a personas sin hogar La Rosa volvemos a movilizarnos por unas condiciones laborales dignas y un servicio de calidad. Asispa, empresa que gestiona el centro, únicamente se preocupa por obtener beneficios a costa de las arcas públicas, y por eso volvemos a exigir plena transparencia por parte del Ayuntamiento de Madrid en la elaboración de los pliegos. Y la única manera de conseguirlo, tal y como hemos trasladado reiteradamente al Ayuntamiento de Ahora Madrid, es mediante la participación de la plantilla tanto en su elaboración como en el proceso de concesión y posterior seguimiento del contrato. Solo quienes trabajamos en el centro conocemos las verdaderas necesidades del servicio y podemos garantizar el correcto uso de cada euro de dinero público entregado a esta multinacional.
Los casos de corrupción que hemos conocido las últimas semanas en la Comunidad de Madrid, el llamado caso "Lezo", y también los que están saliendo a la luz en el Ayuntamiento durante la etapa del PP, ponen al descubierto el negocio que ha supuesto la privatización generalizada de los servicios públicos, una fuente obscena de enriquecimiento tanto para grandes empresas como para políticos del PP a costa del erario público. En este contexto, la remunicipalización de todos estos servicios externalizados y privatizados es una auténtica obligación por parte de Carmena y Ahora Madrid, entre otras cosas para garantizar el uso adecuado de cada euro de dinero público.
Desde La Rosa en Lucha hemos impulsado durante los últimos meses una intensa lucha para conseguir que el Ayuntamiento de Carmena cumpla sus promesas y su programa electoral. En este tiempo la movilización se ha extendido a otros centros de la red municipal de atención a personas sin hogar, como el "Juan Luis Vives" y el "Puerta Abierta". Con este modelo de externalizaciones nos enfrentamos cada año a la incertidumbre de perder nuestos puestos de trabajo ante la finalización de los contratos de gestión, quedando las plantillas a merced de la renovación o no de la correspondiente concesión, viviendo en una precariedad permanente durante años.
También nos enfrentamos a la amenaza de degradación profesional de los Auxiliares de Servicios Sociales, ya que el Ayuntamiento se niega a reconocer el trabajo que realizamos, no reconociendo que nos corresponde la categoría 2 del convenio. Incluso se ha planteado la posibilidad de dejar de exigir la titulación de Técnico Superior en Integración Social para acceder al puesto. No se trata únicamente de un problema salarial, sino de la elección entre el asistencialismo benéfico o una intervención social transformadora, digna y de calidad.
Por otro lado, es urgente dignificar los centros. Se necesitan reformas, y sobre todo, dotar de camas a todos los centros. Es una vergüenza que en centros de acogida municipales las personas usuarias se vean obligadas a dormir en butacas, en sillas o tirados en el suelo como perros.
Por eso volvemos a la lucha, para acabar con nuestra precariedad y poder prestar un servicio de calidad al que tiene derecho la ciudadanía, lo que solo es posible si el centro es de gestión 100% pública, sin que prime el interés empresarial. La municipalización es la única manera de garantizar que los recursos públicos destinados a atender a las personas sin hogar no son dilapidados y malgastados, mientras tienen que dormir en el suelo sobre una manta en los centros de acogida municipales. Desde La Rosa en Lucha nos sumamos a la manifestación convocada para el próximo 4 de junio (12 hs, Puerta de Toledo-Plaza Mayor) por la Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos de Madrid.


¡POR UN TRATO DIGNO A LAS PERSONAS SIN HOGAR!
¡INTERVENCIÓN SOCIAL PÚBLICA DE CALIDAD!
¡SOMOS UN DERECHO, NO UN NEGOCIO! 

sábado, 27 de mayo de 2017

Se acabó el pan y circo. Gracias, Mónica Oltra

La Generalitat, y en concentro Mónica Oltra (vicepresidenta y consejera de Igualdad y Política Inclusiva), por fin ha abierto la caja de Pandora. Tras dos años en el poder, y tras analizar la realidad del sistema de protección de menores, ha hecho lo que se tiene que hacer: denunciar públicamente lo que sucede en los centros, y poner soluciones. Ha anunciado que, para 2020, todos los centros de protección de menores serán de titularidad y gestión pública. Por fin la izquierda en el poder habla claro y actúa, cerrando centros e iniciando un plan para dignificar instalaciones y dotar a la red de profesionales cualificados. Y lo más importante: ha plantado cara al entramado oenegero que controla el sistema de protección.

Ha denunciado, desde el poder político, lo que desde hace años muchos colectivos estamos denunciando: "sistema frágil y a la deriva, caos organizativo, privatizado, desmantelado, sin coordinación ni directrices", "mientras se apostaba por los grandes fastos, se desatendía a los mas débiles; mientras algunos se dedicaban al saqueo no cumplían con sus responsabilidades, las entregaban intencionadamente a empresas privadas, e intencionadamente no ejercían ningún control sobre las mismas y se vulneraban los derechos de los menores", Obviamente, lo denunciado por Oltra es extrapolable a todas las Comunidades Autónomas.

Además, en los últimos meses no paran de saltar escándalos de abusos y prostitución en torno a centros de menores de distintas comunidades autónomas. El último precisamente en Valencia (curiosamente, de las tres niñas víctimas de este pederasta, la única que no ha denunciado es la que sigue internada en un centro de menores). Es normal que este tipo de gentuza pulule en torno a los centros de menores. Lo que no es normal es la impunidad con la que actúan. Muchos profesionales del sector deberían ser investigados (no acusamos a nadie de delitos sexuales), pero en demasiadas ocasiones las niñas víctimas de prostitución terminan encerradas en centros terapéuticos para trastornos de comportamiento (se prostituyen porque su trastorno las lleva a ponerse en riesgo), pero no hay denuncias de por medio contra nadie.

Pero como estamos las tierras del neoliberalismo nacionalcatólico, ya empezamos a vislumbrar el linchamiento a que la Brunete mediática y demás secuaces del capital van a orquestrar contra Oltra. Incluso las monjas en cuyo centro se maltrataba a los menores, y que encubrieron a un abusador, se han atrevido a anunciar acciones judiciales contra la vicepresidenta de la Generalitat por sus declaraciones ¡en sede parlamentaria! Todo nuestro apoyo a la compañera. Encima los culpables de la situación que sufren y han sufrido miles de niñas y niños, culpan a Mónica de los males del sistema. El cinismo y la miseria humana de la banda corrupta no tiene límites.



Ahora es necesario llegar hasta el final. Acabar con la privatización y revisar por completo el sistema de protección a la infancia (parece ser la intención de la Generalitat; para esto tiene que servir que el cambio llegue a las instituciones). Es fundamental que se revise también las retiradas de tutela, ya que siguen siendo una manera de castigar la pobreza. Y este proceso tiene que abarcar también el sistema de justicia juvenil.

En otras zonas del estado las fuerzas del cambio también están denunciando la situación, por ejemplo Podemos en Madrid. Oltra ha mostrado el camino. ¡Gracias Mónica!


jueves, 25 de mayo de 2017

27M: Marchas de la Dignidad

  • En defensa de pensiones públicas dignas y a cargo de los Presupuestos. No al Pacto de Toledo
  • Por el empleo estable, salarios dignos y la renta básica: Derogación de las reformas laborales
  • Por la libertad de las personas presas y procesadas por luchar. Amnistía.
  • Por el no pago de la deuda. UE y FMI fuera ya de aquí
  • Por la defensa de los Servicios Públicos como derechos esenciales.
  • Contra el feminicidio: Nos queremos vivas, ni una menos                                                                                                                                       Lee aquí el manifiesto