jueves, 8 de noviembre de 2018

Denuncian a dos educadores por maltrato y vejaciones a niños de 1 a 3 años

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santander está investigando una denuncia presentada por supuesto maltrato a menores en el Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI) de La Albericia (Santander). El Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) afirma que no tiene constancia de que se haya producido ningún maltrato o vejación a menores en el centro y asegura que ningun juez les ha comunicado que se esté investigando.
IU ha dado a conocer hoy esta denuncia, que habrían planteado trabajadores del comedor escolar, y fuentes judiciales han confirmado a Efe que el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital está investigando. El juez ya ha tomado declaración a varios testigos pero todavía quedan pruebas por practicar antes de concluir la instrucción.
La denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, se dirige contra dos educadores por lo que se considera actos de maltrato y vejaciones a menores de entre uno y tres años. Se relatan actuaciones de variada naturaleza, entre ellas, que los denunciados cogían fuertemente a los niños, los zarandeaban y los reñían y gritaban «de forma desproporcionada».
En la denuncia también se señala que en el comedor, si alguno de los menores no comían como los educadores esperaban, los sujetaban «fuertemente» de la cabeza para introducirles «de forma rápida y repetida» varias cucharadas, lo que les provocaba vómitos, según el relato que se hace de los hechos. Y se añade que también se propinaba golpes a los niños para que comieran.
La denuncia destaca que se puso todo ello en conocimiento de la dirección del centro, que hubo reuniones del personal para abordar este asunto, y que al final hubo «presiones» a los empleados testigos de los hechos y que se intentaron «tapar» para que no trascendieran.
Izquierda Unida de Cantabria ha desvelado este martes la existencia de la denuncia judicial por «maltrato» y «vejaciones» a niños de cero a tres años. El portavoz de IU y concejal en Santander, Miguel Saro, ha afirmado que los hechos se denunciaron «hace casi un año» y se pusieron en conocimiento de la directora del Icass, Felisa Lois, «quien a día de hoy no ha emitido ningún tipo de respuesta al conflicto grave abierto» y no hizo «nada» para prevenirlo y evitarlo.
El portavoz de IU ha lamentado «la falta de protocolos de actuación» y ha considerado que «es necesario intervenir cuanto antes para disponer de herramientas que permitan actuar» en estas situaciones.
Este edil, abogado de profesión, ha indicado que la denuncia se presentó hace unos «meses» -este mismo año- contra «varios» trabajadores del centro por supuestos «maltratos» y «vejaciones» a pequeños atendidos en estas instalaciones, cometidos en distintos días en el transcurso de actividades cotidianas, como la alimentación.
Además, el portavoz de IU ha censurado la «pésima» gestión de ciertos datos de los menores, como imágenes, de las que habrían hecho uso trabajadores del centro.
La directora general del Icass, Felisa Lois, se ha mostrado «sorprendida e indignada» ante las acusaciones de IU Cantabria y ha destacado que «en política no puede servir todo». Por ello ha advertido de que «se está generando una alarma social que no se ha contrastado» y que «eso es muy grave».
Ha insistido en que ni ella, ni el Icass tienen conocimiento de que haya «una denuncia tan grave como ésta, que pone en entredicho la atención que prestan los profesionales del CAPI hacia los menores».
Además, la directora del Icass ha manifestado que «siempre que se ha detectado la más mínima incidencia relacionada con el servicio, se ha reaccionado rápidamente y se han puesto en marcha los mecanismos con los que cuenta la Administración para darles solución de manera inmediata y para que no interfieran en la calidad del servicio».
En este sentido, Lois ha manifestado que en el Icass «se ha tenido conocimiento de una serie de incidencias laborales, entre trabajadores, relacionadas con el funcionamiento diario del centro«. «Ante esas situaciones laborales, el Icass ya está actuando, y se ha solicitado una auditoría a la Inspección de Servicios Generales para que evalúe la distribución de funciones de los trabajadores del CAPI», ha explicado.
La directora general del Icass ha querido aclarar que las incidencias detectadas «no están relacionadas con las manifestaciones realizadas hoy por Izquierda Unida» y ha mostrado la disposición del instituto, como en todos los casos, a colaborar en todo momento con la justicia.