La Comisión político-técnica creada para el estudio de la forma más eficiente de gestionar el servicio del agua en Valladolid, a partir de la información técnica analizada, ha acordado, con los votos a favor de PSOE, Valladolid toma la Palabra y Sí Se Puede, proponer al Pleno del Ayuntamiento que se avance hacia la constitución de una sociedad de capital enteramente municipal para gestionar el abastecimiento de agua, la depuración y el saneamiento, poniendo así fin al modelo con el que el ex alcalde del PP, Javier León de la Riva, consiguió ‘hacer caja’ en su primer mandato, sin llegar a reinvertir en el mantenimiento de la red, como estaba estipulado, los beneficios que suponían el canon que pagaba anualmente la concesionaria.
El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que ha desvelado que la decisión "se adoptó el pasado 24 de junio", ha insistido hoy en “la unanimidad absoluta en el equipo de Gobierno sobre la decisión”, que calificó como “plenamente responsable” y adoptada, únicamente, una vez analizados todos los datos, “no rebatidos por ningún grupo político ni entidad pública o privada, y sin controversia con respecto a los documentos con los que se ha estado trabajando”.
Puente añadió que “la decisión no es la más egoísta para el equipo de Gobierno” y “parte del convencimiento de que es la mejor de las opciones, la que ofrece más ventajas y menos inconvenientes”.
El alcalde señaló: “Hemos decidido ser responsables con el futuro de la ciudad, apostamos por una gestión que proporcione el máximo rendimiento posible para afrontar las necesidades de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, que están por encima del lucimiento electoral”.
Los diferentes modelos económicos que se han barajado (con estudios a 15 y 20 años) demuestran que es posible acometer las inversiones recomendables para mantener las redes y las plantas de tratamiento y depuración sin recurrir a la inversión del sector privado, y por lo tanto, sin tener que concederle unos beneficios por su participación.
De esta forma, “la empresa pública permite que la subida de tarifa sea la mínima imprescindible para mantener un servicio de calidad, y sin renunciar a realizar las obras que permitan un óptimo funcionamiento de todas las instalaciones”, ya que los beneficios anuales que se calculan rondan los 8 o 9 millones de euros.
La concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, explicó que en los últimos 15 años, el incremento neto de la tarifa fue del 36% en régimen de concesión, en un modelo “sin inversión en mantenimiento”.
Los escenarios que se prevén, en cambio, en los informes con el nuevo modelo son mucho más positivos en este sentido. De hecho, señaló, ninguno de los modelos de gestión alternativa llegaría a la subida producida en estos años. Se trata, por tanto, afirmó Sánchez, de “la opción menos gravosa para la ciudadanía con mucha diferencia”.
“Al no necesitar maximizar los beneficios para el socio privado o concesionario, se generará en un periodo de 15 años la suficiente tesorería para obtener la capitalización de la red e instalaciones, con una inversión de 178,5 millones de euros, y sin endeudamiento”, se ha asegurado.
La Comisión también ha considerado por mayoría que la empresa pública es la mejor forma de garantizar la capacidad total de la toma de decisiones acerca de un servicio público que, por un lado, debe ser universal, y garantizarse a todos los ciudadanos, velando por los que menos recursos tienen, y por otro, debe considerarse desde un punto de vista medioambiental, de tal modo que se tienda a la reducción de consumos innecesarios.
En ese sentido, la propuesta de la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad es que “a medio plazo la nueva sociedad estudie unas nuevas tarifas en las que se tenga en cuenta la situación económica y el consumo per cápita, no por vivienda, como hasta ahora”. En el corto plazo, la sociedad municipal garantizará un fondo social para las familias con necesidades económicas.
Subrogación de la plantilla
La Comisión ha analizado también la situación en la que quedará la plantilla del personal que trabaja actualmente para el concesionario. Los 159 trabajadores quedaran subrogados por la nueva empresa, en condición de indefinidos, asegurando de esta forma que la gran experiencia de estos trabajadores podrá ser aprovechada en el nuevo servicio.
Estos trabajadores formarán parte del personal interino del Ayuntamiento (en algunos casos con antigüedades de 20 años) y, al igual que en el caso de este personal, se trabajará en Planes de consolidación de empleo municipal o las correspondientes Ofertas Públicas de Empleo en función de los procesos de jubilación que se den en la plantilla, para garantizar la estabilidad en el empleo.
La concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, señaló que la ciudadanía vallisoletana “puede tener la tranquilidad de que las instalaciones y las personas que tratan el agua seguirán siendo las mismas que hasta ahora, con la novedad de que a través de una empresa pública se podrá superar mejor el déficit inversor en materia de mantenimiento acumulado de los últimos 20 años”.
Los retos de la empresa pública serán “mantener la calidad del servicio, con una de las tarifas más bajas de España, garantizando la responsabilidad social y ambiental y solucionando el problema del déficit inversor acumulado de los últimos 20 años, en el que no se han realizado las obras necesarias en la red y en las plantas de tratamiento y estación depuradora”.
Está previsto que en septiembre, los técnicos ya tengan la documentación precisa (estudios sociales, jurídicos y económicos de la sociedad, estatutos, proyecto de reglamento y proyecto de tarifas) para que el Pleno Municipal pueda debatir este asunto, previo a la apertura de un periodo de exposición pública.
PP
El Grupo Municipal del PP ha aprovechado el anuncio de este histórico acuerdo para proponer que la consulta sobre el soterramiento incluya también la decisión sobre la remunicipalización del agua. Considera que “la decisión es tan importante para los vecinos como la que se tome respecto de soterrar o no la vía del tren en la ciudad”. “El anuncio municipal de invertir 178 millones de euros en instalaciones de abastecimiento de agua se contradice con las dificultades manifestadas para la aportación municipal del soterramiento, que no tiene por qué ser superior a esa cantidad”, apunta el PP en un comunicado en el que no tiene en cuenta los beneficios anuales que la recuperación del servicio puede suponer a las arcas municipales y que, en contra de lo hecho por el anterior equipo de Gobierno, se destinará por completo a la mejora y mantenimiento del servicio.
El presidente del Grupo Municipal Popular, Antonio Martínez Bermejo, que ha estado presente en la rueda de prensa ofrecida por el alcalde y la concejala de Medio Ambiente, ha expresado al término de la misma sus dudas sobre la posible 'funcionarización' de los trabajadores de Aguas de Valladolid que seran subrrogados cuando el servicio se recupere definitivamente.
El alcalde Óscar Puente se ha pronunciado sobre la petición de consulta ciudadana del PP: “Ellos privatizaron sin informes y sin participación –“y con más de 32.000 firmas en contra”, apuntó María Sánchez- Si la petición viniera de otros colectivos tendría más crédito”, zanjó Puente recordando que, al contrario de lo que ocurre con la operación ferroviaria, ninguna de las dos formaciones del equipo de Gobierno (PSOE y Valladolid Toma la Palabra) tenían comprometida una consulta ciudadana para este asunto en sus programas electorales. “Ningún ciudadano puede sentirse engañado. Esta es una decision sustentada en datos objetivos”, concluyó.
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