"Cuando llegué quería estudiar, pero las cosas no me
fueron como tenía pensado. Después solo podía pensar dónde conseguir
comida". Mikel, natural de Nigeria, alcanzó España con 16 años como
polizón en un barco en 2009. Había dejado a su madre, "que no tenía
nada", en Níger, donde trabajó largas horas en el campo para poder pagar
su viaje a Europa. "Quería estudiar y jugar al fútbol en Barcelona
porque soy fan del Barça desde pequeño", cuenta. Pero al llegar a España
se dio de bruces con un sistema de protección excluyente con los
menores extranjeros que los deja en la calle: "Presenté mi partida de
nacimiento y me dijeron que no valía, me hicieron unas radiografías que
dijeron que era mayor de edad y me echaron del centro de menores".
El chico de 21 años, cuya identidad protege el nombre de
Mikel (que él ha elegido porque le recuerda a un amigo), cuenta su
historia, que es también "la de muchos chicos negros como yo". Cuando un
menor llega solo al país –lo que se conoce como un "menor extranjero no
acompañado"–, la Administración tiene que proceder a su atención
inmediata y a su inclusión en el sistema de protección de menores. Así
lo marca la legislación nacional e internacional, como la Convención de
los Derechos del Niño de la ONU. En el caso de España, la competencia la
tienen asignada las comunidades autónomas.
Pero cuando el que está en desamparo es un adolescente
migrante, no siempre obtiene la protección a la que tiene derecho. En
muchos casos, aunque los jóvenes aporten documentos de identidad que
indiquen que son menores, la Fiscalía de Menores no da fiabilidad a
estos papeles y los somete a unas pruebas médicas de determinación de la
edad. Unos exámenes, que se están sugiriendo ahora en Suecia para
identificar a posibles "falsos menores" entre los refugiados que llegan
al país y a los que, por el momento, se opone la comunidad médica del
país.
En España, estas pruebas son ejecutadas desde hace años
pese a las críticas del Defensor del Pueblo y de instituciones similares
(
como el Defensor del Pueblo catalán).
Las radiografías tienen un elevado margen de error ("de 1,7 años",
recoge el Síndic de Greuges), excesivo a su juicio para una decisión tan
trascendente para la vida de los jóvenes. Si dan como resultado la
mayoría de edad, se quedan en la calle, sin ningún adulto que vele por
ellos, y sin acceso a la educación ni a otros derechos de los niños. "Y
expuestos a los peligros de la calle, además en lugares desconocidos
para ellos", indica Susana Ferran, mediadora cultural que trabaja con
menores vulnerables en la asociación catalana Noves Vies.
"Son niños antes que migrantes"
En su experiencia, ha constatado "el miedo que les da a
los chicos cuando van a los albergues, porque en general están con
personas con una situación de calle bastante cronificada". De su vida al
raso, Susana Ferran tiene constancia de "robos, de personas que
acosaban a los chicos y que les intercambian drogas por sexo, muchos
casos de enfermedad mental por esta situación extrema a la que se
enfrentan, que les lleva mucho al límite".
Los menores con los que ha trabajado en Noves Vies son,
sobre todo, chicos. "Lo más visible son los chicos, las chicas tienen
una situación a menudo más compleja, más relacionada con el tema de la
trata", lo que les dificulta pedir ayuda.
Ferran entiende la conmoción social surgida tras la cifra de
Europol de 10.000 menores refugiados a los que la UE ha perdido el rastro,
pero no debería ser menor la que tenemos aquí con los menores
migrantes, considera. "Ahora se está haciendo mucho caso al tema de
Siria, por la emergencia que hay. Pero se está haciendo mucha división
entre los migrantes por motivos económicos y los refugiados. Y, cuando
hablamos de menores, es que hay una Convención de los Derechos del Niño
que protege a este colectivo y donde no habría que poner diferencias".
"El tema de los menores aquí está bastante oculto, tal
vez es más doloroso que tu propio país sea el que vulnera los derechos
de los niños", continúa Ferran, que cree que el discurso migratorio
contra los inmigrantes ha calado muy hondo y logra eclipsar ante la
opinión pública estas vulneraciones sistemáticas de derechos.
Mikel tenía una partida de nacimiento de su país, que
decía que había nacido en octubre de 1994, y consiguió en la embajada de
su país un pasaporte que así lo recogía. Tenía 16 años en 2010 pero la
Fiscalía hizo que lo sometieran a las pruebas, que le dieron un
resultado de mayoría de edad y acabó en la calle. Gracias a la ayuda de
Susana Ferran, pasó los meses de un albergue para personas sin hogar a
otro.
Denuncias de continuas vulneraciones de derechos
La asociación Noves Vies –galardonada con el premio
Solidaridad 2015, del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña–, con la
defensa de su presidente, el abogado Albert Parés, luchó en los
tribunales el caso de Mikel. Y ganó. La sentencia, de marzo de 2015 y a
la que ha tenido acceso eldiario.es, de la Audiencia Provincial de
Barcelona falló que "debemos revocar y revocamos la expresada
resolución, y declaramos que cuando se dictó la resolución
administrativa ahora impugnada de fecha 28 de febrero 2011 el recurrente
era menor de edad, lo que le otorgaba derecho a quedar bajo la
protección que la ley dispensa a los menores no acompañados". Era 2015 y
Mikel ya era mayor de edad.
Mikel debería haber estado dos años protegido por la
Administración. "En estos años lo he pasado muy mal. Recuerdo a un
hombre que a veces me llevaba pan y que me decía que no debería estar en
la calle. Un día me robaron toda la ropa que tenía, menos mal que
Susana tenía mis papeles. Yo solo pensaba en dónde comer. Solía
conseguir una comida al día", explica Mikel. Hoy tiene trabajo en una
empresa cárnica, donde hizo las prácticas de unos cursos de formación.
"Ahora tengo un piso que comparto y un trabajo", dice con alegría en su
voz.
La historia de Mikel se repite a diario, según denuncian
varias organizaciones sociales dedicadas a la infancia. Albert Parés
afirma que la sentencia del Supremo "no ha cambiado nada, se sigue
sometiendo sistemáticamente a las pruebas de edad aunque los menores
tengan documentación legal. La Fiscalía y la Generalitat violan los
derechos de los niños de manera sistemática", continúa el abogado. El
Defensor del Pueblo catalán también llegó a esa conclusión en esa
reciente resolución, en la que indicaba que los protocolos de la
Dirección de Infancia de la Generalitat vulneraban el interés superior
de los menores.
Del mismo modo se pronuncian Lourdes Reyzábal,
presidenta de la Fundación Raíces en Madrid, y José Palazón, director de
la ONG Prodein en Melilla. "Lo de los menores no acompañados es un
desastre, están en centros sobresaturados, como ellos mismos reconocen
ahora en la Consejería de Bienestar Social. Dicen que hay demasiados
niños que llegan desde Marruecos, pero esto es una realidad que lleva
así 20 años. ¿No será que falta capacidad en los centros, en lugar de
que sobran niños?", critica Palazón.
"España los obliga a irse"
Detrás de sus denuncias están los menores, recuerda
Reyzábal, "que España, la Fiscalía, los está dejando en la calle.
Abandonando y obligando a que muchos cojan un billete y se marchen a
otros países de Europa. Parece que es lo que buscan". eldiario.es ha
recogido los casos de varios menores en la misma situación:
como el de Toumani, que tenía 15 años el pasado octubre; y
el de Adika, que tenía 17 en marzo del pasado año, cuyos casos sigue luchando Albert Parés ante la justicia.
La Fundación Raíces ha denunciando el Protocolo Marco de Menores
Extranjeros no Acompañados, que aprobó el Gobierno del PP poco después
de la sentencia del Supremo y que "es contrario a la jurisprudencia del
Supremo sobre las pruebas de edad", indica Reyzábal. Poco después de su
aprobación eldiario.es consultó al Tribunal Supremo y fuentes del
organismo apuntaron que el Ejecutivo debía modificar el protocolo.
"Ahora está en la Audiencia Nacional y estamos a la espera de sentencia,
pero podría significar la anulación del protocolo, que es en el que se
están basando los Fiscales para dictar las pruebas de edad y no en la
sentencia del Supremo", añade Reyzábal.
Una de las
exigencias que marcó el alto tribunal en sus sentencias fue la necesidad
de que la Fiscalía justifique de manera razonada por qué no se
consideran válida la documentación de los menores. "Es algo que no se
está haciendo. Nunca. Los chavales se quedan con su documentación, con
esos pasaportes, no son impugnados porque son válidos", explica la
presidenta de la Fundación Raíces.
Una de las
situaciones más extremas con la que se están encontrando es con la
reclusión de menores en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)
de Aluche, para proceder a su expulsión como si fueran mayores de edad.
"Hemos sacado a varios chavales en los últimos meses. El 8 de octubre,
por ejemplo, sacamos a siete: seis eran de Argelia y uno de Marruecos.
El juez de vigilancia del CIE los sacó cuando vio sus pasaportes porque
son menores de edad. El 13 de noviembre, fuimos a por otro chaval, que
tenía 16 años y se le veía muy chiquitín. Y el 19 de noviembre, sacamos a
otros siete menores, en este caso eran argelinos todos", cuenta
Reyzábal, que acude al CIE ante la denuncia de otras organizaciones,
porque no tienen autorizado el paso.
Mikel espera que
las denuncias en los medios sirvan para que otros chavales no pasen por
lo mismo que él. "Yo siempre pensaba en mi madre. Ella estaba
preocupada por mí, me decía que no podía estar solo. Yo nunca le dije
que estaba en una situación tan mala. Siempre le decía que estaba bien,
con gente buena. La engañaba para no hacerle sufrir".
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