Daniel Martínez (Guanyem CCOO Federació de Sanitat) para El Militante
Decía Rudolf Virchow, médico alemán del siglo XIX, “La medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina a gran escala”. Es decir, pese al papel fundamental que juega el sistema sanitario en el abordaje agudo de muchas enfermedades, por encima de todo, lo que determina la salud de la población (salud pública) son las condiciones en las que vive: jornada laboral, seguridad en el puesto de trabajo, precariedad en los contratos, seguro de desempleo y otros servicios de protección social, exposición a agentes tóxicos, disfrutar de una vivienda digna, acceso a una alimentación de calidad, agua potable, etc.
La crisis
capitalista está arrasando tanto las conquistas en el sistema sanitario
como en la salud pública. La salud de los trabajadores está en la
picota.
Y es que
por mucho que desde la derecha, y la socialdemocracia que le hace el
juego, se jacten de haber sido capaces de recortar en sanidad y en
prestaciones sociales sin repercusiones en la calidad de la asistencia,
las cifras hablan por sí solas. El presupuesto estatal de Sanidad se ha
reducido un 10’6% desde la llegada del PP, la media de reducción de
gasto por habitante en las autonomías ha sido de un 10’4% y en el caso
de Catalunya (bajo la batuta de CiU y el consentimiento de ERC), el
sablazo ha sido de un 16% en Sanitat y un 12% en Benestar Social i
Família. A día de hoy en Catalunya tenemos en lista de espera para ser
operadas a 27.643 personas más que en 2010. En el Hospital de Bellvitge
falleció un paciente tras llevar 22 meses en lista para ser operado de
una hernia abdominal y en la Vall d’Hebrón el jefe de servicio de
Cirugía Cardíaca denunció la muerte a causa de los recortes de dos
pacientes que estaban en espera, tras lo cual fue cesado de su cargo.
Otros ejemplos de medidas draconianas son la eliminación de la
asistencia 24 horas en 58 CAPs, además de que 31 han reducido horario y 4
han cerrado; el presupuesto en ambulancias ha disminuido un 12% y 1.134
camas de hospital se han inutilizado, etc.
Para
valorar la calidad de un sistema sanitario un indicador muy utilizado es
el porcentaje de hospitalizaciones evitables por atención primaria
sobre el total de hospitalizaciones (cuanto mayor es el porcentaje peor
la calidad). Durante el gobierno de CiU en Catalunya hemos pasado de un
13’2 a un 16’4%. Si a esto le sumamos los recortes en transporte
sanitario y que la mayoría de cierres de CAPs se han producido en zonas
rurales (donde suele vivir población envejecida con dificultades para
desplazase a un hospital), no hace falta ser muy lúcido para concluir
las dramáticas consecuencias que estas medidas comportan.
La otra
cara de los recortes en sanidad es el empeoramiento de las condiciones
laborales. Lo que supone un doble ataque (a profesionales y pacientes),
ya que todo retroceso en derechos, todo despido de un compañero, tendrá
una traslación en la calidad de la atención recibida por los usuarios.
En Catalunya, solo en el ICS (existen muchos otros proveedores públicos
de salud), se han perdido más de 1.500 puestos de trabajo y el conjunto
de trabajadores públicos de la sanidad (también la concertada) han
tenido que sufrir un recorte en su salario de un 5% por parte del Estado
además de un 3% autonómico, sumado a la eliminación total o parcial de
las pagas extras de 2012 y 2013.
El modelo sanitario que pretenden imponer
Todas
estas medidas tienen como objetivo final sacar tajada del suculento
negocio que algunos quieren hacer de la sanidad. La estrategia es muy
clásica: primero devaluar lo público, segundo hacer una campaña
mediática para desprestigiarlo y finalmente privatizarlo.
Como no
se atreven de golpe y porrazo a acabar con la sanidad pública, siguen
todo tipo de caminos intermedios que preparan el terreno y generan
jugosos beneficios para los magnates de la privada. Un claro ejemplo lo
tenemos en el Consorci Sanitari de Lleida, una institución que pretende
agrupar al conjunto de servicios sanitarios de la provincia bajo la
excusa de una mayor coordinación. El aspecto central aquí es que la
fórmula “consorcio” permite adscribirse a un régimen jurídico privado,
sitúa sus finanzas fuera del control del Parlament y allana el camino a
integrar instituciones con ánimo de lucro dentro los centros públicos.
Parece evidente dónde reside el interés de constituir consorcios cuando
uno conoce que estos representan el 20% de los servicios sanitarios
públicos catalanes pero en cambio acumulan el 95% de los casos de
corrupción. Dos ejemplos, de los muchos que hay, son los 2’4 millones de
euros desaparecidos en manos de los gestores de los Hospitales de
Blanes y Calella, así como el escándalo de los directivos del Hospital
de Sant Pau que cobraban sueldos de decenas de miles de euros sin acudir
a su puesto de trabajo.
También,
en esta línea se encuentra el ejercicio de la institución privada
Barnaclínic dentro de las instalaciones del Hospital Clínic de
Barcelona. Se utiliza la excusa de que atendiendo a pacientes de mutuas
con recursos y profesionales públicos se consigue financiación que
repercute en la calidad del sistema. Pero esto es una falacia. Las zonas
de trabajo, tecnologías y recursos humanos son limitados, mientras un
paciente de la privada es atendido por vía exprés un paciente de la
pública sigue en lista de espera. Sin mencionar que Barnaclínic le
adeuda al hospital más de 1 millón de euros.
No menos
alarmante es el hecho de los conciertos que muchas autonomías tienen con
hospitales privados pertenecientes a grupos como el IDC Salud-Quirón.
Del dinero de los trabajadores salen jugosos beneficios repartidos entre
accionistas. Por si esto fuera poco, los recortes no han afectado por
igual a pública y a privada-concertada. En el caso de Catalunya,
mientras en 2010 el presupuesto para la privada-concertada apenas
llegaba al 50% del gasto total en sanidad, en 2014 ya superó el 54%.
Junto a Catalunya, como campeonas del desmantelamiento de la sanidad
pública, cabe premiar a Madrid. Las dos comunidades autónomas que más
fondos públicos destinan a la gestión privada de la sanidad.
Claramente
lo que pretenden es poco a poco imponer un sistema donde la sanidad
pública sea algo residual, destinado a los sectores más pobres de la
sociedad, y donde cualquiera que quiera recibir una atención de una
mínima calidad se vea obligado a pagarse una mutua. Boi Ruiz, consejero
catalán de Sanidad y antiguo presidente de la patronal sanitaria
catalana, no lo pudo dejar más claro: “La salud depende de uno mismo, no
del Estado. No hay un derecho a la salud”. Albano Dante, antaño miembro
editor de la revista Cafè amb Llet (conocida por destapar los
escándalos de corrupción de la sanidad catalana) y ahora diputado por
Catalunya Sí que es Pot, ha denunciado el vínculo de la Assamblea
Nacional Catalana con la sanidad privada. En sus documentos
programáticos, firmados por destacados directivos de la patronal
sanitaria, apuestan por el copago y elogian el sistema de la
privada-concertada.
Pretenden
crear un sistema a la imagen y semejanza del de EEUU. ¿Pero… es un
sistema así más eficiente u obtiene mejores resultados en salud? Los
datos claramente lo niegan. Estados Unidos es el país del mundo con un
mayor gasto en sanidad por habitante y sin embargo un 16% de la
población censada carece de cualquier tipo de cobertura y la que tienen
62 millones de ciudadanos se considera insuficiente. La consecuencia de
esto es que entre 45.000 y 100.000 pacientes mueren al año por falta de
atención médica. Para muchos de los que tienen la suerte de poderse
costear la atención que su enfermedad requiere la situación no es muy
halagüeña tampoco, en EEUU cada minuto 2 personas se convierten en
pobres debido al pago de servicios sanitarios. El 60% de la gente que
entra en bancarrota lo hace por tener que hacer frente a deudas con las
aseguradoras médicas.
En este
siniestro plan para potenciar las mutuas encaja al dedillo el proyecto
Visc+ Convergència, el cual pretende vender los datos sanitarios de los
pacientes de la pública a empresas privadas. Degradan la sanidad pública
y fuerzan a que quien pueda permitírselo se costee una mutua, no sin
antes darle la información a las aseguradoras de qué problemas de salud
tiene esa persona, para que con esa información puedan encarecer las
pólizas.
La salud es política
En
palabras del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud
GREDS-ENCOMET* : “La lucha de clases constituye un elemento fundamental
de una política igualitaria radical de salud pública”. Y esto es así
tanto porque la lucha de clases es el motor de las mejoras en sanidad
como el único camino que lleva a la mejora de las condiciones de vida de
los trabajadores. La peor epidemia de nuestro tiempo es la desigualdad
social, y así lo reconoce la CIE (Clasificación Internacional de
Enfermedades), que sitúa la pobreza extrema como la principal causa de
enfermedad del planeta.
Cuando
uno hace afirmaciones así piensa en países del “Tercer mundo”, pero nada
más lejos de la realidad. La desigualdad en salud inunda nuestra
sociedad occidental. Un estudio realizado en los años 90 por
profesionales del Harlem Hospital determinó que es menos probable llegar
a los 65 años en dicho barrio que en Bangladesh. Reclamaron ser
declarados zona catastrófica pero recibieron el silencio por respuesta.
Dos décadas después y una crisis económica salvaje de por medio la
situación no ha hecho más que empeorar.
En el
Reino Unido, país donde más se han investigado los determinantes
sociales de salud, se estima que al año se producen 42.000 muertes en
pacientes de entre 16 y 74 años por vivir en condiciones socioeconómicas
desfavorecidas. Esto equivale a decir que en el Reino Unido cada día se
estrella un avión con la gente más pobre del país.
¿Es
diferente la situación en el Estado español? Desgraciadamente no. Por
dar algunas cifras, se calcula que al año se producen 35.000 muertes
“socialmente evitables”, lo que vendrían a ser 4 muertes a la hora;
120.000 muertes/año por accidente o enfermedad laboral (7.000 por
cáncer); 1 de cada 4 trabajadores respira tóxicos cancerígenos en su
puesto de trabajo; y en Barcelona, por ejemplo, la diferencia en
esperanza de vida entre los barrios más ricos y los más pobres llega
casi a los 10 años. Está demostradísimo que en la salud y la esperanza
de vida influye más el código postal que factores como el sistema
sanitario o ser fumador.
Por
tanto, mejorar la salud de los trabajadores jamás pasará únicamente por
los avances científicos ni por la promoción de estilos de vida
saludables. La mejora de la salud pública no responde a la suma de
pequeños esfuerzos individuales, se trata de una tarea colectiva que
debe enmarcarse en la lucha de los trabajadores por la transformación
social. Parafraseando otra vez a Virchow: “La mejora de la medicina
alargará la vida humana, pero la mejora de las condiciones sociales
permitirá lograr ese fin más rápidamente y con mayor éxito (…) La receta
se puede resumir así: democracia plena y sin restricciones”.
*Muchos de los datos utilizados en este artículo provienen de trabajos del grupo de investigación GREDS-EMCONET http://www.upf.edu/greds-emconet/es/
